La tutela de la empresa de German Efromovich que retrasó aún más la restitución de la Hacienda Bellacruz

Las familias campesinas que ocupaban el predio conocido como la hacienda Bellacruz por más de tres décadas siguen esperando la restitución de tierras, volver del exilio y continuar un proyecto de vida que cambió con el desplazamiento y las masacres ocurridas en el sur del Cesar desde 1996.

Las víctimas del conflicto armado en el municipio de La Gloria, donde queda ubicada gran parte de la hacienda, interpusieron una demanda de restitución de tierras para que pudieran retornar al predio del que fueron expulsados o poder volver a tener una tierra en otro lugar y continuar con su vida campesina. Sin embargo, este ha sido un proceso complejo, lleno de obstáculos, que se convirtió en un caso emblemático de la restitución de tierras en el país. 

En el proceso de reclamación de las víctimas se registró como opositora la empresa MR de inversiones S.A.S. que fue creada por los primeros propietarios de la hacienda, la familia Marulanda. En 1996, cuando ocurrió la incursión paramilitar, la hacienda Bellacruz estaba bajo la dirección de los hermanos Francisco y Carlos Arturo Marulanda Ramírez, este último exministro de Desarrollo durante el gobierno de Virgilio Barco, quien fue capturado en España y extraditado a Colombia en 2002 para responder por el caso de La Bellacruz y su presunta participación en el desplazamiento masivo de 1996. Francisco Marulanda había sido condenado en julio de 2003 a 18 años de prisión por estos hechos pero en segunda instancia fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena. Los hermanos quedaron a cargo tras la muerte del patriarca Alberto Marulanda Grillo, quien según los testimonios recolectados por la Comisión de la Verdad,  con “planos y mapas en sus manos, anunció ser el dueño” de miles de hectáreas de tierras en la década de los treinta.  

Años después de la llegada de los paramilitares, en los noventa, y del desplazamiento masivo de campesinos, MR de Inversiones S.A.S pasó a ser propiedad del grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, cuyo  representante legal en Colombia es el empresario Germán Efromovich. La empresa llegó a la zona con el objetivo de instalar un proyecto agroindustrial de palma de aceite, que cambió el nombre del predio de hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria, tierra que generaciones de campesinos han exigido al Estado que  les titule como suyas, desde hace más de cincuenta años. 

MR de Inversiones ha instaurado varios procesos legales para alargar el proceso de restitución. La empresa interpuso una acción judicial que envía el expediente al Tribunal de Cúcuta, que tiene la competencia de fallar la solicitud de restitución, alegando la violanción al debido proceso porque según la compañia se omitió practicar algunas pruebas. 

Como lo explicó el equipo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ),  que lleva el caso de 40 campesinos en el proceso de restitución, la empresa instauró la tutela argumentando que en la etapa judicial se omitió el testimonio de unos solicitantes y del empresario Efromovich. Para las víctimas es indignante este alegato cuando han sido ellos quienes más presionaron en la etapa judicial para que el representante de la empresa fuera a dar su testimonio al juzgado. 

En la primera etapa judicial del caso, un juez escuchó a varias de las víctimas por más de tres años, aunque algunas se abstuvieron de dar sus declaraciones. El juez también citó a Efromovich en distintas oportunidades, pero nunca asistió a las audiencias. Posteriormente, por la normatividad, ante la oposición de la empresa, el caso pasó al Tribunal de Tierras de Cúcuta. Es en esta instancia que el empresario entuteló el proceso, señalando que no había sido escuchado, al igual que las víctimas que se habían negado a hablar.

“Ya estaban suficientemente probados los hechos que pasaron en la hacienda y algunas de las víctimas no quisieron asistir a dar su testimonio en el proceso, pero la ausencia de sus declaraciones no cambia lo que ya se ha probado”, afirmó el abogado de la CCJ. 

La tutela fue conocida en primera instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, quien el día 6 de febrero de 2024 decidió denegar lo solicitado por la empresa. Se ratificó la decisión el 28 de febrero en segunda instancia, la magistrada Martha Patricia Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de casación civil y agraria. Tanto el Tribunal como la Corte consideraron principalmente que MR pudo controvertir las pruebas que ya se habían agotado, y que el juez de restitución puede limitar la práctica de estas cuando considere que los hechos ya fueron esclarecidos con suficiencia

La comunidad campesina de la hacienda Bellacruz, víctima de despojo, desplazamiento forzado y otras violaciones a sus derechos desde la década de los noventa, exige celeridad en su proceso de restitución después de seis años de litigio.  Esta última acción judicial  interpuesta por MR de Inversiones, según los solicitantes entrevistados, demuestra su interés en dilatar el proceso para truncar la reparación de las víctimas, que ya llevan más de tres décadas lejos de la tierra. Como lo explicó el equipo jurídico de la CCJ, “la decisión de la tutela es pro víctima y garantista. Esperamos que la empresa supere los argumentos espurios y conductas dilatorias”. 

