Reclamar por los derechos de su comunidad le ha costado la desintegración de su familia: Luz Mireya lideresa de La Palma

Luz Mireya tiene 62 años, desde que tiene 45 años ha trabajado por el reconocimiento de las personas de La Palma como víctimas del conflicto y que les entreguen sus tierras en procesos de restitución. En el 2004 empezó este trabajo, hace ya 17 años, y para el 2012 era representante legal de una asociación de víctimas de desplazamiento forzado. También fue representante de la Junta de Acción Comunal dos veces, entre el 2005 y el 2011. Participando en las mesas de trabajo por las víctimas a nivel municipal departamental y algunos espacios nacionales, además de haber sido promotora psicosocial con el Ministerio de Salud colombiano para la atención a víctimas. Trabajar por y para resolver los problemas de su comunidad es algo que le ha acompañado en casi un tercio de su vida.

En La Palma la desintegración familiar de la familia de Luz Mireya, lideresa social de este pequeño municipio de Cundinamarca, es una consecuencia directa de la constante presencia de actores armados. Luz Mireya, en su ejercicio como lideresa ha tenido que decidir qué espacios pueden habitar sus hijos. Por muchos años, su familia estuvo dividida entre Bogotá, y este municipio, pues para evitar que sus hijos vivieran las amenazas o el riesgo de ser reclutados forzosamente, todos sus hijos habitaban en un lugar distinto a ella.

En el marco de dichas situaciones, Luz Mireya decidió ejercer de manera voluntaria como lideresa reclamante de tierras y reparaciones para los miembros de su comunidad. Ella volvió a La Palma en el 2000, sin embargo hasta el 2004 que se dio la desmovilización del Bloque Cundinamarca de las AUC, se vivía en zozobra en los municipios de Cundinamarca que colindan con el Magdalena Medio. En el 2002, en La Palma desaparecieron alrededor de 30 campesinos y hubo un desplazamiento masivo de 800 personas huyendo de la violencia y las amenazas, incluyendo a Luz Mireya, hasta que volvió en el 2004.

Ella sabía que al decidir ser lideresa los riesgos habrían de llegar, y aunque la han amenazado en múltiples ocasiones, ha decidido no denunciar. Pues no confía en que al hacerlo pueda tener algún tipo real de protección, sino que implicaría ponerse un blanco más grande y visible sobre la espalda. Con la actual situación de recrudecimiento de la violencia, en una nueva ola de persecuciones, Luz Mireya no aguanta una amenaza más. Sin embargo, lo que no esperaba, era ver cómo su familia tendría que vivir dividida por los kilómetros que separan Bogotá y La Palma.

“En algunas oportunidades que mis hijos Edwin Francisco y Yeison Hernando venían a visitarme en varias oportunidades fueron intimidados con amenazas directas si no hacían parte de los grupos que operaban en  la zona” cuenta Luz Mireya, y esto significó que debían tomar la decisión de no retornar a la vereda. La separación de su familia fue inevitable.

Por ello, no le son ajenas las amenazas, cuenta que durante el 2020 la llamaron por teléfono exigiendo dinero para comprar camuflado y provisiones. “Fui con el personero del municipio y me contestaron que eran extorsiones desde la cárcel”, explica Luz Mireya, “pero unos días más tarde le habían pintado el carro a un familiar que estaba visitandonos con las siglas FARC, esperando que lo viera algún paramilitar”.

Históricamente ha habido presencia de tres actores armados en La Palma desde al menos 1965, con presencia de la antigua guerrilla de las FARC, el Ejército Nacional y grupos paramilitares. Para los años 90, el Frente 22 de las FARC estaba presente en el municipio de La Palma, como una estrategia de cercado alrededor de Bogotá por parte de la guerrilla, apodado como “El Caguancito”. Esto, como referencia de la zona conocida como San Vicente del Caguán, donde se encontraba una zona de distensión de este grupo guerrillero, lugar en el que se habían pautado los diálogos de paz entre las FARC y el ex presidente Andrés Pastrana.

Precisamente por la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, La Palma y sus habitantes han sido azotados constantemente por masacres, detonaciones irregulares de explosivos, reclutamiento forzado y asesinatos selectivos. Según la publicación Memoria Histórica, de la Gobernación de Cundinamarca, en los 90 asesinaron a 12 miembros del Bloque Cundinamarca de la estructura paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de Colombia. Como se trató de un ataque por parte de la guerrilla se recrudeció la violencia y aumentaron los enfrentamientos entre ambos grupos armados. Debido al incremento de enfrentamientos, en los municipios de Yacopí, La Peña, Topaipí y La Palma se vivieron masacres en los primeros años de la década. En 1994, hubo una masacre en La Palma, que cobró la vida de 14 personas.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en La Palma también hubo dos masacres perpetradas por el Frente 22 de las FARC, una en 1989 y otra en 1990, en las cuales las víctimas fueron civiles no involucrados en el conflicto. Además, La Palma es atravesado por las rutas del narcotráfico que sube desde el Magdalena Medio, ruta que defendía y vigilaba el Bloque Cundinamarca de las AUC. Ha sido un municipio azotado por las condiciones de violencia durante más de 40 años ya, y eso ha obligado a que muchos de sus pobladores deban salir por el peligro que implica quedarse.

En ese proceso que le ha tomado toda una vida, de defender a los miembros de su comunidad como reclamantes de tierras y en su búsqueda por reparación integral, Luz Mireya y su familia han tenido que vivir las consecuencias de no poder vivir en paz, con distintos miembros de la misma regados por distintas partes del país y del mundo. Ahora los separan varias fronteras también, pues dos de sus cinco hijos viven en Florida, EE.UU., Edwin y Yeison pues en Colombia ya no tenían garantías para trabajar dignamente.

Actualizado el: Mié, 06/16/2021 - 11:10