Los obstáculos de la restitución

La restitución ha sido un proceso lento, según los solicitantes y las organizaciones que acompañan judicialmente a los reclamantes, que no acaba con la decisiones de los juzgados y los tribunales de tierras. Los contextos de violencia, las dificultades para acceder a la restitución, las demoras en la entrega de títulos y volver a comenzar un proyecto de vida tras el despojo son los obstáculos que tienen que enfrentar las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Desde la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, en el gobierno Santos se generaron fallas que demoraron las decisiones de los jueces de tierras. Sin embargo, líderes de tierras  afirman que se intensificaron el el gobierno de Ivan Duque. Según cifras de la organización Forjando Futuro, dedicada al acompañamiento jurídico a las comunidades en la restitución, sea han rechazado al 65% de los reclamantes desde el 2011 y solo se ha restituido el 9 % .  

La Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 139.586 solicitudes y sean resuelto judicialmente 12.685 casos de despojo. Para el directivo jurídico de Forjando Futuro, Julio Cuastumal, “la Unidad ha adoptado una postura de negación de derechos frente a las solicitud de inclusión en el registro de tierras despojadas. Todo con el objetivo de cumplir las metas de gobierno de que están tramitando las solicitudes”, afirmó. Además añadió que a la negación se le suma un obstáculo más y es no conocer las razones con las que se tomó la decisión de negar la restitución.

La entidad expide una resolución que determina si el solicitante es aceptado para la inscripción en el registro de tierras despojadas o se le niega la restitución alegando que no cumplió con  el requisito de ser víctima de despojo. Sin embargo como lo explica Cuastumal, el proceso no permite conocer las razones del rechazo de las solicitudes, las víctimas que acuden a la Unidad de Tierras no logran acceder al porqué se les rechazó.  

Después de la masacre, el desplazamiento y el despojo recibieron un no  

Es el caso del predio Diana Maria en la vereda Guacamayal, en Zona Bananera. En 2016 los campesinos presentaron la solicitud de restitución de tierras y en dos años la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena la negó argumentando que los campesinos no realizaron mejoras como “cerramientos, construcción de viviendas y corrales para animales, actos de señor y dueño”, por lo que nunca hicieron labores en calidad de poseedores sino de solamente tenedores. 

Para el Tribunal no fue suficiente lo argumentado en la demanda. Esta explicaba la lucha por lograr volver al predios en el que trabajaron, primero como empleados de la familia Dangond de Castro y después como parceleros.  Diana María es vecina del predio La Marcela, ambos predios llevan los nombres de las primas de la familia De Castro. Los campesinos, de ambas fincas, que trabajaron por más de 20 años fueron desplazados y masacrados por el Bloque Norte. 

Las 47 familias de Diana Maria cultivaron la tierra hasta que su dueño Carlos Dangond murió en un accidente de tránsito. Su esposa, Teresita  Fernandez de Castro asumió la empresa pero se atrasó en la nomina. Llegaron a un acuerdo con los trabajadores para que ellos siguieran  explotando el predio por su cuenta. En  2001, en medio de la oleada de violencia que vivía la zona norte, paramilitares de las Auc llegaron a las fincas y asesinaron a los señores Diego García y Eduardo Cortés. El Bloque Norte dejó una advertencia que obligaba a los campesinos a abandonar la tierra por ser, supuestamente, invasores y colaboradores de la guerrilla. Las familias fueron desplazadas.

El Consejo Noruego para Refugiados, en 2014, capacitó a las familias de Diana María en sus derechos. En esa misma época el comandante paramilitar, José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, declaró en Justicia y Paz su participación en las masacres cometidas contra los campesinos de Diana Maria y La Marcela. En la audiencia libre señaló que Juan Manuel Fernández, hermano de Teresita Fernandez de Castro, fue quien ideó los asesinatos de los dos campesinos de Diana Maria. La Fiscalía inició un proceso del que fue absuelto por falta de pruebas.   

Las familias no volverán a las 110 hectáreas y los sueños de los reclamantes que ya cumplen más de 70 años  y se quedaron frenados por la decisión del juez.  Solo 7.166 sentencias se han proferido desde que se puso en marcha Ley de Restitución de Tierras en 2011, sin que ello sea garantía de ser restituidos o que se cumpla la orden judicial. 

Las demoras en los jueces 

Tras la desmovilización del Bloque Norte de las Auc, los campesinos de La Marcela, el predio de 201 hectáreas, liderados por José* llevaron su caso a la Unidad de Restitución de Tierras. Sin abogados, sin acompañamiento de organizaciones y con el temor de enfrentarse a una compañía internacional como la Dole Food Company le contaron a la entidad lo que habían sufrido en esa finca, cómo fueron desplazados, masacrados y a quienes sobrevivieron fueron obligados a trabajar en los cultivos de banano para los paramilitares. 

La Unidad aceptó el caso después de una larga investigación que requería reunir los testimonios de toda la comunidad. “Me tocaba ir y buscar dónde estaban viviendo ahora. Casi que llevarlos a Santa Marta para que contaran cómo nos habían sacado del predio al que bautizamos ya no como La Marcela sino como El Tiempo”, narró el líder. Este proceso tardó más de un año mientras se evaluaba si aceptaban a la comunidad en el registro de tierras despojadas mientras que a José lo amenazó un grupo armado no identificado. 

En junio de 2019 unos hombres armados llegaron a la casa del líder dispuesto a matarlo. Un compañero le avisó y logró esconderse en la casa de otro reclamante de La Marcela. Sus hijas recibieron la amenaza. José  ha interpuesto las denuncias ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección le había puesto un carro, dos escoltas, un chaleco y un botón de pánico. Sin embargo, este año le retiraron parte de su esquema de seguridad.

