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El acuerdo del punto cuatro tiene el ambicioso propósito de encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Un paso para conseguirlo fue reconocer que los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas, han alimentado el conflicto armado interno en Colombia.
En el departamento del Guaviare los cultivos de uso ilícito han sido hace mucho tiempo uno de los principales problemas en la lucha contra las drogas. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), a finales de 2017 había 6.838 hectáreas de hoja de coca sembradas en el departamento de Guaviare.
Además, el Índice Municipal de Amenaza por cultivos ilícitos de coca construido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), permite identificar los municipios del país en los que la situación es más crítica. En 2017, San José del Guaviare se ubicó cuarto en este índice, solo superado por Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y Puerto Asís (Putumayo). Esto lo convierte en uno de los municipios del país en los que esta problemática se ha agudizado por la gran cantidad de cultivos, su tendencia más fuerte a expandirse, y la mayor permanencia del fenómeno en el territorio durante el tiempo, todo ello simultáneamente.
Para revertir esta situación, el Acuerdo creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). Este busca eliminar la pobreza y marginalidad en los territorios afectados por estos cultivos, para que los campesinos que derivan su subsistencia de estos cultivos tengan mejores condiciones de vida.
Para hacer parte del programa de sustitución las comunidades se comprometen explícitamente con la sustitución voluntaria, la no resiembra y a no estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito o la comercialización de materias primas derivados de éstos.
En el marco del programa de sustitución también se construyen los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). En estos las comunidades diagnostican sus necesidades, y planean las acciones que requieren para abandonar los cultivos de uso ilícito y transitar mediante la sustitución hacia otras actividades económicas. Esto de manera muy similar a como se hace en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.
En San José del Guaviare los campesinos están dispuestos a sustituir sus cultivos, la Alcaldía y la Gobernación también quieren apoyar el proceso, pero piden la intervención decidida del Gobierno nacional para que con inversión social se puedan superar los grandes problemas que enfrentan.
Al tiempo que avanza la sustitución voluntaria, las autoridades militares y de policía implementan la estrategia de erradicación forzosa, que no ha sido bien recibida por todos los actores en el territorio. Esta ha causado confusión en las comunidades, por los problemas de coordinación entre las autoridades encargadas de las dos estrategias. Según denuncian desde el ETCR de Colinas, se han presentado casos en que los erradicadores han llegado a destruir cultivos en fincas donde campesinos ya han firmado con anterioridad acuerdos de sustitución voluntaria, lo que ha hecho dudar a la población sobre la voluntad del Gobierno para cumplir los pactos de sustitución.
En un territorio con presencia de grupos armados organizados residuales, los conflictos alrededor de la sustitución y de la erradicación de cultivos son latentes. Este es un factor de complejidad adicional que impide a los campesinos actuar con plena libertad, pues se ven presionados por los grupos armados para no acogerse a los programas de sustitución. A su vez dificulta la creación de confianza entre la comunidad y las autoridades militares, entre quienes se han presentado incidentes producto de las acciones de erradicación que también se llevan a cabo en el municipio. Por eso campesinos como Luzneila Vera presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Gaviotas de San José del Guaviare, piden que el Gobierno “haga una negociación con el campesino, porque ahora el campesino está despertando y no se va a seguir dejando maltratar por el glifosato y los erradicadores.”
Las autoridades locales y nacionales tienen prevista una ruta para cumplir con los objetivos, y a pesar de las dificultades reclaman que se han conseguido logros importantes. Mientras se desempeñaba como Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo graduó al Guaviare como el primer departamento en cumplir las metas de acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en todo el país. En dicha oportunidad Pardo explicó que allí el programa de sustitución había cumplido la primera fase de vincular a las familias y retirar las matas de coca, y dijo que “vienen muchos retos hacia adelante y la etapa que sigue ahora es la transformación del territorio del Guaviare, de la mano del PNIS”.
Esta transformación es la que demandan campesinos, excombatientes y autoridades locales, quienes esperan que pronto llegue mayor inversión social para ofrecer nuevas oportunidades. Mientras tanto la erradicación forzosa sigue operando en el departamento paralelamente al programa de sustitución y los conflictos que esto genera continúan latentes.
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