En verano, el río Nare es más bonito que el mar, dicen algunos. Las aguas se tornan verdes y claras y todo se ve más pintoresco. Así ha sido desde siempre, pero en los años 80 y 90 era difícil disfrutar del paisaje: los cuerpos que bajaban a diario solo dejaban miedo y zozobra. El municipio de San Rafael, Antioquia, conoce muy bien esta historia y todavía le pesa.

Los 80 fueron de grandes transformaciones para San Rafael. Fue en esta época que, después de décadas de hegemonía del Partido Conservador, fuerzas políticas alternativas empezaron a cobrar relevancia. La Unión Patriótica se hizo especialmente fuerte en el municipio gracias a Alejandro Arango del Río, líder de izquierda y fundador de la Sociedad Minera de la vereda El Topacio.

El objetivo de Arango era impulsar la minería: carnetizar a los trabajadores, legalizarlos y asignarles espacios de trabajo. Esta tarea no fue bien vista. En la época, el Noveno Frente de las Farc cobraba grandes vacunas a la actividad extractiva y buscaba fortalecerse militarmente en las zonas donde se practicaba.

Al tiempo, hombres armados y de civil comenzaron a verse en la región, acusaban a los mineros de pertenecer a las Farc mientras que la fuerza pública reforzaba la tesis de que los miembros de la UP eran guerrilleros. Estas creencias terminaron en el asesinato de más de 3.000 militantes de izquierda entre los 80 y 90 en el país.

El 13 de febrero del 88, Arango fue capturado por la Policía; un teniente del Ejército lo había denunciado por extorsión. Primero, fue recluido en la cárcel de Puerto Boyacá, pero dirigentes de la UP exigieron su traslado, afirmaban que su vida corría peligro en una de las zonas con mayor presencia paramilitar.

El líder de la UP fue llevado, entonces, a la cárcel de San Rafael. Como el pueblo estaba militarizado y había toque de queda, todos los presos fueron trasladados a otros centros de reclusión, menos Arango. El 4 de marzo, hombres armados ingresaron a la cárcel y, en presencia de los guardias, se lo llevaron. Nunca nadie lo volvió a ver.

Y no fue el único. Tres meses después, el 12 de junio, hombres armados llegaron a El Topacio y sacaron de sus casas a tres miembros de la familia Buriticá. A los dos días, la cocinera del campamento minero Los Encenillos se dio cuenta de que el Ejército estaba rondando el lugar. Todos siguieron con sus labores hasta que, a las cinco de la tarde, hombres vestidos de camuflado obligaron a diez mineros a caminar río abajo. En el recorrido, uno más fue retenido.

Fueron 14 en total. Nadie hubiese vuelto a saber de ellos si no fuese porque el 21 de junio un grupo de gallinazos en el río Nare llamó la atención. Volaban sobre las partes desmembradas de algunos cuerpos.

Al día siguiente, el Ejército realizó el levantamiento de 13 fragmentos corporales y los llevó en helicóptero al cementerio de San Rafael. Todos fueron enterrados con un acta de defunción conjunta y sin hacer ningún tipo de identificación. Un mes después, 14 fragmentos más fueron encontrados en el río. Hasta el momento, ningún cuerpo ha sido entregado a las familias.

Después de la masacre, la mayoría de mineros se fueron de San Rafael. Según logró documentar El Espectador, los pocos que decidieron quedarse cambiaron de opinión cuando miembros del Ejército los intimidaron. Los militares se ubicaron cerca de la mina con tres ataúdes, gritaban que muy pronto estarían llenos con más mineros.

A pesar de varios de los testimonios de familiares de las víctimas que afirman que miembros del Ejército habían participado en la matanza, ningún miembro de la fuerza pública fue condenado por estos hechos. Según la base de datos de masacres perpetradas en Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ejército Nacional estuvo implicado en la masacre.