Por: Paula Rodriguez, Gabriel Moreno y Santiago Buenaventura 

Nury Bustamante, oriunda de Puerto Berrío, municipio a las orillas del río Magadalena en el departamento de Antioquia, vivió en carne propia los rigores del conflicto armado. En 2003 desapareció su hijo Jhon Jairo de 21 años, quien pertenecía al Ejército en el batallón Bomboná. Jamás volvió a saber de él, su último recuerdo fue haberse despedido cuando Jhon Jairo se disponía  abordar un bus para salir de Puerto Berrío un par de días.

A pesar de insistir y preguntar por su paradero, siempre le decían lo mismo. “Que no se sabían si estaba muerto, o lo tenía la guerrilla”. Cuatro años después, el 27 de octubre del 2007, su hija de apenas 9 años salió de su casa y nunca regresó. Con voz entrecortada y aún trémula se pregunta por qué los desaparecieron.

A partir de la década del 80,  Bustamante al igual que otros porteños, adoptaron los cuerpos sin identificar que arrastraba el río Magdalena hasta la orilla del pueblo, una práctica cultural que les ha permitido alivianar la ausencia de sus seres queridos. Desde entonces, los visitan en sus tumbas en el Cementerio la Dolorosa, en Puerto Berrio, les escogen un nombre, les llevan flores y  cuidan sus lápidas.

En abril del 2012 Nury y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado. Recuerda que muchos jóvenes fueron a parar a la cárcel, y justo cuando algunos salieron, empezaron las amenazas en su contra y de su familia. Cada vez sentía menos seguridad, no quería que las tragedias de su pasado siguieran, así que por no querer que le pasara algo a sus cuatro hijas, tomó sus cosas y se marchó de Puerto Berrío. Una de sus mayores ilusiones es volver  a su pueblo para quedarse y seguir en la búsqueda de la verdad: ¿dónde están sus familiares desaparecidos?

Velar las ausencias

Nury adoptó, en dos ocasiones, cuerpos de personas que llegaban sin vida del río, a los que ella se refiere como ‘ánimas’. Una vez en los noventa y en la segunda ocasión entre 2006 y 2007, no lo recuerda con exactitud. “Yo al cuerpo le tenía fe como ánima, no como ‘NN’ en ese momento, no me había pasado lo que me está pasando” recuerda Nury refiriéndose a su primer ‘ánima’. Sabía que era mujer, le puso Ivana, y en un contexto tan violento como el que vivía Puerto Berrío, solo le pedía a su ánima que le cuidara a sus hijos, que no les pasara nada ni se los fueran a matar o a desaparecer.

Ahora, esta práctica del cementerio La Dolorosa, en Puerto Berrío, se enfrenta con las medidas cautelares de los procesos del Plan Nacional de Búsqueda, liderado por la sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El objetivo principal de estas medidas es esclarecer qué sucedió con algunas víctimas que, en el contexto del conflicto armado, están dadas por desaparecidas y posiblemente sus cuerpos yacen en el cementerio porteño. Pero, ¿qué pasará con el respeto a esta práctica y a este lugar sagrado?

Los procesos de identificación se llevarán a cabo en articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la JEP y el equipo de trabajo que hace parte de las diferentes direcciones. Además, será el personal que hace parte de la dirección de Prospección, Recuperación e Identificación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) quienes en articulación con Medicina Legal, avanzará sobre el proceso de identificación.

Según la magistrada en esta sección de la JEP, Reinere de los Ángeles Jaramillo, este culto preocupa a la jurisdicción, que busca adelantar estos procesos de investigación forense en el cementerio. La principal razón, asegura la magistrada, es porque la práctica de adoptar cuerpos sin identificar “va en contravía de la posibilidad de efectivizar ese derecho de las víctimas a encontrar sus seres queridos”. 

Esto sucede porque los lugareños algunas veces le ponen un nombre al N.N que de seguro no es el de la víctima, un nombre del sexo opuesto, o ponen las fechas de la adopción del cuerpo, lo que según la JEP, altera los procesos de identificación de las víctimas. El plan propuesto tiene como prioridad esclarecer si hay desaparecidos que puedan encontrarse con vida. De no ser así, hallar sus cadáveres, que estarían en La Dolorosa, e identificarlos para hacer la respectiva entrega a sus familiares  con el fin de que puedan, finalmente, hacer el respectivo duelo según sus costumbres y creencias.

