Una invasión de tierras retrasó, al menos, un año la restitución de un predio a una víctima del conflicto

Después de 11 largos años, en abril de 2026, *Luis tenía la ilusión de que la larga espera para que le devolvieran su tierra terminara finalmente. Más de una década de paciencia en la que pudo demostrar ante la justicia que había sido desplazado junto a su familia de su finca ‘El Chispero’, en Aracataca, Magdalena por la violencia paramilitar  de principios de siglo.

Junto a sus vecinos de la vereda Macaraquilla, también reclamantes de tierras, este persistente campesino llegó junto a un juez y toda una comitiva a recibir el predio por el que había luchado tanto, pero volvió a aparecer el enésimo obstáculo para volver a tener su parcela en sus manos. 

Cuando la diligencia judicial llegó a ‘El Chispero’, la familia y los funcionarios encargados lo encontraron cercado, lleno de ganado y un hombre a caballo que les dijo que la empresa  Tequendama, propiedad de la multinacional palmera DAABON, tenía la posesión material de la finca. Esta persona vestía prendas con el logo de la empresa y le entregó a los abogados de la CCJ un número telefónico del administrador de la finca. Es importante aclarar que en los videos suministrados de la diligencia se ve un ganado dentro del predio, pero no es posible determinar si tiene algún sello que confirme su pertenencia a la empresa.

Luis, su familia, los abogados, los funcionarios judiciales y todos los que acompañaban la entrega de estas tierras a las víctimas quedaron sorprendidos con lo que encontraron en ‘El Chispero’. Durante casi una década, dicha empresa no se hizo parte del proceso de restitución de tierra como opositora a la solicitud del campesino, ni se pronunció de alguna manera ante los jueces y tribunales con alguna prueba de que fuera la propietaria de ese predio.

Juan Guillermo Díaz Ruiz, juez segundo civil de Circuito Especializado de Restitución de Tierras del Magdalena y quien lideraba la diligencia judicial de abril de 2026, cuenta que, al encontrar ganado dentro del predio, tuvo que suspenderse la entrega del predio al campesino y su familia. “Hay una sentencia de la Sala civil del Tribunal de Cartagena que ordena devolver esas tierras, pero cuando se realizó la diligencia judicial se encontró unos semovientes, por lo que, por el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Políticos de San José de Costa Rica se concedió un término prudencial para que puedan desalojar el predio”, explicó el juez.

Luis volvió a ver frustrada la ilusión de volver a su tierra después del desplazamiento forzado que lo llevó a salir de ella en el año 2001. Son cerca de 24 hectáreas en la vereda Macaraquilla, que nunca dejaron de ser de su propiedad, según el certificado de tradición y libertad del predio. “Yo tengo 78 años y todavía me siento con salud para trabajar. No faltan los achaques que nos dejó la violencia, pero yo quiero volver a mi finca. El día que me la iban a entregar, pues no se pudo, porque ahí tenían como 200 reses, pero yo soy respetuoso de la ley, y hay que esperar”, dice el campesino.

Durante los más de 10 años que duró el proceso de restitución de tierras, DAABON ni ninguna de sus empresas se presentaron ante la justicia a oponerse a la solicitud que hizo Luis para que le devolvieran su finca. "La empresa ni siquiera aspiró a demostrar su buena fe exenta de culpa, nunca se acercaron al despacho judicial y nunca manifestaron absolutamente nada sobre el proceso”, explicó el juez segundo.

José Humberto Torres, que fue director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) del Magdalena hasta agosto de 2026 , la entidad del Estado que recibe y estudia las solicitudes de los campesinos y las lleva ante jueces para que tomen una decisión sobre los predios. Torres señala no esperaba encontrar el ganado y los empleados que presuntamente tienen un vínculo con la empresa DAABON. “Nos encontramos con este ganado ahí y por eso no pudo hacerse la entrega material del predio”, explicó Torres.

El funcionario señala que lo que ha ocurrido es una invasión a una finca ajena, una tierra en la que ya la justicia tomó una decisión definitiva que reconoce la propiedad del campesino víctima del conflicto armado. “Hay una irregularidad, si se quiere, por decirlo menos, por quien cercó la finca y tiene el ganado, que está usufructuando ilegal y arbitrariamente un predio que no es de su resorte, que no es de su propiedad, que no es poseedor, que no es tenedor, que no tiene ningún tipo de relación con el predio”, explicó el director territorial de la URT.

