Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:12

En la noche del domingo 17 de enero de 2021, estando en vigencia el toque de queda decretado por la pandemia, hombres armados que permanecen sin identificar dispararon en contra de tres jóvenes: Deiby Zúñiga, Jhoan Moreno Chimunja y Daniel Mauricio Fuly, que se encontraban departiendo en un polideportivo del barrio El Recuerdo, en el sur de la ciudad de Popayán. Una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, los otros dos jóvenes murieron después de ser llevados a un centro asistencial.

El barrio El Recuerdo Sur está ubicado en los límites del sector centro-sur de la ciudad, zona que ha sido poblada en las últimas décadas por personas desplazadas provenientes de Argelia, Balboa, Bolívar y La Vega. Días después, el 29 de enero, las autoridades anunciaron la captura de uno de los presuntos responsables de la masacre, en el municipio de Rosas, Cauca. Lo identificaron como Juan David Mosquera Paz. La versión de las autoridades sostiene que la masacre se debió a posibles rencillas entre pandillas que se disputan el control del territorio.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:06

Hacia las 3 de la mañana del 24 de enero de 2021, tres hombres armados irrumpieron en una celebración de jóvenes en la finca Santa Marta en la vereda Cerro Rico de Buga. Los sujetos que llegaron al lugar preguntaban por Jacobo Peréz Vasquez, hijo del ingeniero civil Wilson Alberto Pérez, dueño de la finca donde ocurrió la masacre. Ingresaron y dispararon contra los ocupantes de la finca, causando la muerte de Jacobo Pérez Vasquez, de 18 años de edad, y sus amigos con quienes compartía en el lugar: Juan Pablo Marín, Nicolás Suárez y Sara García, de 18 años; y Valentina Arias, de 17 años.

En primera medida, las investigaciones de la Fiscalía, tras la pista de un celular de uno de los victimarios que fue encontrado en el lugar, señalaron como presuntos responsables al grupo residual de las FARC Adán Izquierdo, cuyo principal accionar delictivo se concentra en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca). También expusieron la hipótesis de que la masacre fue resultado de un intento de secuestro de Juan Jacobo Pérez, hijo del dueño de la finca, el ingeniero civil Wilson Alberto Pérez, por presuntamente no haber pagado una extorsión.

Según un artículo publicado por El Tiempo el 23 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, en una cumbre de seguridad en el Valle del Cauca, que tuvo lugar en Cali el 20 de marzo, confirmó las primeras capturas de los ‘disidentes’, tres presuntos integrantes del grupo Adán Izquierdo, tras un operativo del Ejército en zona montañosa en el que murió una mujer, de quien se desconoce su identidad, que habría estado con los detenidos. En este artículo se comenta que tras la pista de esta masacre también se relacionó a otras bandas dedicadas al crimen, la extorsión y asaltos en la región.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla. Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:04

El 12 de enero de 2021, en un sector de la Plaza de Mercado Santa Helena conocido como El Planchón —un sector pavimentado a un costado de la antigua carrilera sobre la calle 26 sobre el cual hay una galería—, llegaron dos sujetos disparando hacia dos hombres. Los agresores huyeron de inmediato en motocicletas. Una de las víctimas, de 35 años, sin precisar su identidad, murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro hombre, identificado como Fabio Alonso Lenis, de 39 años, fue llevado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció. En medio de los disparos, una bala perdida alcanzó a Luz Edilma Castañeda, comerciante de papa amarilla en la galería de 55 años de edad. Ella también fue llevada a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

'El Planchón' es un lugar dedicado a la venta de alimentos, reciclaje, pero también, según lo que comentan varios vecinos del lugar, allí operan varias bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, robo y acopio de microtráfico. El 17 de febrero, las autoridades capturaron a los agresores, conocidos como alias 'Rojo', de 40 años y con antecedentes de tentativa de homicidio y hurto agravado; y alias 'Carreta', de 51 años, con antecedentes de tráfico de estupefacientes y extorsión. En cuanto a las razones del hecho, la Policía sostuvo que probablemente se trató de disputas internas entre grupos delincuenciales, algo que aún es tema de investigación.

Según afirmó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, a 6 AM Hoy de Caracol Radio, este hecho de violencia es consecuencia de la disputa entre bandas por el control de las rutas del narcotráfico en la región.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla. Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:57

El 18 de enero de 2021, en el barrio Las Palmas del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la quinta masacre en Colombia en lo corrido del año.

Fueron asesinados cuatro jóvenes: Jhon Deibi Cuello Jaramillo de 18 años, Deibinson Jaramillo de 17 años, Brian Duvan Tapias y un hombre más sin identificar, del que se sabe había prestado el servicio militar. Este último inicialmente quedó herido y fue trasladado a un hospital donde murió días después.

