Macrocaso 03, Batallón La Popa: El reconocimiento de los “falsos positivos” en la Costa Caribe

El próximo 18 y 19 de julio de 2022 se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento por las ejecuciones extrajudiciales de 12 miembros del Batallón La Popa, en Valledupar, Cesar. Se les adjudica el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y 9 de julio de 2005. Los señalados, quienes fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, ya presentaron su reconocimiento escrito a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la audiencia también participarán las comunidades indígenas Kankuama y Wiwa, quienes se vieron gravemente afectadas por estos hechos. Esta es la segunda imputación de la JEP en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos. La JEP priorizó el caso de La Popa teniendo en cuenta que el Cesar es el tercer departamento con más ‘falsos positivos’ en todo el país.

¿Qué sucedió en el Batallón La Popa?

En el año 2019, cuando la JEP empezó a recibir declaraciones voluntarias sobre las ejecuciones extrajudiciales, el Batallón La Popa fue en su momento la unidad militar que más casos había confesado. Según las versiones rendidas de los militares ante la JEP, se lograron identificar 146 casos de “falsos positivos” acontecidos en los años 2002 y 2005.  Las víctimas eran elegidas teniendo en cuenta 10 patrones: eran indígenas, personas indocumentadas, con precariedad económica, habitantes de calle, recicladores o vendedores ambulantes, miembros de la comunidad LGBTI, menores de edad, señalados de pertenecer a un grupo miliciano o guerrillero, supuestos integrantes de la AUC y desmovilizados de algún grupo al margen de la ley.

En el patrón indígena, la mayoría de las víctimas eran comunidades étnicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y los señalaron de ser informantes o trabajar con grupos al margen. Las víctimas de “precariedad económica”, por lo general, no tenían denuncias de desaparición debido a que no se conocía su identidad o no tenían arraigo familiar. En varios casos, según los testimonios de los militares, les cortaban el cabello y los arreglaban para posteriormente ser asesinados.

A su vez, los comparecientes señalaron que existían cooperaciones con los grupos paramilitares que cubrían los mismos municipios que el Batallón La Popa. Estos mismos eran los que entregaban al ejército las víctimas que luego presentaban como bajas en combate.

Recordemos que uno de los imputados por este caso es Publio Hernán Mejía, excomandante del batallón La Popa entre los años 2002 y 2003, quien no aceptó los cargos en su contra y ahora deberá afrontar el primer juicio adversarial en esta justicia transicional. Mejía ya fue condenado a 19 años de cárcel en el año 2013 por sus comprobados nexos con paramilitares, entre los que se destaca el nombre de Jorge 40, comandante principal del Bloque Norte de las AUC

El papel de la JEP en el macrocaso 03, Batallón La Popa

Para el año 2021, la JEP le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército por “falsos positivos” en la Costa Caribe, tres de estos militares no aceptaron los cargos. Entre los imputados había dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados, todos pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre los años 2002 y 2005. La JEP determinó que “cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”.

Por medio de los testimonios de los militares, de distintos rangos y funciones, que hicieron parte de los crímenes ocurridos en el Batallón La Popa, la Sala de la JEP determinó que estos asesinatos hacían parte de un “plan articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes que estuvo orientando a la consolidación territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectaban a la población de la región”.

En este acto de reconocimiento que se realizará en los próximos días, la JEP resaltó la importancia de la participación de las víctimas, pues el propósito principal de este escenario es dignificar y visibilizar su memoria. En estos puntos que señala la JEP para la audiencia, se contempla una dimensión restaurativa del reconocimiento, donde los imputados deben “reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad individual y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes”, esto con el fin de “rehacer un sentido de la dignidad y nombrar a las personas como seres humanos que debieron ser cuidados y protegidos”.

Actualizado el: Dom, 07/17/2022 - 20:54