La visibilidad como resistencia: la lucha por un Macrocaso de Violencia Sexual en la JEP
Cuando se le preguntó a Manuel Velandia por qué era importante ser reconocido como víctima del conflicto armado en Colombia siendo un hombre marica - como el mismo se define - contestó diciendo que era necesario sentar un precedente en la sociedad: “nosotros éramos victimas y necesitabamos reconocernos”
Los informes entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por parte de organizaciones y colectivos por la defensa de los derechos de las mujeres y las personas sexualmente diversas han sido reiterativos en la necesidad de abrir un macrocaso que investigue la Violencia Sexual, Reproductiva y otros delitos relacionados a la sexualidad en el marco del conflicto armado, de manera que se reconozcan los hechos victimizantes y exista una reparación integral.
Sin embargo, a pesar de las peticiones, sugerencias y exigencias sobre la apertura de este macrocaso que permita la investigación y el reconocimiento de estas violencias naturalizadas por parte de los actores armados, la JEP ya ha tomado una determinación: Estudiar y juzgar la violencia sexual de forma transversal a todos los macrocasos, debido a los diferentes patrones criminales de cada uno de los grupos armados.
Esta decisión no ha resultado satisfactoria para muchas organizaciones de víctimas que exigen y argumentan la necesidad de un macrocaso que entienda los delitos de la sexualidad como un comportamiento sistemático dentro del conflicto, además que, este mismo podría ayudar a visibilizar la violencia de género que atraviesa el territorio nacional.
¿Por qué no se ha abierto un macrocaso de Violencia Sexual y otros delitos relacionados?
A pesar del llamado de las víctimas y colectividades, analistas y fuentes de la JEP en diálogo con Rutas del Conflicto aseguraron que es muy poco probable que se abra el macrocaso de Violencia Sexual, Reproductiva y otros delitos relacionados a la sexualidad debido al cambio de metodología: anteriormente, los casos se tipificaban por delitos o por zonas territoriales, mientras que ahora se abrirían tres nuevos macrocasos por actor armado, por comunidades o población afectada.
Según información de La Silla Vacía, esta decisión es producto de los aprendizajes de la jurisdicción durante las otras investigaciones en las que “los avances de macrocasos abiertos como el de secuestro y el de falsos positivos han sido mayores al resto”
La Jurisdicción Especial para la Paz a través de la Resolución N.° 392 de 2021 cuenta con un Comité de Género encargado de promover lineamientos y estrategias para la implementación de un enfoque de género transversal en los macrocasos de la Jep donde se ha demostrado que existen delitos relacionados a la sexualidad y la identidad.
Un ejemplo del trabajo de este Comité ocurrió el pasado 11 de febrero de 2022, en el Caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, allí la magistrada Lily Rueda anunció la creación de una línea de investigación sobre discriminaciones y violencias a víctimas de reclutamiento LGBT+, esto como resultado del informe presentado por Caribe Afirmativo “A nadie le deseo lo que viví: informe sobre reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el conflicto armado en Colombia". Así mismo, 68 víctimas relataron hechos de violencia sexual donde prevalecen el aborto forzado, la anticoncepción forzada y el acceso carnal violento.
En el Caso 01: Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc EP se imputó a cuatro miembros del Secretariado de la guerrilla por crímenes relacionados.
Debido a esta postura, María Susana Peralta de Colombia Diversa, expresa que desde la organización “se hizo el ejercicio de contestar a cada uno de los criterios de priorización que están establecidos en la JEP respecto al macrocaso de violencia sexual… Sin embargo, siete u ocho meses después nos respondieron diciendo que era algo ‘interesante’ y lo iban a estudiar”.
