Las polémicas cifras del Ministerio de Ambiente: deforestación en Colombia aumentó 1,5 % en 2021

La semana pasada, en una rueda de prensa, el ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa señaló que durante 2021 la deforestación en Colombia aumentó 1,5 % respecto al año anterior. En total, se perdieron 174.103 hectáreas de bosque natural, lo que sería equivalente a casi el área de Bogotá. En 2020 la deforestación alcanzó las 171.685 hectáreas en el país.

Las cifras mostradas por el Ministerio de Ambiente indican que el departamento de Antioquia perdió 2894 hectáreas menos de bosque y fue el que más redujo su deforestación —en 2020 había perdido 12.645 hectáreas—, mientras que Caquetá, en la Amazonía, perdió 5.861 hectáreas más de bosque —en 2020 perdió 32.522 hectáreas— y presentó el mayor aumento en el país. Otros de los territorios más impactados fueron Guaviare (25.021 hectáreas), Putumayo (12.804 hectáreas) y el sur del Meta, los cuales hacen parte de la selva amazónica.

Días antes de la presentación del informe, el Ministerio de Ambiente compartió un escueto comunicado donde no se presentaban las cifras con detalle, lo cual generó fuertes críticas en el sector ambiental colombiano.

 

Entre cifras confusas y falta de información

“Para el ministerio es mejor decir que la deforestación subió 1,5% a nivel nacional que señalar que aumentó del 63 % al 70 % tan solo en la Amazonía”, afirma Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Y es que en una de las gráficas, el Ministerio de Ambiente muestra una tendencia de reducción en el Gobierno Duque tomando como referencia el 2017, año en que la deforestación alcanzó su pico más alto con más de 219 mil hectáreas taladas.

 

Tanto en la presentación como en diferentes comunicados, el Ministerio ha dicho que la deforestación “se redujo en un 34 % frente al modelo de tendencia generado por el Ideam”. Sin embargo, los expertos han dicho que más allá de disminuir, lo que esto significa es que el fenómeno simplemente no ha alcanzado lo proyectado por el Ideam desde 2008, además que tomar como referencia el año con el pico más alto de pérdida de bosque no sería lo más adecuado para los análisis. 

Botero afirma que debería haber acceso transparente a información de calidad y en tiempo real sobre la deforestación en Colombia. “(Esa información) tiene que ser patrimonio público y no de un gobierno de turno, sin limitarnos a sus interpretaciones”, dice. También propone que las acciones para enfrentar este fenómeno no deberían estar en manos exclusivas del Ministerio de Ambiente, pues es un problema transversal a la agricultura, el transporte, la economía, e incluso está siendo impactado por el conflicto armado interno del país.

El ministro Correa expresó que el gobierno ha centrado su atención y esfuerzo en los parques nacionales naturales (PNN) con mayores cifras de deforestación, donde la situación es más crítica y hay grandes parches de pérdida de bosque. Las cifras del Ideam indican que la tala y quema de árboles dentro de los PNN representó el 8,2 % del total nacional. 

De acuerdo con el análisis del gobierno nacional el fenómeno disminuyó en un 6% en el parque Tinigua, al pasar de 5708 hectáreas perdidas en 2020 a 5341 en 2021; un 11 % en el parque Sierra de la Macarena, al pasar de 3629 hectáreas perdidas en 2020 a 3222 en 2021; un 17 % en el parque La Paya, pasando de 1067 hectáreas en 2020 a 888 en 2021. La misma tendencia de reducción se vio en la Reserva Natural Nukak y el parque Cordillera de los Picachos. Sin embargo, en el parque Chiribiquete, área protegida amazónica que además ha sido declarada como patrimonio cultural y natural de la humanidad, la deforestación aumentó un 13 %, al pasar de 1948 hectáreas de bosque perdidas en 2020 a 2207 en 2021.

Casi al tiempo que el Ministerio de Ambiente presentó las cifras de deforestación del 2021, la FCDS entregó su reporte 2021 para la Amazonía colombiana, encontrando que el 14% de la deforestación total que se registró en esta región entre abril de 2021 y marzo de 2022 ocurrió en áreas protegidas. Contrario a lo expuesto por el Ministerio de Ambiente, la FCDS muestra que el PNN Tinigua, en Meta, sí se vio altamente afectado. “La deforestación en este parque pasó de 4.000 hectáreas a 8.216. Se observa apertura de nuevos lotes al margen de los ríos, afectando los corredores de las rondas hídricas de los afluentes entre Caño Perdido y el río Guayabero, junto con consolidación y aparición de vías paralelas a estos afluentes”, asegura en su informe.

Para Botero, es evidente la presión que hay sobre los PNN y la falta de una política agraria que las priorice: “Los parques tienen bajísima gobernabilidad. No se trata solo de la ilegalidad o la presencia de actores armados, sino que ha habido estímulos por parte del Estado para que la situación se mantenga. El Ministerio de Ambiente habla de infraestructura no planificada [dentro de las áreas protegidas] y no aclara que, muchas veces, esta es financiada por los mismos gobiernos locales”.

