Las bases de datos del Centro de Memoria: disputas por contar el origen del conflicto armado

La primera semana de abril de 2024, un grupo de estudiantes de una clase de periodismo de datos de la Universidad de la Sabana se percató de que la base de datos de masacres del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) había cambiado para agregar nuevos registros desde el año 1947. El hallazgo de los estudiantes mostraba que la entidad había agregado 118 registros, sin ningún aviso público, marcando un nuevo punto de partida para esta recolección de datos, que coincide con un reclamo que ha tenido por años la actual directora del CNMH, María Valencia Gaitán, orientado a que la entidad incluya los hechos victimizantes ocurridos durante La Violencia.

Expertos señalan que aunque modificar el punto de partida para narrar el conflicto armado no está mal, hacerlo sin el debido rigor puede afectar la credibilidad, reputación y operatividad de la base de datos del OMC. Agregan que, incluso, puede llevar al público a concluir que el periodo previo a 1958  fue relativamente pacífico comparado con lo que vino después, no porque eso sea cierto, sino porque existen pocos datos registrados de dicha época.

Entre 2014 y 2018, el OMC se encargó de sistematizar los hechos de violencia relacionados con el conflicto armado en Colombia y logró construir una base de datos que es, para muchos, el ejercicio más riguroso que se ha hecho de cuantificación de estos crímenes.

Durante estos años, el CNMH, bajo la dirección de Gonzálo Sánchez, incluyó en la base de datos del OMC la información de masacres, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamientos y otros hechos de violencia relacionados con el conflicto armado y sus víctimas. La recolección de datos tomó como fecha de partida el año 1958 y se realizó a partir de la integración de fuentes sociales e institucionales que permitieron esclarecer la memoria sobre la larga guerra que ha atravesado el país. Sin embargo, esto cambió en junio de 2023 cuando el OMC comenzó a modificar la base de datos que había construido en el pasado para incluir en ella hechos victimizantes previos al año en mención.

Durante la administración de Darío Acevedo, entre 2019 y 2022, la base de datos se mantuvo casi igual, con el ingreso de unos cuantos registros de hechos violentos que ocurrieron en esos mismos años. 

Rutas del Conflicto hizo una revisión de las bases de datos del OMC con fecha de corte al 31 de marzo de 2024 y verificó que, para el periodo comprendido entre 1944 y 1957, se ha agregado la información de 1480 víctimas y se han registrado 885 casos de violencia clasificados en diversas categorías: asesinato selectivo, ataque a poblaciones, atentado terrorista, daño a bienes civiles, desaparición forzada, masacres, minas, secuestro, violencia sexual y acciones bélicas.

Según Andrés Suárez, excoordinador del OMC durante el periodo 2014-2018, la decisión original de escoger el año 1958 como punto de partida para la base de datos respondió tanto a una razón histórica como a una metodológica.

Desde una perspectiva histórica, esta fecha ha sido concebida por diversos académicos como el hito fundacional del conflicto armado actual, pues, con la creación del Frente Nacional, las matrices ideológicas de la violencia cambiaron, aunque otros factores persistieron como la lucha por la tierra. “De ser una pelea, principalmente, entre liberales y conservadores, con el Frente Nacional, gústenos o no, se acabó esa pelea y pasamos a una violencia entre el Estado y la insurgencia”, relata Suárez.

Esa idea de situar el origen del conflicto en el 58 fue adoptada por el CNMH y por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), creada con ocasión del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, bajo la premisa de que, como afirma Suárez, “aunque existen continuidades entre La Violencia y el conflicto armado, el conflicto armado no es la violencia bipartidista con otro nombre”.

Tanto el informe ¡Basta Ya! del CNMH como los informes de la CEV abordan la época de La Violencia, sin embargo, no es el centro de su investigación. Aunque reconocen los hechos previos a 1958 como antecedentes esenciales para entender el conflicto que vino después, enfatizan también en la diferencia entre los dos periodos. 

“No son sólo antecedentes, efectivamente hay continuidades, pero, vuelvo a decir, el que existan las continuidades no quiere decir que sea la misma con otro nombre y las rupturas son también importantes para comprender lo diferente que es el conflicto armado”, manifiesta Suárez.  

