Las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria vuelven a insistir: no hay política pública sin el campesinado
El pasado 24 de febrero, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) emitió un comunicado para visibilizar la carta realizada por las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria, donde exigen “mecanismos ampliamente difundidos para permitir la participación de nuestras comunidades y organizaciones, información veraz, completa y actualizada que facilite el ejercicio de diálogo y concertación, además de seriedad en el proceso participativo” para la construcción de la política pública agraria ordenada en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo. Esto, teniendo en cuenta que después de treinta meses de la implementación de esta política no se ha establecido un espacio comunicativo, amplio y democrático que permita al campesinado colombiano aportar a la construcción de este proyecto.
Hasta el día de hoy, la respuesta del gobierno y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha sido nula. Esta carta no es la primera acción directa que toman las asociaciones campesinas frente a esta situación, el 21 de diciembre del 2021 realizaron un evento para conmemorar los derechos del campesinado colombiano, al espacio no asistieron ni el Ministerio de Agricultura, ni la FAO, ni siquiera algún delegado del gobierno, sólo llegaron la Procuraduría y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Estos hechos se han repetido en varios escenarios, sin generar ningún tipo de diálogo entre las partes o mayor participación que la asistencia. Incluso, cuando se realizan los espacios de debate y construcción, los delegados del gobierno llegan sin conocimiento en los temas que se discuten y sin un poder para tomar decisiones importantes y avanzar en este proceso.
Eduardo Jurado, director de proyectos en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) habló con Rutas del Conflicto y profundizó en las propuestas que han compartido con el gobierno nacional y en las cuales no se han podido trabajar. “Además de la ruta metodológica que pusimos sobre la mesa, también abrimos el espacio para debatir proyectos como la compra agraria campesina popular, las economías propias, la reforma agraria integral, zonificación ambiental participativa o los cuellos de botella para la constitución de las reservas campesinas”. Jurado resaltó la labor de acompañamiento que ha hecho la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios en todo este proceso, y espera que los demás entes de control por fin respondan a los llamados para construir esta política en conjunto.
Es necesario recordar, que la implementación de este proyecto campesino se remonta a las exigencias que se hacían sonar en las calles para el paro nacional agrario del año 2013, en el cual, los campesinos pedían al gobierno nacional, de ese entonces, que se les tuviera en cuenta en las estadísticas y políticas públicas. El gremio realizó diversas denuncias entre las cuales se destacó una tutela en la que se suscribieron más de 1700 firmas de campesinos y campesinas, y que llegó hasta la Corte Constitucional, la cual dictaminó que el gobierno debía delimitar el término “campesino” y realizar un censo poblacional de este gremio en todo el país. Esta trascendental decisión de la Corte llegó en los primeros meses del actual gobierno del presidente Iván Duque.
Ahora, de frente a las elecciones presidenciales que se avecinan y con los resultados de las legislativas, todavía sigue la duda de qué pasará con esta política pública. A la fecha, no se conoce una respuesta oficial a la carta realizada por la Cumbre Agraria, y aunque el campesinado sigue insistiendo, todo es un panorama incierto y poco alentador.
Actualizado el: Lun, 04/04/2022 - 12:38