La república independiente de Pacific Rubiales
Un aviso en la entrada del complejo petrolero de Rubiales-Piriri y Quifa señalaba que los visitantes estaban entrando a un pedazo de Canadá en Colombia. Pacific Rubiales, la empresa que se vendía en Colombia como una multinacional canadiense, puso el aviso en el 2008, cuando asumió los derechos de explotación petrolera en esta región de los Llanos Orientales colombianos. Durante los ocho años de administración de los campos, la compañía acumuló en esta zona al menos 26 fincas que suman aproximadamente 55 mil hectáreas, a través de varias de sus empresas. El aviso permaneció allí hasta 2016, cuando el fondo Catalyst Entreprise la compró. La nueva compañía mantiene, sin embargo, las mismas extensiones de tierra y las propiedades, aunque durante las operaciones de compra el pozo Rubiales pasó a manos de la estatal colombiana Ecopetrol y la empresa cambió de nombre, a Frontera Energy, en 2017.
El principal campo petrolero se encuentra ubicado en medio de lo que se conoce como la Altillanura, una extensa planicie que se extiende desde el río Orinoco, en la frontera con Venezuela, hasta cerca del piedemonte de la cordillera de los Andes. Son alrededor de 13 millones de hectáreas que representan aproximadamente el 10% de Colombia, en la que habitan menos de 500 mil personas. La vereda de Rubiales ocupa el 3% de ese amplio territorio y junto a los pozos viven casi 800 campesinos, según un censo realizado por la Junta de Acción Comunal. Las 55 mil hectáreas que son propiedad de la compañía representan una porción infinitesimal de toda esta tierra, y, sin embargo, sus habitantes viven como en una república independiente, con la petrolera como único gobierno: la empresa ejerce el papel de administrador de la seguridad y de los servicios públicos como la electricidad y el agua.
Aunque en Puerto Gaitán se explota petróleo desde hace 35 años, y la administración municipal llegó a recibir hasta 250 mil millones de pesos en regalías -unos 80 millones de dólares-, el 95.5% de los habitantes de su zona rural viven en la pobreza, según un informe de la Gobernación del Meta presentado en el 2016.
La precariedad de la vereda Rubiales se hace evidente en las primeras casas que se ven al llegar a la zona: pequeñas construcciones de madera teñidas por el polvo rojo de la carretera, con habitaciones que por puertas tienen sábanas; muchas de esas casas sin sanitarios ni redes eléctricas. La luz eléctrica llega a Rubiales solo unas horas al día y el acceso al agua para el consumo llega por medio de carrotanques que la distribuyen a diario.
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A los campos petroleros de la vereda Rubiales se llega luego de recorrer 160 kilómetros desde el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán. Un tramo que no debería tomar más de tres horas, tarda más de cinco por las malas condiciones de la carretera sin asfaltar.
La sabana en la que se encuentran los campos petroleros de Rubiales-Piriri y Quifa, que ahora ocupan los paisajes y algunas pequeñas zonas de bosque que durante siglos estuvieron despejados, ha sido durante siglos el hogar de comunidades indígenas sikuanis, piapocos y álivas que han habitado durante 1500 años esta llanura que comparten Colombia y Venezuela. En la actualidad sobreviven comunidades de la etnia sikuani en la vereda Rubiales. Armando Info y Rutas del Conflicto intentaron hablar con algunos de sus líderes, pero no quisieron dar declaraciones sobre si la explotación de crudo y las políticas de las empresas petroleras han afectado su modo de vida.
En las últimas seis décadas, estas tierras se convirtieron en el refugio de campesinos que han huido de la violencia de diferentes zonas de Colombia, principalmente de la costa y Los Andes, con la esperanza de poseer un pedazo de tierra que les permita salir de la pobreza.
El metal blanco de la tubería y la maquinaria petrolera rompen la uniformidad del paisaje de la extensa sabana que no parece tener fin en el horizonte. Taladros de extracción, plantas de tratamiento de aguas residuales, inmensas redes de tubería, torres eléctricas, contenedores que sirven de hogar para los obreros y pequeños edificios reservados para los ingenieros, es lo que ha sustituido en la vereda Rubiales al paisaje ganadero característico de los Llanos Orientales. Los enormes pastizales desaparecen alrededor de las instalaciones de extracción de crudo y un amplio cultivo de palma aceitera parece, desde el aire, una alfombra tejida con precisión.
