La tregua de los fusiles no alcanza los cuerpos de las mujeres en Buenaventura

Por Ana Maria Saavedra

Imágenes creadas con Chat GPT

“Las mujeres de Buenaventura, unidas desde sus territorios y luchas cotidianas, han decidido alzar su voz de manera colectiva para exigir la firma de un acuerdo que elimine la violencia en su contra y garantice su derecho a vivir en paz, con dignidad y sin miedo”.

 

Fragmento del Acuerdo de Mujeres por la Vida y la Dignidad.

Marina* es una de esas mujeres. Está cansada de que mientras las autoridades celebran las treguas de las bandas criminales ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, las violencias basadas en género se escondan bajo el tapete. Son ellas, mujeres como Marina, quienes las sufren en vivo y en directo en los barrios. 

“Ya sea porque te violen o porque te maten un hijo. Es a nosotras a quienes nos cobran la vacuna para no desaparecernos a nuestros hijos o para no reclutarlos, es a nuestras hijas a quienes acosan”, dice con una voz que tiene la cadencia de las olas que chocan contra las escaleras del malecón cuando sube la marea. De hecho Marina no es su nombre real, pues todas las mujeres que hablaron para este reportaje pidieron omitir sus identidades por seguridad. Tienen miedo.

En Buenaventura, una ciudad en la que la violencia se ha enquistado por décadas debido a las disputas de los grupos armados por el control de las economías ilegales –extorsiones, narcotráfico y narcomenudeo, entre otras-, los homicidios han disminuido en los últimos tres años tras el ‘Pacto por la Vida’, producto de las treguas pactadas por ambas bandas ilegales. 

Los acuerdos entre estas dos bandas iniciaron desde 2022, con la mediación de la Iglesia y de las autoridades locales. El propio presidente Petro, en diciembre de 2022, anunció que Buenaventura llevaba 85 días sin homicidios gracias a estos acuerdos. A lo largo de estos tres años y dos meses, la tregua ha tenido varias rupturas. Una de las más graves ocurrió en febrero de 2025: más de 50 asesinatos en pocas semanas y desplazamientos internos. En septiembre, con la mediación del obispo Ruben Dario Jaramillo, se anunció una nueva tregua. Y en octubre pasado, ‘Los Chiquillos’, otra de los grupos que delinquen en la ciudad, se sumó a la mesa.

Las treguas han reducido los disparos, pero no cambiaron las dinámicas de violencia que se ejercen barrios adentro. Los homicidios han descendido pero las violencias basadas en género han aumentado. Los feminicidios, por ejemplo, aumentaron de cero casos en 2022, un caso en 2023 a 3 en 2024,  de acuerdo con el Observatorio de Género de la Gobernación del Valle; hasta agosto de 2025, según la misma entidad, se han reportado 2.  El control sobre los cuerpos y vidas de las mujeres no ha entrado en las treguas.

Por eso, Marina, junto con otras lideresas de organizaciones sociales y el Proceso de Comunidades Negras, PCN, iniciaron unas reuniones con el apoyo de los delegados del gobierno en la mesa para redactar el Acuerdo de Mujeres por la Vida y la Dignidad, en el que reclamaron lo que hasta ahora no se había mencionado en los acuerdos de la mesa:  el fin de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, la eliminación de las fronteras invisibles, la prohibición de la explotación sexual y un programa real de protección para las mujeres de Buenaventura.

Según el Observatorio Vigiafro, en Buenaventura, donde confluyen racismo estructural, patriarcado y la presencia permanente de actores armados, estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una violencia sistemática: la vida de las mujeres afro se devalúa, sus cuerpos son tratados como territorios disponibles para el dominio y la agresión, y la violencia sexual y letal se usa como forma de control en medio del conflicto urbano. 

Fabio Cardozo, quien lidera la mesa sociojurídica,  reconoce que esta violencia forma parte de los repertorios de la violencia y la gobernanza criminal de los grupos armados, además de estar anclada en una sociedad maltratadora y machista.