 

¿Buenas estrategias?

El Ministerio de Ambiente asegura que ha implementado cuatro medidas para enfrentar la deforestación: monitoreo frecuente, inversión social, legislación y control de la ilegalidad. En esta última es dónde se han enfocado los esfuerzos. Según el ministro Correa, la Operación militar Artemisa ha tenido resultados positivos, pues desde que se desplegaron nueve campañas a finales de febrero de este año, la tendencia bajó en comparación con el mismo periodo de 2021.

“Nosotros lanzamos un comunicado con los principales deforestadores, los más buscados, y muchos de ellos se entregaron. La delincuencia se combate con la Policía y la Fuerza Pública. Hay que ir tras los financiadores, porque un parche de 190 o 200 hectáreas no es deforestado por un campesino, sino con recursos de la ilegalidad”, comenta Correa.

 

Sin embargo, expertos del sector ambiental tienen sus dudas sobre los resultados y metodologías de Artemisa. De acuerdo con el director de la FCDS, no se ha capturado a un solo delincuente de ‘cuello blanco’ a pesar de que se sabe quiénes son. “Hay grandes inversionistas, propietarios de empresas agropecuarias que incluso cuentan con recursos de fuera del país. No se menciona ni una persona del sector público, ni a los dineros del OCAD Paz (órgano del Sistema General de Regalías que aprueba proyectos de inversión que contribuyen a la paz) destinados a obras en donde hay acaparamiento de tierras, desplazamiento y deforestación. Ninguna investigación habla al respecto”, menciona.

Así, las estrategias militares, como vienen diciendo desde hace varios años los expertos, suelen dirigirse hacia la base más débil de la cadena de la deforestación, hacia aquellos contratados para talar con motosierra y a los pequeños ganaderos y campesinos cocaleros. Según Botero, la justicia está lejos de capturar a los verdaderos responsables de la deforestación pues es un problema estructural que genera impunidad y estímulos para continuar con un modelo económico complejo en el que se degrada el medio ambiente. 

El director de la FCDS plantea que para mejorar el panorama se debe reestructurar la productividad en Colombia y los derechos masivos del uso del bosque. Por ejemplo, es necesario limitar las fronteras agropecuaria y ganadera, empezar a zonificarlas y, al menos en la Amazonía, implementar el silvopastoreo. Además, las zonas afectadas por cultivos ilícitos podrían mudar hacia una restauración del territorio, pero es un trabajo que requiere de mínimo 10 años para recuperar el suelo degradado. 

Adicional a las cifras de la deforestación en 2021, el Ideam y el Ministerio de Ambiente aseguraron que entre enero y marzo de 2022 —los tres primeros meses del año suelen presentar el mayor número de quemas en Colombia— han identificado 16 núcleos de alertas tempranas principalmente en la frontera norte de la Amazonía, en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo. Además, indicaron que la deforestación aumentó en el departamento de Caquetá y se redujo en el departamento de Guaviare.

Según los datos presentados, el 90% de la pérdida de bosque ocurrió entre enero y febrero, y el 10% en marzo. 5300 hectáreas de bosque se deforestaron en el parque Tinigua en el primer trimestre de 2022, de las cuales el 87 % se perdieron entre enero y febrero y el 13 % en marzo, mientras que en el parque Sierra de la Macarena se deforestaron 2500 hectáreas de bosque en el primer trimestre de 2022, de las cuales el 95 % se perdieron entre enero y febrero y el 5 % en marzo. En general, durante el primer trimestre de este año hubo un aumento en la deforestación en los departamentos de Meta y Caquetá y una disminución en Guaviare con respecto al mismo periodo de 2020.

Al consultar el boletín de alertas de deforestación enero-marzo 2021 del Ideam se observa que, con base en las detecciones tempranas de deforestación, se estimó una pérdida de bosque de entre 14.627 y 15.869 hectáreas para el departamento del Meta, 13.249 y 15.796 hectáreas para el departamento de Caquetá y, 10.968 y 11.713 hectáreas para el departamento del Guaviare. Sin embargo, el gobierno nacional aún no ha hecho público el boletín completo de alertas de deforestación enero-marzo de 2022 que permita hacer comparaciones.

“A inicios de 2022 tuvimos uno de los peores trimestres de los últimos cinco años, con gran magnitud de incendios, pero todo eso es lo que están ocultando. Juegan con las estadísticas”, enfatiza Botero.

Finalmente, el Ministerio estimó una deforestación aproximada de 50.400 hectáreas en los siete departamentos de la Amazonía para lo que queda de este año. Sin embargo, los expertos consideran que hace falta conocer los datos con detalle, que resta ver cómo se sigue comportando el fenómeno y si funcionan las estrategias que adelante el nuevo gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto.

Actualizado el: Mar, 07/26/2022 - 12:40