Chupave está donde la sabana se encuentra con la selva, en Cumaribo, Vichada. La coca atrajo a miles de colonos a esta inspección desde los años ochenta y su cultivo les brindó estabilidad económica durante los siguientes 20 años. La misma hoja, sin embargo, también trajo la violencia de diferentes grupos armados y dejó huellas que aún se ven, como el uso de pasta base de coca como moneda.
En este segundo capítulo del especial sobre el departamento del Vichada (vea acá el primer capítulo “Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra”), Rutas del Conflicto cuenta la historia de una región que vive entre la memoria de los tiempos del auge de la coca y la realidad de su decadencia. Sin el dinero del cultivo ilícito, se han develado carencias de infraestructura, movilidad, salud y educación, además de la falta del Estado, que no se ha hecho presente con una fuerza distinta de la militar.
Chupave ha estado escondida de la mirada de los otros colombianos. Incluso, sus habitantes no figuran en el último censo del DANE y para buscarla en Google Maps hay que escribir mal su nombre. Para llegar a la inspección desde Bogotá, son necesarias por lo menos 12 horas de camino, incluyendo la carretera hasta Villavicencio, el vuelo hasta el casco urbano de Cumaribo y los senderos por las trochas de la sabana.
Por una vida sin coca, Chupave se ha apuntado a un nuevo programa de sustitución de cultivos con cacao, en medio de la desconfianza de quien ya pasó por una serie de intentos fallidos y de la esperanza de poder dejar finalmente el pasado atrás.
En Chupave se ha sembrado coca desde hace 36 años. A comienzos de los años ochenta se corrió la voz de que en los adentros de la sabana del Vichada, en un lugar perdido en el mapa, estaba creciendo la llamada ‘economía de la coca’. Durante los siguientes 25 años, el sueño de un mejor futuro llevó a miles de campesinos a viajar durante días en búsqueda de estas lejanas tierras, a veces hasta semanas por la pésima condición del camino. En invierno, solo conductores lo suficientemente avezados se atreven a “trochar” la región hacia el sur desde el casco urbano de Cumaribo, donde está ubicada la inspección de Chupave y donde la sabana se funde con la selva.
La economía de la coca prosperó bajo la custodia del Frente 16 de las Farc, y la inspección también, que en pleno auge alcanzó a tener 364 casas en el casco urbano y 227 en su área rural, donde vivían y trabajaban cerca de 5 mil cultivadores de coca que llegaron de todas partes del país. A la semana llegaban entre 12 y 15 camiones llenos de víveres por los caminos abiertos del Llano y aterrizaban por lo menos tres avionetas en una pista de 700 metros de largo y 80 de ancho que tiene la inspección, según pobladores que vivieron el apogeo de la coca. Sin embargo, las cosas son muy diferentes hoy en día.
Los abusos de diferentes grupos armados, sumados a las fumigaciones aéreas y a la erradicación manual de cultivos por parte de la fuerza pública, han desplazado masivamente a la población que se fue entre el miedo a la muerte y la decadencia de su fuente de ingresos. Hoy no hay más de 25 casas y 80 fincas habitadas por unas 250 personas, las demás propiedades están abandonadas y difícilmente llega algún visitante. En lugar de los 70 trabajadores que podía haber por finca durante el apogeo, hoy no hay más de dos o tres.
El dinero de la coca, que les sirvió para olvidar la ausencia del Estado durante la bonanza, se fue, y en su lugar quedó un vacío.
Casi todo lo que hay en Chupave ha sido construido por la misma comunidad a lo largo de los años, incluyendo la pista de aterrizaje, una cancha de microfútbol –ahora en mal estado– , y las vías terciarias que comunican el centro del poblado con las veredas de La Reforma, Caño Cadá y Caño Chupave. La población se abastece con una hora de agua cada día de por medio, a través de un acueducto por gravedad que se impulsa gracias a una motobomba de seis pulgadas y a un tanque de mil litros erigido a 10 metros del suelo. Una planta eléctrica proporciona solo cuatro horas de luz entre 6 y 10 de la noche y hasta el momento no ha sido posible la construcción de una antena de telefonía celular. La comunicación con el exterior se hace a través de un único número fijo, vía satélite.
