Sobrevivientes del paramilitarismo tienen que volver a dejar sus tierras por amenazas del Clan del Golfo en Magdalena

“No queremos volver para repetir la historia”, afirma de manera enérgica una lideresa del corregimiento de Salamanita, del municipio Pivijay, Magdalena. La comunidad de campesinos prefiere no mencionar su nombre, la historia de violencia ha marcado sus vidas y saben que todo lo que digan y hacen puede traer repercusiones contra sus pobladores. 

A la altura del kilómetro 17 de la vía que comunica a los municipios de Fundación con Pivijay existió un corregimiento llamado Salaminita, que fue borrado del mapa por los paramilitares el 7 de junio de 1999. El Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) asesinó a tres campesinos, desplazó todo el corregimiento y días después llevó un par de retroexcavadoras para derribar cualquier rastro de su existencia. Después de 17 años, los campesinos ganaron el proceso judicial de restitución. Sin embargo, las órdenes de la sentencia para volver a Salaminita no se han cumplido, mientras porque en el territorio se consolida la presencia del Clan del Golfo y es el escenario de enfrentamiento entre este grupo armado y bandas delincuenciales. 

El municipio de Pivijay y el departamento del Magdalena fueron claves en los  planes de guerra de los distintos grupos armados que han pisado el territorio, con el objetivo de controlar el histórico corredor que se usa para el narcotráfico, que conecta la serranía de San Lucas en el Sur del Bolívar con la Serranía del Perijá en el Cesar. Los municipios de Chivolo y Pivijay son puntos estratégicos, son un paso obligatorio entre los sistemas montañosos y tiene una entrada a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Tras la desmovilización del Bloque Norte de las Auc, surgieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como el Clan del Golfo, convirtiéndose en una fuerza criminal con alcance nacional.  En 2006, Vicente Castaño se separó de la desmovilización de las AUC y reclutó a dos excomandantes de esta organización criminal: Ever Veloza García, alias “HH”, el comandante del Bloque Calima, y Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, el jefe de finanzas del Bloque Centauros. Castaño fue asesinado en 2007 y ‘Don Mario ‘ tomó el control del negocio de la coca moviéndose hacia el sur de Córdoba, a la región del Bajo Cauca, en el norte de Antioquia, y hacia Medellín. 

Como lo explica Luis Fernando Tejada, investigador y profesor de la Universidad de Magdalena, El Clan del Golfo es la organización que mayor capacidad de adaptación ha mostrado, “se acomodan a nuevos ciclos de violencia. Se expanden y al parecer nadie se da cuenta”, dice al referirse a los golpes operacionales que han sufrido en los últimos años, pero que rápidamente se ajustan a los contextos territoriales. 

Según la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo tiene presencia en más del 50% de los departamentos del país y en 392 municipios. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) estimaba para el 2017 más de 1.200 hombres, hoy con un pie de fuerza que supera los 10 mil combatientes. Tanto Tejada como las investigaciones de la FIP apuntan a que la consolidación y expansión de este grupo armado se debe a un intenso trabajo de acuerdos y alianzas. 

El Clan del Golfo “construyó sociedades con diversas estructuras del crimen organizado a nivel local y regional, para dominar toda la cadena del negocio del narcotráfico.  A su vez, son un entramado criminal que integra diferentes organizaciones (estructuras criminales regionales, narcotraficantes, oficinas de cobro, pandillas, combos) que trabajan bajo un mismo nombre, pero que cuentan con autonomía en su accionar”, se lee en la investigación titulada Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición.

En Pivijay, el Clan de Golfo optó, como lo nombra el investigador Trejos, en tercerizar sus acciones delictivas a manos de la banda conocida como ‘Los Primos’. Una célula en Magdalena encargada de extorsionar, traficar droga y asesinar por encargo. Esta banda que  venía creciendo y controlando otros municipios como Zona Bananera y Fundación para Los Gaitanistas, decidieron declararle la guerra a sus antiguos jefes  a comienzos de 2025 . 