El miedo es silencio

La mujer camina por el malecón del parque Néstor Burbano mientras unos niños chapotean en el mar. Son las cinco de la tarde y la marea está alta. Tiene unos aretes dorados con el mapa de África. Ella, nacida en Chocó pero que ha pasado “toda su vida” en Buenaventura, es otra de las lideresas sociales que trabajó en la construcción del documento Acuerdo de Mujeres por la Vida y la Dignidad.

La llamaremos Rosa. “Si hablamos nos llaman las sapas y eso nos pone una lápida o nos amenazan”, dice. El miedo es silencio.

Y esa ley del silencio es la que impera en Buenaventura. Los grupos controlan hasta las voces de las mujeres. Ellas, quienes vencieron el miedo y contaron sus historias, son habitantes de barrios de las comunas 6, 10, 11 y 12, las zonas más impactadas por el conflicto. Una de ellas vive en una zona rural, donde estas bandas criminales, junto al ELN y a las disidencias de las Farc imponen el mismo silencio, el mismo control.

Las historias de horror que relataron se repiten en varios de los barrios de Buenaventura: violaciones, acoso sexual, explotación sexual, golpes… Los grupos armados, conformados en su mayoría por hombres jóvenes, ejercen el control en sus territorios que va desde el cobro de extorsiones hasta el control de la vida cotidiana, las fronteras invisibles y la decisión de con quienes pueden salir y a quienes pueden amar las mujeres de su territorio.  

Flor intentó romper ese silencio. Ella vive en uno de los barrios de la Comuna 12 y tiene dos hijas. Una de ellas regresaba del trabajo cuando un vecino, parado en una de las esquinas, la estaba esperando, acechándola. “La intentó agarrar por la fuerza, la toqueteó y le decía que estaba muy buena. Ella alcanzó a correr y llegó llorando a la casa”.

Esa noche, Flor caminó a la casa del agresor con la rabia y la valentía que da el amor de madre. Lo encaró y le gritó que eso que le había hecho a su hija era un intento de violación. Al día siguiente tomó un taxi hasta el centro para denunciar el caso en la Fiscalía. “Casi ni nos escucharon y nos dijeron que si ella era mayor de edad no pasaba nada. Al final decidimos no denunciar”.

El agresor acudió al jefe de la banda criminal de su barrio para quejarse porque lo habían denunciado. Este le mandó razón a Flor para que se quedara callada. “Como ellos hacen lo mismo con las muchachas y niñas de acá, pues la impunidad les permite seguir cometiendo sus fechorías. No les conviene que hablemos. Nos quieren calladas”.  

También callaron cuando ese hombre que intentó agredir a su hija violó a su hijastra, quien quedó embarazada. Y callaron cuando dos hombres violaron a una niña de 13 años. Flor recuerda que hace seis meses la adolescente regresaba una noche a su casa y se encontró con los jóvenes. Estaba oscuro, la golpearon y la metieron en una casa abandonada. “Me duele lo que le pasó a la muchacha, quisiera tener el poder y ayudarla, pero no puedo”.

Flor también calló porque el poder lo tienen los armados. Esos que, aunque vio crecer en su barrio, han sido reclutados por ‘Los Shottas’, ‘Los Espartanos’ y ‘Los Chiquillos’, tres de las bandas que delinquen en Buenaventura.  

La dificultad para denunciar las violencias basadas en género en la ciudad está muy relacionada con la impunidad estructural, el miedo a las represalias letales de los grupos armados y la cooptación de las instituciones, que permite el accionar de las bandas. Diversos informes han denunciado esta permisividad e ineficiencia al combatir a los actores armados, como el realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Buenaventura un puerto sin comunidad.

En dicho informe se explica que “la ubicación geoestratégica de Buenaventura como puerto internacional junto con la existencia de este tipo de Estado que no provee ni regula lo público, ha posibilitado el progreso de una creciente economía ilegal en el territorio. Los GAI (grupos armados ilegales) proveen de manera privada bienes públicos a agentes económicos, sociales e institucionales con los que establecen acuerdos y a la vez se nutren de las oportunidades financieras que ofrece una boyante economía criminal. La economía política de la guerra produce incentivos fuertes para que los GAI se interesen por desarrollar mecanismos que perpetúan la desinstitucionalización, lo cual conduce a que sus intencionalidades tengan que ver tanto con el control territorial como con el control poblacional, más que con un propósito antisubversivo o contraestatal”.

