Los pozos petroleros abandonados y su rastro ambiental en Colombia

 En el área de explotación del Bloque Cubiro las comunidades se han visto obligadas a depender de los servicios que proveen las distintas petroleras que han pasado por la zona. Foto: Juan Carlos Contreras

Ferney es el vocero de la comunidad y quien encabeza las exigencias contra la petrolera. Este líder vive muy cerca de los pozos del Bloque Cubiro, se moviliza en la camioneta de su amigo y recorre por unos minutos la polvorosa trocha, degradada por los camiones de carga pesada de la compañía. Se detiene el auto y Ferney dice “aquí está”. El lugar es un campo abandonado de Frontera Energy próximo a su finca. Hay estanques de agua repletos de crudo, contenedores que gotean aceite, infraestructura en desuso y una extensión de tierra desaprovechada.

Este campo abandonado, llamado Tijereto Sur, es el que está próximo a la finca de Ferney. Foto: Juan Carlos Contreras

 

Esto es lo que han tenido que soportar desde hace casi 10 años las comunidades campesinas que viven en medio del bloque. La situación no es muy distinta a otras zonas del país, donde se encuentran explotaciones de hidrocarburos desde antes de la primera mitad del siglo 20 y hoy están abandonadas. Paradójicamente, aunque Colombia tiene una abundante normativa ambiental que regula la forma en que debe terminar la actividad petrolera, varias comunidades han tenido que vivir décadas sufriendo los efectos del rastro de pozos y otras infraestructuras abandonadas.

El estado de diversos campos de explotación del Bloque Cubiro es la muestra de cómo las empresas abandonan sus actividades en el territorio en medio de los reclamos de las comunidades que habitan el área y el largo proceso que conlleva cerrar un pozo adecuadamente. Todo en medio de una legislación colombiana que ve con buenos ojos la expedición de la Ley de Pasivos Ambientales que todavía no tiene los dientes necesarios para enfrentar estas situaciones.

Frontera Energy en 2018 decidió suspender las actividades en el Bloque Cubiro. La empresa cesó su actividad en San Luis en aquel momento, según se relató en medios, por las constantes manifestaciones y tensiones con los habitantes del municipio. La petrolera selló su trabajo en la zona casi de un día para otro. La comunidad ha tenido que enfrentar las consecuencias del abandono indebido de varios campos de explotación. 

Oleoductos rotos y abandonados que afectan el suelo del Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras​

 

Los impactos ambientales del Bloque Cubiro

El 8 de octubre de 2004 se suscribió el Contrato E&E Cubiro entre Montecz SA. y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El área concedida fue de 38.772 hectáreas y abarca a los municipios de Orocué, Trinidad y San Luis de Palenque, en Casanare. Pedro Julio Zambrano Pinzón, quien era el representante legal de Montecz S.A. cuando se firmó el contrato del Bloque Cubiro, fue imputado por la Fiscalía por falsedad ideológica en documento privado en 2017 por el caso de los Panamá Papers, que fue una filtración masiva de documentos que reveló que empresarios de todo el mundo crearon empresas con el fin de evadir impuestos o lavar dinero.

Desde los años 80, el petróleo fue la punta de lanza de las políticas nacionales en torno a este departamento. Las comunidades de San Luis de Palenque, un municipio que cuenta con un poco más de 9 mil habitantes, tenían cerca los hidrocarburos, dice Ferney. Según el líder, la multinacional Perenco hacía trabajos de exploración y explotación a unos 20 kilómetros. Sin embargo, la firma del contrato del Bloque Cubiro lo cambió todo. “Los modos de vida se alteraron. Nos vimos rodeados de infraestructura, maquinaria, exploración, tubos, contaminación. Pasamos de vivir en las fincas que se les adjudicaron a nuestros padres a ser inquilinos en el territorio, a pesar de que nacimos aquí”, relata Ferney.

