Tierra para el petróleo pero no para los campesinos

Como miles de campesinos desplazados, Celso Duarte llegó en la década de los sesenta a Puerto Gaitán, un municipio del departamento del Meta, en Los Llanos Orientales de Colombia, huyendo de la pobreza y la violencia política. Durante más 35 años vivió en una tierra que consideraba suya, en la vereda Puerto Trujillo, al extremo suroriental del municipio, con la esperanza de que algún día el Estado les entregara los títulos de propiedad. Eso no ocurrió nunca. A finales de los noventa llegaron los grupos paramilitares para disputar el control del narcotráfico a las guerrillas de las FARC. Las masacres de los enfrentamientos entre las dos facciones desplazaron a los campesinos de sus tierras, Celso Duarte y su familia entre ellos.

“Como ahí permanecía la guerrilla, llegaron los ‘paras’ y me dijeron que yo dizque era colaborador de las FARC. Me tocó salir corriendo y dejar todo allá. Luego llegó la guerrilla y en la pelea con los otros me mataron todo el ganado, lo perdí todo”, cuenta Duarte.

Según cifras de la Unidad de Víctimas, la entidad del gobierno colombiano encargada de coordinar la asistencia de los ciudadanos afectados por el conflicto armado, 1998 fue el año con mayor desplazamiento en el municipio de Puerto Gaitán: casi 700 personas tuvieron que dejar sus tierras.

Los desplazados de la vereda de Puerto Trujillo se instalaron en la vecina vereda Rubiales, unos 30 kilómetros al noreste. Celso Duarte y su familia ocuparon en el año 2000 un par de predios baldíos de 500 y 300 hectáreas para comenzar de nuevo. Mantuvieron la producción de ganado y, al cabo del tiempo, prosperaron, con la renovada esperanza de que un día el Estado le entregara los documentos que certifican la propiedad de las fincas.

Duarte hizo un trato con un vecino para que cuidara el predio de 300 hectáreas. Un día de 2011, cuenta Duarte, le avisaron que Pacific Rubiales se había quedado con esa tierra. años antes, la compañía había llegado a la vereda de Rubiales a explotar los pozos de Rubiales-Piriri y Quifa. Aunque la petrolera adquirió cerca de 40 mil hectáreas de tierras de la zona con documentos de propiedad, también asumió la posesión de al menos otras 15 mil hectáreas de terrenos sin títulos, en los cuales campesinos desplazados han vivido por años. Un total de 55 mil hectáreas. El Estado no tiene un censo exacto sobre sobre los reclamantes de tierras ni sobre las víctimas del conflicto en la vereda de Rubiales, donde, como Celso Duarte, viven cerca de 800 personas.

“Le dieron una plata al cuidandero y me sacaron de allá. Esa tierra es mía, yo la arreglé y le invertí plata, allá tenía unas vacas y un rancho de madera con tejas de zinc. Ahora tienen allá unos cultivos de palma, pero uno espera que reconozcan algo, a uno no lo pueden desplazar así dos veces”, dice Duarte.

Aunque la explotación del crudo del campo Rubiales, uno de los dos pozos de la zona, pasó a manos de la empresa estatal Ecopetrol en 2016, Frontera Energy, como se llama la compañía desde que la compró el fondo Catalyst, sigue asumiendo el terreno como suyo. Alrededor de la maquinaria de extracción, la petrolera ha desarrollado un extenso proyecto agroindustrial con la siembra de palma aceitera, en un terreno que continúa siendo un baldío de la Nación.

Según Duarte, la empresa le dijo que había hecho una compra del predio al cuidador, y que ahora tenía derecho de ocuparlo. En realidad, Pacific compró las “mejoras”, como se le llama a las construcciones o cultivos del terreno, pero no adquirió la propiedad de la finca. De los pastizales, las vacas y la casa ya no queda nada. El cultivo de palma aceitera de la petrolera que limitaba con la finca se extendió sobre el predio, que parece borrado del paisaje.

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A la vereda de Rubiales también llegaron los primeros guerrilleros de las FARC a mediados de la década de los ochenta, antes que Celso Duarte. Eran un pequeño grupo de hombres que por armas usaban machetes, cuenta otro habitante de la zona que prefiere preservar su identidad.

El número de guerrilleros y su poder aumentaron a principios de la década siguiente con la expansión masiva de los cultivos de coca. Entre 1990 y 1995, la guerrilla asumió el control de las plantaciones y se fortaleció militarmente. Aumentaron los ataques contra las estaciones de policía y contra la infraestructura petrolera de Rubiales, que en ese momento se reducía a un campo de baja producción en manos de la empresa Australiana Coplex.

