Los líos de las tierras de Pacific
Pacific Rubiales acumuló más de 55 mil hectáreas en la vereda Rubiales, una superficie que equivale aproximadamente a cinco veces el área urbana de una ciudad como Medellín. Luego de adquirir el derecho a explotar los pozos de Rubiales-Piriri y Quifa en 2008, la compañía a través de su filial Major International adquirió más de 20 fincas que rodeaban el campo petrolero. Estas tierras se sumaron a terrenos baldíos de la Nación, cuyas mejoras habían sido adquiridas por la petrolera Coplex en los noventa, pasaron a manos de Meta Petroleum de Germán Efromovich y luego a Pacific Rubiales.
Las transacciones de las fincas, entre antiguos propietarios que habían recibido los títulos del Estado o intermediarios que las habían comprado y Major International, se realizaron con un sofisticado negocio de fiducias. En este esquema, el verdadero propietario de un predio lo entrega a una empresa fiduciaria que de ahí en adelante comienza a aparecer como propietaria en los documentos de registro. Esta fiduciaria funciona como una especie de banco, se encarga de administrar la tierra para entregarle un rendimiento a los verdaderos dueños.
En el caso de las fincas de Rubiales, los propietarios que entregan las tierras son Major International y una serie de personas, muchas de ellas, adjudicatarios que recibieron los títulos por parte del Estado. Como se explicó en el texto “Tierra para el petróleo pero no para los campesinos”, varios de estos adjudicatarios no eran campesinos y presuntamente no eran sujetos que reunieran los requisitos para recibir los predios.
Las fiduciarias que recibieron los predios fueron Acción Social Fiduciaria y la hoy liquidada Fidupetrol. Sin embargo, en la práctica, quienes han ejercido en terreno la propiedad y explotación de los predios fueron inicialmente Pacific Rubiales y ahora Frontera Energy.
Rutas del Conflicto estudió la historia de la propiedad de estas tierras y con información del informe Petróleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura, de las ONG SOMO e Indepaz, encontró varias posibles irregularidades que se describen a continuación.
Adjudicación de predios a personas que presuntamente no cumplían los requisitos para recibir la propiedad y supuestas violaciones a la UAF
Como se señaló en el texto “Tierra para el petróleo pero no para los campesinos” de este mismo especial, la familia de un empresario hotelero y del chance, al igual que la familia de una funcionaria del Banco Agrario, recibieron los títulos de propiedad de 24 mil hectáreas.
La Ley 160 pone unas limitaciones a los adjudicatarios de tierras baldías, con el objetivo de que los beneficiarios sean campesinos sin propiedades y no empresarios.
Una práctica frecuente para evadir los límites al tamaño de los terrenos baldíos que entrega el Estado es la de fragmentarlos en predios más pequeños que cumplan los requisitos, y usar a terceros para solicitar los títulos de propiedad. Estos terceros en muchos casos son familiares que figuran como propietarios de un conjunto de fincas, que en la práctica conforman un solo predio. Como se puede ver en el mapa, hay al menos tres casos en donde existen indicios que apuntan a estas prácticas.
Presunta acumulación irregular de tierra de origen baldía
La Ley 160 de 1994 prohibía la acumulación de fincas que hubieran sido baldíos de la Nación entregados a particulares. Esta ley determinada la superficie de tierra máxima que se le podía entregar a un campesino pobre, y depende de varios factores relacionados a las características de la zona, como la fertilidad del terreno. A esta medida se le conoce como Unidad Agrícola Familiar, UAF.
El espíritu de esta ley buscaba prevenir que la tierra que el Estado les entregara a campesinos pobres terminara en manos de grandes acumuladores. Así, según la norma, nadie podría tener en su propiedad más de una UAF.
Luego de que los últimos gobiernos promovieran la llegada de empresas agroindustriales y petroleras a los Llanos Orientales, varias compañías usaron todo tipo de estrategias para evadir la norma. Los empresarios señalaron en muchos casos que la ley no podía ser retroactiva, es decir, que no podía ser aplicada para predios adjudicados antes de 1994.
La Corte Constitucional determinó en 2017, que estos terrenos que alguna vez fueron baldíos y fueron entregados a particulares antes de la Ley 160, sí pueden ser acumulados, en el marco de la creación de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres, promovidas por el gobierno Santos.
Rutas del Conflicto le consultó a Frontera por los predios que ahora están en su propiedad y esta es su respuesta: “Los predios alrededor de Campo Rubiales fueron titulados por el Estado a particulares, y posteriormente, cuando ya no eran baldíos, fueron adquiridos por Major International, filial de Pacific (hoy Frontera), a los propietarios de dichos predios.
“Estos predios no fueron adquiridos para acumularlos ni con beneficio particular alguno, sino con el fin de utilizarlos en la ejecución de obras que la ley considera como utilidad pública, como son las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, tal y como lo estipula el Código de Petróleos y la Ley 1274. Estos predios, los cuales fueron titulados por el Estado a particulares y posteriormente adquiridos por Major International cuando eran propiedad de privados, serán utilizarlos en la ejecución de obras que la ley considera como utilidad pública, como son las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Estos predios no son para beneficio particular.”
Ocupación de baldíos de la Nación
Según el informe Petroleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura, Pacific Rubiales y ahora Frontera Energy, ocupan dos predios baldíos llamados La Morelia y Los Arrayanes, que suman más de 12 mil hectáreas. Allí Frontera conserva un proyecto de cultivo de palma aceitera que inició Pacific.
En el caso de la Morelia, varios campesinos reclaman los títulos de propiedad de fincas aledañas o que hacen parte del predio, pero como se describió en el texto “Tierra para el petróleo pero no para los campesinos” de este reportaje multimedia, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, tiene un proceso abierto para recuperar este baldío.
Al ser consultada sobre este caso, la compañía Frontera respondió lo siguiente: “Este baldío, al igual que los demás predios, está destinado para obras de utilidad pública, y en ningún momento es para beneficio particular. Asimismo, la compañía ha cuidado este predio y ha pagado tributos respecto del mismo. Los cultivos de palma en La Morelia solo ocupan una mínima porción del predio (menos del 2%) y el plan es continuar desarrollando este cultivo.”
Personas relacionadas con actores ilegales que aparecen en la historia de propiedad de un predio
Según el informe de SOMO e Indepaz, Miguel de los Santos Peña Torres, un presunto narcotraficante, les compró en 2010 la mitad del predio Los Girasoles a las personas que lo habían recibido del Estado. En menos de dos años, la propiedad pasó luego por manos de varias empresas inmobiliarias hasta pasar al esquema de fiducias con Major International.
El informe explica que: “Miguel de los Santos Peña Torres, según autoridades de los Estados Unidos hacía parte de la red de los narcotraficantes Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco Barrera” y Pedro Olivero Guerrero Castillo, alias “Cuchillo, que involucraba empresas en Colombia (Bogotá, Medellín, Villavicencio y San José del Guaviare), Venezuela y España. Doralba Rodríguez González, contadora pública, administraba (administra) su propia oficina y, presuntamente prestaba asesoría a empresas de la red, entre ellas a la Comercializadora El Proveedor, en la que De Los Santos Peña Torres era (es) representante legal.”
Rutas del Conflicto y Armando Info encontraron que además de Los Girasoles, De los Santos adquirió en 2008 La Pradera, predio que años más tarde pasó a manos de Pacific Rubiales por medio de la mismo método de las fiducias.
