‘Los Pozos’ siguen en el olvido

Los acuerdos de Los Pozos tras siete meses

 

El 5 de marzo se firmaron los Acuerdos de Los Pozos entre Coscoopas, un conjunto de organizaciones campesinas del Meta, Guaviare y Caquetá, y el gobierno. En estos acuerdos, las comunidades plasmaron las necesidades que les aquejan como la situación jurídica de campesinos judicializados en contextos de protesta social y por el Plan Artemisa; la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán - Los Pozos; el descongelamiento de regalías para inversión social; la revisión jurídica de la supuesta solicitud de cancelación del contrato de Emerald Energy en Los Pozos, empresa que tiene un bloque de explotación en la inspección y es el gran actor económico del sitio, debido a las disputas que ha tenido con las comunidades; y la evaluación de los impactos ambientales de esta compañía. 

 

En la información que el Ministerio del Interior le entregó a Rutas sobre el progreso en la implementación de los Acuerdos firmados el 5 de marzo  quedó en evidencia que el descongelamiento de regalías para inversión en el territorio no se ha realizado porque para expedir la resolución de asignación del dinero es necesario un acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el Fondo Colombia en Paz. Según el Ministerio del Interior, estas entidades eligieron un proyecto que no tiene cierre financiero, entonces no se aprobará el proceso de inversión hasta que se solucione este problema. 

 

La pavimentación de los primeros 10 kilómetros de carretera de la vía San Vicente del Caguán - Los Pozos aún no inicia a pesar de que se estableció que esta obra iniciaría en un término no mayor a seis meses a partir del 5 de marzo. Según Coscoopas, se realizaron unos estudios de la vía, pero aún no comienza la pavimentación.

 

Karla Díaz, coordinadora del área de Territorio y Democracia Ambiental de la Asociación Ambiente y Sociedad, explica que las licencias a las petroleras no contemplan posibles futuros impactos. “En el caso de la vía San Vicente del Caguán-Los Pozos, este camino se encuentra en malas condiciones y la gente de la comunidad lo transita en moto y el paso de los camiones de Emerald empeoró la carretera, generando afectaciones para los campesinos que no estaban presupuestadas”, dice la investigadora. 

 

Respecto a la judicialización de campesinos en contextos de protesta social y en el Plan Artemisa, el Ministerio del Interior expresó que se han realizado acercamientos con la Fiscalía exponiendo los hechos. Sin embargo, esta cartera aclara que no puede intervenir debido a que la situación es competencia del ente judicial. 

 

Emerald Energy no se va de Los Pozos

 

La supuesta cancelación del contrato petrolero de Emerald Energy fue un punto crucial que permitió que se calmaran las aguas tras el estallido social del 2 de marzo. Sin embargo, la compañía nunca pidió irse de Los Pozos. 

 

El 7 de marzo la exministra de Minas, Irene Vélez, le dijo a La W que la petrolera china Emerald Energy envió una carta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) solicitando la cancelación de su contrato petrolero debido a las afectaciones que se presentaron en sus instalaciones el 2 de marzo. Grandes medios de comunicación replicaron lo dicho por la exministra y debatieron acerca de la importancia de Emerald Energy para Los Pozos. 

 

No obstante, el comunicado de la exministra fue inexacto. Rutas del Conflicto se comunicó con la compañía china para verificar lo dicho por Irene Vélez en La W. Emerald respondió que su contrato petrolero en Los Pozos se encuentra suspendido, pero que en ningún momento solicitaron la finalización del acuerdo de explotación. 

 

Con base en esta información, Rutas le envió un derecho de petición a la ANH preguntando sobre el estado del contrato de Emerald en Los Pozos. La entidad le respondió a Rutas lo siguiente: “A la fecha, la compañía no ha solicitado la terminación del Contrato E&P Ombú. Por lo tanto, no es posible determinar si existen pérdidas, daños o responsabilidades que debe reparar en el marco del mismo”. Aun así, en los Acuerdos de Los Pozos se estableció que habría una revisión jurídica de la supuesta cancelación, a pesar de que la compañía sólo pidió la suspensión. 

 

Fabián León, director del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), dice que la suspensión de actividades por parte de las empresas petroleras cuando los conflictos socioambientales se agudizan es una estrategia de presión para que el Estado se vea en la obligación de interceder por ellos y a su vez quedar bien de cara a la opinión pública. “Por la cantidad de dinero que obtienen de los barriles de petróleo claramente irse del país no es rentable a menos de que las comunidades hayan consolidado un proceso de resistencia tan fuerte que no permita la presencia de la compañía”, explica León. 

 

Las infracciones ambientales de la petrolera

 

En los Acuerdos se pactó la visita de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al bloque Ombú Capella de Emerald Energy, ubicado en Los Pozos, para supervisar los impactos ambientales. Según la información que el Ministerio del Interior le proporcionó a Rutas del Conflicto, la ANLA le reportó a esta cartera que se encontraron indicios de afectaciones generadas por el derrame de crudo y sustancias químicas a las fuentes hídricas, flora y fauna aledañas a las locaciones. 