El contrato cambió de propietario con el tiempo. Después de Montecz SA., hubo una cesión en 2010 a Alange Energy Corp y el 22 de agosto de 2013 esta compañía cedió el contrato a Pacific Stratus, hoy Frontera Energy. Desde 2021, Orlando Enrique Cabrales Segovia es el representante legal de Frontera Energy. Durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 - 2014), Cabrales ocupó los cargos de presidente de la ANH y viceministro de Energía. Su padre fue Orlando Cabrales Martínez, quien en su momento fue Ministro de Minas y Energía en 1997, y fue condenado a cinco años de prisión por el caso Reficar, refinería de la que fue presidente.

Campo de explotación activo en el Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras

 

El tío de Cabrales Segovia, Rodolfo Segovia Salas, fue ministro de Obras Públicas y Transporte, senador y estuvo al frente de varias petroleras importantes como Ecopetrol. En el 2024, Frontera Energy fue sancionada por 232 millones de pesos (58 mil dólares aproximadamente) por no notificar que en el grupo se encontraban seis sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. 

Actualmente, el Bloque Cubiro continúa en explotación. Según el mapa de tierras de la ANH, hay cinco áreas de producción activas. Sin embargo, en el recorrido que hizo Rutas del Conflicto por este campo petrolero se pudo constatar que hay al menos cinco zonas que Frontera solía trabajar y hoy están abandonadas. Esta situación se vuelve cada vez más compleja para las comunidades debido a las afectaciones ambientales por solucionar y la necesidad de restaurar el ecosistema en la medida de lo posible para que pueda ser usado nuevamente.

Válvula enterrada que se encuentra abandonada en el campo de explotación Arauco 1 por parte de Frontera Energy. Foto: Juan Carlos Contreras

 

En el informe Abusos corporativos de empresas canadienses en el sector petrolero en Colombia, Ecuador y Perú, publicado en 2023 por la organización Amazon Watch, se hace una reseña de las afectaciones ambientales que ha sufrido la comunidad de San Luis de Palenque que vive al interior del Bloque Cubiro: “Frontera Energy ha abandonado varios pozos dejando llenos de residuos de aceites y químicos tanto de perforación como de producción. Los residuos se han vertido en las sábanas, donde se alimentan las ganaderías, causando, enfermedades degenerativas y muerte de semovientes, sin que nadie se responsabilice”. 

Fabián León, director para Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), organización que suscribió el informe mencionado de Amazon Watch, señala que el abandono que hizo Frontera Energy de varios pozos entre 2018 y 2019 en el Bloque Cubiro fue de manera abrupta y sin cuidado. “Los campos quedaron abandonados, se llenaron de maleza, dejaron las piscinas llenas de residuos producto de la extracción, donde pueden caer animales y personas”, cuenta León.

“Piscina” de residuos de crudo que se encuentra en uno de los campos abandonados. Foto: Juan Carlos Contreras

En el documento de Amazon Watch se mencionan otras afectaciones en el Bloque Cubiro que han pasado desapercibidas: “El agua con la que riegan los suelos es agua industrial, separada del petróleo y contiene residuos pesados que han causado daños a las personas y sus rebaños. Aún así, ni la empresa (Frontera Energy) ni las entidades públicas han realizado algún tipo de estudio sobre la calidad del agua y el impacto en la salud de las personas”.

En la Resolución 40622 de 2023, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se determinó que en caso de abandono de un pozo “debe evitarse contaminar el área circundante y los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. En caso de alguna afectación (...), el Operador deberá restaurar el área y reparar todos los daños conforme lo establezca la autoridad ambiental competente”. La modificación del territorio, así como las deudas ambientales que deben ser solucionadas por parte de la compañía, son considerables y se habían pronosticado desde la adjudicación de la licencia ambiental. 

En el informe Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia, publicado en 2019 por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se reseña que en el 2005, el Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgó la licencia ambiental para el Bloque Cubiro y manifestó lo siguiente: “La afectación a la infraestructura social y económica de la población, […] [pues] se estima, por pozo exploratorio, el tránsito de 120 tractomulas aproximadamente. [...] La presión adicional a la infraestructura vial, especialmente a la veredal, puede redundar en su deterioro y posterior incomunicación de la población”. 

 

El paso constante de vehículos con carga pesada durante años ha generado dificultades para las comunidades que se transportan en carros y motos. Foto: Juan Carlos Contreras.

