¿Las llamadas disidencias son las mismas FARC?

Por Laura Prato, Rosannah Pettke y Erik Rehm y Pilar Puentes. Ilustraciones Johny Calderón Barón.

Casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, el nombre de las Farc sigue apareciendo en titulares de prensa. Carros bomba en el suroccidente del país, ataques con drones explosivos contra civiles y bases militares, asesinatos de soldados en Guaviare y masacres atribuidas a estructuras armadas que se han reivindicado así mismas como herederas de la antigua guerrilla han reabierto una pregunta incómoda para Colombia: ¿las Farc realmente desaparecieron?

Varios políticos en medio del debate electoral han insistido en que las llamadas disidencias no son más que la continuación de las antiguas guerrillas de las FARC-EP, que se desmovilizaron con el Acuerdo de Paz de 2016. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, la senadora María Fernanda Cabal y el exsenador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria han hecho varios pronunciamientos públicos en los que insisten en llamar de manera general como “FARC” a diferentes grupos armados ilegales que actualmente delinquen en el país.

Influenciadores y periodistas también lo han hecho durante los últimos meses. Por ejemplo, en el canal NTN24, la directora del programa La Noche, Claudia Gurisatti afirmó en febrero de 2026: “Las Farc siguen vivitas, no se desaparecieron, ahora les decimos técnicamente disidencias después de esos acuerdos en La Habana con Santos, pero desde el comienzo sabíamos que no se iban a desmantelar”. 

Pero ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones? Rutas del Conflicto entrevistó a varios expertos sobre el tema para analizar si los distintos grupos que han nacido desde 2016 son una continuidad, una ampliación o nuevos grupos armados que heredaron capital político y económico de la guerrilla que nació en 1964. 

¿Cuáles y quiénes son esos grupos que en la actualidad se reivindican como ‘FARC’?

Tras la firma del Acuerdo de Paz comenzaron a surgir distintos grupos armados que reivindican su relación con las antiguas Farc. Según Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), actualmente existen cuatro estructuras vinculadas de distintas maneras con la antigua guerrilla: el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la Segunda Marquetalia (SM) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB).

Estos grupos, que delinquen en diferentes regiones del país, no tienen un único acto fundacional. Su origen responde a una serie de procesos de reorganización, rupturas internas y alianzas entre antiguos combatientes de las Farc y nuevos integrantes. Como explica el informe El poder de la expansión, de la fundación Conflict Responses (CORE), el fortalecimiento de estas estructuras comenzó durante el gobierno del expresidente Iván Duque, cuando Miguel Botache, alias Gentil Duarte, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, coordinaron diversos grupos locales en el suroccidente del país, los Llanos Orientales y el Catatumbo.

El proceso de articulación se hizo visible en septiembre de 2019, cuando varias de estas estructuras se presentaron públicamente como el "Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc". Un año después emitieron su primer comunicado conjunto, firmado por 13 unidades. Tras años de acuerdos y desacuerdos entre las distintas facciones, una parte de estas organizaciones se sentó con el gobierno de Gustavo Petro para iniciar un proceso de negociación.

Sin embargo, en 2024 quedaron en evidencia profundas fracturas en sus liderazgos. La idea de un Estado Mayor Central cohesionado y unificado, similar a la estructura que tuvo la antigua guerrilla, terminó por romperse en medio de la política de paz total del Gobierno. Desde entonces existen dos estructuras diferenciadas: el EMC, liderado por Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), encabezado por Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá.

La división se produjo por diferencias estratégicas, territoriales y políticas entre sus principales comandantes. Mientras la facción liderada por Calarcá optó por mantener canales de diálogo con el Gobierno y avanzar en las negociaciones, mientras se disputa las economías y el control territorial en varias zonas como el Guaviare, antes al control de Mordisco. Este rechazó esa ruta y privilegió la expansión armada y el control de economías ilegales. Estas tensiones derivaron en una fractura organizativa que dio origen al EMBF con el mando de Calarcá, alineado con los procesos de paz del gobierno Petro. La ruptura profundizó la fragmentación de las disidencias y la disputa por territorios estratégicos en varias regiones del país.

