“Los negros se morirán sin hacer parte de los muertos por la pandemia”: Leyner Palacios, líder social de Bojayá
Por: Carlos Mayorga y Valeria Arias
El pasado jueves 21 de mayo se cumplieron 169 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, sin embargo, las negritudes en el territorio nacional siguen siendo objeto de discriminación, descuido por parte del Estado y desigualdad agravada por la guerra. De esto da cuenta el documental “Bojayá entre fuegos cruzados”, que se transmitirá hoy a las 9pm. La situación de las comunidades negras, además, se ha venido agravando con la pandemia de la COVID-19.
Hoy, 23 de mayo, a las 9:00 p.m., se transmitirá por segunda vez el documental Bojayá entre fuegos cruzados, realizado por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), una iniciativa de las comunidades negras e indígenas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Este es el primer insumo investigativo y de esclarecimiento de la verdad del conflicto que produce la CIVP, centrado en Bojayá, un municipio chocoano que protagonizó una de las masacres más dolorosas ocurridas en Colombia. El documental, que contó con la participación del director irlandés Oisin Kearney y la productora Fine Point, se transmitirá por Canal Capital en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad, una conmemoración a la libertad de las comunidades negras de nuestro país, pero también como una denuncia de las afectaciones que los pueblos negros han padecido por el conflicto armado en Colombia.
La fecha recuerda la Ley de Manumisión, de 21 mayo 1851, cuando la entonces República de la Nueva Granada daba un paso hacia el reconocimiento de los derechos del pueblo afrodescendiente. Por medio de la Ley, los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852, sin embargo, los esclavistas se opusieron y la ley, a pesar de vigente, no se cumplió totalmente en la práctica. Solamente más de cien años después, en, 1993, con la Ley 70 el Estado oficialmente pasó a reconocer la necesidad de fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades negras para que “obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”, y no fue sino hasta entrados los años 2000 que el 21 de mayo sería declarado el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Conmemorar este día, para las comunidades negras, ha significado no sólo la celebración de su libertad, sino la visibilización de las vulneraciones a los derechos humanos que ha sufrido la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP) en Colombia.
Tras 20 años de conmemoraciones y exigencias, las cosas parecen no mejorar. Entre las voces de las negritudes colombianas se escucha la de Leyner Palacios, líder social de Bojayá y uno de los protagonistas del documental de la CIVP: “Hoy a nosotros los negros nos han esclavizado con una nueva guerra en Colombia ¿cuándo nos van a liberar de esa?”. Con vehemencia, Palacios denuncia la perpetuación de la guerra después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en los departamentos del Pacífico, por parte de grupos armados como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un conflicto que se ha ensañado contra las comunidades étnicas de la región y que ni la pandemia de la COVID-19 ha podido parar.
No más el jueves 21 de mayo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) alertó el desplazamiento masivo de 1.300 personas en el resguardo indígena Catrú, en Alto Baudó, Chocó, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Palacios afirma que contra la población negra colombiana se está configurando un “etnocidio”, pues, según él y basándose en una recolección de datos de distintas organizaciones sociales, en lo que lleva el año por lo menos 50 líderes sociales han sido asesinados en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 105 asesinatos de líderes desde el 1 de enero hasta el 20 de mayo de 2020, 44 han ocurrido en estos 4 departamentos, en donde hay un índice alto de población NARP.
La historia del mismo Leyner Palacios da cuenta de este drama: es sobreviviente de la masacre de Bojayá, vocero de las víctimas de esta tragedia y, tras haber sido amenazado por varios grupos armados como las AGC, se ha visto obligado a desplazarse del departamento del Chocó hacia la ciudad de Cali.
Recientemente, el 22 de abril, fueron asesinados los líderes negros Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, mientras participaban en una asamblea comunitaria en San Juan del Micay, denunció la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca . Los jóvenes líderes hacían parte del Consejo Comunitario Afrorenacer.
Las negritudes representan la etnia colombiana con mayor número de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) con 1’023.424 negros o afrocolombianos, 10.890 raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia y 4.940 palenqueros. Además, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) solo entre enero de 2018 y febrero de 2019, se desplazaron 20.850 personas en 75 eventos de desplazamiento forzado en el Pacífico.
Pero no solo se trata de los estragos del conflicto —del pasado y del presente—, sino de que la comunidad negra en Colombia también lidia con la discriminación y la desigualdad. “Hasta hace muy poco, incluso aún hoy, en Colombia el término de ‘negro’ ha sido utilizado despectivamente. Lo negro es sinónimo de lo malo. Hasta al diablo lo han pintado como negro y lo han pintado de negro en muchos casos para mostrar que nuestra identidad es mala”, afirma Palacios para explicar cómo estas cargas simbólicas han provocado que miembros de las negritudes nieguen su identidad negra.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en 2018, en Colombia casi 3 millones personas se autorreconocen como NARP, 30.8% menos que en el censo del 2005. Según la institución, el 30,6% de los afro viven en pobreza, sin embargo, Palacios es enfático en afirmar que el DANE no ha podido realizar un conteo completo del pueblo afro. En ese sentido, el mismo DANE reconoce que existen dificultades técnicas, y ha calculado cruzando datos con la Encuesta de Calidad de Vida un número estimado de dicha población de 4’670.000 habitantes, es decir, el 9,3% del total de la población del país.