La Alcaldía de San Luis de Palenque ha señalado en varias ocasiones las afectaciones ambientales encontradas en el Bloque Cubiro. En el Auto 2641 de 2015, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se relata que la Alcaldía denunció a Pacific Stratus (hoy Frontera Energy) por inadecuado manejo de cortes de perforación, contaminación de suelos en áreas adyacentes, falta de desmantelamiento en el Pozo Careto 13H e inadecuado manejo de combustibles. 

En el Auto mencionado, la ANLA le ordenó a Pacific allegar cuatro informes que explicaran y detallaran distintas situaciones como la cantidad de incidentes ambientales por derrames de crudo y la respuesta de la empresa ante esas coyunturas. El director del CIEDH, señala que la ANLA no tiene capacidad suficiente para hacer una evaluación juiciosa de los impactos ambientales en el territorio. “Por lo general envían a un contratista que hace una inspección ocular, lo que al final termina generando que la información y determinación quede en manos del sector privado”, explica León. 

Además de la denuncia ante la ANLA, la Alcaldía de San Luis de Palenque, en el Análisis de Situación en Salud publicado en 2024, menciona que en 2022 se reportaron seis eventos de derrame de sustancias químicas en el Bloque Cubiro que tuvieron afectación en el suelo. Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a la autoridad ambiental para solicitar los expedientes y el registro de incidentes ambientales. A la fecha la entidad no respondió el cuestionario. 

Trazas de crudo recogidas del agua de un campo abandonado en el Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras

El gran problema que hay en el ciclo de inicio y cierre de exploración y explotación de un pozo petrolero es que casi nunca la empresa que arranca es la misma que la que termina. Al respecto, León comenta que el contrato y la licencia ambiental pasan de una compañía a la otra y en ocasiones, cuando se llega a la fase final del pozo, la petrolera en cuestión le termina vendiendo a otra empresa porque “la explotación de pozos viejos es mucho más costosa y está pensada no tanto para la producción de combustible sino para la extracción de hidrocarburos y derivados, por lo que necesita más infraestructura”, sostiene el director de la CIEDH. Al final, esto permite que las empresas salgan del territorio sin resolver ni mitigar el daño socio ambiental causado.

Un avance legislativo con críticas

Tanto en Casanare, con el Bloque Cubiro, como en el Magdalena Medio donde se encuentran los pozos de explotación más antiguos del país, las comunidades esperan prontas soluciones a las “deudas históricas” por los impactos de la industria. Colombia celebró la promulgación de la  Ley de Pasivos Ambientales en 2023 con la promesa de que todas las deudas de la industria se resolverían. Después de seis años de varios intentos, el Congreso estableció una definición y fijó las estrategias y lineamientos para su adecuada y oportuna gestión en el país. Sin embargo, organizaciones sociales, expertos y comunidades critican cómo fue definido un pasivo ambiental y su escasa implementación.

Como pasa en otros países, por ejemplo en Perú, las infraestructuras abandonadas entran en Ley de pasivos, situación que no pasa en Colombia.  Pese a que la Ley fue sancionada en octubre de 2023 y se tenía establecido que en un año se debía fijar la ruta de implementación y evaluación de la política pública, poco se ha avanzado. “La ambigüedad de la norma es lo que más nos preocupa a nosotros”, afirma Óscar Sampayo, activista, politólogo e investigador de la Corporación Yariguíes, una organización de la sociedad civil que vigila al sector petrolero.  

Infraestructura abandonada en el Bloque Cubiro. Foto: Juan Carlos Contreras

Como está definido en la Ley, los pasivos ambientales son aquellas afectaciones ambientales que generan un riesgo en salud y que no cuentan con un instrumento ambiental. Para Sampayo, esa definición genera frustraciones porque, por ejemplo, existen explotaciones de hidrocarburos desde 1920 que todavía están operando y sus licencias van hasta 2050. “¿Cuándo podremos hablar de los pasivos de una actividad de más de siete décadas?”, cuestiona el investigador.

