La batalla de los campesinos

En el municipio de Caloto, al norte del Cauca, lo que más preocupa a los campesinos pertenecientes a AstrazonacalLa Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina de Caloto es una organización campesina que aboga por la constitución legal de una Zona de Reserva conjunta entre los municipios de Caloto, Corinto y Miranda , es su seguridad. A pesar de apoyar el proceso de paz con las FARCFuerzas Alternativas Revolucionarias del Común así como el que inicia con el ELN Ejército de Liberación Nacional, los campesinos de esta organización saben que el Acuerdo no es suficiente para garantizar la paz y temen por la intensidad con la que ha venido ocurriendo el asesinato de sus líderes.

Sin embargo, su mayor reclamo es poder ser propietarios de las tierras que han habitado por años, pero que le pertenecen a un tercero. Por ello exigen la constitución de una ZRC La Zona de Reserva Campesina es una figura estipulada en la Ley 160 de 1994 , en ocho veredas de Caloto, Corinto y Miranda. Para ellos, esta figura les permitiría apropiarse de su territorio y consolidar una economía a pequeña escala que beneficie a toda su comunidad.

La paz que todavía no llega al campo

El municipio de Caloto tiene todas las condiciones para que sus líderes rurales sigan siendo asesinados. “Uno no sabe a qué atenerse. Si los acuerdos se rompieran, pues ya sabe uno que vuelve la guerra y seguimos como estábamos”, dice Luis Canás, presidente de Astrazonacal.

Ahora que el territorio está descubierto y nuevos grupos armados están llenando los vacíos de mando que generó la dejación de armas de las FARC, las comunidades se preocupan por “quién los va a cuidar”. Y no es para menos. En lo que va corrido del año, han asesinado a 52 líderes sociales en todo el país , de acuerdo con el Defensor del Pueblo, Carlos Negret.

Según el reporte semestral “Dinámicas del asesinato a líderes rurales: las covariables municipales” del Observatorio de tierras , Caloto es el segundo municipio donde más se concentra el asesinato a estos líderes, después de Apartadó, Antioquia. Este mismo informe resalta que las asociaciones campesinas han sido las más victimizadas por el asesinato a líderes rurales, siendo las JACJuntas de Acción Comunal las que más muertos presenta en todo el país.

Para el caso de Astrazonacal, a principios del año 2017, algunos de sus miembros y de la JAC de Caloto recibieron amenazas de un grupo armado desconocido. El mensaje les llegó a su teléfono celular y, a pesar de no dar nombres propios, advierte que dichos grupos “vinieron para quedarse” en el territorio. Astrazonacal decidió, entonces, crear un comité de seguridad campesina La guardia campesina es el nombre que le dio Astrazonacal a las labores de seguridad realizan en su territorio. Esta guardia no posee armas y se dedica exclusivamente a cuidar a sus miembros. Por ejemplo, quienes pertenecen a la guardia acompañan a sus líderes a charlas o visitas que tengan que hacer el municipio para prevenir ataques de grupos armados. para hacerle frente a esta nueva ola de violencia y evitar más amenazas.

Y es que la llegada de dichos grupos se “veía venir”, dice Canás, quien no recibió la amenaza directamente pero la siente como suya pues está dirigida a sus compañeros. Para ellos, existe una incertidumbre y temor constante por el surgimiento de grupos armados que, atraídos por los cultivos de coca y el negocio del narcotráfico, han continuado con la violencia como medio de coerción.

Según el mencionado informe, el acumulado de violencia del conflicto armado, las condiciones socioeconómicas El informe categoriza los factores socioeconómicos como la desigualdad en la tenencia de la tierra, necesidades básicas insatisfechas, y las economías legales como ganadería e ilegales como cultivos de uso ilícito. y la presencia de grupos herederos del paramilitarismo El Observatorio, en su informe, califica a los grupos armados que están detrás de la muerte de líderes sociales como grupos herederos del paramilitarismo. Aún no hay un consenso sobre cómo llamar a estos grupos, pues algunos estudios los llaman grupos armados organizados (GAO). No obstante, varios análisis concuerdan que son estructuras armadas que se formaron luego de la desmovilización parcial de las AUC en 2006. Leer más sobre estos grupos son los principales factores que aumentan la probabilidad de que un líder sea asesinado. En Caloto, además de la historia de violencia, se tienen precarias condiciones en salud y educación. Entre ellas un NBI Necesidades Básicas Insatisfechas. del 58% en la zona rural, y una inequidad en la distribución de la tierra que sobrepasa el Gini El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad al interior de un país, que en este caso es la concentración de la tierra. Se determina en un rango de 0 a 1, donde 0 es el nivel más bajo desigualdad y 1 el más alto. de 0.8. Razones por las que los habitantes no sienten que la guerra haya acabado.