Otro proceso de conformación es el de la Segunda Marquetalia (SM), asociada principalmente a Iván Márquez. Ángela Gómez, investigadora de CORE, explica la diferencia entre esta estructura y las lideradas por Iván Mordisco y Calarcá Córdoba: “Cuando hablamos de la Segunda Marquetalia estamos hablando, en un primer momento, de antiguos comandantes de las Farc que participaron en el proceso de paz y posteriormente regresaron a las armas. Además, es una estructura debilitada”.

En la misma línea, Paula Tobo señala que esta organización cuenta con “focos muy pequeños de anclaje territorial”. Menciona, por ejemplo, algunas zonas de San Vicente del Caguán, en Caquetá, así como municipios de Vichada y Guainía. Pese a su limitada presencia territorial, la Fiscalía ha señalado a la Segunda Marquetalia como una de las estructuras presuntamente involucradas en el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe.

La fragmentación de este grupo continuó en noviembre de 2024, cuando tres de sus comandantes se apartaron de la organización. La ruptura estuvo relacionada con diferencias sobre la negociación con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que Iván Márquez desautorizara a Walter Mendoza como jefe de la delegación de paz. Como consecuencia, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera dejaron de identificarse como parte de la Segunda Marquetalia.

De esas dos estructuras surgió posteriormente la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB). Según Tobo, este grupo tiene presencia principalmente en la frontera con Ecuador, en los departamentos de Nariño y Putumayo, así como en algunas zonas de la costa Pacífica y del Triángulo de Telembí.

Más allá de sus distintas trayectorias de formación, las expertas coinciden en que estas organizaciones están compuestas por perfiles muy diversos. En sus filas conviven antiguos comandantes y excombatientes de las Farc, personas que nunca se acogieron al Acuerdo de Paz, otras que retomaron las armas después de firmarlo y nuevos integrantes reclutados tras 2016.

¿Cuál es la diferencia entre las Farc y estos grupos?

Juan Esteban Ugarriza, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berna e investigador de las antiguas Farc, explica que esta guerrilla tenía como objetivo principal tomar el poder y derrotar al Estado. “Las Farc eran una amenaza existencial para el Estado colombiano”, afirma. Según el investigador, la organización combinaba objetivos militares y políticos.

Para Ugarriza, la ideología ocupaba un lugar central dentro de la organización porque permitía justificar moralmente el uso de la violencia. “Lo que para nosotros es inaceptable, para ellos tiene sentido histórico”, señala.

Las Farc construyeron además una identidad colectiva propia, acompañada de símbolos, mitos y narrativas que cohesionaban a sus integrantes. Destinaban tiempo y recursos a la formación política e ideológica de sus combatientes. “No todos los guerrilleros que entraban a las Farc lo hacían porque fueran revolucionarios o marxistas, pero una vez adentro, las Farc garantizaban que se convirtieran en marxistas-leninistas”, afirma Ugarriza.

Ángela Gómez, investigadora de CORE, coincide en que los comandantes no solo impartían órdenes militares, sino también lineamientos ideológicos. “Tenían manuales y cursos ideológicos para sus integrantes”, explica.

Ese componente político e ideológico, sin embargo, perdió relevancia en las estructuras surgidas tras el Acuerdo de Paz. “Estas disidencias no tienen el incentivo de dedicar el tiempo, los recursos y asumir los costos que implica una formación política e ideológica, porque no es necesaria para la función de la organización”, sostiene Ugarriza. Añade que estos grupos no buscan construir un proyecto político nacional ni derrocar al Estado.