En la misma vía, el abogado y profesor Eduardo Del Valle Mora manifesta en su columna sobre temas ambientales que “la definición resulta contradictoria al indicar que el pasivo ambiental puede venir de una actividad autorizada pero que si la actividad autorizada se hace bajo el marco de un instrumento ambiental o sectorial entonces no sería un pasivo ambiental” Y es que precisamente ese será el gran reto del Gobierno nacional, encontrar un pasivo ambiental cuando Colombia ha sido uno de los países con mayor historia de reglamentación ambiental.

Sampayo recuerda la Concesión de Mares, una Ley de 1905 para la explotación de petróleo cerca a Barrancabermeja. El acuerdo otorgó la explotación por 30 años de los yacimientos de un sitio conocido como Las Infantas. La concesión de Mares permitió la creación de la petrolera Ecopetrol. Para el politólogo este caso muestra una deuda histórica con los habitantes de Barrancabermeja, pues lo considera un pasivo ambiental por los impactos en la salud de quienes viven en el Magdalena Medio. Sin embargo, no podría ser considerado como pasivo debido a que Las Infantas todavía está activo y “estará abierto cerca del 2040 y entonces cuándo vamos a hablar de los impactos que empezaron en 1918 ¿cuándo se abrió la explotación? Para nosotros la ley está mal definida”

El Ministerio de Ambiente en 2015 solicitó una consultoría sobre pasivos a la empresa Innova. La investigación arrojó que existirían al menos 1843 pasivos ambientales en el territorio colombiano, de los cuales 673 estaban georeferenciados o localizados. El 19% corresponde a la minería y el 6% al petróleo. 

Rutas del Conflicto solicitó la ubicación de los pasivos identificados en el estudio. Sin embargo, el Ministerio respondió que dada la legislación y una definición de pasivo ambiental se debía entrar a considerar si lo identificado cumplía con la Ley. En esta norma se fijó que dentro de un año de la expedición se debía tener un Sistema de Información de Pasivos Ambientales, para entre otras cosas conocer la ubicación de estos impactos. 

El ministerio manifestó en una respuesta oficial que, “a la fecha, se cuenta con el marco conceptual aplicable del sistema de información, donde consta la contextualización, el funcionamiento y modelo de arquitectura, los cuales contienen las entradas, procesos, almacenamiento, salidas, almacenamiento, infraestructura y comunicaciones, interoperabilidad, requerimientos funcionales y no funcionales, cómo también los actores y su interrelación con el sistema”.

Después de año y medio de tener una ley de pasivos ambientales no se sabe la ubicación de estos impactos. Gloria Lucia Álvarez, abogada en derecho penal ambiental, manifiesta en su artículo para la Universidad del Externado que “se encuentran ya vencidos los plazos para reglamentar el comité, elaborar la estrategia e implementar el sistema de información que exige la ley para su implementación y, a la fecha, no se ha realizado nada al respecto, que sea de público conocimiento”. El plazo era el 13 de septiembre de 2024. En medio de esta discusión en términos de normatividad y ejecución, hay comunidades afectadas y líderes sociales judicializados a la espera de una respuesta concreta de las compañías y del Estado para subsanar el deterioro social, ambiental y económico que han sufrido.

Encarcelados por defender

Con más de 200 uniformados, entre militares y policías, fueron capturados ocho líderes de San Luis de Palenque, entre los que estaba Ferney, el 27 de noviembre de 2018. La fuerza pública utilizó en la operación de captura helicópteros y toda una espectacularidad como si de una estructura armada ilegal se tratase. En realidad apresó a un núcleo familiar que realizó fuertes protestas ese año en las que exigieron compensaciones sociales y ambientales a la petrolera Frontera Energy. 

Un día después de la captura, la Fiscalía 135 Especializada contra Organizaciones Criminales solicitó medida de aseguramiento contra los líderes del Bloque Cubiro. “Desde la justicia abordaron el caso como si se tratase de un grupo delincuencial de alto impacto como el Clan del Golfo (grupo criminal más poderoso del país), y les imputaron crímenes desproporcionados” comenta Óscar Ramírez, abogado del CSPP. Algunos de los delitos que les endilgaron fueron: concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.  

