Ni el Covid-19 ha logrado detener la siembra y explotación de minas antipersonal en el país

En lo que va de pandemia, la problemática de las minas antipersonal en el país ha dejado 138 heridos (87% de los casos) y, 21 muertos (13% de los casos). Las secuelas físicas que suelen causar las minas antipersonales son: amputaciones de piernas y manos, pérdida de ojos, esquirlas incrustadas y afectaciones auditivas y visuales, sin contar las secuelas psicológicas. 

En Colombia, desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, 74 civiles han sido afectados por las minas antipersonal, es decir el 53% de las víctimas. 64 víctimas han sido de la fuerza pública, que representan el 47% restante. El departamento en el que más civiles fueron víctimas de minas antipersonal fue Nariño con 34 casos de 88 registrados, mientras que Norte de Santander fue en el que más militares sufrieron estas afectaciones con 21 de 71 registrados. 

 

¿Qué tienen y cómo son las minas que están enterradas en el país?

 

De acuerdo a Eduardo Duarte, ex explosivista de la extinta guerrilla Farc-Ep, esta agrupación usaba casi ocho clases de minas no convencionales. Entre ellas las tipo cilindro, cajón y cumbo. La última, comenta Eduardo, se instala a mediana altura -en las ramas de los árboles- y al explotar tiene una onda de choque más amplia que las otras. Miguel Peña -que trabajó en el grupo de explosivos de la Policía Nacional- expresó que durante su trayecto laboral se encontró con minas orgánicas o caseras que eran fabricadas por los mismos grupos insurgentes y contenían hasta ocho kilos de explosivos. Eduardo Duarte añadió: “A la hora de hacer una mina, le agregábamos estiércol humano o animal, veneno, vidrios y metralla que generaba daños irreparables y la muerte de las víctimas”.

En Colombia, las ONG, el Ejército Nacional y la Policía Nacional utilizan diferentes estrategias para neutralizar las zonas minadas, como detectores de metales, los caninos y los radares. Pero los grupos ilegales suelen tecnificar cada vez más sus artefactos para que no sean detectables. De acuerdo a Eduardo, las Farc empezaron a hacer minas con plástico o tubos de PVC para evitar el detector de metal. Al respecto, Miguel Peña comenta que para fabricar cualquier mina es necesario utilizar un detonador de metal, entonces: “ahora se busca el detonador, que es igual de grueso a un lápiz y mide cuatro pulgadas”.

 

Nariño y Norte de Santander: las regiones con más víctimas de minas durante la pandemia 

 

A nivel departamental, tal como lo indica el gráfico número uno, los territorios más afectados por las minas antipersonal en medio de la pandemia han sido Nariño, Norte de Santander y Antioquia con 54, 34 y 30 víctimas respectivamente. 

 

Gráfico 1 (Con información de Descontamina Colombia)

 

¿A qué se debe que Nariño y Norte de Santander sean los departamentos más perjudicados por las minas antipersonal? Una respuesta puede surgir al analizar las actividades que realizaban las víctimas de minas antipersonal mientras sufrieron el accidente. Tal información (disponible en la base de datos de Descontamina Colombia) da cuenta de que en Nariño el 38% de casos se presentaron durante jornadas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y el 18% cuando la fuerza pública desarrollaba actividades en la zona. En Norte de Santander el 61% de casos tuvo lugar cuando la fuerza pública llevaba a cabo actividades en la zona. 

 

 Gráfico 2 (Con información de Descontamina Colombia)

 

De acuerdo al último informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia -emitido por el Observatorio de Drogas de Colombia en junio del 2020- Nariño y Norte de Santander agrupan más del 50% de producción de coca del país. El entrecruzamiento de los datos previamente mencionados permite inferir que Nariño y Norte de Santander son los territorios más afectados por minas antipersonal debido a que en ellos se encuentra la mitad de cultivos de coca del país y la fuerza pública está llevando a cabo procesos de erradicación forzada. 