La jurisdicción adelantó estas medidas cautelares en Puerto Berrío a través del Auto 023, resolución que inició con las investigaciones forenses en octubre del 2020 en cerca de 356 puntos del cementerio. Estos avances aseguran que habría al menos 400 restos de cuerpos de víctimas, presuntamente de desaparición forzada, y que están en riesgo de deterioro donde yacen, en la declaración de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en su visita al pueblo porteño.

En esos riesgos considerados por la justicia transicional no solo aparece el culto a los N.N de los habitantes, o las fragmentaciones óseas de los cuerpos, sino otros motivos como el deterioro en las bóvedas del cementerio donde se encuentran los cuerpos. La decadencia de la estructura se combina, además, con las condiciones climáticas de Puerto Berrío, porque según la magistrada Jaramillo, la exposición al sol y la humedad de las tumbas causan alteraciones en las estructuras óseas que están en las celdas de custodia decretadas por la JEP.

Sin embargo, la JEP y la magistrada Jaramillo hacen mayor énfasis en lo que es, a criterio de ellos, el mayor riesgo para las labores de identificación de los cuerpos enterrados en La Dolorosa. Los malos manejos que se han dado a los cuerpos sin identificar por parte de los administradores del cementerio, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente a la diócesis de Barrancabermeja, son las principales objeciones que ha hecho la jurisdicción.

Jaramillo asegura que se les había advertido, pero que la parroquia no cumplió con los protocolos establecidos por la ley, pues realizaron diversas exhumaciones e inhumaciones irregulares en La Dolorosa. “No se preservaban ni cuidaban los lugares donde estaban inhumadas personas no identificadas y que muchas de ellas las enterraban sin ningún trámite especial, sin orden judicial, y puestos de manera irregular en algunas tumbas”, dice.

La sección de Ausencia de Reconocimiento identificó durante su visita para anunciar las medidas cautelares que la parroquia había hecho la exhumación irregular de 42 cuerpos en los puntos de investigación forense. La magistrada Jaramillo, basada en información que les entregaron, dice que esto se dio porque la iglesia necesitaba “optimizar espacios”. Es decir, que el párroco ordenó la exhumación de cuerpos, algunos sin identificar, para dejar espacio para otros difuntos a futuro.

Jaramillo agrega que esto era grave para “satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad que pasa por encontrar a sus seres queridos”, por lo que la JEP ha ordenado a la iglesia no hacer más exhumaciones cuando no se cumplen órdenes judiciales, es decir, que son ilegales. Esta inquietud surgió porque organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, pidieron en marzo del 2020 que se interviniera en estas irregularidades del cementerio en Puerto Berrío.

Se podría decir que la comunidad porteña está de acuerdo en que la casa parroquial tuvo malos manejos con los cuerpos que llegaban al cementerio, pues según Nury en su experiencia propia, una vez hubo un procedimiento irregular con su ‘ánima’. Tiempo después de la desaparición de su hijo John Jairo, Nury adoptó un nuevo cuerpo que había llegado del río, a quien, al igual que el anterior, le oraba y pedía por sus hijos, pero esta vez apegándose más a esta ‘ánima’ al no saber nada de su hijo. En 2007 tuvo que viajar a Medellín para hacerse unos exámenes de una cirugía, alejándose un tiempo de su ‘NN’, pero cuando volvió a Puerto Berrío, el cuerpo ya no estaba. La casa parroquial del pueblo dio la orden de sacarlo del cementerio.

“El cura mandaba a sacarlos, y no sabíamos a dónde los tiraban, con quién lo revolvían. Allá las personas lo cogían como de la familia. Pero si al cura le daba la gana de sacarlos se iban para donde ellos quisieran y entonces ahí es donde hay quizá muchos cuerpos de ‘NN’ con los que estamos en ese proceso de identificación”, cuenta Nury.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecida creada en agosto de 2018 en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A través de un derecho de petición, la unidad reitera que son un mecanismo extrajudicial que tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas desaparecidas que se encuentren con vida.