“Cuando supimos de la masacre, la información que nos llegó de las autoridades es que se trataba de un enfrentamiento entre grupos armados. Luego testigos contaron que no hubo tal enfrentamiento. Se trató de una masacre, fueron a matarlos”, así lo explicó Martín*, un periodista de la zona. En medios de comunicación también se encuentra la versión de que se trató de un enfrentamiento entre integrantes del Clan del Golfo y Los Caparros, dos grupos neoparamilitares que se disputan el control de ese territorio. Sin embargo, Martín* agregó que el lugar donde fueron asesinados los jóvenes, es un sitio montañoso, oscuro en las noches, alejado de las viviendas, señalado por ser un lugar de consumo de drogas y que, “con los grupos armados, el hecho de que las personas sean consumidoras o expendedoras es una sentencia de muerte”.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Marcela* explica que, en Tarazá, se venía viviendo en medio de una tensa calma, pero desde 2018 la situación se agravó. Cuenta que, debido a que algunos jóvenes consumían drogas, los grupos armados empezaron a decir que: “o los muchachos se componen o se van. Componerse era dejar de tirar marihuana, dejar de salir y de ir a ciertos lugares. A mí eso me costó tener que sacar a mi hijo del municipio en 2018, pero muchos quedaron allá” y que “algunos chicos sí consumían drogas y salían a ‘parchar’, como dicen ellos, pero también salían a jugar futbol y lo hacían de manera libre, muy espontánea, y que consumieran o fueran rebeldes, no quería decir que estuvieran en diferentes grupos armados o en temas de microtráfico. Les encantaba estar con los amigos, de pronto fumando marihuana, pero nada más. Y obvio para conseguirla tenían que ir al sitio donde la venden”. Para Marcela, esto último pudo haber sido la razón del asesinato de Jhon Deibi, Deibinson, Brian Duvan y el otro joven, a quienes ella conocía; “estar en el lugar que estaban los puso en el ojo de los actores armados”, concluyó Marcela*.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:43

En la madrugada del 10 de enero de 2021, en el municipio de Betania, ubicado en el Suroeste del departamento de Antioquia, tuvo lugar una masacre en la que fueron asesinadas tres personas, miembros de una misma familia. Fue la segunda masacre de este año en el país y ocurrió a eso de las 4 de la mañana en un sector conocido como La Cuarenta, en el casco urbano del municipio, donde tres hombres armados asesinaron a Jonathan de Jesús Acevedo Londoño, de 23 años; a su mamá, María Guillermina Londoño, de 42 años, y a su padrastro, Juan Gabriel Zapata Cano. En un video publicado en Infobae, el director de seguridad de la Policía de Betania le atribuyó la responsabilidad de esta masacre al Clan del Golfo y ofreció una recompensa por información de los responsables.

Según algunas personas del municipio con las que pudimos conversar, Jonathan vivía con su mamá, su padrastro y dos o tres hermanos más. Además, coinciden en que, al parecer, Johathan estaba involucrado en temas de microtráfico, iban a asesinarlo a él, y la mamá y el padrastro terminaron siendo víctimas cuando intentaron intervenir para evitar dicho asesinato. Marta*, una mujer que vive en Betania desde hace 19 años, y que conocía a la familia que fue víctima de esta masacre, asegura que como Jonathan, en Betania los jóvenes han sido las principales víctimas de homicidios y usualmente se rumora que los casos están relacionados con temas de microtráfico.

En esta versión coincide Brian Montoya, personero del municipio, quien agrega que en Betania hay utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades asociadas a microtráfico. Los actores armados “incentivan el consumo de drogas en niños y jóvenes, regalándoles pequeñas dosis que van generando adicción, por lo que después estos jóvenes empiezan haciendo mandados y terminan formando parte de estas bandas”.

La principal actividad económica de este municipio es el cultivo y recolección de café, y respecto a la presencia de actores armados, lo que sucede en Betania obedece a un aspecto general del Suroeste antiqueño. Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), asegura que esta subregión del departamento de Antioquia está en medio de una disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y lo que sucede es la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Según Brian Montoya, en este municipio específicamente, hay presencia del “Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y según la Alerta Temprana 044 de 2020, la Defensoría del Pueblo alerta de que estos actores están teniendo alianzas con el ELN, con el objetivo de generar un espacio más transnacional de narcotráfico para hacer una ruta de salida del centro del país hacia el Chocó y del Chocó poder generar el tránsito hacia México”.