El centro educativo y el puesto de salud, que también levantaron los colonos, están en precarias condiciones de infraestructura y de equipamiento. El colegio Escuela Nueva imparte clases a 144 estudiantes, en su mayoría niños de las etnias indígenas Sikuani y Piapoco, entre los ocho y diez años de edad, muchos de los cuales viven internados en sus instalaciones debido a las grandes distancias entre el pueblo y algunos de los asentamientos indígenas del Resguardo Saracure-Cadá. El licenciado Julián Sepúlveda, actual director de la escuela, reconoce que hay factores que impiden mejorar la educación del colegio, como la dificultad de los niños indígenas para entender el español y que la mitad de los profesores son bachilleres normalistas.
El centro de salud no ha recibido a un médico por años. En otro tiempo había un enfermero permanente y el centro estaba bien dotado. La pastora misionera y auxiliar de enfermería Lina María Rueda, quien llegó a la región hace cuatro años para prestar servicio social voluntario junto a su esposo, el pastor Wilson Lozada, se inventa la manera de atender a los enfermos, con las pocas medicinas que tienen a la mano. Cuando los pacientes no tienen otra manera para transportarse, a veces tienen que caminar más de siete horas. En Cumaribo está el hospital más cercano, a cinco horas en carro del casco urbano de Chupave, pero viajar implica costos que la mayoría de pacientes no puede costear.
Lina María solicita con urgencia elementos de donación básica como gazas, isodine y alcohol y el abastecimiento de medicamentos como antibióticos, calmantes y cremas –actualmente agotados–, para tratar infecciones de la piel y urinarias, además de heridos por cortaduras de guadaña, entre otras enfermedades. El abandono del puesto de salud se refleja en las abolladuras de las esquirlas que una granada dejó sobre sus deterioradas paredes de adobe.
“Muchos medicamentos se han agotado, sobretodo los antibióticos y los analgesicos”, Lina M. Rueda
En la mesa de La Habana, Chupave fue seleccionado como un posible centro de agrupamiento y de desmovilización de guerrilleros de las Farc, en lo que llamaron Zonas Veredales Transitorias de Normalización; pero al final del proceso de selección lo descartaron. La versión oficial que recibió la comunidad fue la carencia de infraestructura y la dificultad de transportarse hasta este recóndito territorio. Sin embargo, se han escuchado rumores sobre la posibilidad de que una parte del Frente 16 no se desmovilice.
En todo caso, la gente en Chupave está preocupada porque pensaron que con la instalación de la Zona Veredal Transitoria llegaría la inversión social que les han prometido por años. Después de haber sufrido el yugo de grupos armados de uno y de otro lado por más de tres décadas, la población afirma que hay seguridad en el pueblo desde finales de 2011, cuando se entregó la banda criminal Erpac y el Ejército pasó a ejercer el control territorial de la zona. Sin embargo, su intranquilidad también se debe a que aún existen grupos criminales posdesmovilización paramilitar delinquiendo en el Vichada y a que las autoridades prendieron las alarmas sobre una posible amenaza de la llegada de la guerrilla del Eln al departamento. Al final de este mismo especial periodístico se amplía la historia del conflicto armado en Chupave.
En Google Maps, Chupave no aparece. Para encontrarlo hay que escribir incorrectamente su nombre: “Chupabe”. Esta inspección está ubicada en el suroccidente del Vichada, en Cumaribo, el municipio más grande de Colombia, cuya área de 74 mil km2 es mayor a la de países como Costa Rica y El Salvador juntos. La inspección también se encuentra en el límite suroriental de la sabana colombiana, sobre la línea que separa a los Llanos Orientales de la Amazonía.