En los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la UBPD busca la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, en el contexto y en razón del conflicto armado. Con esto reiteran que su labor está dirigida a la búsqueda y reconocimiento de cuerpos, y al igual que la JEP, consideran que la práctica de adopción de los cuerpos en Puerto Berrío dificulta su objetivo.

Desde el 27 de mayo del 2019 se realiza el despliegue territorial en las diferentes regiones del país, dentro de las cuales se encuentra la territorial Barrancabermeja – Satélite Dorada, que tiene como cobertura 54 municipios de la región del Magdalena Medio y específicamente el municipio de Puerto Berrio. Es así, que desde el momento de la llegada a la región, la UBPD ha recibido solicitudes de búsqueda que han llegado a la institución principalmente por familiares y organizaciones, sin realizar alguna recuperación en ríos u otros lugares de disposición como cementerios en el municipio de Puerto Berrio.

La unidad se encuentra desarrollando los Informes de Establecimiento del proceso de la Búsqueda y las respectivas investigaciones alrededor de las solicitudes recibidas. La UBPD actualmente trabaja en la construcción del universo de solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tanto en la región en general, como en Puerto Berrío en específico. La institución podrá realizar procesos de exhumación de cuerpos esqueletizados que se encuentran en los cementerios u otros sitios de inhumación, para verificar su posible identidad. También se tendrá en cuenta que los cuerpos hallados a orillas del río pueden pertenecer a familias buscadoras en zona aledañas a este municipio, lo cual generará otras acciones de búsqueda como toma de muestras de ADN, recopilación y triangulación de información. 

Se afecta una tradición que es significativa del pueblo, según Viviana Uribe, lugareña de Puerto Berrío, pues no solo se les da el descanso a los cuerpos, sino que a partir de sus creencias y tradiciones, se santifican estas tumbas. Las familias de Puerto Berrío los adoptan, rezan con ellos y en sus ataúdes les piden deseos, pues se tiene la creencia de que estas almas santifican tanto a quienes los adoptan como al pueblo, asegura la porteña. 

Un réquiem por los cuerpos

Pinturas del artista Cristo Hoyos

Para el psicólogo experto en víctimas de la Universidad del Rosario, Miguel Gutiérrez, esto es una respuesta desde la cultura a los actos atroces que se han vivido en Puerto Berrío en el conflicto armado y que va en contravía de la idea de borrar a una persona. “Ese cuerpo, que se le ha despojado de sus atributos humanos. Estas personas recogen esos cuerpos del río, les dan una santa sepultura, los adoptan, los bautizan, les dan nombres significativos para ellos y les atribuyen poderes superiores”, dice.

La UBPD es consciente del choque cultural que van a generar las medidas con los lugareños. Por tanto consideran primordial generar un espacio de pedagogía o campaña permanente que genere sensibilización sobre la desaparición, sus efectos y contribuya a aliviar el sufrimiento de las familias que han vivido esta situación en la región. Una tarea que deberá realizarse en articulación con la instituciones, organizaciones locales y, adicionalmente, la contribución de todos los sectores de la sociedad que permitan identificar aquellas tumbas que han sido marcadas.

Gutiérrez agrega que en estos procesos culturales existe tanto un modo de darle dignidad a estos cuerpos deformados por el conflicto, y funciona como un mecanismo desde la comunidad ante los horrores de la guerra desde la cultura, el arte y la tradición. Se podría decir, además, que este acto también surge porque los desaparecidos no solo llegan de otros municipios desde el río Magdalena, sino también de habitantes de Puerto Berrío que han sido víctimas, como familiares de Nury y Viviana.

Viviana es es sobrina de Aleyda Uribe, una lideresa de Puerto Berrío que hacía parte de la Mesa de Víctimas del pueblo y luchaba por la búsqueda de la verdad de quienes, al igual que ella, perdieron familiares en el conflicto.  Esta lucha inició cuando el tío de Viviana y su esposa, pareja de pescadores de la zona, fueron desaparecidos hace más de 30 años. Desafortunadamente, su tía, Aleyda, falleció el 2 de octubre del 2020 a causa de un derrame cerebral. Se fue sin saber qué pasó el día de la desaparición ni del paradero de sus familiares.