La Comisión Colombiana de Juristas señala que luego de la diligencia de abril, envió un correo electrónico a la empresa para reclamar por la situación que encontraron en el predio, pero no obtuvo respuesta (ver correo).

Lo que dice la empresa

Rutas del Conflicto contactó a la multinacional palmera DAABON la primera semana de mayo de 2026 para preguntar por lo ocurrido en el predio ‘El Chispero’. En una primera respuesta (ver documento), la empresa señaló que sí conocía de la existencia de esta finca e incluso aseguró que había pagado dinero por ella, aunque no precisó a quién ni bajo qué figura jurídica se habría realizado dicha transacción.

La compañía insistió en que no tiene interés en reclamar la propiedad del predio dentro del proceso de restitución de tierras y explicó que por esa razón nunca se presentó como opositora ante los jueces encargados del caso. DAABON también aseguró que renuncia a cualquier pretensión sobre la finca y que no alegará derechos de propiedad o posesión material sobre esas 24 hectáreas restituidas al campesino. La multinacional señaló además que no tiene actualmente la posesión material del predio.

Ante la respuesta, que resultaba contradictoria con lo que habían encontrado las víctimas y los funcionarios judiciales en la diligencia, Rutas del Conflicto volvió a consultar con la compañía la última semana de mayo de 2026 para preguntar si DAABON conocía a Edwin López, la persona que se había presentado como su empleado el día de la diligencia. 

La empresa reiteró en que: “Actualmente no ejerce posesión material ni jurídica sobre el predio denominado El Chispero. En ese sentido, la compañía no ha desarrollado actividades de explotación, control o administración del inmueble en la fecha indicada ni en la actualidad. Cualquier presencia de terceros en el predio durante la diligencia judicial corresponde a situaciones ajenas a la empresa, que no implican ejercicio de posesión por parte de esta” (ver documento de la segunda respuesta).

Sin embargo, DAABON sí admitió que había tenido una vinculación laboral con López: “La empresa se permite informar que el señor Edwin López sí ha tenido vinculación laboral. No obstante, es importante precisar que cualquier manifestación realizada por dicha persona en el marco de la diligencia judicial corresponde a actuaciones individuales que no reflejan ni comprometen la posición institucional de la empresa. En ese sentido, la eventual presencia del señor López en el predio no implica, en modo alguno, que la compañía ejerza posesión material, control o explotación sobre el inmueble, la cual como se ha reiterado no se encuentra actualmente bajo su dominio ni tenencia”.

En cuanto al pago que la empresa dijo haber hecho por el predio, DAABON señaló que:”La empresa informa que la adquisición del predio “El Chispero” en el año 2003 se realizó conforme a las condiciones y antecedentes jurídicos existentes en ese momento, incluyendo la titularidad derivada de la adjudicación efectuada por el INCORA”.

Luego de esta respuesta, Rutas del Conflicto volvió a comunicarse con la empresa para consultar por los detalles de la presunta adquisición del predio señalada anteriormente (ver cuestionario). La empresa respondió en septiembre de 2026 que “después de la revisión documental realizada hasta la fecha, C.I. Tequendama S.A.S. no considera apropiado formular afirmaciones sobre hechos o eventuales transacciones históricas que no puedan ser acreditados de manera suficiente mediante documentación verificable”. (ver tercera respuesta)

Luis y su familia le dijeron a Rutas del Conflicto que nunca recibieron dinero por parte de la empresa, ni una oferta para adquirir el predio. Este medio consultó el certificado de tradición y libertad del predio y constató que dicha transacción no aparece registrada en el historial de propiedad de la finca El Chispero. Este documento no se publica para preservar la identidad de los reclamantes y la ubicación exacta de la finca. (ver documento solo para chequeo con abogados)

Rutas del Conflicto también le consultó a la empresa qué procesos internos ha realizado para actuar con la debida diligencia y verificar que el ganado que se encontró durante la acción judicial no les pertenecía. DAABON respondió que: “​​C.I. Tequendama S.A.S. no puede atribuirse la propiedad o procedencia de animales, bienes o elementos que eventualmente se encuentren en el predio únicamente a partir de referencias de terceros o de información que no haya podido ser verificada. Por esa razón, la compañía considera que cualquier afirmación que pretenda vincular esos elementos con C.I. Tequendama S.A.S. debe sustentarse en evidencia objetiva y verificable”.

