Las vías ilegales llegaron al Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete

Por: Sabrina Bastidas Iguarán y Pilar Puentes E

La situación de la tala masiva para la construcción de carreteras en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá continúa y se acelera cada vez más, lo cual representa una amenaza para el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete y el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II. Estas carreteras, que atraviesan territorios indígenas y zonas protegidas, se están expandiendo a una velocidad alarmante, lo que ha generado preocupación tanto en las poblaciones locales como en los organismos de monitoreo, debido a las consecuencias que esto podría tener en el ecosistema y las comunidades de la región.

A principios de mayo, la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS por sus siglas en inglés) alertó que personas  habían comenzado a abrir una nueva vía ilegal en la zona norte del resguardo, en la vereda Montebello de Calamar, Guaviare, cerca del municipio de La Macarena, Meta. Mediante un monitoreo satelital realizado durante 46 días, la FZS evidenció que, en tan solo un mes y medio, se construyeron 12 kilómetros de carretera con ocho metros de ancho. Según esta organización, esto equivaldría a la tala diaria de "241 metros de bosque denso amazónico".  Avanzando con ese seguimiento, la FZS identificó el pasado 18 de mayo que la vía nueva ya se unió con la vía de Cachicamo y tiene una longitud de 22,7 km. Adicionalmente, el 23 de mayo se realizó un sobrevuelo a baja altura para verificar la afectación por la construcción de esta vía que verificó dicha información.

La FZS en una entrevista con Rutas del Conflicto mencionó que del 19 de abril hasta el 4 de mayo se habían construido “1400 metros más de esa vía, lo que quiere decir que ya van casi los 14 o 15 kilómetros de carretera nueva”. Esto la ubica a tan solo 4 kilómetros del PNN Serranía del Chiribiquete. Además, se presume que podría conectar con otra vía ilegal que ya atraviesa el parque y se comunica con Cachicamo hacia el oriente del resguardo y con el centro urbano de La Macarena al noroccidente, lo que resultaría en la unión de la vía con la llamada"Marginal de la Selva", una carretera proyectada desde el mismo Estado desde hace varias décadas, cuya construcción se canceló por los problemas ambientales que traería.

De acuerdo con la FZS hay dos puntos claves que causan preocupación por la expansión de la carretera. El primero, es que se adentra dentro de un territorio que está legalmente constituido como resguardo indígena, por lo que cuenta con un tema de conservación, tanto natural como de los pueblos indígenas dentro de esta figura. El segundo, es que se está conectando con otras vías, muchas de estas que vienen desde La Macarena, de manera desordenada. “Eso produce unas presiones al territorio indígena y, a la vez, al acercarse tanto a un área protegida tan importante, va a empezar a hacer más vulnerables los objetivos de conservación y protección del tema de los pueblos en aislamiento voluntario”, comentaron investigadores de la organización. 

El riesgo inminente está en que las carreteras facilitan el desplazamiento de comunidades “hacia el interior del resguardo y va a conectar otras vías que en este momento no son tan evidentes como la que tenemos en las imágenes, pero que sí pueden convertirse en vías principales, eso va a afectar el territorio de resguardo y de los pueblos indígenas asentados como es el caso de Yaguará”, añadió uno de los investigadores. 

Además, los miembros de las comunidades de la zona también han denunciado que no se conoce quiénes son las personas que están abriendo estas vías. La FZS explicó que para poder construir una vía del nivel de la que monitorean, “requiere una inversión alta”.   Considerando que se abren aproximadamente 100 metros de vía al día, los investigadores de la organización concluyen que no son campesinos trabajando con palas, sino que hay maquinaria involucrada. No obstante, la Sociedad no tiene información sobre quién está financiando la construcción de esta carretera. 

La deforestación aumentó 

En los departamentos de Guaviare y Caquetá, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían el control territorial. Este grupo abrió trochas que desde hace ya varios años se han venido convirtiendo en vías ilegales que atraviesan la selva espesa. Esto ha ocasionado deforestación masiva, pero también ha puesto en riesgo a las comunidades que habitan en el territorio. 