Para comercializar cualquier cosa en Chupave se necesita pasta de coca, también conocida como base de coca, “bazuco” o “mercancía”. La elaboración de pasta de coca es un paso necesario para la producción de cocaína, que tras un complejo proceso químico, logra la apariencia de un queso amarillento. Su portátil tamaño permite cargarla fácilmente, como si se tratara de pequeñas monedas rectangulares, y es que en Chupave este “bazuco” es justamente eso, la moneda. Con un gramo, equivalente a 2 mil pesos colombianos, pueden comprarse tres huevos, y con dos gramos, una cerveza. Los artículos tienen etiquetas que en vez de mostrar el valor en pesos, indica el equivalente en gramos.
La época en la que decenas de camiones salían mensualmente de Chupave con kilos y kilos de pasta de coca se acabaron. Ya no hay una cantidad tal de producción que amerite la travesía de transportarla como antes. Después de las fumigaciones aéreas y de las jornadas de erradicación manual que adelantaron las fuerza militares entre 2007 y 2009, los cultivadores dejaron de lucrarse con la coca. Ahora viven las consecuencias de tantos años de comercializarla: un modelo económico del que no han podido escapar.
El abogado e investigador Alejandro Reyes cree que “el fracaso económico del colono, lo compensó la llegada de la coca”, por ser el único producto agrícola que despierta un interés tal en el comprador, que es capaz de llegar hasta la puerta de la finca por el producido. Muchos años en Chupave fue así, los campesinos no necesitaron transportar la coca porque los narcotraficantes llegaban por ella. Hoy, sin la bonanza y sin posibilidades de integrarse a la economía de la nación, Chupave ejemplifica la tesis de Reyes, quien también considera que sin apoyo, el colono está condenado a la quiebra en lugares como este, donde existe una enorme dificultad para transportar la producción.
Los pobladores dicen que la coca que cultivan y procesan actualmente en sus parcelas les alcanza únicamente para tratar de garantizar la seguridad alimentaria y el sostenimiento de sus familias. Pedro Antonio Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Caño Cadá, tiene 35 años y asegura que la coca le deja ganancias mensuales cercanas a un salario mínimo. “Eso es lo que le da a uno como esa base más estable de estar aquí, como para desenvolverse en la economía de la inspección, porque si uno no tiene un cultivito, pues es difícil porque oportunidades de empleo no se ven”, comenta Pedro Antonio, quien también se dedica a la carpintería. Según él, otra razón para mantener la producción de la pasta es la poca circulación de dinero en efectivo que hay en el pueblo.
La presidenta de la JAC de la inspección, Rocío Pinilla, considera que la evidente falta de apoyo gubernamental obliga a los campesinos a continuar con el trueque de pasta de coca por bienes y servicios. “Esto lo hacemos porque no tenemos apoyo del gobierno, no tenemos otra salida, en el momento no hay inversión social. Por esa sencilla razón, desafortunadamente, a nosotros los campesinos nos ha tocado hasta el momento subsistir de eso”, dice Rocío.
Un poblador puede producir cerca de 100 arrobas de coca cada 35 días, que le dejan alrededor de 600 mil pesos, casi 90 mil pesos por debajo del salario básico en Colombia. Con cada arroba (12 kilos y medio) es posible obtener unos 13 gramos de pasta de coca, que representan para el cultivador 6 mil pesos de ganancia. El producido es canjeado en la mayoría de los casos con lo que más necesitan, como alimentos, útiles de aseo y prendas de vestir, pero algunos pobladores cuentan que en la frontera con Venezuela hay compradores que están dispuestos a pagar cerca de 2 millones de pesos por cada nueve kilogramos de base de coca.
Si bien ha habido un decrecimiento progresivo de cultivos ilícitos desde el año 2007 en el municipio de Cumaribo, donde está Chupave, en 2015 los cultivos aumentaron de nuevo. Se pasó de 507 hectáreas cultivadas de coca en 2014 a 683 hectáreas en 2015, según información de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Plantaciones ilegales que aún despiertan el suficiente interés de intermediarios capaces de traficar droga en la frontera oriental de Colombia.
