Líderes ambientales contra el fracking amenazados en Puerto Wilches

Yuvelis Natalia Morales Blanco es lideresa ambiental del municipio de Puerto Wilches, Santander. Tiene 21 años, es hija de un pescador del Magdalena Medio, y allí, al lado del río donde creció, alzó la voz contra el fracking en la región. Empezó a recibir amenazas de muerte en 2021, tanto por medio de panfletos como personalmente, cuando hombres armados irrumpieron en su casa. Desde marzo de 2022 está exiliada, lejos de su familia y de su tierra.

“El río nos ha dado todo lo que somos, estamos adheridos a él. Esta problemática del fracking no solo atenta a nuestra salud, sino a nuestra cultura, a lo que somos como wilchenses”, afirmó Yuvelis Morales, quien aún en la distancia sigue trabajando en la visibilización del tema con autoridades internacionales.

Las críticas al fracking en Puerto Wilches se vienen dando desde 2019. En ese año, el Consejo de Estado le dió luz verde a Kalé, el proyecto dirigido por Ecopetrol que sería el primero con esa técnica de extracción en Colombia. La licencia ambiental para la plataforma, sin embargo, se suspendió jurídicamente en abril de 2020, debido a la falta de consulta previa a la comunidad afro del municipio. El fracking es una técnica de extracción que inyecta, a alta presión, un fluido para romper las rocas y diluir los hidrocarburos atrapados en ellas. La cantidad de agua necesaria para explotar un pozo oscila entre 2,5 y 7,5 millones de litros, según el ingeniero Sergio Cabrales, en artículo publicado por Portafolio. Ésta es una de las críticas de los líderes y lideresas de Puerto Wilches: el gasto y la contaminación del agua, debido a los químicos utilizados. 

Yuvelis Morales no fue la única persona amenazada tras criticar el fracking. Pedro Cabarllido Fuentes, representante legal de la corporación Afrowilches, es otro líder que tuvo que desplazarse del territorio. “A mi familia le tocó salir conmigo después de las amenazas hace unos meses [en febrero de 2022]”, afirmó. El líder agregó que contaba con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con un celular y un chaleco a prueba de balas. Sin embargo, dejó de tener acceso a los equipos dos días después del otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto Kalé, el 28 de marzo del mismo año. Dicha licencia fue revocada en el mes siguiente.

Rutas del Conflicto contactó a la UNP con un derecho de petición y una solicitud de entrevista sobre el tema el 4 abril de 2022, pero no recibió respuesta. Los líderes de Puerto Wilches también han criticado la falta de consulta a su comunidad antes de la implementación de proyectos de fracking.

“Todo el mundo estaba tomando decisiones sobre nuestro municipio y nosotros ni sabíamos qué era fracking. Luego dijeron que no iba haber nada que se le opusiera [al proyecto de extracción] y como buenos santandereanos dijimos: ‘¿Cómo que no?’ Y junto a varios jóvenes y líderes asistimos a reuniones donde conformamos el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio [Aguawil]. Ahí decidimos contarle a la gente, no lo qué era fracking, sino lo que somos como territorio wilchense”, agregó Morales.

 

La lideresa fue galardonada el 8 de marzo de 2022 por la Iniciativa Marianne, concedida por el gobierno de Francia para defensoras de derechos humanos. En el marco de la iniciativa, buscó protección en Francia, donde está actualmente en exilio. Allí, expresó directamente al presidente francés, Emmanuel Macron, su preocupación acerca de los proyectos de fracking y del riesgo para los liderazgos ambientales. Para la lideresa juvenil, estar fuera de su país ha sido un reto.

“He encontrado respaldo en otras organizaciones, especialmente en la Alianza Colombia Libre de Fracking. Mi activismo acá se vuelve un poco más diplomático, estos relacionamientos internacionales son necesarios para que esta problemática se visibilice”, agregó.

El departamento con más amenazas

Santander es el departamento de Colombia con más amenazas de muerte contra líderes ambientales entre 2017 y la segunda semana de abril de 2022, según informe divulgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento señala que 49 líderes fueron intimidados en la región. Las amenazas, según el informe, se registraron principalmente en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra.

“La mayoría de las amenazas son atribuidas a grupos sucesores del paramilitarismo, como el Clan del Golfo y las autodenominadas Águilas Negras, que a través de panfletos se han encargado de atemorizar a personas que defienden los territorios y se han opuesto a la realización de proyectos extractivos”, revela el informe. El documento también señala la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona.   

El panorama de inseguridad se reconoció también en el reporte anual publicado por Global Witness, que visibiliza la violencia contra líderes ambientales en el mundo. La ONG posicionó a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer liderazgos ambientales en 2020, con por lo menos 65 ambientalistas asesinados. El año anterior, el país había ocupado el mismo puesto. 

Óscar Sampayo, miembro de la Corporación Regional Yariguies y del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, ha sido uno de los líderes ambientales amedrentados en Barrancabermeja, según el reciente informe de la JEP. En entrevista a Rutas del Conflicto, habló sobre la zozobra en la que vive la comunidad wilchense.