La guerrilla atacó el casco urbano de Puerto Gaitán y asesinó a un policía en 1996, un año después se tomó el campo petrolero de Rubiales, destruyó maquinaria de extracción y secuestró a un ingeniero. La empresa australiana cerró sus instalaciones por estos hechos, hasta el 2002, cuando los nuevos desplazados iban llegando a Rubiales.

Pero 1996 fue solo el principio del recrudecimiento de la violencia. Fue el año cuando llegaron a los Llanos Orientales, desde la frontera con Panamá, un grupo de paramilitares enviados por Carlos Castaño, el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Los ‘paras’ le disputaron el control del narcotráfico a las FARC en una guerra en la que los habitantes de la región quedaron en medio del fuego cruzado. Entre 1997 y 1999 el llamado Bloque Centauros de las AUC perpetró al menos cinco masacres.

En julio de 1998 los paramilitares asesinaron a 10 personas en un recorrido por varias veredas de Puerto Gaitán y el vecino departamento del Vichada, entre ellas Puerto Trujillo. Un hecho similar ocurrió en noviembre de ese mismo año en la llamada masacre de La Picota, en la que asesinaron a 17 personas en un largo recorrido por varias veredas como Alto Tillavá y Puerto Trujllo.

Como recuerda Celso Duarte, en esa época cada quien “corría para donde podía” para salvar a su familia. “A Rubiales llegamos muchos buscando un pedazo de tierra para volver a comenzar. Otros también se fueron por el miedo de lo que estaba pasando”, cuenta el campesino.

Los habitantes de Rubiales tuvieron que soportar la intensidad de los combates y algunos nuevamente dejaron sus tierras. “Por aquí bombardeaban a la guerrilla con aviones y uno en su casa asustado no sabía qué hacer. Yo le hice el reclamo al Ejército y ellos me dijeron que pintara una letra ‘X’ blanca en el techo para que no me tiraran nada. Fue una época difícil”, recuerda Evaristo Urrea, campesino de la región.

Familias como las de Urrea y Duarte, sin embargo, se quedaron. Los paramilitares y la guerrilla siguieron enfrentándose en la zona, hasta que en 2003 el gobierno de Álvaro Uribe desplegó una ofensiva de la Fuerzas Militares contra las FARC, para despejar el paso a Meta Petroleum, la empresa de Germán Efromovich,s y el Grupo Elliot que había adquirido los derechos de explotación de campo Rubiales antes de Pacific.

En 2005 las FARC se habían ido y los grupos paramilitares comenzaron a desmovilizarse, luego del proceso de diálogos con el gobierno Uribe. Duarte, y el resto de campesinos que continuaban llegando a Rubiales, por fin encontraron unas fincas libres de la violencia del conflicto armado, pero sin documentos para demostrar la propiedad de la tierra. Miles de los que se instalaron en tierras baldías solicitaron sus títulos después de sobrevivir al conflicto, pero nunca obtuvieron respuesta. El Gobierno ha admitido que ni siquiera tiene cifras exactas sobre las solicitudes de adjudicación de predios ni de los terrenos baldíos que dispone para entregar. En 2016 cerró, por inoperante, el Instituto Colombiano de Reforma Rural, la entidad encargada de adjudicar las tierras.

Lo paradójico es que, por un lado, el Estado no les entregó los títulos a los campesinos, pero, por el otro, respaldó la llegada de proyectos petroleros como Pacific Rubiales, lo cual termina siendo un obstáculo legal para entregarles las tierras a sus moradores: al vivir junto a una infraestructura petrolera, el derecho se limita. La ley 1728 de 2014 limita la adjuficación de títulos a propiedades que se encuentren a menos de dos kilómetros y medio de infraestructura petrolera. En la práctica, las Fuerzas Militares ganaron la guerra en la zona, pero el control de la tierra pasó a manos de la empresa petrolera.

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Formalmente, Pacific Rubiales adquirió el derecho de explotación de los pozos petroleros en 2008, con la tierra ya libre de violencia, y comenzó a adquirir propiedades. Fue extendiendo su infraestructura petroleray firmó contratos de “servidumbre” que certifican que Pacific Rubiales pagó dinero a los campesinos que ocupan las tierras a cambio de que les permitieran instalar oleoductos, pozos de exploración, plantas de tratamiento de agua y otra maquinaria.

En la práctica, estos documentos no implican la venta del terreno a la petrolera, pero sí le permiten usar una franja de tierra para instalar maquinaria.

Casa de José Barragán

Jesús Barragán llegó a la zona a finales de los años cincuenta. Desde entonces su familia ha ocupado una finca, de la que no tienen claro su tamaño, sin el título de propiedad. En el predio hay varias casas de madera en las que viven los hijos y nietos del patriarca, que murió hace un par de años. Viven de lo poco que les da la tierra para comer, en un terreno marchito por la falta de agua, consecuencia, según ellos, de la explotación petrolera.