Marta* asegura que durante la época de recolección de café, el ambiente se pone más tenso; “yo trabajaba en finca y cuando es época de recolección se pone muy complicado porque todos los días llega gente y uno no sabe quién es, ni a qué viene realmente. Si vienen a coger café, a trabajar o a cogerse información”. Ella misma cuando trabajaba en la finca, fue testigo de la llegada de personas que, según ella, tenían actitudes sospechosas, “llegaban dizque a trabajar, pero se iban para los cafetales, trabajaban dos o tres horas y el resto dormían, eso es muy raro porque los que recolectan café, trabajan de 6 a 6, porque saben que tiene que pagar la comida, que es cara”.

Adicional a esto, Brian Montoya asegura que en Betania se recrudece el conflicto en la época de recolección de café y coincide en que se debe a la oportunidad que esta época representa para los actores armados dedicados al microtráfico. “Betania es un municipio con aproximadamente 10 mil habitantes y en tiempos de cosecha podemos tener 15 o 20 mil, entonces las fincas cafeteras se volvieron un punto estratégico para bandas criminales, ya que allí se ubica un potencial para la venta y consumo de sustancias, sobre todo en fincas grandes que pueden albergar a cerca de 200 o 300 trabajadores.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en el municipio, nos encontramos con que en Betania hay un alto número de asesinatos. En 2020, por ejemplo, fueron asesinadas 40 personas, lo mismo que en Andes, con la diferencia de que ese municipio tiene alrededor de 40 mil habitantes más. Diez de estas víctimas corresponden a cafeteros asesinados en una masacre en noviembre. Además, según Brian Montonya, hay desplazamientos forzados, utilización de niños, niñas y adolescentes, y amenazas, de las que la misma Marta* contó haber sido víctima en varias ocasiones.

*Nombre cambiado por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:07

El 10 de enero de 2021 en horas de la madrugada, fueron asesinados tres jóvenes campesinos, en la gallera El Picotazo de la vereda El Mochilero, corregimiento de Santo Domingo en Florencia, Caquetá, sobre la vía que comunica a este municipio con el de Morelia. Solo se conoce hasta el momento la identidad de dos de las tres víctimas: Yulián Sánchez y Kevin Mavesoy, reconocidos por su trabajo como caballistas.

La comunidad explica que un grupo de cuatro hombres armados sin mediar palabra, irrumpió en el lugar en una motocicleta y empezó a disparar contra quienes se encontraban allí, causando graves heridas a siete personas, que tuvieron que ser trasladadas al Hospital María Inmaculada, en Florencia. Se desconoce su estado de salud actual.

En la gallera se encontraban cerca de cincuenta personas departiendo, y dentro de las víctimas estarían hermanos, primos y conocidos de una misma familia. Aún se desconoce a los responsables, y la presencia de los grupos armados no es clara y constante en la zona.

En el Caquetá actualmente operan el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco, en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez. Además de Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y del grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

El río Caquetá es disputado por el frente Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el grupo armado residual, Comandos de la Frontera, —conformado por algunas disidencias de las Farc-Ep, y miembros del grupo paramilitar Bloque Putumayo, junto a la Segunda Marquetalia—quien el pasado 15 de marzo de 2021, Comandos de la Frontera o Comandos Defensores de Frontera, Ejercito Bolivariano, anunció su unión a la Segunda Marquetalia, en un video conocido a través de la antigua pagina web de la guerrilla Farc-Ep, donde Comandos explicaba los motivos de su alianza.

Esta reconfiguración del conflicto y la expansión de grupos armados por el territorio, ha hecho que aumenten los casos de reclutamiento a menores en el país, y el departamento, especialmente en Solano, Cartagena del Chairá y Florencia, por lo que cada vez son más jóvenes quienes comandan estos grupos. Prueba de ello, ha sido la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el pasado 6 de abril de 2021, quien reclutaba menores de edad para sumarlos a las filas del grupo armado organizado Carlos Patiño, en el Cauca.

Algunos grupos defensores de derechos humanos han denunciado que uno de los grupos que se disputa el Caquetá, trabaja con bandas delincuenciales en Florencia, como “La Constru”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “los Azules”. Convirtiéndose en su brazo sicarial y de control urbano en los centros poblados.

También los desplazamientos y asesinatos selectivos que han ocurrido en la región. El pueblo misak en febrero de 2020, fue desplazado de su resguardo El Águila, en el municipio de Solano, un mes antes de la pandemia, y desde entonces se encuentra asentado en el coliseo del municipio. Además, ese mismo año fueron asesinados el esposo e hijo de la presidenta de una junta de acción comunal en San José del Fragua, y Comandos de la Frontera, asesinó frente a toda la comunidad, algunos de sus miembros para sembrar miedo.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:01

El domingo 31 de enero de 2021 fueron halladas tres fosas comunes, con cinco cuerpos, en el corregimiento de Sanchéz, vereda Fátima, en límites entre los municipios de Olaya Herrera, Satinga y Roberto Payán, Nariño. Según medios regionales, las víctimas habrían sido asesinadas el 30 de enero, tras emprender un viaje desde el corregimiento de Zaragoza de López de Micay, Cauca, para trabajar.