Cristo Hoyos, artista e historiador cordobés, se refiere a la práctica ejercida por los lugareños como un ejercicio de memoria colectiva. “La serie tumbas llegan a convertirse en el lugar de duelo para aquellos cuerpos que no fueron sepultados, lo es también para los cadáveres sin identificación que hoy se encuentran enterrados en los cementerios de las riberas de los ríos y las ciénagas”, afirma. 

 

Pinturas del artista Cristo Hoyos

En simultánea, a los años más duros del conflicto armado en las regiones del Magdalena y el Sinú, Hoyos con cámara en mano visitó los cementerios de Sahagún, Montería, Mompox, Carepa y Puerto Berrío y se percató de aquellas lápidas teñidas con brochetazos de cal que avisaban la presencia de un ‘NN’, captó como la flores de papel silueta desteñian sus colores producto de la intemperie y la romería que empezaba a desatarse al interior de los pueblos. La serie fue llamada “Silencios”, consta de 30 tumbas realizada en dimensiones variables sobre papel fibriano, algunas lápidas llevan los nombres de personas desaparecidas o en el mayor de los casos figuran como ‘NN’.

Estos muertos ajenos, que han llegado a Puerto Berrio, llevan décadas rescatados de sus sepulcros de agua. Los cuidan, les escogen un nombre para bautizarlos, con nombres imaginados o de sus propios desaparecidos. Les llevan flores y les pintan las tumbas con los colores más vivos y más bonitos. Parecen darles vida en medio de su propio dolor. Es así, como se comienza a dar una identidad a los llamados ‘NN’ del pueblo.

‘NN’ es la forma en la que se llama comúnmente a las personas que se desconoce por completo de su origen, su vida y en especial las que no tienen ‘Ningún Nombre’. Una adaptación de lenguaje que proviene  del  latín  nomen  nescio,  que  significa  “desconozco  el  nombre”. La llegada desde río arriba de los ‘NN’ a puerto Berrio trajo un ambiente diferente para el pueblo. Verlos allí, arrastrados, heridos, algunos desmembrados, motivó a los porteños a adoptar una práctica para sentir paz en medio de tanta guerra. Dejar de verlos sólo como cuerpos sin nombre, y más bien como unas ánimas a santificar, adoptarlos y devolverles la dignidad que la guerra les quitó.

La adopción de los ‘NN’ se convirtió en el rito del animero: ´sacar´ a las ánimas del cementerio para no olvidar a sus muertos. Práctica que contribuyó a recrear y fortalecer en los habitantes del puerto unos hábitos religiosos identitarios, así lo cuentan los investigadores Helgar Figeroa y Claudia Gómez en su estudio “No olvidemos a los muertos”. Animero y violencia en Puerto Berrío, Antioquia. Aseguran que es de esta manera es que los porteños recrean su identidad colectiva apelando a los símbolos y rituales derivados de sus creencias y prácticas religiosas frente a la muerte.

El pueblo y el conflicto armado

 

 

Puerto Berrío ha sido un pueblo de tradición pesquera por estar a orillas del río ‘Grande’ de Colombia, algo que se volvió una labor de tradición en las familias porteñas. Pero así como el Magdalena ha traído peces al pueblo, también ha sido una fuente de agua que entre sus corrientes ha arrastrado los cadáveres de las víctimas del conflicto. 

Viviana Uribe recuerda cómo era la sensación de terror constante cuando llegaban los cuerpos muertos, maltrechos y desmembrados a las orillas del río Magdalena. Cuerpos que no se sabían de quiénes eran, y que, por alguna o ninguna razón, les fueron arrebatados a sus seres allegados. Cuerpos a los que había que darles el descanso que la guerra no les dio. El río llevaba a flote estas personas, donde los pescadores sacaban los cuerpos de las corrientes, los llevaban al cementerio para ser velados aún sin identificarlos. 

Los lugareños recuerdan que comenzaron a sentir las oleadas de violencia desde la década de los 80, cuando los grupos paramilitares ocuparon estas zonas del Magdalena Medio en Antioquia. ‘Paras’ como Los Escopeteros de Ramón Isaza, y Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá de Henry y Gonzalo Pérez comenzaron a delinquir por esta zona, causando terror en los habitantes de Puerto Berrío.

