La compra sistemática de tierras por Argos tras el desplazamiento de campesinos

Por: Ricardo Sánchez Gómez

En total, la cementera adquirió más de 6.600 hectáreas entre los años 2005 y 2012 en los Montes de María. Actualmente, la Fundación Crecer en Paz, creada por Argos, afirma estar esperando el resultado de procesos de restitución en otros 18 predios, sobre los cuales aún no hay sentencia.  

Argos adquirió esas tierras a través de un patrimonio autónomo que construyó por medio de filiales como Tekia S.A.S y la Fiduciaria Fiducor, con la intención de desarrollar un proyecto de siembra de teca. El cultivo de ese tipo de árbol maderable depende de grandes proporciones de tierra para poder generar rentabilidad. Sin embargo, la empresa ignoró la procedencia de los terrenos que compraba.

Las sentencias, proferidas entre 2016 y 2021, muestran coincidencias en la cadena de propiedad de esas tierras: a partir de 2005, campesinos desplazados por la violencia vendieron sus predios a precios bajos a inversionistas. Después, esos mismos compradores negociaron miles de hectáreas con el Grupo Argos, pero esta vez, a precios hasta 11 veces más altos, según documentó de la Comisión de la Verdad. 

La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia el 12 de octubre de 2016 explica que la empresa “demuestra actividades o comportamientos repetidos (…), con lo cual puede sospecharse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia” y que “el carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad”. El documento, que se refiere a predios en El Carmen de Bolívar, agrega que Argos no puede recibir una compensación monetaria del Estado porque adquirió predios afectados por el conflicto armado. 

El exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras(URT), Ricardo Sabogal, señala que es importante considerar las 17 sentencias en su conjunto. “La manera de entender el conflicto no es a la luz de una sentencia, sino de muchas que dan fe de lo mismo, y que demuestran una sistematicidad.”

Jhenifer Mojica, consultora en temas agrarios y ambientales, también afirma que el número de sentencias muestra que hubo un “patrón” en las acciones del Grupo Argos. “La empresa desarrolló su actividad sin tomar las medidas de diligencia y sin evitar beneficiarse de la situación de despojo”. Mojica agregó que estos casos deberían enseñarles a las empresas que no pueden lucrarse de un contexto de violencia. “Por más oportunidad de negocio que parezca, se tiene que actuar de manera debida, se tiene que indagar el contexto en el que se compra, se deben respetar los derechos humanos”, concluye.

La Fundación Crecer en Paz, creada por el Grupo Argos para trabajar con campesinos en los Montes de María, afirma que la empresa y la que era su filial, Tekia, fueron compradoras de “buena fe”. Además, agrega que las sentencias reconocen que no tuvieron vínculos con grupos ilegales, ni generaron despojo o desplazamiento, y que no ejercieron presión alguna a los vendedores de los predios. Después de las decisiones judiciales por la restitución, la fundación asevera que ha demandado a los inversionistas quienes le vendieron las tierras a la empresa.  

“Refinada estrategia”

Argos utilizó una “refinada estrategia” para acumular tierras de “alta calidad, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala”, según el capítulo de relatos territoriales del informe de la Comisión de la Verdad. El documento considera a los Montes de María como una región representativa “del complejo modelo” para el despojo, que incluye la “participación de variados actores”, incluyendo funcionarios, empresarios, agentes del Estado, asesores e intermediarios. 

Ese capítulo del informe de la Comisión de la Verdad agrega que el Grupo Argos estuvo involucrado en la compra de los predios desde su inicio, con las ofertas de los inversionistas a los campesinos desplazados. “Estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros”. Además de Argos y de los terceros inversionistas, la relación involucraba al alto gobierno “que garantizaba la seguridad en la zona e invitaba a la inversión de capitales”, según el documento. 

La constitución de la fiduciaria sería parte de la estrategia de compra masiva. “Se trataba de un fideicomiso sui generis, pues la compañía decidía qué predios se compraban (encargándose del estudio de títulos y exonerando de responsabilidad a la fiduciaria), y no delegaba la administración del patrimonio autónomo, sino apenas la formalización de la compra a nombre de la fiduciaria”. Eso significa que, aunque la fiduciaria tuviera la titularidad de los predios, los derechos de propiedad se revertirían a la empresa, concluye el documento de la Comisión. 