La abogada y docente Valentina Escobar, miembro de la Clínica Socio Jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, explica que “los criterios de priorización para abrir nuevos casos tienen un factor subjetivo donde se evalua las condiciones de vulnerabilidad de las victimas - es decir, discriminación por raza, género, identidad; así como factores objetivos como lo son la gravedad de los hechos y la representatividad de patrones en el conflicto”
Ante estas exigencias reiterativas, durante la Audiencia de observaciones de las víctimas y priorización de nuevos casos celebrada el 21 de febrero del presente año en Medellín, la magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad, Catalina Díaz Gómez, respondió diciendo que:
“la sala ha tomado ya una definición sobre patrón [macrocriminal] que básicamente son las conductas que se repiten en un territorio y tiempo determinado por un mismo actor o la misma estructura contra un perfil similar de víctima con un propósito común… No hay un mismo patrón de violencia sexual: hay violencia cometida por antiguos miembros de las FARC, por agentes del Estado intrafilas; contra soldados por sus propios compañeros; hay distintos patrones contra mujeres civiles ligados a detención y a la tortura… En mi opinión, hay patrones distintos con fines y propósitos militares distintos… Por eso, se va a estudiar la violencia sexual… en ambos actores [fuerza pública y guerrilla] de manera separada porque hay que entender el patrón en función del actor y el propósito estratégico del crimen”
¿Cómo ha sido la violencia de género en el conflicto armado?
En Colombia, el Registro Único de Víctimas reporta a 9,263,826 personas como víctimas del conflicto armado, de las cuales 4.238 son personas LGBT+ y 4.528.287 son mujeres. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1959 y 2017 se registraron al menos 15.020 casos de violencia sexual y hasta septiembre del 2021, se reportaron 7.955 hechos victimizantes contra personas LGBT+. Las violencias han sido sistemáticas por parte de grupos armados tanto legales como ilegales; y los patrones van desde la discriminación, el rechazo y el desplazamiento hasta el hostigamiento, la violación y el asesinato.
La violencia sexual ha dejado a 15.711 víctimas en el país. En Colombia, nueve de cada diez personas violentadas sexualmente durante la guerra fueron mujeres y se desconoce en casi un 90% su situación actual, si están vivas, muertas o desaparecidas.
Oscar Fernando Martínez, coordinador de la Comisión de la Verdad en el Eje Cafetero, explicó que las violencias basadas en género tienen capas de violencia indirecta asociadas a “la imposibilidad de poder expresarse, debido a que en el conflicto armado se incrementa la necesidad de cumplir con la condición heteronormativa machista”. Por lo tanto, se considera que muchas de estas afectaciones aún no son visibles en las cifras de las instituciones, sino que hay una normalización que impide que las personas se reconozcan así mismas como víctimas de la violencia.
El director de la organización Caribe Afirmativo por los derechos LGTB+, Wilson Castañeda, apuntó a un concepto sociológico denominado violencia por prejuicio, que consiste en la discriminación “en razón de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género que permite comprender el contexto social y las motivaciones de los victimarios” Esta tipificación permite entender que detrás de las violencias -como el asesinato o el desplazamiento- hay razones estructurales y discursos de discriminación instaurados en la sociedad que permiten que las violencias basadas en género trasciendan desde el silencio hacia los hechos victimizantes.
“La visibilidad es la resistencia que hacemos desde un cuerpo que históricamente ha sido incómodo”. asegura Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización civil por los derechos LGTBIQ+.
La lucha de las organizaciones por el reconocimiento y la visibilidad
“Aniquilar la diferencia”, “Mujeres y Guerra”, “La guerra inscrita en el cuerpo” son algunos de los informes entregados a la JEP que documentan las vivencias de las mujeres y personas de orientación sexual diversa en el conflicto. Estos son el producto final de la investigación liderada por organizaciones nacionales como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Alianza Cinco Claves, Women 's Link, entre otros. A nivel territorial, desde los municipios y ciudades también se hace una apuesta por parte de los colectivos, líderes y lideresas que rodean a las víctimas y exigen la recepción e investigación de sus casos.
