En lo relativo a acciones guerrilleras entre 1988 y 1997, se establece que existió una división territorial por microrregiones, por ejemplo en el Centro del Cesar o Llanura Caribe, a la que pertenece el municipio de El Paso, hacían presencia los frentes Camilo Torres del ELN y el frente 20 y 37 de las FARC, según el Análisis de conflictividades y construcción de paz en el Cesar, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este informe además, data que entre el 2002 y 2008 se sumaron exigencias que se relacionaban con derechos humanos, derechos de minorías étnicas y movimientos sociales de género en todo el gran parte del departamento. Se dieron movilizaciones contra la participación de grupos armados y narcotraficantes en los procesos electorales, la corrupción administrativa, el despojo de tierras a campesinos e indígenas, la violencia contra mujeres en zonas de conflicto, el desarrollo de “megaproyectos” minero-energéticos, los derechos laborales y resultados de la política gubernamental de apoyo a víctimas del conflicto. El 60% de los municipios del Cesar fue escenario de al menos una de estas formas de protesta; es decir 15 de los 25 poblados, de los cuales El Paso hizo parte.
La explotación carbonífera por su parte, tuvo cada vez más importancia para la economía del Cesar. Hacia 1983, había algunas explotaciones en La Loma y El Descanso. Tres años después, en La Jagua de Ibirico fue notoria la multiplicación de explotaciones rudimentarias autorizadas por Carbocol. Con posterioridad los hallazgos se incrementaron al territorio de por lo menos cinco municipios: El Paso, La Jagua de Ibirico, Becerril, Bosconia y Chirigüaná.
Actualmente, en el municipio de El Paso, la extracción de carbón en la mina La loma, está en manos de la empresa Drummond, cuya concesión para explotación de la zona fue prorrogada 20 años más por la Agencia Nacional de Minería, entidad encargada de las concesiones y contratos mineros del país, el pasado mes de enero de 2019, tras tres años de negociación, según informó el diario El Tiempo
El departamento del Cesar aporta alrededor del 60% del carbón que produce el país y el 65% de las regalías mineras.
En el municipio El Paso fue asesinado Aldemar Enrique Parra García, líder comunitario, quien era el presidente de la Asociación Apícola del corregimiento El Haltillo. Su asesinato ocurrió el 7 de enero de 2017 en la vía que comunica El Haltillo con la cabecera corregimental de la Loma de Calenturas, en El Paso, Cesar, mientras se movilizaba en su motocicleta. Pese a no haber denunciado amenazas en su contra, sus tíos, líderes comunitarios y miembros de la mesa de concertación en el proceso de resaneamiento de El Haltillo, Plan Bonito Y Boquerón, si habían denunciado amenazas en el 2016 por medio de panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas.
Según relata el portal periodístico La Paz en el Terreno, el líder ya venía siendo objeto de amenazas por sus propuestas y críticas relacionadas con el resaneamiento de El Haltillo; con la contaminación ambiental, los problemas de salud que habían presentado varios habitantes y el cambio abrupto de la actividad agrícola del territorio. Todo lo anterior, según él, causado por la explotación minera de la región.