La lancha en la que se movilizaban fue abordada por un grupo armado, en medio de lo que parecía un retén. Solo una persona sobrevivió al ataque, e informó a la base militar que se encontraba en la zona lo ocurrido —sobre las seis de la tarde— y los condujo hasta el lugar de los hechos. Esto facilitó el hallazgo de los cuerpos.

Las víctimas fueron Jimmy Jairo Triviño, Jairo Renteria Riascos, Javier Castro, Luis Eduardo Valencia y James Rosendo, quienes tras ser asesinados con arma de fuego, sus cuerpos fueron enterrados entre Roberto Payán y el Charco, Nariño, ruta de salida al Pacifico nariñense donde delinquen grupos armados como el frente Oliver Sinisterra, el Eln y Los Contadores, estructura heredera del narcotráfico en la zona.

La Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, junto a la Brigada de Infantería de Marina y en coordinación con la Policía Judicial, a través de un comunicado emitido el 1 de febrero de 2021, dijeron encontrarse adelantando el proceso de investigación para esclarecer si los cuerpos encontrados corresponden con las personas reportadas como desaparecidas el día 13 de enero, además de establecer quiénes fueron los responsables.

La disputa entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, ha afectado durante el último año al municipio de Roberto Payán, y se ha sumado con la séptima masacre en Colombia durante su primer mes del año 2021.

El Nariño, a causa de sus particularidades geográficas, ha significado para el negocio del narcotráfico una zona estratégica. Cuenta con un corredor estratégico, que va desde la Cordillera Occidental, hacia el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, y desde la Cordillera Central, hasta el Triángulo de Telembí, en la costa pacífica nariñense, donde los grupos ilegales han conseguido poco a poco ocupar y disputarse el territorio.

Según la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, organización defensora de derechos humanos y promotora del desarrollo sostenible en Colombia, quienes delinquen en Nariño son grupos armados organizados como el Eln y el Clan del Golfo (aliado del Frente Oliver Sinisterra), grupos armados organizados residuales, conocidos como el Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano y Los Contadores, y los grupos armados delincuenciales, llamados Los Negritos y Cordillera Sur.

La Segunda Marquetalia se encuentra en las zonas de cordillera, desde donde pretende ingresar al Cauca, a través del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán —frontera con el Ecuador y el Océano Pacífico—, hacia el río Patía. También están presentes sobre la costa pacífica, especialmente sobre el río Mejicano, y el Mira, cerca a Tumaco, donde hay presencia de Los Contadores y el frente Gentil Duarte, con quien además de disputarse el control territorial, pelean el reconocimiento historico y politico de la extinta guerrilla Farc-Ep.

En el Triángulo de Telembí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y en los municipios del Charco, Santa Bárbara y Magüi Payán, del Clan del Golfo, a cargo de Erlein Valencia Villa, alias ‘El Morocho’, aunque ahora está bajo el mando de alias ‘Matamba’, quien sembró terror en Policarpa, El Rosario y Leiva un par de años atrás.

Además, los enfrentamientos entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, además de afectar a Roberto Payán, también han afectado a Magüi Payán, Olaya Herrera y El Charco. Por lo que su presencia no solo ha reconfigurado el conflicto en la región, y la disputa de las rutas del narcotráfico en Nariño, también ha aumentado los hechos victimizantes contra la población.

La Defensoría del Pueblo reportó una masacre el 15 de agosto de 2020, que cobró la vida de ocho personas en la vereda Santa Catalina, del municipio de Samaniego. El 9 de diciembre del mismo año, alertó que más de 4.000 personas estaban confinadas por el conflicto armado y reportó 43 desplazamientos que afectaron a 14 mil personas en todo el departamento, y ha emitido desde 2017, cerca de 161 alertas tempranas ante el aumento del reclutamiento y la violencia sexual contra menores —donde algunas de las jovenes reclutadas son convertidas en esclavas sexuales— ,especialmente en la costa pacifica.

Así mismo, registró que el 13 de enero de 2021 fueron desaparecidas 11 personas provenientes de Tumaco, cuando iban rumbo al municipio de Mosquera. Días más tarde, el 20 de enero, 99 familias afrodescendientes llegaron al municipio de Roberto Payán tras ser desplazadas de su comunidad en Cocal, Barbacoas. Además, hasta la fecha se han reportado 3.141 personas desaparecidas, y 57 desplazamientos masivos.

La ONG Indepaz, durante el primer semestre de 2021, ha registrado seis masacres en Nariño, dos de ellas en Tumaco, y las demás en Policarpa, Roberto Payán, Sotomayor y Samaniego.