José Barragán, hijo de Jesús, dice que su padre firmó varios documentos en los que permitía a Pacific Rubiales instalar tuberías y otro tipo de infraestructura. “Por instalar un pozo de petróleo le dieron millones de pesos (aproximadamente mil dólares). Eso no es plata, eso no justifica todos las afectaciones por la contaminación del agua que hemos tenido, por ejemplo”, explica Barragán.

Pero además de la queja por el poco dinero que recibieron por parte de Pacific, los Barragán tienen un problema mayor. Una sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras de Bogotá, parte de un sistema de justicia transicional que busca devolver los predios a los campesinos despojados por el conflicto armado según la Ley de Víctimas, puso en evidencia el problema que tienen las personas que firmaron estos contratos de “servidumbre”.

El 22 de febrero de 2017, una sentencia judicial sentó una jurisprudencia que afecta a decenas de familias como la Barragán: el tribunal de tierras negó la solicitud de un reclamante que exigía los títulos de una propiedad en la vereda Rubiales, bajo el principal argumento de que sobre su finca de 267 hectáreas hay un pozo de extracción y servidumbres.

La sentencia documentó que el reclamante trabajó la tierra desde 1992, y cinco años después solicitó los títulos de propiedad al Incora, la antigua agencia de reforma agraria del Gobierno que fue reemplazada en 2003 por el Incoder y que terminarían cerrando en 2016. En 1999, el reclamante de este juicio tuvo que dejar su predio por unos años por las amenazas de las FARC. En 2007, cansado de no recibir los documentos de propiedad, vendió informalmente su finca. Desde esa fecha el predio pasó por varias manos y, en 2011, uno de los compradores firmó un contrato de “servidumbre” con Meta Petroleum, empresa de Pacific Rubiales. Los magistrados tuvieron en cuenta, además, la intervención del delegado del Ministerio Público, quien durante el juicio recordó que sobre el predio reclamado existía una limitación para adjudicar los títulos a propiedades que se encuentren a menos de dos kilómetros y medio de infraestructura petrolera, según la Ley 1728 de 2014.

En el caso de la familia Barragán no serán suficientes, entonces, las más de cuatro décadas de ocupación de su finca, porque el padre permitió que Pacific Rubiales construyera infraestructura en su predio.

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Esneider Lozano es otro campesino que vive la misma situación. Llegó a Rubiales con su familia desde el vecino departamento del Guaviare, huyendo de las amenazas de las FARC. En 2007 ocupó un terreno baldío de 522 hectáreas al que bautizó La Paloma, en el que hoy en día cría una docena de vacas y tiene una pequeña huerta familiar. Todos los días al levantarse para cuidar el ganado ve, a menos de un kilómetro, el tubo blanco de metal del oleoducto que rompe el verdor de la sabana.

“Cuando llegamos no había nada aquí, yo sabía que era un baldío, que era tierra que se la pueden dar a campesinos. Sabía que la petrolera estaba en la zona, pero cerca de la finca no había nada de la empresa”, explica Lozano.

Seis años después, Lozano solicitó los títulos de propiedad de la finca al Incoder, pero nunca obtuvo respuesta. Por el contrario, Pacific presentó una querella contra Lozano para que la Policía lo expulsara, argumentando que había ocupado un trozo de La Morelia, el terreno baldío cuyas “mejoras” había adquirido de manos de la petrolera australiana Coplex, un predio de más de siete mil hectáreas en el cual se encuentran la mayor cantidad de pozos del campo Rubiales. Esneider Lozano insiste en que La Paloma está fuera de La Morelia.

El campesino, su esposa y una de sus hijas, de apenas cinco años, viven como si estuvieran recluidos, porque para salir de la finca tienen que atravesar una reja que puso Pacific Rubiales y que cierra por las noches. “Si alguno de nosotros se enferma durante la noche, no sé qué nos pasaría, porque quedamos metidos aquí”, lamenta Lozano.

En Colombia, las querellas por problemas relacionados con presuntas invasiones de predios son resueltas en primera instancia por la Policía Nacional. El inspector de Puerto Gaitán dio la razón a la petrolera. Aunque la notificación de desalojo ha llegado en muchas ocasiones a Lozano, todavía no se ha hecho efectiva. “No sé bien a quién acudir. Consulté con abogados y me dicen que igual es difícil que el Estado me entregue la tierra porque, para completar, la tierra en la que vivo está muy cerca del oleoducto, a menos de dos kilómetros y medio. La verdad solo espero que no me saquen de aquí, sería muy triste para mí, sería otro desplazamiento, ya esta vez causado por el Estado”, explica el campesino, haciendo referencia a la limitación que impone la ley Ley 1728.