No obstante, tienen esperanza en que este proceso de paz con las FARC traiga mejores condiciones de vida. El Acuerdo puso de manifiesto la necesidad de abordar los problemas de la tierra y la situación de narcotráfico de manera integral, buscando acompañar las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito con programas de acceso y formalización de la tierra. Dos problemas que aquejan a esta población y que para el informe del Observatorio son determinantes para prevenir el asesinato a líderes.

La coca se defiende

Al norte de Caloto, en el corregimiento El Palo, las matas de coca y marihuana se confunden con las de café y yuca. Frente a sus ranchos de adobe, sin piso y que no sobrepasan los 50mts², los campesinos de este corregimiento no apartan unos cultivos de otros. Uno, por falta de espacio y dos porque han convivido con ellos por años.

Basta con subir por la zona montañosa del corregimiento, a tan solo cinco minutos de la carretera que conecta Caloto, Corinto y Miranda, para ver el verde de la coca y de la marihuana que sobresale en los campos y les ha causado tantos conflictos a sus habitantes. Nadie en Caloto es ajeno a esta realidad, y a pesar de las innumerables políticas para erradicar o sustituir estos cultivos, la situación no ha cambiado.

El informe de UNODC Naciones Unidas contra la Droga y el Delito., sobre el Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito en Colombia en 2016, prendió las alarmas por el inminente incremento de dichos cultivos, en medio de un proceso de paz que pretende disminuirlos. El informe es contundente al concluir que Colombia pasó de tener 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil en 2016, aumentando en un 52%.

Según este mismo documento, la región del Pacífico concentra el 39% de los cultivos de coca en el país. Nariño y Cauca son los departamentos que más cultivos tienen, con 42.627 y 12.595 hectáreas, respectivamente. En el Cauca, particularmente los municipios de Corinto, Caloto y Toribío presentaron una expansión del cultivo de coca en áreas donde previamente existía solo marihuana.

Para Canás la razón de dicho aumento en áreas que ya estaban siendo usadas para este fin es sencilla: “Si nosotros cultivamos la mata de coca es porque no hay inversión en el campo”. Las familias campesinas de la ZRC de Miranda, Corinto y Caloto, dos de los municipios donde hubo incremento del cultivo, dependen de la coca para sobrevivir y, por ende, están decididos a defenderla hasta que hayan garantías reales para sustituirla.

Para los campesinos de esta región es más rentable esperar a que el comprador recoja las hojas, que ir hasta el pueblo, a una media hora del corregimiento, para vender sus cultivos de café o yuca. Y aunque el dinero que reciben por la hoja de coca lo tienen que dividir con el dueño de los cultivos y de la tierra en la que viven, el ingreso sigue siendo mucho mayor.

“Acá uno saca los racimos de plátano y vale más el pasaje que lo que dan. Que uno saque así 10, 30 racimos y uno va a venderlo y no le pagan más de 7mil, 8mil pesos, y uno hace cuentas, pagando pues la cargada, el transporte no da, es muy poquito”, menciona un recolector de la zona.

Por esta razón, Astrazonacal decidió unirse a la Coccam Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana , una organización que reúne movimientos y colectivos de distintas áreas del país, golpeados por la presencia de cultivos en sus territorios y la estigmatización que estos conllevan, con el fin de unificar fuerzas para hacerle frente a los acuerdos de paz y su política de sustitución.

Organizaciones como Coccam, Astrazonacal, académicos e incluso algunos funcionarios del gobierno coinciden en que si esta política de sustitución no reconoce los motivos de los campesinos para ser recolectores y cultivadores de coca o, peor, si no se abordan sus causas iniciales, es bastante probable que los cultivos no desaparezcan.

Así lo hace saber el estudio titulado “¿La titulación de la tierra importa? El rol de los derechos de propiedad en la guerra contra cultivos ilícitos en Colombia” . El cual afirma que, entre 2000 y 2009, los municipios con un alto nivel de formalización en los derechos de propiedad de la tierra presentaron una reducción en los cultivos de uso ilícito.