Magdalena se convirtió en el escenario de disputa entre el Clan del Golfo y ‘Los Primos’. “Un día nos amenaza y extorsiona uno y al otro día el otro. Ya no sabemos cuál es cuál”, afirmó un habitante de estos municipios. Como lo anunció la Policía Nacional todavía no es claro quienes son sus cabecillas, sin embargo, en lo corrido del año han sido capturados más de 15 personas. 

Para el investigador Trejos, hablar del conflicto en Pivijay es difícil y complejo porque no hay en los últimos años altas tasas de homicidios o masacres en el municipio. “Se debe a que Los Gaitanistas tenían el dominio total del territorio y no había otro actor en disputa”, afirma. Cuando llega un actor armado a desafiarlos, rápidamente se configura el actuar del grupo para acabar con su contrincante. Cuando llega alguien a desafiar ese orden social impuesto por ellos, hay una escalada de violencia que rápidamente baja porque vuelve el Clan del Golfo a tomar el control. 

El crimen que anunció su separación de ‘Los Primos’  con el Clan del Golfo se hizo en el municipio de Fundación, cuando secuestraron a un hombre, lo descuartizaron y lo enterraron con un mensaje que declaraba la guerra. Durante los tres primeros meses de 2025, ocho personas habían sido asesinadas en Pivijay con carteles sobre sus cuerpos.  

Según la Plataforma de Derechos Humanos de la Sierra Nevada (PDHAL), durante el primer semestre de 2025 se han registrado 340 homicidios en el departamento.  Santa Marta encabeza la lista de municipios más afectados, con 89 homicidios en seis meses. Le siguen Ciénaga con 57 casos, la Zona Bananera con 46 y Fundación con 33. Aracataca 21, Pivijay 19, Puebloviejo y El Retén ambos con 11. Como lo explican los investigadores de la Plataforma, la escalada homicida está directamente relacionada con disputas entre estructuras armadas ilegales. El Clan del Golfo estaría vinculado en al menos 203 asesinatos, mientras que las disidencias conocidas como Los Primos serían responsables de 88.

 

El terror llegó también a Salaminita, como lo narran sus habitantes, “Yo les dije a mis compañeros, bueno nos toca salirnos de acá otra vez. Nos salvamos la primera, pero la segunda no”. Empezaron a llegar a varios de los campesinos amenazas y extorsiones de la banda delincuencial ‘Los Primos’. Además, ya habían asesinado a campesinos en los corregimientos vecinos de Piñuela y Media Luna. 

Las víctimas del vaciamiento de Salaminita y solicitantes de restitución de tierra,  decidieron enviar un derecho de petición al Tribunal Superior de Cartagena de Restitución contando la situación: “Queremos poner de manifiesto la forma como estamos siendo víctimas de extorsión por delincuentes que se volvieron a tomar la región. (...) Acudimos a ustedes para que se haga cumplir la sentencia, las cuales ordenan a la Policía y al Ministerio de Defensa garantizar la seguridad del territorio y poder ejercer nuestras actividades agrícolas”. 

El pueblo arrasado 

A Salaminita llegaron 23 campesinos cuando todavía no era Salaminita. En busca de tierra y trabajo buscaron el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos para iniciar un proceso de adjudicación con el Incora en medio de largas disputas sobre baldíos de la nación. En enero de 1980 la entidad entregó a los campesinos  la vereda El Jardín y La Suiza e inició el poblamiento del corregimiento en tiempos de paz y sin la presencia de grupos armados. Sembraron yuca, plátano y maíz, se dedicaron a la cría de cerdos y ganado. En 1986 fueron reconocidos como corregimiento de Pivijay. 

Todo cambió cuando el paramilitar conocido como ‘Esteban’, quien dirigió un año después la masacre Nueva Venecia, llegó a Salaminita el 7 de junio de 1999. Con hombres armados, alias ‘Esteban’ reunió a los pobladores y mandó a llamar a Óscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernandéz, quien era la inspectora de la policía del corregimiento, los amarraron y señalaron de ser colaboradores de la guerrilla. Posteriormente, los asesinaron y les dijeron a los demás campesinos “no pueden derramar una lágrima por sus muertos porque correrían la misma suerte”, relataron los pobladores ante el juez de restitución de tierras. 