Restos de tubería ubicada en un campo abandonado del Bloque Cubiro que aún expulsan crudo. Foto: Juan Carlos Contreras

 

Uno de los asuntos que llama la atención de este caso es que una semana antes de la captura de Ferney y sus familiares, el 19 de noviembre de 2018, Frontera Energy y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio por más de 2 mil millones de pesos (cifra superior a 500 mil dólares) para que la fuerza pública le brindara protección a las instalaciones de la petrolera en sus distintos proyectos, entre esos el Bloque Cubiro. El contrato estuvo vigente un mes, hasta el 31 de diciembre de 2018. 

El abogado del CSPP explica que a través de estos convenios instituciones como la Fiscalía y la Policía reciben unos incentivos por parte de compañías petroleras y mineras para el fortalecimiento de sus capacidades investigativas, sobre todo para proteger lo que en el momento de la captura de los líderes se conocía como bienes estratégicos de la nación. “En conflictos como los de San Luis de Palenque donde de un lado está la comunidad local y del otro una empresa que surte de recursos al Estado, al final la justicia e instituciones involucradas terminan favoreciendo los intereses económicos”, asegura Ramírez.

Los líderes duraron dos años en la cárcel, hoy están en libertad y el caso continúa en etapa de juicio. Durante el tiempo que ha durado el proceso, los delitos de fabricación, tráfico y porte de municiones, lesiones personales con perturbación funcional permanente, violencia sobre servidor público y obstrucción de vías que afectan al orden público han prescribido. Aún se encuentran vigentes los de tentativa de homicidio y concierto para delinquir agravado. 

Para León, la situación de San Luis de Palenque es un ejemplo de cómo existió una sistematicidad para capturar líderes y acabar con procesos organizativos en el marco de los convenios entre las empresas petroleras, el Ministerio de Defensa y las fiscalías especializadas (EDA) en el país. “Fue una persecución a los liderazgos. El ejercicio ciudadano de la veeduría y el control para la protección ambiental se ve diezmado por la criminalización”, afirma el investigador.

“Fue por denunciar los atropellos ambientales, los atropellos sociales, las exigencias por lo de las vías públicas a las que ellos tienen acceso y una deuda que le debían a los proveedores”, comenta Ferney respecto a los motivos por los que fue capturado junto a sus familiares. Las consecuencias fueron devastadoras. A su esposa Yulivel Leal le asignaron prisión domiciliaria y después del operativo de captura la comunidad nunca se volvió a manifestar en contra de la empresa por el miedo a ser judicializados. 

Zona hídrica contaminada con crudo. Foto: Juan Carlos Contreras

 

Las exigencias de la comunidad del Bloque Cubiro en las protestas del 2018 fueron, entre otras, las siguientes: la pavimentación de la vía terciaria de la vereda El Merey, compromiso adquirido entre Pacific y las comunidades en 2012, el adecuamiento de los ecosistemas de los pozos en desuso, la inversión forzosa del 1% -que es una obligación de las compañías una vez adquieren la licencia ambiental-, y que busca una compensación y conservación de las fuentes hídricas. 

Además, otra de las inconformidades de las comunidades fue por el pago de las servidumbres petroleras, establecido en la Ley 1274 de 2009, que determina que la compañía debe hacer una compensación económica por el uso de la tierra a quienes viven allí. Este fue uno de los motivos por los que se realizaron protestas en su momento, lo que hizo que las comunidades cerraran el ingreso a uno de los pozos donde reclamaban el pago de las servidumbres en 2014.

En este 2025 se cumplen siete años de la captura de Ferney y su familia. La comunidad sigue resistiendo y apostando por la defensa del territorio, mientras sus líderes luchan por demostrar su inocencia ante la justicia. En medio de este calvario, el Estado no llega de manera eficiente a exigir y supervisar el cierre adecuado de los pozos abandonados en el Bloque Cubiro por parte de Frontera Energy. Entre tanto, las entidades siguen a pasos lentos creando un sistema de pasivos ambientales seriamente criticado.

 

 

 

Actualizado el: Jue, 02/27/2025 - 09:18