Sin embargo, esta concepción no es universal dentro del campo de estudio, pues hay quienes defienden que el 58, lejos de tratarse de un punto de partida evidente y natural, es una fecha escogida por razones pragmáticas, administrativas e incluso políticas.

Según Suárez, este debate sobre el origen del conflicto armado se puso de manifiesto en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en 2014 y conformada por 12 expertos, en la que la mitad de los miembros puso su apuesta en los años 20, en la luchas agrarias, y la otra mitad lo puso en 1964 con el nacimiento de las FARC y el ELN.

Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, está en desacuerdo con que empiece a narrarse el conflicto a partir de 1958, porque, según él, la violencia de Estado estuvo presente desde antes de ese periodo. “La decisión es más administrativa en términos de capacidad operativa para poder abarcar un periodo bien hecho y analizarlo, pero violencia de Estado ha existido y esta debe ser esclarecida”, afirma.

Además, si bien es cierto que existen rupturas entre las dinámicas de violencia antes y después del 58, lo mismo aplica para periodos posteriores, por lo que este argumento no es suficiente para concluir que el inicio del conflicto armado se sitúa en el Frente Nacional. Como señala Charry, no se pueden homogeneizar las diferentes formas de violencia y los diferentes conflictos armados que han existido en Colombia a lo largo de los años, pues los actores mutaron con el tiempo, al igual que las causas y dinámicas. 

El académico concluye que, en efecto, existen marcadas diferencias entre la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta y el surgimiento de las guerrillas comunistas de origen campesino de los años sesenta, pero también existen marcadas diferencias entre este periodo y el surgimiento del paramilitarismo, o entre este último fenómeno y el auge del narcotráfico a mediados de los ochenta.

Esta postura coincide con la defendida por María Valencia Gaitán, quien lleva años afirmando que la construcción de memoria del conflicto armado en Colombia ha ignorado la violencia bipartidista e insistiendo en que el origen del conflicto debe ubicarse antes, especificamente, en la fecha del asesinato de su abuelo, el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.

El tinte político de las disputas por el origen del conflicto armado se hace evidente en la decisión de ampliar la base de datos del OMC, pues no es casual que este cambio se dé ahora que la directora del CNMH es la nieta de Gaitán.

Ahora bien, Surárez señala que la razón metodológica tiene que ver con la existencia de un desbalance muy fuerte entre las fuentes de información disponibles antes y después de 1958. Tal como lo relata el excoordinador del OMC, existen serias dificultades para hacer una documentación rigurosa de los hechos de violencia previos a ese año, puesto que no existen suficientes fuentes de información.

Los expertos afirman que antes de esta fecha la mayor parte de la memoria sobre los hechos de violencia es oral, dispersa y regional. Como relata Suárez, no existían todavía organizaciones de derechos humanos ni políticas institucionales que favorecieran la recolección de testimonios. Ni siquiera la investigación realizada por la Comisión Nacional Investigadora de 1958 se encuentra debidamente sistematizada. 

Tal vez la primera documentación que hubo en Colombia de graves violaciones de DDHH realizada por organizaciones civiles esta consignada en el Libro Negro de la Represión de 1974, pero allí sólo se analizó lo ocurrido desde el Frente Nacional en adelante. Las bases de datos de las entidades tampoco son una fuente pues, por ejemplo, la Policía solamente municipalizó la información de homicidios a partir de 1960.

Ocurre lo mismo con los trabajos académicos que han analizado La Violencia. Para Suárez, en temas de cifras, es clave el libro La Violencia en Colombia de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, en el que se estima que el número de víctimas de esta época es de aproximadamente 200.000, aunque señala que ese mismo trabajo reconoce que no se cuenta con información que dé cuenta de la magnitud de la violencia en ese periodo.

Según el excoordinador del OMC, tal vez el mejor intento de calcular el número de víctimas es el realizado por Paul Oquist en el libro Violencia, conflicto y política en Colombia. Allí, basándose en los datos del Tolima, que es el departamento que tiene mayor registro de información, el autor realiza una proyección de los muertos que pudo haber durante La Violencia y lanza la cifra de 193.017 personas.