Si a la situación de carencia que han vivido las comunidades NARP se le suma la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, queda al desnudo la poca inversión de recursos en las regiones que habitan. Palacios narra el caso específico de Tumaco, en el Pacífico colombiano, en donde afirma que existe un brote del virus debido a la frontera que tiene este municipio con Ecuador —país que ya supera las 3.000 muertes por el nuevo coronavirus—. Hasta el 22 de mayo, Tumaco poseía 414 casos confirmados, 17 personas fallecidas y 10 recuperadas. La alcaldesa de este municipio, María Emilsen Angulo Guevara, afirmó, según registró El Tiempo, que ya se tienen copados los dos hospitales del municipio con pacientes de COVID-19, y manifestó su preocupación al prever la exacerbación de la situación de salud pública en el territorio, debido a la insuficiencia de camas y ventiladores disponibles.
Arial Palacios, otro líder afrodescendiente, afirma que en el Pacífico sur no hay casi ambulancias. Es el caso de los municipios de Magüí Payán o Roberto Payán, donde no hay ni una, o el caso de Barbacoas, donde las dos ambulancias que hay no dan abasto. “Acá el sistema de salud está muy precario. Si los afectados fueran de estado crítico no tendríamos donde meter la gente en este momento”, aseguró el padre Jhonny Milton, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó.
Accedimos a la base de datos que el Gobierno Nacional publica en la página de Datos Abiertos Colombia, la cual expone el número de casos confirmados de COVID-19 actualizado cada día, para establecer el número de población autoreconocida NARP que se encuentra contagiada del virus. Fue imposible determinarlo, pues la desagregación de la base de datos no tienen un enfoque étnico, por lo que no existe un conteo público de personas que necesitan atención médica dentro de la población NARP. Sin embargo, al revisar los casos confirmados de COVID-19 en los departamentos con mayor número de población negra, preocupan especialmente el número de contagiados en Atlántico, Valle del Cauca y Bolívar.
"Yo siempre digo: en tiempos de pandemia el pueblo negro la lleva peor. El pueblo negro está en regiones donde partimos del hecho de que nuestras viviendas, en la mayoría de los casos, no tienen acueducto, entonces la teoría de quedarnos en la casa no es válida porque hasta para lavar los ‘chocoros’ —utensilios de cocina— tenemos que hacerlo en las orillas de los ríos o hacerlo en los pozos”, explica Leyner Palacios. Las dificultades tanto de acceso a la salud como la falta de capacidad de registro de la población por parte del Estado le preocupan al líder: “los negros se morirán sin hacer parte de los muertos por la pandemia”.
Efectivamente, según el DANE, de todos los hogares en los que al menos una persona se autoreconoce como NARP, el 20.7% tiene privación de acceso a fuentes de agua mejorada. Además, el 81% de estos hogares trabaja en la informalidad, situación que dificulta el acatamiento del aislamiento obligatorio al depender sus economías del día a día. “Tumaco, por ejemplo, tiene una economía insostenible, pues hay mucha informalidad o ‘economía del rebusque’, y mucha gente ante esto se expone, hace caso omiso a las recomendaciones, del toque de queda, porque encima del coronavirus está el tema de las necesidades básicas insatisfechas”, asegura el sociólogo y conocedor de la región Andrés Chamorro.
La desigualdad también se presenta en relación a los procesos de atención en salud. Palacios manifiesta su preocupación por no haber atención hospitalaria de alta complejidad suficiente para atender las necesidades prioritarias de la región. “Hay una desigualdad bastante fuerte y seguro estas crisis nos azotan peor. A Bojayá, o al Baudó, o a la parte baja de Río Sucio (Chocó), o a Guapi, a Timbiquí, a López de Micay (Cauca), seguramente a muchas comunidades no ha llegado un tapabocas”, agrega.
El panorama se agrava por la presencia de los grupos armados ilegales que se disputan las economías ilícitas en la región pacífica. En los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca se han registrado intentos de control de esos grupos sobre la población civil, incluso con la justificación de contener la pandemia a través de toques de queda y confinamientos. Situaciones que han derivado en múltiples agresiones a los Derechos Humanos, como lo documentó la Defensoría del Pueblo en su última Alerta Temprana, emitida el 30 de abril.
Sin embargo, son estas mismas condiciones las que han llevado a las comunidades negras a buscar la manera de hacerle frente al virus con prácticas propias de control territorial, sabiduría ancestral y agricultura colectiva. Por un lado, consejos comunitarios, resguardos indígenas y las guardias indígenas y cimarronas han venido restringiendo la entrada de personas foráneas en sus territorios. Además, según Palacios, varias comunidades negras están probando sumar a la atención y prevención de la COVID-19 plantas medicinales e infusiones de hierbas aromáticas. El líder social es optimista: “Si científicamente esto tiene validez, yo no lo sé… lo que sí creo es que para nuestros pueblos está siendo de gran utilidad, porque estos yerbateros y esta medicina ancestral está al menos haciendo efecto en los cuerpos de la gente y nuestras comunidades están resistiendo”.
El líder social concluye refiriéndose al documental Bojayá entre fuegos cruzados, que se proyectará esta misma noche y que, para él, es una muestra de que hay cosas que la guerra ha dejado y que aún no se han podido sanar, pero también un llamado a la lucha por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad del Estado; y por la construcción de paz en el territorio negro: “Es para llamar a darle salida a un conflicto que nos desangra cada vez más”.
Actualizado el: Jue, 07/02/2020 - 12:09