La entrada de la vereda tiene una primera alcabala, un retén militar que controla las entradas y salidas, con personal de seguridad privada de Frontera Energy y dos soldados del Ejército Colombiano.
Un conductor que se gana la vida transportando gente desde el pueblo de Puerto Gaitán hasta Rubiales, que pidió no ser identificado, cuenta que necesita un permiso especial para entrar. Es un cartón blanco emitido por la empresa, en el que, además de los datos del conductor y el vehículo, también se marcan las infracciones que puedan cometer dentro de la zona petrolera: con tres marcas se pierde para siempre el derecho a ingresar.
Aunque las únicas zonas que permanecen cercadas son los alrededores de infraestructura petrolera, los guardias de seguridad privada controlan la movilidad en toda la vereda. En las carreteras sin pavimento que muestran la tierra rojiza en medio de la infraestructura y los pastizales, abundan los retenes de la seguridad de la empresa.
“En el momento en el que lo quieran parar a uno lo paran y lo bajan para requisarlo. A veces montan retenes que, yo creo, son ilegales, porque los monta la seguridad privada en una vía pública”, dice Héctor Sánchez, líder sindical de los trabajadores de la petrolera y habitante de la vereda.
Aunque los caminos de la vereda Rubiales son vías públicas, los guardias de seguridad pueden negar el tránsito, como lo hicieron en noviembre de 2012 con Alexander López, congresista por el Polo Democrático, y miembros de la Unión Sindical Obrera (USO). La comunidad ha denunciado la ilegalidad del retén, pero sigue funcionando bajo el argumento de que Frontera Energy tiene derecho a cuidar su infraestructura.
“El asunto es que ellos están aquí es para cuidar a la empresa, para cuidar la tubería, no para cuidar a los campesinos, a la gente de la vereda”, explica Héctor Sánchez.
Desde 2003 existe una fuerte presencia de militares y policías en la zona, luego de que el gobierno de Álvaro Uribe creara batallones exclusivos para cuidar las inversiones petroleras. En ese momento el campo Rubiales estaba en manos de Meta Petroleum, una empresa creada por el empresario brasileño Germán Efromovich.
En un fragmento no publicado de una entrevista concedida al portal colombiano Verdad Abierta en 2011, Efromovich aseguró que en ese momento contaba con 600 hombres del Ejército y un grupo de 30 asesores de seguridad extranjeros para cuidar el campo petrolero. Aunque la violencia en la zona disminuyó desde 2005, época en la que las FARC abandonaron la zona frente a la presión del Ejército y los paramilitares, la presencia de soldados y policías continuó aumentando: incluso en 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos instaló un batallón del Ejército completo en la zona.
"Aquí hay una desaparición del Estado, no aparece por ningún lado", afirma Sánchez.
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La tensión entre los habitantes de la vereda y la petrolera por el control de la movilidad se agravó en julio de 2011, cuando la compañía Pacific Rubiales no adivinaba todavía su declive. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ese mes casi 7000 trabajadores contratistas de campo Rubiales hicieron un paro para exigir un cambio en sus condiciones laborales, mejoras en los salarios y alimentación, pago de horas extras y más días de descanso.
Como respuesta, a Rubiales llegó el escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, que se enfrentó a los manifestantes, dejando seis policías y 13 civiles heridos. Aunque después de casi un mes de protestas la empresa accedió a mejorar las condiciones laborales, las tensiones no pararon.
La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) denunció que alrededor de 500 trabajadores fueron despedidos de Campo Rubiales entre junio y septiembre de 2011. Además, el gobierno militarizó el campo. “Casi había un soldado y un policía por cada trabajador, la gente estaba amedrentada”, cuenta Héctor Sánchez.
A partir de ese momento la represión por parte de la fuerza pública y la presión de la petrolera aumentaron. Pacific acusó de secuestro, ante la Fiscalía colombiana, a tres de los trabajadores que habían organizado las protestas, ya que durante el paro retuvieron personal administrativo de la empresa. Héctor Sánchez pasó dos meses en la cárcel, pero quedó libre luego de que un juez determinara que no se trató de un secuestro. Desde entonces ha recibido amenazas de grupos armados que se autodenominan paramilitares, en la que le dicen que se vaya de la zona.