 

La situación de contaminación en Los Pozos no es nueva. En 2012, la ANLA suspendió preventivamente las actividades de Emerald debido a un alto riesgo de contaminación en varias fuentes hídricas utilizadas por las comunidades. Sin embargo, Emerald siguió operando en Los Pozos hasta febrero de este año. De acuerdo con los datos de la ANH, desde el 2010 Emerald ha obtenido en el bloque Ombú Capella 5.656.472,45 barriles estándar de petróleo (BLS). Un barril equivale a 158, 98 litros, lo que quiere decir que esta empresa ha extraído casi 900 millones de litros de petróleo.

 

Desde que esta compañía se radicó en Colombia en 1996, la ANLA le ha abierto 24 procesos ambientales. En cuatro de estos ha sido exonerada, en cinco fue multada por un poco más de mil doscientos millones de pesos y en 15 aún no ha habido determinación. Para el director del CIEDH, la ANLA tiene un problema de infraestructura y capacidad para hacerle seguimiento a todos los casos de infracciones ambientales. “Por la cantidad de hechos es complejo que una sola entidad monitoree todo. Sin embargo, es una constante de las petroleras ser sancionadas y seguir haciendo lo mismo. Es muy raro que a una empresa le cancelen su licencia por reiterado daño al medioambiente”, sostiene León. 

 

En la siguiente ilustración se muestran las investigaciones ambientales que la ANLA le ha abierto a Emerald Energy sin contar con los cuatro procesos en los que la empresa fue absuelta:

La multa más cuantiosa que la ANLA le puso a esta petrolera fue por $973.586.984 debido a que esta autoridad encontró culpable a la empresa de siete cargos. Entre las faltas ambientales en las que incurrió Emerald se destacan las construcciones sin licencia ambiental, el mal manejo de residuos y la realización de quemas a cielo abierto. El Ministerio de Ambiente sancionó en una ocasión a Emerald Energy por casi 500 millones de pesos por realizar construcciones en área de reserva forestal, que son zonas protegidas ambientalmente. Sin embargo, esta misma autoridad llevó a cabo tres sustracciones de reserva forestal de 188,08 hectáreas para que Emerald realizara sus actividades. Además, Corpoamazonia ha abierto dos procesos en contra de Emerald Energy. 

 

Para Díaz, las sanciones y procesos ambientales que se le han abierto a Emerald fueron ineficientes porque no le generaron incentivos para dejar de contaminar. “El propósito de las sanciones es que la empresa cambie su actuar para evitar pagar las multas, pero en este caso no hay temor por parte de Emerald porque después de que la encuentran culpable de hechos de contaminación le siguen concediendo licencias”, afirma la investigadora.

 

El historial de disputas entre Emerald y las comunidades

 

Emerald Energy es una filial de la estatal china Sinochem y está constituida en Colombia desde el 17 de octubre de 1996. El bloque petrolero que opera en el sector de los Pozos es el Ombú Capella que cuenta con 29.899 hectáreas de extensión. Fue adjudicado el 15 de diciembre de 2006 y tiene jurisdicción en San Vicente del Caguán, Caquetá, y en La Macarena, Meta, y cuenta con el 10% de participación de Carrao Energy S.A. Esta última se creó el 26 de noviembre de 2010 y se dedica a la extracción de petróleo. 

 

Desde que Emerald se constituyó en el país se le han adjudicado 11 contratos de exploración y producción de hidrocarburos Los acuerdos vigentes son el del bloque Ceiba (Caquetá), Marantá (Cauca y Putumayo), El Nogal (Caquetá), Ombú Capella (Caquetá y Meta) y VMS-32 (Caquetá y Huila). El único que se encuentra en ejecución es el Marantá y los bloques Ceiba, Nogal y Ombú están suspendidos y el de El Nogal está en trámite de terminación. 

 

Los problemas entre distintas comunidades y Emerald Energy iniciaron hace más de una década. De acuerdo con el documento Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la comunidad afrodescendiente del corregimiento de Puerto Umbría, ubicada en Villagarzón, Putumayo, logró inscribirse el 14 de mayo de 2010 en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, según la resolución 0333 del 2010. 

 

Aun así, el Ministerio del Interior le afirmó a Emerald Energy en la resolución 340 de 2011 que no había registro ni presencia de Consejos Comunitarios en el área de influencia de su bloque Marantá que se encuentra en Villagarzón. Según el informe del CNMH, la comunidad afro de Puerto Umbría se encontraba dentro del área de exploración y explotación.

 

En 2015, en los municipios de Florencia, Milán, Valparaíso y Morelia, que hacen parte de Caquetá, hubo movilizaciones en contra de las operaciones de Emerald Energy en su bloque El Nogal. Voceros campesinos de la Comisión por la Vida del Agua manifestaron que las petroleras siempre contaminan la fauna y la flora y que las comunidades eran las que sufrían las consecuencias. En Valparaíso se hizo un sondeo con los campesinos para determinar si la población estaba a favor o en contra de la intervención de Emerald en el territorio y 576 personas rechazaron la presencia de la petrolera y cinco estuvieron a favor. 

 

En 2018, hubo una audiencia pública en contra del licenciamiento del bloque El Nogal de Emerald Energy. Allí, las comunidades del Caquetá expusieron las razones por las que no querían que la petrolera realizara sus operaciones de exploración y explotación, señalando un desconocimiento del territorio por parte de la compañía.