Rutas del Conflicto tiene videos grabados la primera semana de junio de 2026 en los que se observa que la situación seguía siendo la misma en el predio: continuaba cercado con presencia de ganado. Es importante señalar que tanto en las imágenes de la diligencia judicial, como en las de junio, no se observa si los animales tienen algún tipo de sello para marcar su propiedad que determinen que pertenecen a DAABON o su filial Tequendama S.A.S.

Video de junio de 2026:

https://youtube.com/shorts/TwD4B3HBbEQ?si=v_kM0CGknyQIXgth

Este medio también le consultó a la empresa por los procesos internos que realizó DAABON para investigar lo ocurrido durante dicha diligencia con respecto a la presencia de su empleado en el predio y su comportamiento que impidió la entrega de la finca al reclamante. La compañía no respondió esta pregunta.

El juez segundo civil especializado en restitución de tierras del Magdalena citó nuevamente para octubre de 2026 la diligencia de entrega material del predio. Los abogados de la CCJ le dijeron a Rutas del Conflicto que esperan que se pueda hacer la diligencia de entrega a la familia campesina y se pueda garantizar que puedan retomar todo el terreno que les concedió la sentencia de restitución.

Mientras llega la nueva diligencia Luis y su familia continúan esperando. La presencia de terceros dentro de la finca prolongó al menos seis meses más el regreso del campesino a su tierra, pese a que existe una sentencia definitiva a su favor. Después de más de once años de proceso judicial y más de dos décadas de desplazamiento, la sensación que persiste en la familia es que, incluso teniendo la razón ante la justicia con una sentencia en la mano, volver a la tierra sigue pareciendo imposible.

Una historia de dolor y persistencia para conseguir un pedazo de tierra

El camino que ha recorrido Luis y su familia para poder tener la tranquilidad de tener su finca completa casi 40 años. En los años ochenta llegaron desde el interior del país con la ilusión de tener una tierra propia en esas tierras fértiles del departamento de Magdalena, así como llegaron otros campesinos sin tierras que aspiraban a ser beneficiarios de la reforma agraria.

Juanita Gelviz Hincapie, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) cuenta que a mediados de los ochenta se creó una comunidad campesina en la vereda Macaraquilla de Aracataca, que aspiraba que les titularan las tierras de la hacienda El Porvenir. “Después de insistir muchísimo, los campesinos, con el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) lograron que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) comprara la tierra y la parcelara en fincas de 25 hectáreas, aproximadamente”, explica la abogada.

Así, Luis y su familia lograron obtener el título de ‘El Chispero’ en 1995. Fueron varios años de lucha por tener la propiedad de la tierra, en medio de una fuerte presencia guerrillera de las FARC en la zona. 

El Estado y el paramilitarismo que llegó a finales de los noventa a la región usaron esa situación para estigmatizar al movimiento campesino. “A esa región había llegado el EPL a mediados de los ochenta, y luego lo hizo el ELN. Luego llegó el Frente 19 de las FARC, que hizo las llamadas ‘pescas milagrosas’, en las que cerraba carreteras y hacía retenes para secuestrar personas. Esto afectó a los empresarios bananeros que no podían cumplir con muchas obligaciones”, cuenta Lerber Dimas Vásquez, antropólogo de la Universidad del Magdalena, que ha estudiado el desarrollo del conflicto en ese departamento.

Según el académico, para 1996, los hermanos Carlos y Vicente Castaño buscaron crear un bloque paramilitar para extender la presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por el Caribe. La presencia paramilitar fue extendiéndose con la creación del Bloque Norte con una fuerte violencia contra los campesinos que habían reclamado tierras. “Arrasaron por completo con todo lo que fuera organizativo, es decir, todo lo que fueran asociaciones campesinas, todo lo que fueran asociaciones sociales, todo lo que tuviera un vínculo social, comunitario, asociativo. Empezaron a exterminar todos esos movimientos”, explica Vásquez.