Aparte de trabajar la coca, los habitantes también sobreviven del cultivos de pancoger, como se les llama a las plantaciones que una población destina para su autoconsumo, en este caso sembradíos de maíz, yuca, caña, plátano y algunos cítricos. Alimentos que no llegarían en buen estado a un centro de acopio por la distancia entre Chupave y los lugares de consumo. En un censo agropecuario realizado por ellos mismos, documentaron que también cuentan con mil cabezas de ganado, 3 mil hectáreas de pastos sembrados y mil hectáreas más de sabanas naturales.
La historia ha demostrado que la relación entre el Estado y Chupave no ha ido más allá de los operativos de la fuerza pública. Apesar de proyectos productivos fallidos del pasado, hoy en día camina un proyecto con cacao que se presenta como una oportunidad para crear confianza con las instituciones. En octubre de 2016, cultivadores y representantes del gobierno firmaron un acuerdo que llamaron Pacto de Erradicación Voluntaria.
El cacao, a diferencia de los anteriores sembradíos, no se seca tan rápido, por lo que su comercialización lejos de la inspección tendría más sentido. Habrá que esperar resultados.
El llamado Pacto de Erradicación Voluntaria, firmado el 14 de octubre de 2016, es la esperanza más reciente de 189 familias del Vichada, considerando también a los habitantes de las inspecciones de Puerto Príncipe y Güérima que participan del programa, según números de la Presidencia.
La idea es transformar “el Triángulo Negro” –conformado por esas tres inspecciones que por siete años estuvieron bajo el dominio del jefe de las Farc Tomás Caracas Medina, alias ‘el Negro Acacio’–, en el “el Triángulo del Cacao”. Este nombre no convence a los pobladores de la región, por perpetuar el estigma que los ha acompañado por años.
El objetivo del Pacto de Erradicación para este año es acabar con 10 mil hectáreas de coca en el país y extenderlo para otras 40 mil hectáreas en el año 2017. Una iniciativa que cuenta con la participación de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, la Gobernación del Vichada, la Alcaldía de Cumaribo, la ONU y la empresa Casa Luker.
Sin embargo, la desconfianza permanece, y los pobladores, como Santo Tomás, necesitan ver resultados para creer en el proyecto, pues esta no es la primera vez que un programa de esa clase llega a Chupave, siempre con finales desastrosos, según narran habitantes de la inspección.
Los propios colonos usaban el mismo cacao de forma independiente entre los años 2006 y 2007, a pequeña escala, como una alternativa para sobrevivir a la cacería que el Estado había desatado contra los cultivos ilícitos. Pero las fumigaciones de 2007 acabaron tanto con la mayoría de la coca como con los otros cultivos que intentaron emprender, según cuentan habitantes del pueblo.
“Cuando estábamos tratando de cambiar la economía, venía la fumigación y nos neutralizaba, porque se quemaban los árboles, se quedaban como dormidos y algunos se morían. Por eso algunas personas desistieron del cultivo de cacao”, afirma el colono Norberto Mogollón, de 62 años.
Las fumigaciones aéreas de mayor recurrencia tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2007 en Chupave. En el mismo año, el Ejército presentó un nuevo programa de sustitución de cultivos, que proponía pagarle a los colonos cuatro millones de pesos por hectárea de coca, si ellos informaban acerca de su localización, contaron algunos habitantes de Chupave. Los conocidos “palines”, palos usados para la erradicación manual del cultivo ilícito, llegaron en agosto de 2008 a las zonas que habían sido señaladas por los colonos, pero el dinero de la participación en el programa voluntario, nunca llegó.
El Ejército no se manifestó hasta la publicación de este especial. Rutas del Conflicto entró en contacto por teléfono y correo con la coronel Sandra García, asesora de prensa del Comando del Ejército Nacional, y no obtuvo respuesta.