 

 

En ese contexto, los muertos no solo bajaban por el río, sino que comenzaron a aparecer personas asesinadas en la zona urbana de Puerto Berrío, en las calles, casas, plazas, alcantarillas y muchas otras partes más. Nadie reclamaba los cuerpos por el riesgo que corrían de ser la siguiente víctima. Todos sabían que si algo pasaba eran los ‘masetos’, como les decían a los ‘paras’ de la zona. Pero tampoco nadie se atrevía a señalarlos. Las noches llegaban al pueblo con el temor y la incertidumbre de no quedarse en total oscuridad, porque si no era la lluvia la que quitaba la luz en el pueblo, significaba una alerta de que algo macabro iba a pasar. 

Nury recuerda aquella madrugada oscura, acompañada de llovizna en la que tuvo que salir de su casa. Caminaba por el andén y en la esquina de una calle sintió que había tropezado con algo, pero como no lograba distinguir nada, no le prestó importancia. Cuando apareció la luz del día, a eso de las 6 de la mañana, una señora en la calle donde Nury pasó alertaba el suceso que había ocurrido en la noche:

“Un muerto. Un muerto”, gritaba la señora. Nury estaba confundida, ella no vio nada ahí, le explicaba a la señora. “Pero yo pasé por ahí y no vi ningún muerto”, cuenta. Después de su desconcierto por el suceso fue que comprendió la verdad, la oscuridad no le dejó ver que había tropezado con la víctima de aquella noche.

Puerto Berrío comenzó a ser una ‘zona caliente’, por su cercanía al río Magdalena ha sido un territorio estratégico en el cual múltiples actores armados se enfrentaron por su control. Situación que trajo como resultado un alto número de muertos y desaparecidos, muchos de ellos enterrados en el cementerio del pueblo como ‘NN’, como lo afirman Figeroa y Gómez en su estudio. Atravesar el conflicto como víctima secundaria (familia) y aún más cuando se trata de desaparición forzada genera impactos psicosociales y daños emocionales incalculables, así lo informa el CNMH. La naturaleza y las características de este delito producen una  incertidumbre permanente que impide hacer el duelo. 

La violencia convirtió a este pueblo en un receptor de muertos ajenos y sus habitantes tratan de vivir con la carga. Para la Fiscalía General de la Nación, en cambio, esta costumbre no ha sido tan conveniente. El hecho de que varios de los ‘NN’, nadie sabe cuántos, hayan sido pasados a un osario con nombres que parecen reales y sin ninguna señal de ser restos rescatados del río, ha dificultado las labores de búsqueda que esta entidad adelanta, en lo que coincide la JEP.

 

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), informa que de los  89.736  casos de desaparición desde finales de los 50, sólo de un 52% se ha podido comprobar su perpetrador. Entre éstos 26.475 (62%) se atribuyen al paramilitarismo y 10.360 (24%) a las guerrillas. El informe también advierte de que en muchos casos los grupos paramilitares actuaron en connivencia con las fuerzas del Estado para cometer ese tipo de crimen. Además, de estos casos de desaparición forzada hallados por el CNMH, 843 fueron víctimas del pueblo porteño.

Puerto Berrío ha sido un pueblo que parece que no lo quieren dejar en paz. La violencia, la muerte y la desaparición han sido la constancia de los últimos años. Para la década de los 90, con la consolidación del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el pueblo estaba lamentablemente obligado a seguir viendo más muertos y tener más familiares desaparecidos. Ante ese horror, solo quedaba rezar a las ánimas de La Dolorosa para que la paz llegase al río y al pueblo. 

Hacer memoria de un cuerpo que no está

 

 

 A través del arte y la cultura se le ha dado voz y fuerza a estos cultos y prácticas en Puerto Berrío, no solo para mostrar esa respuesta ante las secuelas del conflicto armado, o darle un descanso digno a las ánimas, sino también para construir memoria en estos territorios. La galería Requiem NN, del artista colombiano Juan Manuel Echavarría,  muestra el culto que se tienen por los cuerpos sin identificar en Puerto Berrío y cómo esto ha sanado las heridas de lo que ha sido el pueblo en la violencia.