La militarización y los controles de la empresa de seguridad privada de Pacific aumentaron después de las protestas, y terminaron haciendo que, no solo los trabajadores sino también los campesinos, se sintieran inconformes con la empresa. En 2011, los habitantes de la vereda dejaron de firmar contratos para que Pacific Rubiales instalara infraestructura petrolera en sus fincas. También empezaron los problemas con los campesinos que alegaban derecho sobre la tierra que fue acumulando la petrolera.
Evaristo Urrea es un campesino que ocupa una finca de más de mil hectáreas en medio de las propiedades que pasaron a manos de Frontera Energy desde que Catalyst Enterprise adquirió Pacific Rubiales en 2015. Dice Urrea que la petrolera le hizo ofertas para que permitiera instalar un oleoducto en su tierra, pero él nunca lo permitió, porque considera que el dinero no compensa lo que estaba entregando si accedía a las propuestas.
El campesino vive de la cría de ganado y su finca marca un inmenso parche de sabana sin oleoductos, ni taladros de extracción, ni ninguna otra maquinaria petrolera. Urrea señala que con el tiempo la gente se fue dando cuenta de que la petrolera solo “les trajo problemas” y cuando reclamaron a Pacific Rubiales por la contaminación ambiental, los excesivos controles y las malas condiciones laborales, solo recibieron represión.
En mayo de 2016, Urrea formó parte de una comisión de vecinos de la comunidad que verificaría el estado ambiental de la vereda de Rubiales. En la operación de venta, Pacific Rubiales había entregado el pozo más grande, con el mismo nombre, a la estatal Ecopetrol. El mismo día en el que que la comisión comenzó a trabajar, Urrea recibió un panfleto en el que un supuesto grupo paramilitar lo amenazaba de muerte.
"A las 5:45 am nos subieron ese panfleto, ya lo tenemos, pero eso es normal", afirma Urrea.
Hasta el momento nadie sabe con certeza de dónde vienen estas amenazas; lo cierto es que la situación no parece mejorar con la presencia de Ecopetrol en el campo.
Armando Info y Rutas del Conflicto le consultaron a la nueva administración de Frontera Energy sobre las denuncias de la comunidad. La petrolera explicó que “es consciente de la complejidad de operar en zonas de conflicto y con problemas de gobernabilidad”.
“La compañía hace parte del grupo de 28 empresas a nivel mundial que conforman la iniciativa internacional de Principios Voluntarios, que ofrece guías prácticas para quienes operan en este tipo de condiciones. Estas guías garantizan que la seguridad pública y privada sea responsable de proteger las operaciones en el marco del respeto por los Derechos Humanos. Igualmente, en este sentido, continuamente realizamos capacitaciones al personal de seguridad en campo para garantizar el cabal cumplimiento de los Derechos Humanos. Por último, cabe aclarar que desde el 30 de junio de 2016 Ecopetrol es el operador de Campo Rubiales y son ellos quienes se encargan de la seguridad de las facilidades de dicho campo”, explicó la empresa.
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Los vecinos de la vereda de Rubiales se están quedando sin agua. Cuando José Barragán llegó al predio La Florida, toda el agua que su familia, animales y cultivos necesitaban provenía de pequeños nacederos o vertientes del Río Tillavá. Después de un tiempo, empezó a ver cómo los sedimentos eran arrastrados por el río y cómo los nacederos guardaban el agua cada vez más profunda, lo que les impide el consumo de las aguas que antes eran superficiales.
José Barragán, y las casi 200 personas que asistieron a una audiencia ambiental celebrada el 8 de abril de 2017, culpan a las empresas petroleras de desaparecer y contaminar sus fuentes hídricas. Además, afirman que el hecho de que el agua esté cada vez más profunda se debe a que la extracción petrolera provoca temblores diarios que la hunden cada vez más.
"Cuando nosotros llegamos vivíamos bien, teníamos agua, había comida, pero cuando llegó la petrolera se acabó todo", dijo Barragán.
Según la Red Sismológica Nacional y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre 1999 y 2013 hubo en Puerto Gaitán 11 temblores. Entre abril de 2013 y junio de 2016, hubo 976. Casi uno por día. Sin embargo, ninguna entidad oficial de control ha encontrado coincidencia entre la actividad sísmica inusual y la producción de petróleo.