Luego les ofrecieron el proyecto de los alevinos. Autoridades locales se comprometieron a dar 20 mil alevinos de peces y a alimentarlos, para que pudieran ser criados por aquellos que tuvieran pozos. Hubo capacitación del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje, vinculado al Ministerio de Trabajo) para los futuros piscicultores, pero, solo llegó la mitad –10 mil– de los peces prometidos, sin comida. La iniciativa naufragó. “Así, sucesivamente, los proyectos desde esa época hasta acá se han quedado en el papel, por escrito, y no han funcionado”, dice Norberto.
Otro ejemplo de intento fallido ocurrió en 2015, cuando entró a Chupave una nueva propuesta para la sustitución de coca por el cacao, en la que los colonos participaron de algunos talleres. No obstante, el apoyo económico, una vez más, no llegó, y otro programa quedó a medias. “El mensaje que queremos enviar es que sí, queremos que se acabe la coca, pero necesitamos apoyo”, afirma Omar Ladino, presidente de la Asociación de Juntas Comunales del Vichada, Asojuncuvi.
La secretaria de Agricultura del Vichada, Viviana Marcela Giraldo Betancur, afirmó que hace cuatro años la Gobernación invirtió 680 millones de pesos, entre recursos propios y de la Federación Nacional de Departamentos, en la sustitución de cultivos para Chupave, Güérima y Puerto Príncipe. Ese presupuesto, que no preveía subsidios para quien dejara la coca voluntariamente, ha sido insuficiente para contemplar todos los injertos de cultivos demandados por los colonos.
La secretaria añadió que esa iniciativa ha sido puesta en práctica por la Gobernación en los últimos cuatro años, antes del apoyo de la Presidencia, y que ya ha generado una cosecha de cacao que deberá ser transportada de la región en los próximos días.
La nueva propuesta de sustitución de cultivos en Chupave es el Pacto de Erradicación Voluntaria, firmado en el último mes de octubre. Hay desconfianza, debido a la historia de intentos fallidos, pero también esperanzas, por la aparente seriedad del nuevo proyecto, el acompañamiento de la ONU y la presencia del alto consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de la Presidencia, Rafael Pardo, en la firma del documento de dicho programa.
Los colonos que lo acojan recibirán un auxilio financiero durante un año, de 750 mil pesos mensuales, en pagos bimestrales de un millón 500 mil pesos. Las promesas contemplan un permanente acompañamiento de la siembra del cacao en el año 2017.
El acuerdo prevé que toda la coca debe estar erradicada para el 14 de febrero de 2016 y que quien no cumpla será desvinculado del programa. El principal temor es que la inversión económica no llegue, o que el proyecto quede abandonado en 2018, después de los primeros apoyos.
Según los colonos, hay elementos que favorecen el nuevo pacto. Uno de ellos es la alianza con la empresa productora de chocolate Casa Luker, que se comprometió a comprarles las cosechas. Según la Fuerza Aérea Colombiana, la empresa ha calificado el cacao de la región con calidad Premium y deberá adquirir la producción a lo largo de cinco años, como mínimo.
La dificultad de transportar la producción es uno de los principales obstáculos para el éxito de los cultivos lícitos en Chupave, considerando la precariedad de las vías en la región y el alto precio de los traslados.
Álvaro Cubides, un habitante de Chupave de 69 años, ya cultivaba el cacao antes de la llegada del nuevo pacto. El colono explica, en el audio a continuación, algunas de las dificultades para secar y transportar el producto.
La presencia de un comprador que transporte el cacao es un alivio para los colonos, pero la mejora de las vías es fundamental para el desarrollo de la región en el mediano y largo plazo. La inversión en el transporte fluvial, por ejemplo, podría ser una salida complementaria pensando en clave de exportación. El Vichada es una de las potencias hídricas de Colombia. El río que lleva el nombre del departamento nace en el Meta y va hasta el río Orinoco, en la frontera con Venezuela.