Eduardo Duarte (exesplosivista de las Farc) dijo que en el país los grupos al margen de la ley siembran minas para proteger las zonas donde existen cultivos o laboratorios de coca y amapola. El excombatiente aseguró que el cultivo de minas no va a detenerse hasta que se acabe con el tráfico de drogas, ya que, según él: “hoy en día no se ponen minas por la tierra o por la toma de poder, sino por el negocio del narcotráfico”.

Sobre el posicionamiento de Nariño y Norte de Santander como los departamentos con más víctimas de minas antipersonal, Juan David Vargas -politólogo de la Universidad Nacional que se desempeña en el campo de la comunicación política para la paz y seguimiento de la implementación- dice: “Nariño y Norte de Santander son los departamentos en los que más víctimas de minas hay debido a que en el último año el gobierno de Iván Duque ha intensificado la mal llamada “guerra contra las drogas”, aplicando la solución militar al conflicto armado y al narcotráfico. Esta manera de tratar el problema de las drogas supone fuerte actividad militar en el territorio y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. En medio de las confrontaciones entre militares y grupos irregulares, estos últimos instalan minas para proteger sus economías ilegales. Los artefactos terminan afectando más que todo a la población civil, entre la que se encuentran campesinos que han manifestado querer salir de las dinámicas que los vinculan a los cultivos de uso ilícito”.  

La presencia de minas antipersonal también produce efectos en la economía y en el tejido social de las regiones. Al respecto, Miguel Peña menciona que los campos minados implican dificultad para el desarrollo de actividades agrícolas y para el transporte. Vargas añade que las minas antipersonal fragmentan el tejido social debido a que son sembradas en áreas de tránsito común, como canchas de fútbol o caminos por los que los grupos irregulares creen que pasarán las fuerzas militares. La base de datos referente a las víctimas de minas antipersonal realizada por Descontamina Colombia reportó que en todo el territorio nacional, durante la pandemia, el 14% de las víctimas de minas sufrieron la afectación mientras desarrollaban actividades agrícolas y el 18% mientras transitaba por caminos o senderos.

Juan David Vargas concluye que el comercio en zonas minadas se restringe porque estos artefactos cercan al territorio y dificultan el ingreso o salida de mercancías que no estén relacionadas con estupefacientes, aspecto que a la vez obliga al campesinado a sembrar cultivos de uso ilícito por la imposibilidad de comerciar otros productos.  

 

Víctimas indígenas y afrodescendientes

 

Para marzo de 2020, de acuerdo a los datos de Descontamina Colombia, de los 770 resguardos indígenas -que ocupan 25,3 % del total de área nacional-, 154 están cercados por minas antipersonal. Esto quiere decir que el 20% de los territorios en donde habitan pueblos indígenas son afectados por esta problemática. En lo respectivo a las víctimas, la base de datos registra que al menos el 15% de los afectados fueron indígenas y el 5% afrodescendientes. 

“Las minas son un enemigo que no distingue rango, género, edad, clase o etnia”, dice Eduardo, el ex explosivista de las Farc. En Colombia y en el mundo, uno de los problemas de las minas antipersonal es que permanecen instaladas y continúan cobrando o afectando la vida de civiles durante varias décadas tras de la terminación de un conflicto armado.

 

Gráfico 3 (Con información de Descontamina Colombia)

 

El departamento en el que más indígenas se vieron afectados por minas antipersonal en tiempo de pandemia fue Antioquia, en donde sucedieron 18 de los 24 casos reportados. Entre las víctimas se encuentra Plinio Dogarí Majoré, niño indígena de 13 años perteneciente al pueblo Emberá Eyáboda, quien en marzo del 2020 cayó en una mina antipersonal. Al respecto, Wilfer Sánchez -vocero de la Organización Indígena de Antioquia- le dijo a Radio Nacional de Colombia que el hecho sucedió en el resguardo Río Murindó, en donde el Eln viene instalando minas desde enero del 2020. Tras lo sucedido a Plinio tuvieron que amputarle su pierna derecha en un centro asistencial del municipio de Apartadó.