Cuestionados por Rutas del Conflicto, Argos y Tekia niegan haber sido parte de las compras de los predios por los inversionistas a las víctimas. “Es claro entonces que no existió ningún tipo de intermediación, ni mucho menos una ‘red de aliados estratégicos’ para la adquisición de esos predios. Tekia y Argos no fueron parte en los negocios de compraventa que se celebraron con los reclamantes”, afirman (Ver respuesta de las compañías). Las empresas agregan que los tribunales “en ningún momento” concluyeron que quienes le vendieron los predios a Argos actuaron como sus intermediarios. 

Aún según el Grupo Argos, la intención de su proyecto era vincular inversionistas públicos y privados, y por eso se decidieron por la fiducia, considerando que “garantizaba no solo transparencia, sino también la confianza de terceros que tuvieran interés en participar”. La empresa agrega que el propietario de los predios era el patrimonio autónomo, mientras que la operación y la gestión del proyecto forestal lo ejecutó Tekia S.A.S. “El patrimonio autónomo fue totalmente legal y es un mecanismo contractual ampliamente utilizado en este tipo de proyectos, sin que se pueda afirmar que existió alguna circunstancia especial o indicativa de irregularidades”, señala la empresa. 

Ni diligencia, ni buena fe exenta de culpa

Argos y Tekia presentaron el recurso jurídico para probar que actuaron de buena fe exenta de culpa para buscar una compensación económica en los procesos de restitución. Señalaron que compraron los predios de manera lícita a sus legítimos dueños y en un contexto de posconflicto, en el que la fuerza pública ya había recuperado la seguridad en la zona. En el caso de que lograran probar que actuaron con diligencia, recibirían el resarcimiento por un negocio que también les afectaba. 

Jhenifer Mojica explica que la buena fe exenta de culpa está prevista en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que establece que “quien quiera oponerse a la restitución, alegando que se tiene un derecho adquirido de manera honesta sobre la tierra, tenga que demostrar que obró de manera diligente para evitar beneficiarse o incurrir en situaciones de despojo”. Argos no pudo demostrar que actuó de manera diligente. “Lo que se demostró en los procesos es que sí se lucró de la situación de despojo”, concluye Mojica. 

Si bien Argos hizo las escrituras públicas de los predios adquiridos, “sí incurrió en la falta de diligencia y cuidado al no hacer los estudios jurídicos y al asumir el riesgo de comprar predios donde era evidente que había desplazados”, explica Julio Cuastumal, abogado especialista en derecho procesal y coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. 

En ninguna de las 17 sentencias de restitución de tierras falladas, Argos logró comprobar la buena fe exenta de culpa, y se ha visto obligada a devolver las tierras. Sabogal añade que era “completamente imposible” que una compañía tan grande e influyente como Argos no se diera cuenta del conflicto armado en los Montes de María. 

La sentencia promulgada por el Tribunal Superior de Antioquia, que decide sobre uno de los casos de El Carmen de Bolívar, también concluye que Argos no se preocupó por entender el pasado violento de la región: 

"Las precauciones que asumió Cementos Argos S.A. fueron insuficientes, pues en estos eventos no basta con realizar un estudio formal de legalidad (…), sino que es necesario tener en cuenta el contexto (…) que el conflicto armado genera en la tenencia de la tierra y en el ejercicio de los derechos de las personas”. 

Las sentencias resolvieron no indemnizar la multinacional, ni sus filiales. Según Argos y Tekia, se les exigió adelantar un proceso de debida diligencia que no existía cuando compraron las tierras.  “Se evaluó la actuación de las empresas con parámetros de la Ley 1448 de 2011 [Ley de Víctimas y Restitución de Tierras], la cual no existía cuando se realizaron las compras de esas tierras”, afirman.