De todas formas, los precedentes en la erradicación definitiva de la coca en la región sigue dejando incertidumbres entre los colonos. La presencia del Estado ha sido insuficiente y no ha pasado de la presencia militar y del glifosato. “Por dar un paso a la legalidad, aceptamos (el nuevo proyecto), pero lo que está en la mesa de trabajo es 2018, pues el cacao tarda dos o tres años para dar una buena cosecha. Vamos a tratar de no rechazar esa oportunidad del Estado, pero falta mucho más”, afirma Omar Ladino.
Llegar no es fácil. No solo por las exorbitantes distancias en el Vichada entre un lugar y otro, sino también por la ausencia de carreteras, las condiciones climáticas adversas y el costo del transporte. Una camioneta puede cobrar un millón de pesos para agotar 40 galones de gasolina recorriendo, en un viaje de ida y vuelta, los 170 kilómetros que hay entre la cabecera municipal de Cumaribo y el centro urbano de Chupave. Una moto lleva y trae a alguien por 300 mil pesos.
Si se sale desde la cabecera de Cumaribo, son cuatro horas cruzando la sabana hasta llegar al río Vichada, que parte en dos el departamento, atravesándolo de occidente a oriente. El recorrido es solitario y turbulento, pues la sabana está frecuentada por pequeñas serranías que ondulan la llanura; ondulaciones que dentro del automóvil hacen recordar esas competiciones deportivas de carros y motos, a través de carreteras abiertas, conocidas como rallyes. El vehículo tendrá que detenerse más de 10 veces para que alguno de sus tripulantes se baje y corra las cercas que dividen las enormes propiedades del municipio. En invierno el trayecto se realiza en medio de un enorme pantano que hace más difícil el transporte.
Una vez en el río es necesario hacer transbordo sobre un planchón, que tras media hora navegando desembarca en el casco urbano de la inspección de San José de Ocuné, en otro tiempo uno de los pueblos más importantes del Vichada. Hoy, debido a la violencia, no viven más de cinco familias allí.
Este planchón, una embarcación fluvial que transporta vehículos y transeúntes, es administrado por una familia que maneja una tarifa de 100 mil pesos por pasar un carro y 20 mil por moto. Hay otro planchón disponible para automóviles en la zona, ubicado en la vereda de Puerto Oriente, al occidente de San José de Ocuné. Las motos pueden encontrar más opciones de transporte en embarcaciones más pequeñas a lo largo del río. El planchón de Puerto Oriente es tristemente conocido por haber sido escenario de una cruenta masacre paramilitar a finales de los años noventa .
De ahí para Chupave es una hora más de sabana, donde pequeñas rancherías indígenas comienzan a aparecer a lado y lado del camino.
Luego de días bordeando ríos y riachuelos, don Flaminio Zabala y familia encontraron en un territorio indígena y en medio de dos caños, Chupave y Ariquiana, un lugar apropiado para echar raíces y construir su casa en 1977. Tras dos años merodeando por la región, llegaron a una zona cercana donde solamente había una familia, la de doña Julia Carrasquel, quien había fijado allí residencia en 1978. Esos fueron los primeros colonos que llegaron a lo que hoy se conoce como Chupave.
Pronto se les sumaron más familias, con las que caminaban tres días hasta llegar a un internado indígena para proveerse de víveres. O al menos, así lo cuentan los colonos más antiguos, quienes escribieron juntos un documento al que titularon “Reseña histórica de la fundación de Chupave”. Escrito que también reza: “el primer carro que entró al pueblo fue un camión Ford de propiedad del señor Miguel Laquea, de origen húngaro”.
Los finqueros que había en esa época aseguran que la coca la trajeron del municipio de Miraflores, Guaviare, en el año de 1980, cuando la semilla era costosa y escasa. Y con la coca, también llegó la guerra. Combatientes de las Farc, conocidos en ese entonces como ‘los muchachos’, comenzaron a aparecer un año después, “explorando el territorio”, como cuenta Norberto Mogollón, un campesino que lleva 35 años viviendo en la inspección. Los guerrilleros volvieron en 1984 para quedarse y en algún momento, entre los años ochenta y comienzos de los noventa, conformaron el Frente 16 de las Farc, conocido en la región como ‘el frente de las finanzas’. Esta estructura guerrillera llegó a ser la fuente de ingresos más importante de las Farc en el país a finales de la década de los noventa, según la Fiscalía.
