Continental Gold LTD es una empresa dedicada a la explotación de oro y en su página web se declara como la “más avanzada de Colombia”. Es dueña del 100% del proyecto de explotación en Buritacá, Antioquia, que recibió el permiso ambiental de la ANLA en 2016, para convertirse en la mina de oro subterránea más grande de Colombia. La fase de producción se espera que inicie en 2020, aunque el proyecto enfrenta (quitar con) denuncias por daños ambientales, adquisición irregular de tierras, además de la presunta influencia de esta empresa en la formulación del nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.
En 2018 tres geólogos de la empresa pertenecientes al proyecto Berlín, también en el departamento de Antioquia, fueron asesinados en zona rural de Yarumal, presuntamente por disidencias del frente 36 de la exguerrilla de las Farc. Estos ataques, según El Espectador, obedecen a que los grupos armados del sector quieren continuar recibiendo el dinero que deja la extracción minera ilegal en la zona. Después de ocurrido el ataque, la empresa decidió suspender los trabajos en el área, sin que haya información de que estos se hayan retomado.
Aunque algunas comunidades de mineros artesanales han celebrado que por medio de la empresa han podido formalizarse; otras han dicho que se les ha desplazado, además de estigmatizado por contaminar a pesar de que la minería a gran escala también tiene impacto ambiental, según denunciaron algunos líderes a El Espectador.
Embera-Katíos del municipio de Bagadó, Chocó, tuvieron que resistir actores armados que se disputaban su territorio por tener control de las minas de oro. Sin embargo, en 2012, la Agencia Nacional de Minería concesionó 13 mil de las 50 mil hectáreas de su resguardo a cinco empresas mineras, según Verdad Abierta. El mismo portal de comunicación dijo que un bombardeo del Ejército Nacional desplazó a más de 2 mil indígenas del sector.
Aunque un juez de Quibdó ordenó suspender las concesiones otrogadas a varias empresas, entre ellas, Continental Gold, estas se opusieron al fallo argumentando que los títulos no tenían relación con el conflicto armado y que el juez no tenía las competencias para tomar la decisión. Sin embargo, tres magistrados del Tribunal de Antioquia ratificaron la decisión argumentando que se había violado el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y ordenó que se organizara un plan de retorno para las comunidades.