La violencia llegó a su punto más alto entre los años 2000 y 2001, cuando el Frente William Rivas del Bloque Norte, que había tomado el nombre de un paramilitar asesinado en esa región, aumentó las acciones violentas contra los campesinos de esa región del Magdalena. Como lo ha documentado Rutas del Conflicto, en Aracataca, Pueblo Viejo y otros municipios, los paramilitares asesinaron a líderes campesinos, robaron sus pertenencias e incluso, cómo se mostró en la investigación Las tierras de El Chimborazo tienen palma, pero no verdad, usaron violencia sexual que generó un enorme desplazamiento.

En el caso de Luis, recibió amenazas para dejar su tierra y tuvo que dejar todo lo que había conseguido abandonado. “Por allá en abril del 2000 llegaron y duraron tres días llevándose el ganado de todo el mundo. Más de 1.600 cabezas se robaron. Ahí estuvimos tratando de recuperarlo y entonces llegó un tipo con la cara tapada y nos dijo que nos fuéramos, que no iban a devolver nada porque supuestamente ese ganado era de la guerrilla”, cuenta el campesino.

Las amenazas no pararon ahí. Días después, mientras los campesinos seguían tratando de recuperar lo que les habían robado, volvieron a recibir otra amenaza, que resultó definitiva. “Me mandaron una razón con un tipo. No se me olvida, que me habían mandado decir que desocupara la región. Yo le dije que muchas gracias por echarme, pero le pedí que no se metiera con mi familia. Y nos fuimos”, cuenta Luis.

Ahí comenzó el calvario del desplazamiento que tuvo que vivir la familia de este campesino que tuvo que abandonar ‘El Chispero’, los cultivos y animales que le quedaban. Ana*, la hija de Luis cuenta que, además, sus padres tuvieron que sacar a sus hermanos de la zona hacia otra zona del país, ante la inminencia del reclutamiento forzado de los grupos ilegales. “Yo era una niña, nos tocó irnos para el pueblo y buscarnos la vida como podíamos, mi papá estuvo haciendo varios oficios para poder mantenernos, todo fue muy duro en esos tiempos”, cuenta Ana.

Luego de la desmovilización paramilitar, Luis se negó a volver a su tierra por el miedo que sentía, por todas las amenazas que había recibido. Solo hasta que escuchó de la posibilidad de solicitar su tierra dentro del proceso de restitución, con la Ley 1448 de 2011, se animó a pedirle al Estado que lo acompañara en el proceso de retorno. “Yo nunca le vendí la finca a nadie, todo el tiempo fue de nosotros, pero quería volver de la mano de las entidades, porque todo fue muy duro, sentimos mucho miedo con lo que nos pasó”, cuenta el campesino.

Así, en 2015, representado por la Comisión Colombiana de Juristas solicitó formalmente la restitución de su predio ante la URT. El proceso duró hasta el año 2022 cuando el Tribunal de Cartagena ordenó la entrega de la finca con el debido acompañamiento, admitiendo los hechos victimizantes que vivió la familia de Luis y sus vecinos de la vereda Macaraquilla, en Aracataca. 

“Hacia el año 2000, los paramilitares le hurtan 234 reses, gallinas, cerdos y carneros, además de recibir amenazas por parte de un paramilitar de nombre “Virgilio”, razón por la que decide desplazarse, abandonar el predio y refugiarse en el municipio de Fundación, dice la sentencia.

Pero la decisión del Tribunal no fue suficiente. Como los predios estaban cerca de un humedal Ramsar, que tiene dicha categoría por la importancia reconocida mundialmente en términos ambientales, Luis y su familia no pudo regresar al predio. Solo hasta que la CCJ interpuso una tutela, se logró que el Tribunal reconociera que las actividades campesinas de la familia no implicaban un daño al ecosistema, finalmente, en 2025, se ordenó la entrega de la finca.

DAABON y sus vínculos con otros casos de reclamos por la tierra

DAABON es una de las empresas agroindustriales más grandes del país. Fundada a comienzos del siglo XX por las familias Dávila Abondano en la región Caribe, la multinacional se consolidó como una de las mayores exportadoras y cultivadoras de palma aceitera en Colombia.