La otra hija de los Lozano, de 14 años, vive con parientes en Villavicencio, la capital del departamento del Meta, al que pertenece Puerto Gaitán. “Me da miedo que ella esté aquí, uno no sabe cuándo va a llegar la policía a sacarnos y se puede poner feo”, dice.

En Colombia el Estado no ha hecho mucho por recuperar las tierras que le pertenecen y que están siendo explotadas por particulares. En febrero de 2017, la Corte Constitucional llamó la atención a las entidades públicas agrarias por no cumplir con el Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, un documento guía del gobierno que estableció las condiciones para identificar y retomar el control de los predios baldíos.

Según la Agencia Nacional de Tierras, principal entidad del Estado en temas agrarios, sobre La Morelia y otros dos predios colindantes, llamados Los Arrayanes y La Camela, existe un proceso de recuperación de baldíos, pero no aclara el tiempo en el que resolverán el caso.

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En contraste con el drama de los campesinos, una familia de empresarios y la directora regional de un banco del gobierno colombiano lograron titular sus tierras para luego venderlas a Major International, una empresa filial de Frontera Energy, antes Pacific Rubiales. A pesar de que la Ley 160 de 1994 indica que los beneficiarios de tierras baldías deben ser campesinos pobres sin tierra y no personas que pretendan hacer negocios con ella.

Los hermanos Pedro Antonio y Jorge Enrique Martínez Rodríguez, además de varios de sus familiares, son socios de una de las empresas más grandes de “chance” (un tipo de lotería popular) en Colombia, según un informe de la Contraloría General de La Nación, la entidad del Estado que fiscaliza el uso de recursos públicos. Son además dueños de varios casinos y hoteles y tienen una sociedad familiar llamada Inversiones Mar que tiene hoteles en los Llanos Orientales. Los Martínez Rodríguez lograron que en 1993 les entregaran los títulos de cuatro predios que suman más de nueve mil hectáreas: Las Talanqueras, El Refugio, Sanape y La Cascada.

Al lado de esos predios, Pacific Rubiales adquirió otros cuatro, de nueve mil hectáreas más. El Estado entregó estas propiedades a cuatro personas que no pertenecían a la familia Martínez Rodríguez a mediados de 1994, pero en menos de seis meses estos los vendieron a Inversiones Mar.

En total, los Martínez Rodríguez, acumularon cerca de 18 mil hectáreas de ocho fincas, que luego revendieron en 2008 a Pacific Rubiales -recién llegada a la explotación de los campos de la zona- a través de Major International.

Los Martínez son también reconocidos ganaderos en Rubiales, según varios campesinos de la zona. “Ellos le vendieron una finca muy grande a la petrolera. Prácticamente toda la tierra por arriba (el norte) de los pozos”, cuenta además uno de ellos, que no quiso ser identificado.

Otras de las familias que lograron la titulación son los Corredor Castro, que en 2002 recibieron los documentos de propiedad de las fincas La Alejandra, Pénjamo, La Juliana y Santa Catalina, que suman seis mil hectáreas aproximadamente . Armando Info y Rutas del Conflicto encontraron que María Clemencia Corredor Castro, una de las beneficiarias, es, al menos desde el 2001, la gerente del Banco Agrario sucursal Villavicencio (documentos relacionados: Proagro 2001, Registro de prensa de la Presidencia de Colombia, Reconocimiento a empresas del Meta). Este es el principal banco estatal creado para entregar créditos a campesinos para financiar sus proyectos agropecuarios.

El esposo de la funcionaria, Luis Francisco Rojas Fernández, fue accionista del liquidado Fondo Ganadero del Meta, el principal gremio de ganaderos del departamento en el que se encuentran la tierras de Pacific Rubiales, según evidencia un documento del Fondo con la lista de accionistas. Además, Rojas Fernández recibió 60 millones de pesos como beneficiario del programa AgroIngreso Seguro en 2009 y también fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio.

Entre los Martínez Rodríguez y los Corredor Castro, las tierras tituladas por el Estado suman 24 mil hectáreas, aunque no fueran ‘sujetos de reforma agraria’, como se referencia a los campesinos pobres que reúnen las condiciones para recibir títulos de terrenos baldíos.

Lo cierto es que en la práctica, Frontera Energy, la heredera de Pacific Rubiales, ejerce la posesión de esas tierras con el respaldo de títulos de propiedad, a diferencia de los campesinos que soportaron la violencia del conflicto y que por años han buscado que el Estado les entregue documentos de sus fincas.