De allí que la principal fuente de información de lo que algunos historiadores denominan la violencia bipartidista sea la prensa, la cual también tiene serios problemas. Por un lado, porque durante el Bogotazo se quemaron documentos de El Tiempo, El Espectador y del Archivo Nacional. Y, por el otro, porque este periodo se caracterizó por una fuerte censura a la prensa que comenzó en 1949 y se endureció aún más durante el mandato de Rojas Pinilla comprendido entre el 53 y el 57. Situación que impide la utilización de este medio como principal o única fuente de información disponible. Esto sin contar con que muchos documentos se han perdido por el paso del tiempo y la ausencia de una política de conservación de archivo en varios lugares del país.

El excoordinador del OMC cuenta que, debido a esos inconvenientes, cuando se realizó la investigación para el informe ¡Basta Ya!, publicado en 2013, sólo se pudo construir una pequeña base de datos del periodo 1946-1956. Esta incluía 64 casos de masacres y 88 casos de violencia en general ocurridos a nivel nacional entre 1946 y 1949 y 102 casos de violencia en general ocurrida en el Tolima entre 1951 y 1956. Datos que no fueron publicados originalmente en la base de datos del CNMH debido a la precariedad de las fuentes.

No obstante a todas las observaciones históricas y metodológicas, Suárez reconoce que la memoria del conflicto armado no se puede edificar sobre el olvido de la violencia bipartidista.

Ahora bien, como señala Oscar Maldonado, sociólogo experto en métodos cuantitativos y profesor de la Universidad del Rosario, respecto de la importancia de narrar el conflicto armado desde antes de 1958, cualquier intento por ampliar el conjunto de datos y las fuentes a las que se puede acceder es muy valioso, pero representa serios desafíos. 

“Pensar el conflicto en esa mirada de más larga duración trae unos nuevos retos que se resumen en si vamos a ser capaces de hacerlo con el mismo rigor que se ha hecho después del hito del 58”, afirma el sociólogo. Es decir, si se tienen los recursos, la experticia y las fuentes materiales para mantener el estándar que tenía la base de datos original del CNMH.

Para Andrés Suárez, el mayor problema que tiene la modificación de la base de datos es que se va a generar una descompensación muy fuerte con el acervo de fuentes que acompañan la documentación de los casos desde el 58 en adelante, porque no hay suficiente información para sacar cifras del periodo anterior. En su criterio, esto no solo afecta la reputación y credibilidad de la base de datos en su conjunto, sino que además puede llevar a la gente a pensar, de manera errada, que ese periodo fue menos violento de lo que en realidad fue, en vista de los pocos casos documentados.

De hecho, en una revisión de las bases de datos del OMC realizada por Rutas del Conflicto se encontró que, contrario a la estimación realizada por Guzmán, Fals Borda, Umaña y Oquist de aproximadamente 200.000 víctimas durante La Violencia, la base de datos del CNMH actualmente solo registra 1480 víctimas y 885 casos de violencia en el periodo 1944-1957 (fecha de corte: 31 de marzo de 2024).

“Lo grave aquí es que están tratando de estirar la metodología a un escenario en donde no tienen el mínimo de fuentes para hacer el ejercicio de documentación y ese desbalance hace inviable el ejercicio”, manifiesta el excoordinador del OMC.

Para Maldonado más que tratarse de un tema de credibilidad o reputación, el problema es operativo. Según el sociólogo, las historias que cuentan los datos no son tan explícitas, pues se requiere pasar por muchos trámites de sistematización, procesamiento, limpieza, cálculo y visualización para finalmente poder contar una historia con datos. Por ello, al trabajar con bases de datos es crucial que se respete un estándar de comparabilidad y un criterio de clasificación estricto que permita que, independientemente de quien diseñe la base de datos, otro la pueda usar.

Según el experto en investigaciones cuantitativas, si la base de datos no es consistente y estandarizada, si no están todas las categorías, si la información incluida no es precisa, si los datos se vuelven números descontextualizados y los valores no permiten generar series de tiempo, lo que va a suceder es que, de facto, se termine ignorando el periodo histórico anterior para centrarse en el periodo en el que las cosas se vean un poco mejor. “Entonces la base de datos termina siendo inoperativa, que es un poquito peor, más que una cuestión de prestigio es una cuestión de operatividad de poder trabajar con los datos”, afirma.