“La institucionalidad no se pronuncia, y si lo hacen son una o dos personas, pero el Estado colombiano no responde. Uno va a la Defensoría del Pueblo o a las alcaldías de estos municipios y no hay mayor respuesta. Y la Fiscalía del Magdalena Medio tampoco opera”, aseguró el líder ambiental. Rutas del Conflicto intentó contactar por correo y teléfono la Defensoría y la Fiscalía del Magdalena Medio, pero no obtuvo respuesta.

 

Las intimidaciones también llegaron al congresista santandereano Fabián Díaz, del partido Coalición Alternativa Santandereana. El representante relató que denunció una amenaza de muerte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Díaz hizo parte del grupo de 30 congresistas que, en 2020, radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para prohibir el fracking. El proyecto no fue aprobado.

“Estamos realizando, junto con la Alianza Colombia Libre de Fracking, un acompañamiento a los líderes y lideresas de Puerto Wilches. El gobierno colombiano no garantiza su protección”, afirmó el congresista.  

La Alianza Colombia Libre de Fracking es una plataforma de articulación que actúa contra proyectos extractivos que afectan al ambiente, especialmente el fracking. Carlos Andrés Santiago, miembro de la organización y líder ambiental, ha acompañado a los líderes amenazados en Puerto Wilches y ha buscado una respuesta con las autoridades. Sin embargo, critica la falta de apoyo tanto por parte de entidades nacionales –la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección (UNP)– como de entidades regionales y locales –la Gobernación de Santander y la alcaldía de Puerto Wilches.

Violencia en Puerto Wilches

Además de la amenaza ambiental del fracking, Puerto Wilches vive diferentes problemas de orden público. “Existen cuestiones de microtráfico, trata de personas. Nosotros nos estamos quedando en medio de este conflicto por esta situación, si pasa algo con nuestras vidas que quede reseñado”, afirmó el líder Pedro Carballido.

Ocho personas han muerto de manera violenta en el municipio en el primer trimestre de 2022, según la Policía del Magdalena Medio. Las investigaciones señalan que los casos se deben a la disputa del negocio del microtráfico y a la extorsión por parte de bandas delincuenciales. En la comunidad, se comenta sobre la existencia de tres supuestos grupos armados que disputan el microtráfico, pero que aún no están identificados. Rutas del Conflicto contactó al alcalde del municipio, Jairo Toquica, que prefirió no ser entrevistado y se remitió a una declaración anterior a Caracol Radio. “El Ejército y la Policía dicen que acá no hay grupos al margen de la ley”, afirmó para la emisora. 

El Consejo Comunitario de Puerto Wilches ha mostrado su preocupación ante la ola de inseguridad y la actuación de los grupos armados, con la cual se siente vulnerado, según el representante legal Benjamín Jaraba. Néstor Tordecilla, miembro de Afrowilches, agregó que la comunidad ha decidido luchar por el medio ambiente a pesar de la situación de inseguridad. Sin embargo, hay aquellos que no exponen su opinión porque trabajan con las empresas extractoras. “Aquí fuimos golpeados por grupos al margen de la ley, las familias tuvieron que dejar sus tierras, fueron desaparecidas. Ahora, con esta cuestión del fracking, lo que se viene en materia social es realmente preocupante”, afirmó, refiriéndose a un posible empobrecimiento de la población después de la explotación de los recursos y al desarraigo de la cultura wilchense.

La batalla jurídica

El proyecto piloto de fracking en Colombia, Kalé, recibió la autorización del Consejo de Estado en 2019 para instalarse en Puerto Wilches. Las críticas de la comunidad wilchense a la plataforma empezaron desde entonces, pero se intensificaron en 2022. El 25 de marzo de ese año, poco después de las amenazas de muerte contra líderes del municipio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia ambiental de Kalé. La reacción de los colectivos anti fracking y de pobladores se dio con manifestaciones, murales, pancartas y plantones. En las tribunas de los partidos de fútbol del equipo local bumangués se extendieron planchones: “El partido es contra el fracking”.

 

La reacción también se llevó a la esfera jurídica. El 31 de marzo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Podion, en representación de Afrowilches, presentaron una tutela contra el Ministerio de Interior, la ANLA y Ecopetrol. En el documento, se señaló la “vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de Afrowilches” y se solicitó la suspensión de la licencia ambiental y del trámite de licenciamiento de proyectos de fracking en la región.

Como respuesta a la tutela, el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Barrancabermeja falló el 21 de abril a favor de Afrowilches. Con la decisión, el juzgado suspendió la licencia y ordenó a Ecopetrol, a la ANLA y a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que realicen la consulta previa con la corporación tanto para Kalé como para la Platero, el segundo proyecto piloto de fracking planeado para Puerto Wilches. 

Actualizado el: Jue, 05/05/2022 - 16:06