Sin embargo, Jhenifer Mojica asegura que la debida diligencia no es algo nuevo que llegó con la Ley 1448, sino un estándar internacional previo. Lo diferente es que, a partir de la ley, los opositores a los procesos de restitución deben probar que actuaron con buena fe. “Decir que ese ‘obrar de manera adecuada’ nació en la ley de víctimas es ridiculizar el trasfondo de lo que ocurrió, que fue que Argos compró tierras en una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado”, afirma. 

“No es suficiente con ir y mirar los certificados de tradición y libertad. Además de revisar las escrituras, existe la obligación de revisar la situación de violencia y temas de desplazamiento”, agrega Julio Cuastumal.

Lea acá la respuesta de Argos

Los casos de Oso Negro y El Aceituno

Uno de los casos que ejemplifica la relación entre la violencia y las ventas de las tierras en los Montes de María es el de Oso Negro, una finca de 49 hectáreas ubicada en Ovejas, Sucre. Allí vivieron Víctor Olivera y su familia hasta que tuvieron que salir desplazados por la violencia, según información del portal Tierra en Disputa, una alianza de Rutas del Conflicto con Verdad Abierta. En el 2006, Olivera fue asesinado y sus familiares se desplazaron a Sincelejo. Sin recursos o la posibilidad de volver a su tierra debido a la inseguridad, recibieron una propuesta de venta del predio en el 2008. Los inversionistas ofrecieron 49 millones de pesos por las 49 hectáreas de la finca, y el negocio se concretó.  

En este caso, el intermediario fue el político cordobés Otto Bula, condenado actualmente por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Años después, quien adquirió esas hectáreas fue el Grupo Argos, por una suma superior a lo que se le dio a la familia desplazada. En el 2013, Elsa Arrieta de Olivera y su familia solicitaron la restitución de su finca ante la URT. El Tribunal Superior de Cartagena consideró el pedido procedente en la sentencia del 15 de mayo de 2020.

Algo similar pasó en el Carmen de Bolívar. Allí, la familia Torres, beneficiaria del antiguo Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), vivía y trabajaba en una finca a la que bautizaron El Aceituno. Debido a los embates de la guerra, los Torres fueron desplazados forzosamente y, en el 2009, se vieron obligados a vender su finca. El comprador fue Álvaro Echeverría, que les pagó 300 mil pesos por hectárea, según el portal Tierra en Disputa. Meses después, Echeverría vendió la propiedad a Fiduciaria Fiducor, filial de Argos. 

La familia Torres solicitó en el 2015 la restitución de El Aceituno, y el 25 de julio de 2018 el Tribunal Superior de Cartagena consideró la solicitud procedente. Así como en los casos de Oso Negro y El Aceituno, el conflicto afectó a los campesinos que vivían y trabajaban en los 23 predios que las sentencias judiciales le ordenaron a Argos restituir en El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Ovejas (Sucre). 

Medardo Tovar, otro de los reclamantes de El Aceituno, a pesar de ganar el caso, nunca pudo regresar a su predio, ya que la fuerza pública ha señalado que aún existen minas antipersonales en la zona. Tovar murió a finales de 2021 después de una luchar 23 años por volver a su finca.

Ricardo Sabogal y Julio Cuastumal coinciden en que es extraño que, mientras los Montes de María seguían siendo una zona de alto riesgo para las familias desplazadas, no lo era para esos nuevos compradores que llegaron a la zona. “Incluso había predios que tenían minas, y aun así los compraron”, señala Cuastumal. 

El exdirector de la URT llegó entre el 2004 y el 2005 a los Montes de María con un proyecto que estudiaba el desplazamiento y la informalidad en la tenencia de la tierra. Cuando iniciaron las compras masivas de esas tierras, el bajo precio de las hectáreas vendidas les llamó la atención. Además, los compradores, que eran particulares y nada tenían que ver con el gobierno, llegaron con las bases de datos de las personas a las que las entidades financieras les habían hecho préstamos para adquirir la tierra.

“La gente llegaba con los listados. Hablaban con los campesinos y les decían que estaban debiendo cierta cantidad de dinero a los bancos. [Decían] que todavía había mucha violencia, y que las hectáreas ya se encontraban enmalezadas. Entonces, los convencieron de vender las tierras y les dieron tres pesos por ellas”, explica Sabogal.