En la revisión de las bases de datos del OMC adelantada por Rutas del Conflicto, se hallaron inconsistencias entre la Base de Datos de Casos (BDC) y la Base de Datos de Víctimas (BDV). Como estaban concebidas originalmente, la BDC incorporaba los sucesos según las circunstancias en que ocurrieron y la BDV consignaba datos de las personas directamente afectadas, pero la información contemplada en ambas bases de datos coincidía y podía vincularse usando la variable ID del caso. Pues cada víctima estaba relacionada con un caso a través de un código. 

Sin embargo, al contrastar la BDC con la BDV del periodo comprendido entre 1944 y 1957, resultan evidentes algunas discrepancias. Por ejemplo, para el caso de masacres se registran 118 casos de masacres pero 0 víctimas, y, para el caso de acciones bélicas, se registran 0 casos pero 576 víctimas.

Por ello, los expertos señalan que, si bien resulta loable el esfuerzo del CNMH de ampliar la base de datos para, como afirma la entidad, “superar las limitaciones temporales y recuperar para la memoria de Colombia las experiencias históricas que hacen parte del origen del conflicto”, este ejercicio debe realizarse con cuidado. Como señala Charry, aunque “todo intento por esclarecer la verdad y por tener mejores archivos es bienvenido, se debe hacer la salvedad de los orígenes de las fuentes y si son fuentes oficiales o no oficiales, porque el relato y la reconstrucción de los hechos va a ser muy distinta”.

Según los expertos, existen diversas alternativas que puede implementar la entidad para superar los retos que implica comenzar a agregar información previa a 1958 en las bases de datos del conflicto armado.

Para Oscar Maldonado esta es una gran oportunidad para innovar en métodos de investigación que permitan resolver de forma creativa el problema de la precariedad de fuentes, pero se requiere que se movilicen suficientes recursos para que, más allá de decir que se amplió el periodo de análisis, se logre registrar información que tenga un impacto real en términos académicos de investigación y discusión pública. En su criterio, la clave radica, por un lado, en que se realice un trabajo activo que involucre diversos actores y convocatorias y, por el otro, en que se arranque con un plan piloto para evaluar cómo se superan las contingencias antes de modificar la base de datos original.

Andrés Suárez, el excoordinador del OMC, considera que la sistematización de hechos de violencia previos al 58 debe hacerse en una base de datos separada, en la cual se dejen todas las consideraciones respecto de la precariedad de las fuentes. Esto, con el objetivo de evitar que el público crea que las cifras que se tienen de ese periodo son igual de contundentes que las registradas con posteridad al Frente Nacional. Y agrega, en todo caso, que una metodología útil puede ser acompañar los datos que se logren reunir con las cifras de muertos totales en Colombia, que sí existen, de manera que la gente tenga en mente el nivel de violencia real que ocurrió durante el periodo al leer los hechos documentados.

Como señalan los expertos, independientemente de la decisión que se tome sobre las bases de datos del CNMH, si se incluyen nuevas décadas y nuevos materiales en una base datos lo importante es hacerlo de forma transparente y meticulosa. Es decir, enunciar de manera explícita la complejidad del periodo analizado y la solidez o precariedad de las fuentes, para que la comunidad académica, los investigadores y quienes quieran acceder a esa base de datos sepan de dónde viene la información y las limitaciones con las que cuenta.

 

Rutas del Conflicto consultó al CNMH sobre los recientes cambios en la base de datos del OMC, particularmente en lo relacionado con el motivo, la metodología y el momento en que comenzaron a incluirse hechos de violencia previos al Frente Nacional. 

Al preguntarle a la entidad sobre el proceso de modificación de la base de datos, esta afirmó que “el CNMH tiene un deber de garantizar la amplia escucha de todas la memorias, los contextos, hechos y resistencias del conflicto armado interno”, que “ampliar el periodo de observancia no implicó modificaciones metodológicas” y que la documentación de casos anteriores a 1958 se adelanta a partir de “la compilación y sistematización de artículos de prensa de orden regional y nacional, archivos privados del periodo y documentación de consulta pública de la Sección de Archivos Oficiales del Archivo General de la Nación”.

“Se decidió agregar la información en la misma base de datos, como un corpus integral de información, porque más allá de la fecha de ocurrencia de los hechos, los casos se registran con los mismos criterios y se busca documentar las mismas variables. Además, tener la información en una misma base permite que se apliquen las mismas reglas de validación y criterios de calidad”, afirmó el Centro.

Actualizado el: Jue, 05/09/2024 - 14:25