Una guerra de décadas: nacidas en el miedo

La génesis de Los Shottas y Los Espartanos inicia tras la desmovilización del Bloque Calima de las Autodefensas. Un informe del Sistema de Análisis de Grupos Armados, SAGA, muestra como los orígenes criminales de estas estructuras se relacionan con el conflicto armado que “históricamente ha afectado a Buenaventura, un puerto clave por su posición estratégica –con acceso al Océano Pacífico y cercanía con la capital departamental– para el control de economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, las extorsiones y el contrabando. Esto ha generado que con el tiempo se creen, muten y perduren entramados criminales que generan grandes afectaciones a la comunidad”.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2023, ‘Los Shottas’,  ‘Los Espartanos’ y ‘Los Chiquillos’ tienen presencia en 112 de los 136 barrios de Buenaventura, donde “perpetúan un régimen de violencia cotidiana y reclutamiento de menores. Estos grupos rivales se estiman en aproximadamente 1,200 a 1,760 hombres armados”.

La violencia en Buenaventura también se extiende a la zona rural, donde estructuras como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC-EP (específicamente la Columna Móvil Jaime Martínez, del Estado Mayor Central) disputan el control de corredores y economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Existen reportes de alianzas volátiles, como la asociación entre el Frente Jaime Martínez y Los Espartanos, o entre Los Shottas y el ELN.

Los actores de estos grupos heredaron los repertorios de violencia ejercidos contra las mujeres y niñas en Buenaventura, los cuales son sistemáticos y de extrema degradación, según el informe ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’. “Estos actos no solo buscan el control territorial, sino también la destrucción física, moral y psicológica de la población afrodescendiente, atacando intencionalmente a la mujer como núcleo de la estructura social y cultural”, indica el Centro de Memoria Histórica.

Como explica Rosa, “cuando nos atacan están golpeando el corazón de la familia y de la comunidad. Las mujeres negras somos las que impartimos y transferimos el conocimiento. Somos el equilibrio. Nuestra comunidad funciona con el matriarcado pero cruzado por el patriarcado”.

Los nombres que no deben olvidarse

Entre el 2022 –año en el que empezaron los acercamientos con los grupos armados y se inició una de las treguas- y octubre de 2025, 24 mujeres han sido asesinadas en el puerto vallecaucano. Mientras en 2024 las autoridades sacaban pecho por la disminución de los homicidios, los feminicidios aumentaron. 

En Colombia, desde 2018, la Ley Rosa Elvira Cely tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, por su identidad de género u orientación sexual. La norma establece que el crimen se configura, entre otras circunstancias, cuando el agresor ha tenido una relación íntima, familiar, laboral o de convivencia con la víctima y en esa relación se ha ejercido un ciclo de violencias —física, psicológica, sexual o económica—; o cuando el perpetrador ejerce control sobre la vida, el cuerpo o la sexualidad de la mujer, la instrumentaliza o condiciona sus decisiones. 

Uno de esos casos fue el de Brenda Yasuri Ordóñez, quien estaba embarazada de tres meses. El cuerpo de la joven fue encontrado por el Gaula de la Armada enterrado en el patio de una casa, a una cuadra y media de la vía Alterna. La joven fue asesinada a golpes.

Los familiares relataron a medios de comunicación que el día de su desaparición ella había ido a visitar a su pareja en el barrio Los Angeles. Según ellos, este hombre, miembro de la banda Los Espartanos, fue el autor del crimen. 

Una fuente cercana a la mesa sociojurídica relató que cuando abordaron a los miembros de “Los Espartanos” para preguntarles por este crimen, su respuesta fue que "ella se había metido con otro hombre del otro grupo. Así lo justificaron porque históricamente a través de los cuerpos de las mujeres marcan su poder. Ellos son sus dueños". 