En el especial de Rutas del Conflicto con Mongabay Latam Vías ilegales atraviesan resguardo indígena y parque nacional en la Amazonía de Colombia, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) denunció la ampliación de la vía Puerto Cachicamo - La Tunia en Caquetá. Para 2021, esta contaba con 66 kilómetros, iniciando en la Marginal de la Selva y extendiéndose hasta pasar por el PNN Serranía del Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II, llegando finalmente al río La Tunia. 

Entre 2020 y 2021, como fue documentado en este especial, cerca de 7.492 alertas de deforestación  corresponden solamente a esta vía ilegal. Sin embargo, esta no es la única de la cual se ha tenido registro y monitoreo desde la FCDS. 

En este mismo periodo, dos vías más estaban siendo estudiadas. La primera correspondía a La Tunia - Camuya y tenía 58 km, de los cuales algunos atraviesan el PNN Serranía del Chiribiquete, una zona protegida. La segunda vía es La Playa - Río Yarí, de 33 km. 

El informe Seguimiento a la transformación de la cobertura natural en el Resguardo Llanos del Yarí - Yaguará II 2021, de la FZS, mostró que en 2022, se deforestaron 609 hectáreas dentro del territorio entre enero y diciembre. Señalaron también que el 59% de ese total (359.01 hectáreas) se taló en el último trimestre del año. El paso de la deforestación es cada vez más acelerado, pues en enero de 2022, 692,4 hectáreas nuevas fueron deforestadas. El informe señala que esto representa “960 campos de fútbol del tamaño del Maracaná, o sea toda el área urbana de la ciudad de Cali”. 

La construcción de estas vías ilegales y la deforestación que han ocasionado también han puesto en jaque la seguridad de las comunidades indígenas. En 2004, la comunidad del resguardo indígena Yaguará II sufrió un desplazamiento masivo por amenazas de las FARC. Cuando quisieron regresar a su territorio, siguieron enfrentándose a la inseguridad y al ingreso de colonos e indígenas de otras etnias que dificultaron su retorno.  

El Resguardo Yaguará II fue creado el 22 de febrero de 1995, cuando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria le entregó este territorio a comunidades de las etnias pijao, tucano y piratapuyo. Desde entonces, la familia Bocanegra asumió el liderazgo y la gobernanza del resguardo, pero todos sus integrantes tuvieron que dejar, no solo la región, sino el país, ante las amenazas  y el desplazamiento forzado.

Más de 90 familias regresaron al resguardo en 2020 con la esperanza de reconstruir sus vidas después de haberlo abandonado cuando las FARC tomaron control de la zona y los indígenas se vieron obligados a trasladarse al área urbana de San Vicente del Caguán. Sin embargo, al intentar regresar al territorio, se encontraron con amenazas y el control de las disidencias de la guerrilla. A pesar de las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en Ibagué para proteger a la comunidad del resguardo Llanos del Yarí - Yaguara II como víctima colectiva del conflicto, estas medidas no lograron protegerlos completamente.

Tampoco blindó al resguardo de la carta enviada en 2021 al entonces presidente Iván Duque, en el que le advertían del peligro en que estaban. En la misiva que le llegó a Duque mencionaba que: “Estas personas (los grupos armados ilegales) nos advirtieron que nadie podía oponerse a la tala y quema del bosque y a la siembra de cultivos de uso ilícito. También nos prohibieron cualquier relación o visitas de funcionarios públicos o entidades que trabajen para el Estado en el resguardo. Y nos exigieron suspender los procesos de reclamación de tierras que estamos llevando a cabo”. 

Ahora en medio de la crisis territorial por el desplazamiento de gran parte de las comunidades del resguardo, deben esperar la respuesta de un juez en el proceso que llevan en la Unidad de Restitución de Tierras que se encuentra en etapa judicial desde 2019. Mientras la deforestación aumenta, la familia que había liderado por décadas sigue exiliada por las constantes amenazas y el resto de la población sigue luchando por proteger el Parque Nacional Chiribiquete. 

 

 

Actualizado el: Jue, 06/08/2023 - 10:10