Masacre 16 de Mayo de 1998: dos décadas buscando la verdad y la reparación

Hasta el momento se han encontrado 10 cuerpos de los 25 desaparecidos. Las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia.

Tras 20 años de la incursión paramilitar en Barrancabermeja, los familiares de los 25 desaparecidos y 7 asesinados siguen reclamando la verdad de lo que pasó ese 16 de mayo de 1998.

El máximo jefe de las Ausac, Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, jefe de las Ausac, perpetró la masacre para demostrar su poder en la zona y sacar a la guerrilla del negocio del contrabando de gasolina.  Asesinó a cinco personas y retuvo a 25 más por varios días, de los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia.

Un paramilitar desmovilizado, en las audiencias de Justicia y Paz, señaló que se había equivocado a la hora de señalar a las víctimas y que la mayoría no eran informantes de la guerrilla del Eln. De Igual manera, por varios testimonios de excombatientes se conoció la participación de la fuerza pública en la masacre. Carlos Castaño en 1999 mandó matar a ‘Camilo Morantes’, y así unir a las Ausac con el Bloque Central Bolívar y tener presencia en el territorio petrolero.

Para Jaime Peña, padre de Jaime Yesid Peña Rodríguez, un estudiante de 17 años de edad conocido en Barrancabermeja, por sus habilidades de artista y pintor, recuerda que tras 20 años de la masacre no se ha avanzado en materia de verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición.

En cambio para él, el proceso ha sido difícil y de poca voluntad por parte del Estado. “Las investigaciones avanzan hasta que los resultados dan con un alto funcionario de la fuerza pública y empieza a dilatarse el proceso”, afirmó Peña, representante del Colectivo 16 de mayo, un colectivo creado por las familias de las víctimas para exigir justicia, reparación y llevar procesos de memoria.

Tras instalarse la Jurisdicción Especial para la Paz, algunos militares y policías involucrados en los procesos judiciales de la masacre solicitaron acogerse a los beneficios otorgados por la JEP, según el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.  El 9 de abril del 2018 se suspendió la orden de captura al Coronel Joaquín Correa López, quien fue llamado a juicio por la masacre del 16 de Mayo, ya que era el era el comandante de la Policía del Magdalena Medio en 1998.  De igual manera, el exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´El Panadero’ solicitó postularse a la JEP, pero esta fue rechazada al ser expulsado de Justicia y Paz. Hasta el momento existen 22 paramilitares juzgados y condenados por la masacre.

En los últimos seis meses se han aplazado las audiencias de ampliación de prueba, lo que ha perjudicado a las familias de las víctimas. “Como Colectivo recogemos entre 4 mil y 6 mil pesos para viajar la Fiscalía de Bucaramanga a la audiencia de dos días, y cuando estamos allá, el magistrado nos informa que la audiencia se aplaza para el siguiente mes.Esperamos que la audiencia del 21 y 22 de mayo si se haga” afirmó Jaime Peña.

En materia de reparación, las familias de las 33 víctimas exigen una verdad que incluya a todos los responsables. “Nosotros no estamos esperando que nos den un cheque por mil millones, sino que queremos saber quién de la fuerza pública estuvo involucrado”, dice Peña.  El líder social agrega que le piden a la justicia establecer el papel de Ecopetol en la masacre, ya que dentro del proceso la Fiscalía ordenó la detención de José Eduardo González, quién en su momento, era el subjefe de seguridad de la refinería

Hasta el momento se han encontrado los restos de 10 personas, de las cuales 8 ya fueron identificadas y 2 se encuentran en custodia en Medicina Legal desde el 2008. Tras 10 años no se ha podido determinar la identificación de los restos óseos, ya que pertenecen a la misma familia. 

Para el Colectivo 16 de mayo, la justicia y la reparación a nivel estatal no es ha cumplido. Por ello,  en 2003 radicaron una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue admitida, pero fue solo hasta el 2016 que el Tribunal Administrativo  de Santander responsabilizó al Estado por la masacre.

El colectivo espera que la  CIDH  haga el pronunciamiento para que el caso sea llevado a la Corte  Interamericana de Derechos Humanos y esta, de como responsable al Estado, no por omisión de los hechos sino como responsable de lo ocurrido en Barrancabermeja. “Es la única y última esperanza que nos queda de Justicia, porque lo demás lo vemos imposible”, sentenció Jaime Peña. A la fecha, el Colectivo 16 de mayo en cabeza de Jaime Peña siguen esperando que se encuentren los 15 cuerpos de las víctimas.  

Ver más información de la masacre