Los lugareños tienen presente al artista e incluso le guardan aprecio por haber sido de los primeros en prestar atención a la práctica de rezarle a, más que unos cuerpos que llegaban del río, unas ‘ánimas’ que debían descansar en paz. Esta exposición, además, cuenta con un documental que muestra ese proceso de sanación del pueblo desde el duelo, y cómo esos cuerpos que se encuentran se les da una narrativa desde quien les dio voz, el río Magdalena.

El río ‘Grande’ es el que ha acompañado también estas creencias, construcción de dignidad y memoria de un pueblo azotado por el conflicto armado. Nury cuenta que en noviembre de cada año, Puerto Berrío conmemora a las víctimas que aparecieron por las aguas y a todos los porteños que la violencia se llevó. Los lugareños caminan por las calles de los distintos barrios, se ora con mayor pasión por las “ánimas del río” y se les homenajea con actos simbólicos en las corrientes que los arrastraron hasta las orillas del pueblo.

Miguel Gutíerrez afirma que estos actos y costumbres son importantes para mantener la memoria que “va en contravía de la repetición gracias a que recordamos, podemos no repetir, pues normalmente repetimos lo que no recordamos”. Por otra parte añade  que con la memoria es necesaria la verdad, saber qué fue lo que sucedió con las muertes violentas y a partir de eso apostar por “mantener vivo tanto el recuerdo de las personas, poblaciones y hechos, como de sancionar que eso realmente ocurrió”. 

La JEP entiende que la tradición cultural ha tomado importancia en Puerto Berrío y su manera de sanar las heridas que ha sufrido a causa del conflicto, por lo que mantener el culto entra en tensión con las medidas cautelares para identificar los cuerpos del cementerio. Pero la magistrada Jaramillo dice que la jurisdicción se mantiene firme en que los derechos de las víctimas, su identificación y entrega a sus familiares son la prioridad principal de la investigación.

“Tenemos elementos suficientes para considerar que muchas de esas personas no identificadas que están en el cementerio están desaparecidas y para el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación,  son la centralidad. Entendemos que la práctica puede seguir haciéndose, pero no con aquellas personas que no han sido identificadas y que, por el contexto de la región, por la situación de guerra que se ha vivido allá, tenemos la presunción de que puedan ser personas víctimas del conflicto armado”, concluye Jaramillo.

Actualmente, la JEP busca coordinación con la alcaldía y la personería de Puerto Berrío para que los lugareños hagan pedagogía en la que sensibilicen y muestren, a criterio de ellos, los riesgos de sus prácticas culturales con los cuerpos que están en el cementerio. Esto busca disuadir la práctica de adoptar cadáveres de los NN, aunque Jaramillo dice que posiblemente no se logre, dado el significado que tiene esto para los porteños,  asegura que se debe lo necesario es que “no se alteren las condiciones en el cementerio de la fecha en que fue inhumada”.

Sin embargo, Miguel Gutiérrez insiste en que es necesario un diálogo entre la comunidad y los entes investigadores, pues considera que hay que reconocer y valorar las prácticas que ellos han realizado. “Tiene que valorarse lo que significa eso para cada uno de ellos y a través de ese diálogo con ellos, y con ellos construir opciones de proceder”, dice Gutiérrez. 

Hay una tensión clara de salvaguardar las tradiciones o velar por el derecho de las víctimas, y se crea un dilema de que priorizar una afectaría a la otra. Lo cierto, y de acuerdo con Gutiérrez, es que los porteños han logrado un valor simbólico muy importante a través de las tragedias que su pueblo ha vivido. Personas como Nury, Viviana, Aleyda y muchos habitantes de Puerto Berrío han luchado con las tristezas de perder un ser querido, por lo que ellos pueden tener empatía con aquellas personas que también quieren saber respuestas de sus familiares desaparecidos.

Por esta razón, el diálogo con la comunidad debe ser un valor importante que la Jurisdicción Especial para la Paz debe tener en cuenta, no únicamente desde obligaciones jurídicas. Porque para avanzar con las investigaciones, es necesario entender que todas esas prácticas tienen una importancia en la narrativa de lo que han sido los territorios que han sufrido los horrores del conflicto. Como dicen los expertos entrevistados, no es fácil, pero vale la pena intentarlo, por la memoria y dignidad de lo que ha sido Puerto Berrío.
 

Actualizado el: Mar, 02/23/2021 - 13:47