Para el líder Adelfo Segundo Rodríguez, representante legal de la Asociación Campesina Desplazados al Retorno (Asocadar), los recursos legales que han demorado la definición del proceso y la protección de los derechos de los campesinos están relacionados con la poca voluntad política. “La institucionalidad se pelea entre ellos y el problema no se soluciona. Es necesario buscar espacios de diálogo y concertado entre abogados, empresa y comunidad. Sentarse y buscar una salida en el menor tiempo posible porque solo pasan los años y seguimos igual”, dijo Rodríguez. 

Asocadar reúne a varios de los solicitantes de restitución de Bellacruz. La organización se dedica a hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional. Un precedente ordenó la recuperación de baldíos y reconoció al campesinado de la hacienda como sujeto de especial protección constitucional. Pese a los ocho años de la sentencia, las órdenes no se han cumplido y están suspendidas por un trámite que cursa en el Consejo de Estado. 

El entramado de las empresas 

La tutela interpuesta por MR de Inversiones muestra lo complejo que resulta identificar los actores empresariales que están relacionados en el proceso de restitución de tierras.

Cuando se habla del caso de la hacienda Bellacruz, a simple vista no es muy claro qué empresas están involucradas y cómo se relacionan con el empresario Germán Efromovich. Al revisar la historia del predio aparecen la Dolce Vista Estate, MR de Inversiones, Frigorífico La Gloria y el Grupo La Gloria. Cada una cumple un papel determinante en el gran proyecto productivo de palma de aceite en las tierras en disputa. 

Como lo explicó el equipo jurídico de la CCJ, la empresa que se opone a la restitución de los campesinos, donde hoy se desarrolla el proyecto con más de cinco mil hectáreas de palma, conserva las iniciales de la familia Marulanda Ramírez. “No es casualidad que la empresa que representa a las demás compañías se llame MR, es decir que la razón social inicial sigue vigente y cuando uno observa las dinámicas de la familia Marulanda y cómo se hizo a la tierra se da cuenta que  la infraestructura  de alianzas, antes familiares y ahora empresariales, generan un control político y económico en la región”, explicó el abogado de la CCJ. 

La empresa MR de Inversiones fue creada en 1970 por Alberto Marulanda Grillo y su esposa Cecila Ramírez, años después la empresa englobó varios de los predios que componían La hacienda Bellacruz en una sola matrícula inmobiliaria. En 2008, la familia Marulanda realizó una reforma estatutaria de MR, cambió su objeto social  y amplió el patrimonio de la empresa.  

En diciembre de 2008, la sociedad panameña Dolce Vista Estate le compró a los Marulanda la empresa MR, que tenía la propiedad de la hacienda y cambió su representación legal de Carlos Arturo Marulanda a Jan Veldwijk, compañero de negocios de German Efromovich.  La Dolce Vista, empresa panameña creada en 2006,  también les compró a los Marulanda el Frigorífico la Gloria. 

En 2009, se cambió el nombre de la hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria. Las 5.833 hectáreas serían destinadas al proyecto de palma de aceite. Germán Efromovich ha dicho en varias oportunidades que “estaba proyectado invertir 160 millones de dólares y se compró la hacienda La Gloria tras haber contratado un estudio de títulos”. 

En 2010, MR transfirió la hacienda en fideicomiso a la Empresa Dolce Vista Inc, administrada por la Fiduciaria Davivienda, para adelantar negocios agroindustriales.  A pesar de las movidas empresariales y nombres en la cadena de producción del proyecto agroindustrial, el proceso de restitución de tierras funge como opositora la empresa que todavía continúa con las iniciales de la familia Marulanda Ramírez.  

Para los campesinos esas iniciales representan la violencia de la que fueron objeto cuando llegaron los Marulanda. Señalan que el nombre es una reafirmación de que esa tierra era de la poderosa familia política, cuando los campesinos ya habitaban esos predios; también de las violencias de los paramilitares en la década de los noventa y ahora del Estado que lleva una década en procesos judiciales mientras MR sigue explotando la tierra que les arrebataron. Como lo explicó el líder Adelfo Rodríguez, la comunidad se siente desgastada de los múltiples obstáculos para volver al territorio que fueron expulsados y violentados. 

 

Actualizado el: Lun, 09/23/2024 - 13:28