En julio pasado, alias Pepito, pareja de Brenda fue detenido. Los medios de comunicacion explicaron que su detencion no se presentó por el asesinato de su pareja. La Fiscalía lo detuvo por el secuestro de un comerciante. 

Así que el caso de Brenda, como muchos otros crímenes contra las mujeres en Buenaventura, sigue impune.

El control sobre los cuerpos 

La violencia contra las mujeres no solo se refleja en los casos de feminicidio, su forma más letal. Las denuncias por violencias sexuales (incluyendo los reportes de acceso carnal, abuso sexual y trata de personas), reportados en el sistema de vigilancia de Salud, han aumentado desde 2022, como se observa en el gráfico a continuación. En 2023, año en el que las negociaciones entre los dos grupos armados y el gobierno llevaron a varias treguas, los delitos sexuales y la violencia física contra las mujeres tuvieron su pico más alto.  

La mayor cantidad de víctimas de las violencias sexuales, de acuerdo con el SIVEGE, son mujeres afrocolombianas. De los casos reportados este 2025, el 67% de las mujeres agredidas eran afrodescendientes.  

El Observatorio VigiaAfro se dedica a documentar en territorio las violencias contra las mujeres afrodescendientes. En su informe de enero a junio de 2025, documentaron 14 casos en Buenaventura. “El uso de la violencia sexual contra las mujeres afrocolombianas constituye una estrategia sistemática de los grupos armados para ejercer el poder sobre las mujeres y su territorio”, indicaron. 

Sulma, otra de las lideresas entrevistadas que vive en uno de los barrios de la Comuna 10, explica que aunque las cifras son altas no reflejan la realidad de los barrios donde los grupos tienen el control. Varias de las mujeres entrevistadas para este reportaje coinciden en que la ruta de atención a víctimas de violencia de género no funciona: las pocas denuncias tienen una gran impunidad y no hay protección para quienes rompen el silencio.

“Aquí los jefes mandan razón: que la quieren ver, que necesitan hablar con ella. Si no va, la familia corre riesgo. Eso no cambió con la tregua, solo que ahora se hace callado”, dice Sulma. 

En los barrios más golpeados por la violencia, el control sobre las mujeres se mantiene como una forma de poder.

Marina, quien trabaja con adolescentes, resume lo que muchas repiten: “Si a un tipo le gusta una niña, así tenga doce o trece años, va donde el papá y le dice: ‘yo le ayudo con la comida, pero me quedo con su hija’. Si se niegan, los amenazan”. Las familias, sin respaldo institucional, optan por sacar a las niñas del barrio. En la mayoría de los casos, huyen de madrugada y dejan todo atrás.

Jazmín, otra de las lideresas, cuenta que en su barrio mandan Los Espartanos. Uno de ellos  tiene una relación con una joven. Tiene dos hijos y está embarazada. “Ella sigue con él, pese a todo el maltrato que le da. Le pega delante de todo el mundo, la insulta, la trata de perra, hace unos días casi la mata. Nadie puede decir nada porque se mete en un problema, ni los papás de ella porque los matan. Él no es el jefe pero sí anda armado”.

Seducidas y engañadas por el falso brillo 

La mujer desciende de una camioneta Toyota. Camina contoneando las curvas que el bisturí le dio. Pide una gaseosa en una de las tiendas de Loboguerrero, en la carretera de Buenaventura a Cali. Vuelve a subirse de pasajera. Rosa la observa de lejos, ella también está en la misma tienda, pero recorre el mismo camino en un carro de servicio público. La reconoce, es la proxeneta que le consigue jóvenes a los jefes de la banda Los Espartanos, aunque muchas de ellas no llegan a los 18 años.

Son del mismo barrio, aunque Lola, como llamaremos a la tratante con fines de explotación sexual, ahora tiene un apartamento en el centro, pagado por ellos y se pasea en camionetas lujosas. Así les muestra a esas niñas, que la observan con envidia, la vida que ellos, los de las armas, les pueden dar. “Ellos dicen: tráigame a la mejor del barrio. Y ella ya sabe cuáles son, porque las tiene fichadas, las deslumbra con dinero, celulares, cadenas de oro y paseos”.