En la reseña histórica escrita por los pobladores, 1985 se fija como el año en el que “inició la economía ilícita con un gran progreso lucrativo”. La semilla ya daba abasto para ser cultivada a gran escala en la región y la población, por lo tanto, aumentó significativamente, a tal punto que la familia Zabala decidió conceder un terreno para la conformación del caserío. El viernes 14 de octubre de 1988 se fundó Chupave, palabra inspirada en el caño vecino que los indígenas habían bautizado con el mismo nombre. Pasaron entonces a construir la cancha, las vías, la pista de aterrizaje y la escuela, donde el profesor Humberto Betancur comenzó clases en 1992 con 20 alumnos. La primera Junta de Acción Comunal, JAC, se constituyó dos años después, cuando ya había 500 familias instaladas en Chupave viviendo de la coca, unas 12.500 personas en total sumando a la población flotante.
Entre tanto, el Frente 16 era juez y ley en el pueblo. “Aquí la autoridad era la guerrilla. Ellos decían ‘estas son las normas de convivencia, escritas, ¡apréndanselas!’ Venía de vez en cuando el Ejército y hacía operaciones militares, pero se iba y quedaba lo mismo”, recuerda don Jorge Eliécer Vega, un señor de 75 años que ocupa la presidencia de la Junta de la vereda La Reforma. Algunos habitantes recuerdan un hecho de marzo de 1996 que marcó esa época. La historia fue que la guerrilla se había retirado y cuando volvió se encontró con que el Ejército estaba en el pueblo, así que decidió arremeter con una toma. Un profesor murió y según relatan, muchos niños, que estaban escondidos en un salón de la escuela, estuvieron en peligro de morir durante el combate.
En la primera mitad de los 2000, momento cúspide de la bonanza cocalera en Chupave, la guerrilla aumentó severamente el ‘impuesto’ a los cultivos de coca que venía cobrando en el pueblo desde los años noventa: 40 mil pesos por kilo, estableciendo así una especie de monopolio. Ahora tenían que pagar un millón de pesos por la misma cantidad y otros ‘impuestos’ que impusieron para productos como la cerveza, los cigarrillos y todos los químicos para el procesamiento, entre otros. Además, cuentan algunos pobladores, tenían prohibido comercializar pasta de coca con alguien que no fuera la guerrilla. “Llegamos a pensar en esa época que vivíamos esclavizados”, afirma Norberto.
El monopolio se estableció al siguiente año de que Tomás Medina Caracas, alias ‘el Negro Acacio’, asumiera la jefatura del Frente 16. Medina Caracas fue conocido por ser aliado del temido narcotraficante brasileño ‘Fernandinho Beira Mar’, también apodado ‘el Emperador de Río de Janeiro’. ‘Beira Mar’ fue capturado en un operativo de la fuerza pública contra ‘el Negro Acacio’ en 2001, denominado ‘Gato Negro’, del que ‘Acacio’ logró escapar. La mitad de la población de Chupave se desplazó a raíz de dicho operativo, temerosa de represalias por parte del Ejército o de la guerrilla, documentó la comunidad en la reseña histórica que escribió durante el 2016.
El Ejército no era el único actor armado con interés en expulsar a la guerrilla del Vichada. Los extensos suelos que las Farc habían dominado en el norte del departamento por años estaban siendo cooptados por grupos paramilitares de diversa procedencia (para ampliar esta información vea “Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra”). La guerra contra los paramilitares y la presión de la fuerza pública, con iniciativas como ‘Gato Negro’, debilitaron a la guerrilla en la región y la desplazaron cada vez más hacia el sur del Vichada. Después del 5 de julio de 1998, el día de una brutal masacre paramilitar en un planchón que cruza el río Vichada desde la vereda de Puerto Oriente, en Cumaribo, dicho río fue considerado como una frontera territorial entre ambos bandos. Al norte controlaban más los ‘paras’ y al sur, donde está Chupave, lo hacía la guerrilla.