Rutas del Conflicto conversó con Yolanda Perea, defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual; con Manuel Velandia, activista LGBT+ y el primer ‘marica’ en ser reconocido como sobreviviente del conflicto por el RUV; y con la Fundación Arcoíris por los derechos de las personas diversas en el departamento de Nariño. Ellos explicaron la importancia personal y social de abrir un macrocaso en razón de las violencias por sus identidades de género:
Yolanda Perea, víctima de violencia sexual por parte de las Farc, ha trabajado junto a la Ruta Pacífica de las Mujeres, las comunidades negras y campesinas para realizar exigencias y recomendaciones al Sistema Integral para la Paz alegando que la violencia no fue transversal sino directa; una orden bélica sobre los cuerpos de las mujeres asumidos como ‘botín de guerra’ y por lo tanto, debería ser investigada no sólo al interior de los macrocasos ya existentes sino también como un patrón macrocriminal.
Ante esto, en entrevista con María Cecilia Ibañez, abogada de la organización Women’s Link World Wide y María Susana Peralta, representante de Colombia Diversa, aseguraron que “los informes presentados desde el 2017 en los Acuerdos de Paz no sólo hablan de los delitos sino que se trabaja desde la motivación detrás de los hechos… de esta forma se permite identificar cómo los discursos de odio y discriminación fundamentan de base los actos perpetrados contra la víctima”. Según estas organizaciones, la primera de las violencias contra las mujeres y las personas de orientación sexual diversa es la invisibilización de sus cuerpos.
Sobre esto, Manuel Velandia, escribe poemas que revelan una vida de cuestionamientos y de experiencias a traves del arte, el cuerpo y lucha por los derechos de los ‘maricas’: “Al definirme como marica es en el sentido político del cuerpo, identificarse así es transgresor e incómodo” afirma el artivista - es decir, activista a través del arte - que persigue más allá del planteamiento de las ideas, propiciar la empatía con las vivencias del conflicto armado a través de sus montajes y performances.
Velandia es artista, docente, sociólogo, filósofo, investigador y fundador del Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano, una de los primeras organizaciones LGBT+ que existió en el país. Fue exiliado en España en el 2002 cuando le tiraron una granada a su casa y amenazaron a su familia. Sin embargo, desde el exilio en España continuó ejerciendo su activismo: “Cuando fui declarado el primer ‘marica’ victima del conflicto armado quería sentar un precedente en la sociedad de que nosotros éramos victimas y necesitabamos reconocernos como tal”
“Tuve la oportunidad de hablar con paramilitares y yo les pregunta cuál era la razón de su discriminación, uno de ellos me respondió “porque ustedes no son hombres” entonces yo les decía ¿qué es ser hombre? y ellos: “Ser hombre significa no ser mujer” “Es que las mujeres son a quienes se penetran” Y yo decía ¡Que lógica tan extraña! ¿Usted cree en eso?” narra Velandia entre risas sobre sus acercamientos al Sistema Integral para la Paz como consultor del enfoque de género.
Finalmente, entre las calles y comunidades de Nariño se encuentra la Fundación Arcoiris, una organización de la sociedad civil que busca mitigar la discriminación y violencia contra la población afro LGBT+.
“Trabajamos desde distintas perspectivas: la primera es el entorno social en general donde se encuentra la comunidad; la segunda es la familia como primer escenario de riesgo pues muchos hogares no aceptan la identidad de sus hijas e hijos; y finalmente, en el marco del conflicto armado vamos en compañía de las autoridades para garantizar la seguridad” explica Javier Miranda Quiñonez, abogado de la fundación.
En 2021 le hicieron entrega a la JEP de los informes: “Tras de negras, maricas” y “Contar para vivir”, en los que reúnen 15 casos de población LGBT+ que fueron víctimas del conflicto. Quiñonez afirma que abrir el macrocaso es necesario y una gran oportunidad de visibilizar la gran cantidad de violencia sistemática que se ha vivido: “En la actualidad, hemos observado que no se ha realizado una investigación bastante amplia, no hay condiciones reales y no parece ser un tema de prioridad para la JEP”.
Actualizado el: Sáb, 05/28/2022 - 16:38