Rosa recuerda que hace unos meses estaba en un pueblo de la región del Naya en el Valle del Cauca, una zona controlada y disputada por los grupos armados, cuando vio llegar un grupo de mujeres muy jóvenes a la fiesta de uno de “los duros” de la zona. Al día siguiente, abordó la lancha de regreso a Buenaventura, se encontró con una de ellas. “Era casi una niña, no tenía más de catorce años. Pregunté qué pueblo era ese y al pagar el pasaje abrió un canguro con un fajo de billetes, como dos o tres millones. Me contó que estaba escapada, le había dicho a su mamá que iba a una salida del colegio, pero había terminado en esa rumba. Le dije que como llegaba a un sitio que no conocía, que la podían matar”.

Unidas rompiendo el silencio

Laura Fuqueme, delegada del Gobierno en la mesa sociojurídica, ha mantenido un diálogo constante con las mujeres de los barrios. Ella ha insistido en la necesidad de hablar en la mesa de las violencias contra las mujeres. Es así como desde principios de este 2025 los representantes del gobierno en la mesa empezaron a reunirse con las lideresas.  

En las reuniones para construir el Acuerdo de Mujeres escuchó sus relatos de abuso, explotación y control armado. Casos como los de mamás que explotaban sexualmente a sus hijas, de adolescentes que desaparecen de sus casas por días y de jóvenes a las que obligaban a abandonar sus barrios por enamorarse de miembros de la banda rival. También escuchó a los jefes de las bandas delincuenciales justificar la violencia contra las mujeres, negar que la cometían.

Hasta ahora, el acuerdo ha sido firmado por el jefe de ”Los Chiquillos", agrupación que ingresó a la mesa socio jurídica el 30 de octubre pasado. Está pendiente que los delegados de “Los Shottas” y “Los Espartanos” lo firmen. Luego iniciaron un proceso pedagógico para que tanto los jefes como los “soldados” de estas tres agrupaciones entiendan qué son y qué daño hacen las violencias basadas en género. 

Para Fabio Cardozo, la experiencia que se está construyendo en Buenaventura —incluido el nuevo acuerdo con las mujeres— forma parte de un modelo inédito de paz urbana: un proceso que, según dice, debe quedar estructurado para que sirva como referencia en otros territorios.

Aunque a lo largo de estos tres años las conversaciones han tenido momentos duros. Y uno de ellos se dio con la llegada del propio Fabio como jefe del equipo del gobierno. En 2022 y 2023 los delegados del Gobierno estaban liderados por los congresistas Alexander López y Alejandro Ocampo, pero en diciembre de 2023, cuando Oty Patiño asumió como alto comisionado para la paz, renovó la delegación, lo que generó tensiones.

Cardozo ha criticado que las treguas sean el eje de  la negociación, pues en ocasiones han terminando siendo una “mampara para la consolidación de la gobernanza criminal”. 

Tanto para Fabio como Laura los acuerdos como el de reclutamiento de menores y el fin de las violencias contra las mujeres, por parte de los grupos, son el eje de las conversaciones. Para Laura Fúquene, este acuerdo con las mujeres marca un precedente: “es la primera vez que un proceso de paz urbana incorpora de manera real su participación, y lo que están construyendo —desde los módulos pedagógicos hasta el propio acuerdo— debe quedar institucionalizado como parte del plan de acción y servir de referente para otros territorios”.

Ellos esperan que este sea un primer paso para romper los ciclos de violencia de género que se han enquistado en Buenaventura.

Mientras tanto Marina, Rosa, Flor, Sulma…. seguirán vigilantes para que el lema “Ni una más, ni una menos” sea un hecho en Buenaventura.   

 

 Esta investigación periodística fue realizada gracias al apoyo de la Beca Relatos de Región: periodismo local que explica a Colombia del CEPER de la Universidad de los Andes. El acompañamiento editorial estuvo a cargo de Nathalia Guerrero.

 

Actualizado el: Jue, 11/27/2025 - 09:12