Cada mes debe sacar del poco dinero que recoge jornaleando en fincas vecinas para viajar a Santa Marta y preguntar en la Unidad qué ha pasado con su caso, qué documentos necesitan o si la empresa que explota el predio actualmente, Tecbaco, filial de Dole en Colombia, presentó la oposición a la restitución. Si eso ocurriese el caso de la comunidad de La Marcela se llevaría hasta un tribunal de tierras, seguramente al de Cartagena, donde está el caso de la hacienda La Europa.

A cinco horas de La Marcela, vive Andrés Narvaez, un campesino que no pierde la esperanza de regresar a la hacienda La Europa, en Ovejas, Sucre, en medio de los Montes de María,  después de presentar una solicitud de restitución de tierras hace nueve años. El lider también ha sido amenazado en múltiples momentos de su lucha por recuperar la tierra. Incluso en 2014 el capataz de la empresa que ocupa parte de La Europa le disparó cuatro veces: uno en la mano derecha, cerca al pulgar; otro en la mano izquierda y los otros dos en el pecho. La última amenaza fue un mensaje de texto a su celular en octubre de 2021.  (ver el caso La Europa)

Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a la Unidad de Restitución de Tierras preguntando la etapa del proceso de restitución de Narváez. Nunca llegó la respuesta. El lider también interpuso una derecho de petición al Tribunal preguntando por qué se tardan más de nueve años en fallar si es restituido o no, tampoco le contestaron. 

Tanto para Narvaez como para José la restitución se quedó en promesas tras la desmovilización de los paramilitares. Los líderes siguen temiendo por sus vidas y no saben si algún día regresaran a la tierra que cosecharon y de la que fueron expulsados. “Yo aquí sigo peleando pero ya tengo mis años y si algo me pasa al menos que le quede la tierra a mis hijas y a mis nietos”, afirmó José. 

Las trabas para retornar

Después de tres años de que el Tribunal de Tierras de Cartagena aceptara el caso, le restituyó a 49 familias del predio Las Franciscas en Zona Bananera. Una tierra que fue adjudicada en los ochenta a la par de la llegada de los primeros paramilitares a la región. Las familias fueron desplazadas en múltiples oportunidades hasta que en 2002 no pudieron regresar por las amenazas del paramilitar José Gregorio Mangones, alias ‘Carlos Tijeras’. 

La sentencia declaró que la empresa que se opuso a la restitución, La Francisca S.A.S no probó “la buena fe exenta de culpa”  sin embargo, el Tribunal no compulsó copias para que la Fiscalía investigara la presunta responsabilidad de la empresa en el despojo y la violencia contra los campesinos.  El 17 de septiembre de 2019,  un año y medio después de la decisión del juez, se había estipulado para la entrega material del predio a los parceleros pero se impidió el ingreso a Las Franciscas bajo el argumento que se ponían en riesgo los cultivos que estaban en el predio por una emergencia biológica de un hongo que ataca las matas de banano. En noviembre llegó la entrega física de esas 147 hectáreas. 

Manuel Calixto Miranda, quien era representante legal de la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a Las Franciscas (Aucrefran), que agremia a los pobladores de estas fincas, lideraba el proceso de restitución y de reparación colectiva. En 2020 comenzaron a desarrollar su proyecto productivo de siembra de banano. Al tiempo que comenzaron un proceso de reconstrucción de memoria junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

En junio de 2021, Miranda falleció antes del lanzamiento del micrositio construido junto con el Centro Nacional de  Memoria Histórica. Tras una lucha de toda una vida por la tierra pudo disfrutar Las Franciscas durante un año y medio. 

En la vereda California, del corregimiento Nueva Colonia de Turbo, Antioquia; 10 familias lograron, también, la restitución en 2020.  Marta Cecilia Julio quien lideró a la comunidad y asesorada por la fundación Forjando Futuro logró después de 9 años la jueza del Juzgado de Tierras de Antioquia fallara a favor de la comunidad.  

En la sentencia se resuelve restituir tres predios que hacen parte de un gran predio denominado La Niña, en la que los paramilitares del Frente Alex Hurtado cometieron dos masacres y desplazaron a los habitantes. 

Tras la sentencia judicial que les devolvía los predios a la comunidad, le dio a la Agencia Nacional de Tierras 20 días para la resolución de adjudicación del predio “Niña Luz” a Marta Cecilia. La pandemia por el Covid 19 más las demoras administrativas retardaron la entrega.  Creían que tendrían que volver a esperar años para entrar a la tierra de la que salieron a la fuerza.  Tres meses después retornaron a California, junto con la Unidad de Restitución de Tierras lograron restablecer los cultivos de plátano y colocar en marcha un proyecto productivo. 

“Nosotros hicimos un ranchito para vivir ahí y para el señor que me ayuda con el cultivo”, afirmó Marta Cecilia. Todavía queda pendiente, según la orden judicial, las ayudas necesarias para la construcción de viviendas que también les permita reconstruir los lazos comunitarios que perdieron a causa del conflicto armado. La Fundación Forjando Futuro celebró la decisión del Juzgado, sin embargo, llamó la atención tanto en las demoras para lograr la restitución como la entrega material del predio y  las ayudas económicas. Además de pedir acompañamiento a las autoridades locales para proteger la vida y la integridad de las familias que regresaron.

 

Actualizado el: Mié, 08/17/2022 - 14:40