En septiembre del 2020 -también en Antioquia- falleció Ernesto Jumí por haber pisado una mina antipersonal. Ernesto, de 32 años, pertenecía a la comunidad indígena Embera del resguardo Jaidukamá y fue víctima de la mina mientras se dedicaba a labores de agricultura. El hecho sucedió en el municipio de Ituango, en donde hacen presencia las disidencias del Frente 36 de las Farc además de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). 

Ahora, en lo que respecta a la comunidad afrodescendiente, de las ocho víctimas de minas antipersonal reportadas, siete residían en el departamento de Nariño, que se configuró como el departamento con más víctimas pertenecientes a comunidades afrodescendientes. De acuerdo al último Censo Nacional Poblacional de Vivienda, Nariño es el sexto departamento del país con mayor cantidad de población negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana después de Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Antioquia y Cauca.  

Todos los afrodescendientes víctimas de minas antipersonal durante la pandemia fueron civiles y cayeron en los artefactos mientras desarrollaban actividades cotidianas como labores de agricultura, recolección de recursos (comida, agua y madera) o mientras transitaban por senderos comunes. De esta manera, las comunidades indígenas y afrodescendientes se han visto perjudicadas por un conflicto ajeno debido a que viven en medio de zonas en las que hubo o hay presencia de grupos armados que articulan las minas antipersonales como estrategia de guerra y control del territorio. 

 

¿Cómo se desactivan minas antipersonales y cuál es el panorama de esta actividad en medio de la pandemia del Covid-19?

 

Miguel Peña -además de trabajar en la Policía Nacional- fue supervisor del área de desminado en Hazardous Areas Life-Support Organization (Halo Trust), organización holandesa no gubernamental de carácter benéfico que se especializa en la eliminación de minas antipersonal mediante el desminado humanitario. Según Miguel, existen dos tipos de desminado en Colombia. Primero, el desminado operacional que consiste en limpiar un pedazo de la zona exclusivamente para que la tropa “pase y salga”. Y, segundo, el desminado civil humanitario que desarrollan organizaciones no gubernamentales con el propósito de liberar tierras donde habita población civil para proteger la su integridad física y psicológica. 

Sobre el proceso de desminado, Miguel manifestó que en todos los casos que la mina esté activada hay que destruirla en el lugar, “Ni se saca ni se transporta”. Además, comentó que la estrategia más usada para desactivar minas es la que implica usar un cañón que propulsa agua y un cartucho de pólvora que desarma la mina. Respecto a la magnitud del impacto del cañón, Miguel dijo: “Si se le pone este propulsor de agua a un carro la presión hace que el agua atraviese ambas puertas”.

De acuerdo a la base de datos de Descontamina Colombia sobre desminado, desde marzo hasta diciembre del 2020 el departamento con más área despejada fue Meta con 220.669 metros cuadrados trabajados. El municipio del Meta en el que mayor cantidad de área despejaron ONG 'S y el Ejército Nacional fue Vistahermosa, en donde para el mes de noviembre la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH) entregó 57.799 metros limpios de minas antipersonal. Vale la pena destacar que -de acuerdo al Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH- Vistahermosa es el municipio con más víctimas de minas antipersonal registradas en el país entre 1958 y 2021  

En Nariño y Norte de Santander -departamentos con mayor cantidad de víctimas por minas antipersonal- fueron desminados durante la pandemia 13.392 y 925 metros cuadrados respectivamente.

Así, aunque continúan los procesos de desminado y las cuarentenas por la pandemia del Covid -19, los explosivos que el conflicto armado enterró -y los que sigue sembrando el narcotráfico- aún afectan la vida de civiles ajenos a la guerra.

Actualizado el: Vie, 05/28/2021 - 16:24