Según esta investigación, “la expansión de cultivos ilícitos de coca tuvieron lugar, principalmente, en la frontera agrícola, donde la falta de un orden público, la débil definición de los derechos de propiedad, los abundantes recursos naturales y la alta prevalencia de pobreza, generaron el ambiente perfecto para establecer la producción de la industria de la coca, que está basada, principalmente, en los pequeños productores”.

Y es que es justamente esa falta de orden en la definición de los derechos de propiedad lo que reclaman los campesinos como primera medida que debe atenderse. “Más que todo, lo que falta aquí es que el gobierno haga inversión en la tierra”, afirma Emiliano Sánchez, miembro de la guardia campesina y trabajador de la ZRC.

La mencionada investigación muestra que un bajo nivel de formalidad en la tierra aumenta el riesgo de tener cultivos de coca. Esto significa que “la ausencia de un título o mecanismos efectivos para hacerlos cumplir, priva a las familias pobres de tener un capital y un ahorro”, herramienta que podría ser útil para el acceso a crédito, por ejemplo.

La propiedad a medias

La mayoría de los campesinos pertenecientes a Astrazonalcal y las JAC ocuparon tierras de propiedad privada. Algunos campesinos, oriundos de otros municipios del norte del Cauca o de diferentes departamentos, se instalaron en tierras inhabitadas que encontraron al norte de Caloto, pero que pertenecían a un “tal José María Silva”, según habían escuchado. Desde que empezaron a llegar, algunos hace más de 20 años, han trabajado las tierras que poseen y se han organizado de tal manera que hoy exigen el reconocimiento de la ZRC.

La ZRC del Norte del Cauca cobija más de ocho veredas distribuidas en los municipios de Corinto, Caloto y Miranda. Aunque no está legalmente constituidaEn 2002 se suspendió el proceso de constitución de todas las ZRC por orden presidencial y luego de la firma del acuerdo de paz se reactivó el proceso, esta área es reconocida por sus habitantes como una zona de hecho, es decir, que funciona para quienes viven allí.

La importancia de la ZRC como figura legal Estipulada en la 160 de 1994, y reglamentada por el Acuerdo 028 de 1995 y el Decreto 1777 de 1996 es que les permite a los campesinos participar como organización en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del municipio, para el beneficio de la comunidad. Por ejemplo, como la mayoría de campesinos caloteños son cultivadores de café, podrían gestionar una tostadora comunitaria ante el municipio, en la que cada campesino procese el café que recoge de su propia finca.

Además, la ZRC podría aclarar y formalizar la propiedad sobre la tierra en la que viven y trabajan, pues uno de sus componentes es el ordenamiento territorial de las veredas o municipios donde funciona.

Sin embargo, para estas comunidades acceder a la tierra sigue siendo una odisea. No solo por el desconocimiento de procesos legales o los costos que implica llevarlos a cabo, elementos que de por sí representan un obstáculo para acceder progresivamente a la tierra, sino por el hecho de no ser completamente reconocidos en la Constitución.

El estudio de los investigadores Rocío Peña, Mónica Parada y Santiago Zuleta, explica que “a diferencia de otros actores de la sociedad, los campesinos no fueron considerados como sujetos de políticas públicas específicas y fueron equiparados como ‘trabajadores agrarios’, olvidando muchos de sus elementos de la condición campesina. (...) Es decir, la Constitución olvida las dimensiones sociales, culturales y jurídicas y algunas veces económicas que hacen parte de quien trabaja, vive y tiene una relación cultural y social con la tierra”.

A diferencia de las comunidades étnicas como indígenas y afro, que cuentan con artículos de la Constitución exclusivos de reconocimiento de su diversidad étnica y derecho a curules especiales en Cámara y Senado, a los campesinos solo se les menciona en el artículo 64. Lo que, según los investigadores Peña, Parada y Zuleta, “se traduce en que no se haya impulsado de manera especial en la Constitución la defensa de los derechos de estos ciudadanos, ni políticas encaminadas a su desarrollo social, político y económico”.

Si bien las medidas de corto y mediano plazo incluyen la confrontación a los grupos armados que están ocupando los vacíos que dejan las FARC y la inclusión de los campesinos en los programas de sustitución voluntaria que plantea el Acuerdo, las medidas a largo plazo implican abordar la desigualdad agraria, que pasa necesariamente por el reconocimiento de la condición campesina como sujeto de derechos para garantizar su efectivo acceso progresivo a la tierra.