El informe ‘El Costo Humano del Petróleo’, de las ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Federación Interamericana de Derechos Humanos, afirma que por cada barril de crudo que se produce en Rubiales se generan unos 20 de aguas residuales. Esta agua, que por su tratamiento químico deja de ser apta para el consumo de humanos y animales, termina siendo vertida en Caño Rubiales, la principal fuente hídrica de esta vereda. Es decir: diariamente se vierten miles de litros de agua contaminada a una de las principales fuentes de aguas limpias de la zona. Exactamente 110.42 litros por segundo en cinco puntos.
Ecopetrol tiene la pretensión de aumentar esa capacidad al doble y habilitar un punto más de vertimiento, como lo planteó en la misma audiencia ambiental de abril. En caso de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorice esta modificación, incluso en contra de los deseos de la comunidad, en Caño Rubiales se empezarían a verter más de mil litros de agua residual por segundo.
Los habitantes que asistieron a la audiencia ambiental insisten en que el petróleo no les ha traído nada bueno y que los únicos beneficiados con la explotación de crudo fueron las empresas.
Aparte de las instalaciones del colegio en la vereda Rubiales, muchos campesinos insisten en que no han ganado nada después de 35 años de explotación petrolera: siguen sin los documentos de la titularidad de sus tierras, viviendo en sus casas de madera teñidas con el rojo que se levanta de los caminos sin pavimentar y con agua que ya no viene de los ríos sino de carro tanques.
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Los problemas con las aguas residuales de la producción de petróleo en este campo no afectan solamente a los habitantes de Rubiales, sino que según la Contraloría colombiana, han afectado las finanzas de la Nación. Después de que Pacific Rubiales entregó los pozos a Ecopetrol, esta última se hizo cargo del tratamiento de estas aguas.
Sin embargo, la petrolera estatal colombiana había firmado previamente unos contratos con la empresa Agrocascada, una filial de Pacific Rubiales, para hacer pruebas con una nueva planta, pensando en entregarle el tratamiento de aguas. Según una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación en 2015, este contrato generó un detrimento patrimonial de casi 145 mil millones de pesos que fueron a parar a las manos de la entonces Pacific Rubiales, sin ningún beneficio para la empresa del Estado.
El informe de la Contraloría revela que, en virtud de estos contratos, se construyó infraestructura que no es de ninguna utilidad para la operación de Campo Rubiales y que, además, “se hicieron sin tener la debida autorización y viabilidad ambiental de la autoridad competente (ANLA)”. El ente de control denuncia que recursos estatales fueron usados en pro de un particular, Agrocascada y que, después de tres años del inicio de las inversiones, el proyecto ni siquiera está en funcionamiento.
La Contraloría encontró que Ecopetrol usó indebidamente 245 mil millones de pesos. De esta cantidad un 60% terminó en poder de una de las empresas del conglomerado empresarial de Pacific Rubiales.
Rutas del Conflicto y Armando Info consultaron a Frontera Energy sobre el tema. La empresa respondió que “el proyecto Agrocasacada se encuentra en etapa preoperativa, es decir, aún no ha entrado en funcionamiento”. Ecopetrol, por su parte, hizo referencia a los contratos celebrados para las pruebas de arranque, sin embargo se abstuvo de dar más información amparándose en el secreto industrial y comercial.
Además de este, Ecopetrol tiene otro contrato vigente con Petroeléctrica de los Llanos, una empresa creada por Pacific Rubiales, ahora Frontera Energy. En este caso, para el uso de redes eléctricas y transmisión de energía en Campo Rubiales. El contrato, celebrado el 23 de junio de 2016, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y determina que Ecopetrol tendrá que pagarle aproximadamente 296 mil millones de pesos, a Petroeléctrica de los Llanos por “uso de activos de conexión”.
Frontera Energy le aseguró a Rutas del Conflicto y a Armando Info que “actualmente no tiene ninguna relación con la operación de campo Rubiales”, pero el contrato entre Ecopetrol y su filial sugieren lo contrario, ya que la que la Petroeléctrica de los Llanos tiene la responsabilidad de proveer infraestructura eléctrica hasta el año 2021.