Tras la masacre, los habitantes de Salaminita se desplazaron de forma masiva. Los paramilitares desocuparon las casas, se llevaron la imagen de la virgen que había guardado la comunidad para construir la iglesia, la electrificación y el techo del colegio. No había nada ni nadie en la tierra por la que habían luchado hacía 20 años. 

Días después de la masacre, alias ‘Esteban’ ordenó a varios paramilitares la destrucción de las casas y cualquier estructura del corregimiento con un bulldozer. Una pareja de adultos mayores se resistió al desplazamiento, argumentando que su casa era lo único que tenía. El 23 de noviembre del 2000, fueron asesinados frente a sus hijos. La casa también fue demolida por orden del paramilitar. 

Algunos campesinos fueron perseguidos por el Bloque Norte y obligados a vender sus predios por precios irrisorios. Después de la masacre, como lo narraron las víctimas en el proceso de restitución, entre 1999 y 2008 fueron presionados por Vicente Rueda y Adolfo Quintero, quienes enfrentaron la justicia por desplazamiento forzado y han sido nombrados por paramilitares en Justicia y Paz de financiar al frente Pivijay de las Auc. 

Los campesinos junto con la Comisión Colombiana de Juristas presentaron en 2014 la solicitud de restitución colectiva de tierras de la zona urbana y rural de Salaminita. Han pasado 26 años de los hechos de violencia y desplazamiento, existen dos sentencias que reconocen el derecho a la restitución y las órdenes dadas por el juez poco han avanzado. 

El 16 de diciembre del 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia reconoció la restitución de 36 solicitantes, ordenó la reconstrucción de las viviendas, el centro de salud y el colegio, además de la formulación e implementación de proyectos productivos. La segunda sentencia que reconoció los hechos de violencia en la parte rural del corregimiento fue proferida el 28 de agosto de 2018 ante el Tribunal Superior de Cartagena, que también ordena la reconstrucción del pueblo y un espacio de memoria y construcción del tejido social. 

Sin embargo, las órdenes están lejos de ser cumplidas. La entrega material de los predios no se hizo y algunas familias campesinas decidieron fijar sus propios linderos y empezar a construir sin el apoyo del Ministerio de Vivienda y que no coincidiera con la ubicación que tenía la Unidad de Restitución de Tierras.

Las respuestas no llegan 

Las víctimas de desplazamiento y sobrevivientes a la masacre de 1999, esperaban volver a la vereda con la victoria de la sentencia. Sin embargo, la entrega material de los predios no se hizo con las verificaciones del topógrafo de la URT. Lo que ha llevado a que cada campesino fijara sus propios linderos y empezara la construcción de sus viviendas. 

“Las ubicaciones de los predios no coinciden con la georreferenciación realizada por la URT y establecida en la sentencia de restitución. Esta situación ha dificultado tanto el cumplimiento de la sentencia como el avance de otros procesos a cargo de la entidad”, manifestó Nury Jatsu Martínez, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, representante de los reclamantes de tierras. 

En agosto de 2023, la URT realizó una verificación de los lotes en terreno con equipos de GPS y comparar los resultados con la cartografía social hecha en 2013, cuando el proceso de restitución comenzó. El resultado, ningún predio está donde debería. Todas las divisiones internas presentan diferencias de forma, área y ubicación. 

Esta incongruencia retrasa las demás órdenes que emitió el Tribunal de Tierras. La implementación de los proyectos productivos y el apoyo del Ministerio de Vivienda no llegan hasta tener la seguridad que la tierra entregada a cada solicitante es la misma que aparece en la sentencia. 

Rutas del Conflicto le solicitó en varias oportunidades a la URT de Magdalena una entrevista, con el fin de conocer qué ha hecho la entidad para superar este obstáculo y que las víctimas logren retornar. A la fecha, la entidad no dio respuesta alguna. 

Mientras se resuelven los aspectos técnicos de la sentencia, los campesinos resisten la llegada de otra guerra. El Clan del Golfo y la banda Los Primos siguen teniendo presencia constante en Pivijay, mientras que los líderes de Salamina deben ser cautelosos en su hablar para que la historia no se repita. 

 

Actualizado el: Lun, 09/15/2025 - 10:07