En la misma línea, Gómez afirma que los grupos pos-Farc ya no pueden entenderse como organizaciones insurgentes con el propósito de instaurar un gobierno comunista. “No tienen esa visión. No les interesa tumbar al Gobierno y llegar al poder, que sí era la idea tradicional de una guerrilla”, señala.

Algunas estructuras parecen incluso moverse en una dirección política opuesta a la de las antiguas Farc. “A veces parece que tuvieran un discurso más capitalista, empezando por Calarcá, porque habla de transformaciones agroindustriales en sus territorios”, agrega Gómez. 

Las diferencias también se reflejan en la organización interna. Según Gómez, las antiguas Farc operaban como una estructura nacional con jerarquías definidas, una base social consolidada y cierto grado de legitimidad en algunas comunidades. Aunque los distintos frentes no actuaban de manera idéntica, existían lineamientos que se replicaban y cumplían en gran parte del territorio.

Para mantener la cohesión, la organización aplicaba mecanismos de disciplina interna tanto sobre sus integrantes como sobre la población civil. Gómez aclara que esto no disminuye la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Farc, pero sí muestra la existencia de sistemas internos de control.

“Con las disidencias eso dejó de suceder porque ahora el poder no es nacional, sino local, y los intereses de las estructuras actuales están mucho más ligados a las economías ilegales”, explica Paula Tobo, investigadora de la FIP.

Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, señala que estas organizaciones han reconfigurado sus estrategias armadas alrededor de distintas economías ilícitas para fortalecer su control territorial. Además del narcotráfico y la minería ilegal, participan en actividades como la extorsión a la ganadería y el control de áreas forestales. Según Cabezas, estas economías varían de acuerdo con las características de cada región y las dinámicas locales.

La composición de sus integrantes también es diferente. Aunque algunos combatientes pertenecieron a las antiguas Farc y conservan parte de sus conocimientos organizativos, una gran proporción de los reclutados ingresó después de 2016 y, en muchos casos, son menores de edad. Gómez sostiene que esto se refleja en la ausencia de formación política y en la manera en que operan estos grupos. “Con este tipo de grupos es todavía más visible que ellos no tienen ninguna instrucción, ninguna preparación”, afirma. Además, muchos de sus mandos medios y altos son personas considerablemente más jóvenes que las generaciones que dirigieron la antigua guerrilla.

La diversidad de perfiles también ha favorecido alianzas entre actores armados de distintos orígenes. Un ejemplo son los Comandos de Frontera, presentes en Putumayo. Gómez explica que esta estructura surgió de la convergencia entre integrantes del Frente 48 que no se acogieron al proceso de paz y miembros de La Constru, una organización narcotraficante con antecedentes paramilitares. Para la investigadora, esto demuestra que la supervivencia y la acumulación de poder pesan más que las afinidades ideológicas.

Algo similar ocurre con el Clan del Golfo, el mayor grupo armado ilegal del país. Aunque sus raíces se remontan al paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia, actualmente no mantiene una motivación claramente contrainsurgente. “El paramilitarismo mutó de alguna manera a lo que hoy se conoce como Clan del Golfo, que ya no tiene un objetivo contrainsurgente. De hecho, muchos de quienes hacen parte de este grupo pertenecieron antes a las Farc”, señala Cabezas.

Otra diferencia relevante tiene que ver con el control territorial. Mientras las antiguas Farc mantenían una presencia relativamente definida en determinadas regiones del país, hoy múltiples actores armados coinciden y compiten en los mismos territorios, generando escenarios de disputa más fragmentados y cambiantes.

Comprender estas transformaciones resulta fundamental para entender las motivaciones de los distintos grupos armados que surgieron después del Acuerdo de Paz. Aunque algunos conservan símbolos, nombres o antiguos combatientes de las Farc, sus objetivos, formas de organización y fuentes de financiación responden a dinámicas muy diferentes a las de la guerrilla que firmó la paz en 2016.