Compras masivas de tierra

Los inversionistas lograron comprar tierras a una escala que no había sido vista en los Montes de María. Álvaro Ignacio Echeverría, por ejemplo, el primer empresario paisa, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, que llegó a acumular en esa región, logró hacerse con cerca de 5 mil hectáreas, según el portal Tierra en Disputa.

La gobernación de Bolívar señaló la venta masiva e indiscriminada de predios y el riesgo inminente de a poblaciones más vulnerables en el Carmen de Bolívar en la Resolución 001 del 03 de octubre de 2008, y trató de impedirlas con una medida cautelar. Las compras en gran escala no solo alteraron el orden económico y el mercado de tierras del municipio, sino también aumentaron el riesgo para las personas desplazadas, “que ya que no tenían tierra a donde regresar”, explica el ex director de la URT. 

 

Otro punto importante es que más de la mitad de los predios negociados en el municipio había sido inicialmente adjudicados por el Incora, según estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro. Dichas tierras eran protegidas por la ley 160 de 1994, que establecía mecanismos para evitar la acumulación y la venta forzosa de los predios, explica el abogado Julio Cuastumal. Sin embargo, no hubo quien hiciera cumplir la ley. 

El informe de la Comisión de la Verdad cita a elementos que facilitaron la compra de tierras a gran escala y a precios bajos en los Montes de María: la imposibilidad de retorno de los campesinos, las deudas de los propietarios con empresas del Estado, ser predios adjudicados por el Incora o el Incoder, la pobreza vivida por las personas desplazadas y la complicidad de servidores públicos. 

“Buena fe” y demandas a inversionistas

Argos y Tekia afirman que las sentencias de restitución de tierras han determinado que ambas empresas fueron compradoras de buena fe, “sin vínculos con grupos ilegales, quedando claro que no se generaron desplazamientos, ni despojos, y que no se ejerció presión alguna sobre los vendedores de los predios”. En las sentencias que se han proferido hasta el momento, los jueces han resuelto no indemnizar a las empresas. 

La Fundación Crecer en Paz, que hoy es quien administra las tierras que compró Argos en Carmen de Bolívar, Bolívar y Ovejas, Sucre, afirma que ha presentado demandas contra los inversionistas que les vendieron esas hectáreas. La fundación explica que, en una decisión judicial contra uno de ellos, “se ratificó la actuación de buena fe de Argos y se reconoció que no hubo ninguna intermediación para la compra de los predios, ordenándole a restituir el precio recibido a la Fundación Crecer en Paz”.

Argos llegó a los Montes de María a través de la Reforestadora del Caribe S.A, hoy Tekia, que era filial de Grupo Argos. Aterrizaron en la región con la intención de desarrollar proyectos de reforestación sembrando teca, pero también por la invitación pública del Estado. Debido a las reclamaciones de las hectáreas que adquirió la cementera, y a lo poco rentable que resultó el negocio de la teca, Argos renunció a ejecutar el proyecto forestal y creó en el 2015 la Fundación Crecer en Paz. Según su directora, María Clara Rodríguez Raga, la fundación es completamente independiente de la multinacional. 

Rodríguez Raga afirma que la misión de la fundación consiste en vincular a campesinos de la zona que no tengan acceso a tierras productivas para desarrollar proyectos sostenibles, “darles un capital semilla para arrancar, y una vez los proyectos estén en equilibrio y con posibilidades de éxito, titularles la propiedad de la tierra”.

La fundación trabaja con asociaciones de campesinos que, en su mayoría, ayudó a constituir. Estas asociaciones reciben en comodato los predios que donó Argos para ejecutar proyectos agrícolas, siempre y cuando cumplan con las reglas que Crecer en Paz establece para su uso, “como la prohibición de talar árboles grandes, la de usar agroquímicos o la de no hacer quemas en las tierras”. La intención expresa por la fundación es capacitar a las comunidades y entregar las más de 6 mil hectáreas que tienen entre Carmen de Bolívar y Ovejas. 

Según la fundación, hay actualmente procesos de restitución de tierras de 18 predios esperando sentencia, que comprometen a cerca de 1.600 hectáreas de las que posee. 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 09/19/2022 - 23:34