En Chocó, casi todos sus 30 municipios tienen nombre de río. Cada cauce hace parte del esqueleto fluvial de un departamento que de otra manera no podría comunicarse, debido a que las vías terrestres son escasas y peligrosas, del transporte aéreo ni hablar: el alto costo de los pasajes lo convierte en un sueño imposible para los pobladores del común.

Uno de los ríos más caudalosos es el Atrato, un verdadero surtidor de agua dulce que produce entre 4.200 y 4.900 metros cúbicos de agua por segundo.

Como si fuera poco, Chocó tiene gran cantidad de aguas subterráneas debido al volumen de lluvias; esta situación dificulta el enterramiento de cadáveres. Esa, una de las razones por las cuales los cuerpos de tantos fueron a dar al río: era más fácil que dejar a los asesinados medio cubiertos con tierra.

El Atrato tiene varios puntos de origen en el Cerro Plateado, ubicado en el municipio de Salgar, Antioquia, en la cordillera Occidental. Sus aguas cristalinas muy pronto se enturbian hasta adquirir el color parduzco tan propio de los ríos chocoanos, debido a la alta frecuencia de lluvias y al deslave de las riberas.

Desde finales de la década de los 80 hizo presencia el Frente 57 de las Farc, tal vez uno de los más fuertes de esa guerrilla. Mantuvo el poder casi sin ningún obstáculo hasta 1997, cuando surgió el Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, al mando de Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, que controlaba la orilla izquierda del Atrato.

En febrero de ese mismo año se inicia la Operación Génesis por parte de tropas de la Brigada XVII del Ejército al mando del general Rito Alejo del Río, en coordinación con las autodefensas que desplegaron la Operación Cacarica, hecho que produjo el desplazamiento de 3.500 personas de la cuenca del río Cacarica (municipio de Rio Sucio); alianza probada de acuerdo con condenas internacionales al Estado colombiano, como la de 2013 por parte de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Desaparecidos, muertos… esfumados

Se reportaron 339 desapariciones en 1997. Ejemplo de estos hechos es la decapitación del líder afrodescendiente Marino López Mena. Los integrantes de las autodefensas jugaron con su cabeza y luego el cuerpo fue lanzado al río Cacarica, que desemboca en el Atrato, para esfumarse por siempre.

Pero poco pareciera haber cambiado la estrategia de terror, si se considera que el miércoles 11 de octubre de 2017 José Merlín Murillo, habitante de la Zona Humanitaria Nueva Vida de Cacarica, luego de desayunar fue sacado de su casa a la fuerza, según testigos, por hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo). Su cadáver con signos de tortura apareció en el Atrato el domingo siguiente.

En el reporte del Registro Único de Atención de Víctimas (RUV) aparecen 172.324 habitantes del Chocó; de ellos, 37.179 se ubican en un ítem que incluye delitos como homicidio, desaparición forzada, personas fallecidas o no activos. No hay cifras sobre cuántos de estos homicidios corresponde a personas arrojadas al inmenso río.

Según el RUV, Chocó registra 2.574 casos de desaparición forzada entre 1985 y 2016, muchos de ellos sumergidos en las profundas aguas del Atrato que luego van a dar al mar. Hasta el momento no han sido identificados 257 cadáveres: 100 en Bellavista (Bojayá), 146 en Quibdó y 11 en Istmina.

Luego del inicio del diálogo de paz entre el gobierno y las Farc, esta guerrilla se replegó a las zonas de concentración y su espacio fue copado por la compañía Néstor Tulio Durán del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que a mediados de 2015 penetró a la cuenca del Atrato desde las selvas del Baudó y las costas del Pacífico, por las cabeceras del río Truandó.

El medio y bajo Atrato han sido objeto de la atención por parte de empresas nacionales e internacionales, por su importancia estratégica con miras a megaproyectos como un posible canal interoceánico, una vía que cruce la selva hasta el proyectado puerto de Tribugá, ganadería extensiva y palmicultura, entre otros.

En 2007, el entonces fiscal general Mario Iguarán denunció la alianza en el Chocó de varios empresarios con las autodefensas. Hubo declaraciones oficiales, imputaciones, pero todo terminó en aparente olvido. Solo dos empresas productoras de aceite de palma fueron condenadas por la justicia colombiana debido a tales alianzas.

Para oponer resistencia a los diferentes actores violentos, han sido fundamentales los movimientos sociales como la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y la Organización de Cabildos Indígenas Waunaan, Katíos, Embera Dovida, Chamí y Tule del Chocó (OREWA), apoyados por la Diócesis de Quibdó y organizaciones no gubernamentales.