El problema de llamarlos Farc

Aunque las antiguas Farc dejaron las armas y firmaron la paz en 2016, en el discurso público muchas de las estructuras armadas que surgieron o se fortalecieron después del acuerdo siguen siendo denominadas como “las Farc”. En parte, esto se debe a que varios grupos posFarc continúan utilizando ese nombre o se presentan como los herederos legítimos de la antigua guerrilla.

Sin embargo, los expertos coinciden en que esta denominación resulta imprecisa. Bajo la etiqueta de “Farc” se agrupan organizaciones con orígenes, liderazgos, objetivos y formas de operación muy distintas. No se trata de una única estructura ni de una continuidad directa de las Farc-EP que firmaron el Acuerdo de Paz.

Además, la mayoría de quienes integran hoy estos grupos armados no pertenecieron a la antigua guerrilla. Ángela Gómez señala que muchos de los integrantes de las disidencias eran niños cuando se firmó el acuerdo en 2016 y nunca recibieron la formación política o ideológica que caracterizaba a las Farc. Paula Tobo agrega que, aunque algunos de los actuales comandantes hicieron parte de la guerrilla, la mayoría eran mandos medios o combatientes sin posiciones de liderazgo relevantes dentro de la organización.

Para Tobo, seguir llamando “Farc” a estas estructuras también desconoce uno de los elementos centrales del Acuerdo de Paz: el fin de esa organización armada como proyecto político y militar. Desde la Fundación Ideas para la Paz consideran que fue “un gran error” permitir que las disidencias conservaran ese nombre. “Eso va en contravía de lo que se acordó en el acuerdo de 2016”, afirma.

La investigadora sostiene además que esta denominación invisibiliza el proceso de reincorporación de miles de excombatientes que sí dejaron las armas y permanecieron en la legalidad. En ese sentido, llamar “Farc” a los grupos armados actuales puede contribuir a estigmatizar a los firmantes de paz y generar confusiones sobre quiénes continúan en la guerra y quiénes no. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, desde 2017 a mayo de 2026, han asesinado 480 excombatientes y firmantes de paz. El año más violento fue el 2019, con 79 ex combatientes de las  Farc asesinados. 

Los expertos advierten que esta confusión tiene consecuencias concretas. “Las agresiones a los excombatientes han sido una constante desde que aparecieron las disidencias, bien sea porque los consideran traidores al proyecto”, señala Tobo. 485 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde 2016, en muchos casos por estructuras armadas que surgieron después de la desmovilización, según el observatorio de derechos humanos de Indepaz.

Detrás del uso de la palabra “Farc” también existe una disputa política. Algunos sectores utilizan esta denominación para sostener que el proceso de paz fracasó y que la guerrilla simplemente continuó operando bajo nuevas formas.

Al mismo tiempo, el término tiene implicaciones para los procesos de negociación actuales. Juan Esteban Ugarriza explica que el gobierno de Gustavo Petro también ha tenido incentivos para reconocer a algunos de estos grupos como herederos de las Farc. “Es la idea de reconocerles un estatus político para poder justificar la mesa de negociación”, afirma. 

Según el investigador, esta postura contrasta con la del gobierno de Iván Duque, que evitó reconocer a estas estructuras como una continuación de las Farc y tendió a caracterizarlas únicamente como organizaciones criminales, sin un entorno político.

Vale la pena señalar que el gobierno Petro sigue reconociendo a estas estructuras como organizaciones criminales.

Más de una década después del inicio de las negociaciones de paz en La Habana, la pregunta sobre si las Farc siguen existiendo no tiene una respuesta sencilla. Lo que sí parece claro para los especialistas es que las Farc-EP que firmaron el acuerdo desaparecieron como organización armada unificada. En su lugar surgieron múltiples estructuras que heredaron algunos de sus integrantes, territorios y símbolos, pero que operan bajo lógicas, objetivos y formas de organización profundamente distintas.

 

*Está investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll Colombia 

 

Actualizado el: Mar, 06/09/2026 - 07:28