No es la primera vez que el nombre de esta compañía colombiana con operaciones en varios países aparece relacionado con predios reclamados por víctimas del conflicto armado dentro de procesos de restitución de tierras. En varios casos, la empresa terminó comprando tierras que habían sido despojadas a desplazados por la violencia en la Costa Caribe.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, donde campesinos desplazados denunciaron haber sido despojados de tierras que posteriormente terminaron vinculadas a empresas relacionadas con cultivos de palma aceitera. Aunque DAABON estuvo relacionada con algunos de esos predios, finalmente desistió de reclamarlos y abandonó cualquier pretensión sobre esas tierras dentro de los procesos judiciales (ver texto de la empresa publicado en El Espectador).

Algo similar ocurrió con la finca El Chimborazo, un caso documentado previamente por Rutas del Conflicto en la investigación Las tierras de El Chimborazo tienen palma, pero no verdad. Allí, parte de los predios abandonados por campesinos desplazados durante la violencia paramilitar terminaron en manos de empresas vinculadas con la multinacional palmera.

Sin embargo, después de que un tribunal de restitución de tierras impusiera medidas cautelares al predio dentro del proceso de restitución de tierras, la empresa terminó anulando las compras que había realizado y renunció nuevamente a las tierras reclamadas por las víctimas.

El nombre de miembros de la familia Dávila Abondano también apareció en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, el programa de subsidios agropecuarios impulsado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía señaló que algunas empresas y personas vinculadas a la familia habrían fragmentado predios para acceder irregularmente a millonarios subsidios del Estado.

Por esos hechos, Juan Carlos y Alfonso Ávila Abondano, miembros del grupo DAABON fueron condenados en la justicia colombiana (ver registro de la notificación de la condena en 2025 por parte de la Corte Suprema de Justicia). Sin embargo, en abril de 2026, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia anuló esa sentencia y ordenó que el caso volviera nuevamente a la Fiscalía para continuar el proceso judicial.  

Las heridas que siguen abiertas

Más allá de la disputa jurídica por la tierra, el caso de Luis también evidencia las profundas afectaciones emocionales y familiares que deja el desplazamiento forzado y la imposibilidad de regresar al territorio.

Diana Roa, profesional de la Comisión Colombiana de Juristas que ha acompañado el caso, explicó a Rutas del Conflicto que el impacto sobre el campesino y su familia ha sido devastador. Luis, que hoy ronda los 80 años, había construido en ‘El Chispero’ un proyecto de vida campesina ligado al ganado, los cultivos y la vida rural. Todo eso terminó destruido por la violencia y el desplazamiento.

La familia pasó de vivir de la tierra a sobrevivir en condiciones precarias en una zona urbana del Magdalena, lejos de las dinámicas rurales que habían marcado su vida durante décadas. Según Roa, esa ruptura generó afectaciones emocionales profundas, no solo para Luis sino también para su esposa, cuya salud física y mental se deterioró con el paso de los años.

El desplazamiento también fracturó la unidad familiar. Dos de los hijos de Luis tuvieron que irse a otros lugares del país, alejándose del núcleo familiar y abandonando el territorio donde habían crecido. 

Para la Comisión Colombiana de Juristas, la situación que hoy enfrenta el campesino agrava aún más ese daño emocional. Después de más de dos décadas de desplazamiento y once años de batalla judicial, la imposibilidad de regresar a la finca pese a tener una sentencia favorable prolonga la sensación de incertidumbre y desprotección. ”Han pasado 26 años desde que se tuvieron que dejar la tierra, pero ellos tienen un arraigo, un deseo muy fuerte por estar en ese territorio. En ese sentido, toda la espera ha sido una situación dolorosa que no se termina, así hayan ganado el proceso de restitución, porque siguen sin poder acceder a la finca”, dice Roa.

Luis todavía espera volver a ‘El Chispero’. Espera poder caminar nuevamente por la tierra que nunca dejó de ser suya. Espera regresar antes de que el tiempo termine por agotarse.

*Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll

 

Actualizado el: Vie, 10/09/2026 - 11:14