El auge cocalero terminó en el año 2007, cuando ‘el Negro Acacio’ murió en un bombardeo y las fuerza militares comenzaron a fumigar los cultivos de Chupave. “El Ejército fue el que provocó el desplazamiento más masivo que hubo acá, en 2007, porque ellos vinieron instaurando el terror, involucrándonos en el conflicto armado, diciendo que éramos milicianos, ellos no tenían conocimiento de las cosas, era sicología. La gente con miedo se iba yendo porque no sabíamos lo que iba a venir contra nosotros”, asegura un habitante del pueblo.
Por su parte, la embestida contra los cultivos ilícitos dio resultado. Según un informe de la ONU, en 2008 las hectáreas cultivadas con coca en el Vichada pasaron de más de 7 millones a cerca de 3 millones. Durante ese mismo año, el Ejército inició la erradicación manual de cultivos, que acabó con cerca del 80 por ciento de la coca en la inspección.
Los colonos informan que la población se desplazó tanto por la actuación del Ejército como por la entrada de un tercer actor armado. En marzo de 2008, integrantes de la banda criminal autodenominada como Erpac (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia) llegaron a la vereda Caño Cadá y se asentaron, seis meses después, en una finca a dos horas del caserío de Chupave. La comunidad maneja el conteo de 40 personas desaparecidas por estas bandas, dos o tres cada mes, y el desplazamiento de por lo menos otras 50 familias.
Ante la estigmatización de la que fueron víctimas, Norberto responde: “las personas que ajusticiaron, que desaparecieron, no eran de la guerrilla, porque la guerrilla se fue cuando el Ejército llegó. El hecho de que le digan a uno que es auxiliador de la guerrilla porque le tocó compartir la vida con ellos, no es directamente que uno sea auxiliador. Porque, cuando usted está viviendo, manteniendo a su familia, dando estudio a sus hijos, viviendo de determinada economía, uno se queda ahí y hace lo posible por sostenerse ahí”. El Erpac se convirtió en la nueva autoridad del pueblo y aunque no quedaba mucha coca, también cobraron impuestos.
Algunos habitantes señalan la complicidad de miembros del Ejército con estas bandas paramilitares. “Llevábamos ocho años sin un homicidio. ¿Cómo no le va a dar miedo? Ellos decían que cargaban una lista y que todos los que estaban en esa lista iban a desaparecer de acá, con complicidad del Ejército porque aquí estaba el Ejército”, asegura un poblador. Entre los asesinatos que más recuerdan están el del inspector de Policía, en 2010, y el de Ramiro Henao, un comerciante que era muy apreciado en el pueblo, en enero de 2011.
El Ejército no se manifestó hasta la publicación de este especial. Rutas del Conflicto entró en contacto por teléfono y correo con la coronel Sandra García, asesora de prensa del Comando del Ejército Nacional, y no obtuvo respuesta.
Hernán Guerra cuenta la historia de su padre, asesinado por el Erpac.
Cansados de tantos atropellos, media docena de líderes decidió aparecerse ante el jefe de la banda y exigir respeto por sus vidas. Según contaron algunos de ellos, ese día lo convencieron de no amedrentar más a la población.
En diciembre de 2011, los miembros del Erpac que delinquían en Chupave decidieron entregarse. Cuatro helicópteros de las fuerzas militares llegaron por ellos y desde entonces, los pocos pobladores que quedaron, viven en relativa tranquilidad.
Ahora esperan que la aparente llegada del Eln al Vichada no sea más que una conjetura, que las bandas neoparamilitares que aún delinquen en el departamento no quieran pretender su territorio y que el Ejército preste seguridad en la región.