Al menos, 187 líderes y lideresas sociales fueron asesinados en Colombia en 2025
Según Indepaz, la cifra creció cerca del 8% con respecto a 2024, cuando fueron asesinadas 173 personas con diferente tipo de liderazgo . El suroccidente del país sigue siendo la zona más afectada.
Cauca concentra la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales, seguido por Nariño y Putumayo. Allí confluyen distintos factores: la fuerte presencia de grupos armados ilegales, las economías del narcotráfico y una geografía estratégica que convierte estos territorios en zonas codiciadas.
El Cauca, por ejemplo, cuenta con costa Pacífica para la salida de cargamentos de cocaína, montañas que esconden cultivos ilícitos y laboratorios, y ríos y selvas que sirven como corredores de movilidad. Su ubicación lo conecta con Nariño —paso hacia Ecuador— y con el Valle del Cauca, donde Buenaventura se consolida como punto clave del comercio ilegal internacional.
El fiscal Albeiro Napoleón, delegado de Derechos Humanos en el Cauca afirma que esta región funciona como “un tablero de múltiples capas de conflicto”, donde cada actor armado busca no solo un corredor, sino la capacidad de controlar a la población.
“La violencia contra líderes sociales en Cauca no responde únicamente a disputas por narcotráfico. Tiene que ver con el control social, con la imposición de normas propias, con economías ilegales paralelas y con estructuras criminales que se adaptan rápido. Cuando un líder organiza, denuncia o impide el avance de estas estructuras, se convierte en un blanco directo”, explica.
Para el análisis de esta investigación se utilizó la base de datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en la que se rastrearon uno a uno los casos registrados. Cada punto del mapa contiene el nombre de la persona asesinada, el hecho que le costó la vida y un enlace para ampliar la noticia.
Las lideresas aparecen con un marcador especial en color rosado, evidenciando no solo la magnitud de la violencia en el Cauca, sino también una realidad diferenciada: las mujeres líderes y defensoras están expuestas a un doble riesgo, el de ser asesinadas y el de sufrir violencia sexual por su rol de liderazgo y su género.
“A las lideresas las atacan no solo por lo que representan frente al territorio, sino por lo que representan frente al poder patriarcal. Muchas reciben amenazas sexualizadas, acoso y violencia contra sus familias. Es una violencia con mensaje” - Fiscal Albeiro Napoleón.
Una violencia que no se detiene
A pesar del discurso oficial de paz, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos no cede. Según Indepaz, entre enero y octubre de 2025 han sido asesinados 155 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior. Las regiones más afectadas son las mismas donde históricamente el Estado ha tenido menor presencia: Cauca (37 casos), Antioquia (25) y Valle del Cauca (13). En promedio, cada dos días un líder social es asesinado.
El gobierno insiste en su compromiso con la paz, pero los datos cuentan otra historia. El promedio mensual de homicidios aumentó de 14 en 2024 a 15 en 2025, lo que evidencia que las medidas de protección siguen siendo insuficientes.
El fiscal Napoleón explica por qué esas medidas fracasan:“Los esquemas están pensados para ciudades y para amenazas individuales. En Cauca, la amenaza es colectiva, comunitaria. No sirve poner escoltas en zonas donde los grupos armados controlan carreteras, veredas y horarios. La protección no se puede hacer sin una estrategia territorial integrada, y eso hoy no existe”.
La mayoría de las víctimas eran hombres (131), pero 26 eran mujeres —muchas lideresas comunales y ambientales asesinadas dentro de sus viviendas o frente a sus familias—. Su muerte evidencia que el liderazgo femenino comunitario se ha convertido en un blanco sistemático, especialmente en Cauca y Antioquia, donde las mujeres organizadas desafían las estructuras patriarcales y económicas del poder armado.
Los pueblos indígenas, entre la resistencia y la amenaza
Los pueblos indígenas son, una vez más, de los más golpeados por la violencia. En lo que va de 2025, al menos 26 líderes indígenas han sido asesinados, muchos de ellos pertenecientes a comunidades nasa, awa e inga.
En departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, la combinación de disidencias de las FARC, ELN y grupos narcotraficantes mantiene a las comunidades atrapadas entre amenazas cruzadas.
“Los territorios están copados por intereses armados que se lucran del narcotráfico y la minería ilegal. Mientras eso siga así, la vida de los líderes seguirá en riesgo”, afirma Chindoy. “En zonas indígenas, los grupos armados buscan imponer autoridad por encima de la jurisdicción propia. Cuando un líder indígena defiende el territorio, rechaza el reclutamiento o impide que se instalen laboratorios, está tocando intereses directos de las estructuras criminales. Y esas estructuras responden con homicidios selectivos”, afirma Albeiro Napoleòn.
“No basta con tener soldados en la zona, dice Chindoy, si no hay educación, cultura y respeto por la autonomía de los pueblos. El país necesita aprender a convivir en la diversidad y no en la imposición.”
Una violencia estructural
La violencia contra líderes sociales no es un fenómeno aislado: es estructural y político. Las cifras y los testimonios muestran que ejercer liderazgo comunitario en Colombia equivale, muchas veces, a cargar una condena anticipada.
La desprotección estatal, la lenta respuesta judicial y la falta de estrategias de prevención hacen que los asesinatos se repitan año tras año.
El fiscal Napoleón reconoce que la justicia enfrenta obstáculos enormes:“En muchas zonas del Cauca no podemos entrar sin acompañamiento militar. Hay lugares donde un investigador no puede permanecer más de dos horas. Sin presencia judicial estable, la impunidad se convierte en norma. Y la impunidad alimenta la repetición.”
Una paz que no llega
Entre 2020 y 2025, Colombia experimentó una preocupante tendencia sostenida de violencia contra líderes sociales. Aunque la cifra más alta fue en 2020 con 245 víctimas, los años siguientes se mantuvieron estables entre 142 y 158 asesinatos.
Esta tendencia refleja un fracaso estatal en garantizar protección efectiva.
“Mientras no exista una política unificada entre fuerza pública, Fiscalía, alcaldías, UNP y comunidades, vamos a seguir llegando tarde. Y cuando el Estado llega tarde, llegan primero los grupos armados”, advierte el fiscal Napoleón.
Más allá de un problema de seguridad pública, esto revela una crisis profunda de gobernanza territorial. “El país tiene una riqueza inmensa, pero nos hicieron creer que somos pobres, y en ese vacío moral se metieron la violencia, el narcotráfico y la corrupción”, reflexiona Chindoy.
La verdadera seguridad —coinciden ambos— no se logra solo con armas, sino con educación, cultura, justicia y territorio protegido. Mientras no se transformen las causas que sostienen la desigualdad, la exclusión y la impunidad, los líderes seguirán cayendo. Y con ellos, la esperanza de un país que aún no logra vivir en paz.
Actualizado el: Mié, 12/31/2025 - 07:33