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Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en San José del Guaviare hay cerca de 27.942 víctimas, lo cual representa alrededor del 40% de la población total del municipio. Además, según los registros acumulados que maneja esta entidad a través del Registro Único de Víctimas, en la capital del Guaviare han ocurrido un total de 59.756 hechos victimizantes:
Aún cuando no es el hecho que más se ha presentado en el municipio, pues hay más desplazamientos forzados y homicidios, los casos de desaparición forzada ocurridos en la capital del Guaviare, la convierten en la tercera ciudad más afectada por este hecho en todo el país. De las 179.426 desapariciones registradas en Colombia, en San José del Guaviare han ocurrido 2540.
Por eso las víctimas y las autoridades locales esperan que el trabajo de las nuevas instituciones que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en el punto cinco, sean de gran importancia para el municipio.
Sin embargo, el primer reto de estas nuevas instituciones es precisamente darse a conocer con todos los actores del territorio y realizar pedagogía sobre las funciones que cumplirán. Tanto las instituciones locales, como los excombatientes y la misma comunidad desconocen o tienen grandes vacíos sobre el rol que en la práctica desempeñarán en el municipio instituciones como la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las funciones asignadas a la UBPD en el Decreto Ley 589 de 2017, hacen que a esta entidad corresponda establecer lo sucedido con los 2540 hechos de personas desaparecidas en el municipio. También deberá abordar los casos de desaparición ocurridos en el contexto y en razón del conflicto armado que nunca fueron declarados, y que por lo tanto están por fuera de los registros oficiales.
Al respecto, el coordinador del ETCR de Colinas “Iván Alí” manifiesta que “aquí hay gente que no denunció ni la muerte ni la desaparición de sus familiares por miedo” y agrega que la UBPD deberá recibir colaboración de los militares, de los propios excombatientes en proceso de reincorporación y hacer su trabajo de la mano de las comunidades. Para muchos actores en territorio, esta es la entidad de la que se espera que su labor tenga un mayor impacto en el municipio.
Por su parte, el Decreto Ley 588 de 2017 creó la CEV como una institución imparcial e independiente, transitoria y extrajudicial, para buscar el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto y contribuir a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.
Sin embargo, el esclarecimiento de la verdad en un escenario de polarización como el que vive el país plantea enormes dificultades. Para el asesor de posconflicto de la Gobernación del Guaviare, Marco Antonio Fonseca García, uno de los principales problemas es que “el sector de la ultraderecha ha querido torpedear el proceso de paz por temor a que se conozca la verdad del conflicto en Colombia”. Para “Iván Alí”, el principal reto pasa por materializar la voluntad de todos los actores del conflicto, para que desde todas las miradas se contribuya a desentrañar la verdad.
De otro lado, la JEP debe cumplir con el deber del estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos, para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado. Pero la división que dejó el plebiscito de octubre 2016 no es ajena a este sector de la población; las víctimas no son un grupo homogéneo, y por el contrario tienen vivencias e intereses propios. Estos hoy se reflejan en visiones opuestas frente al trabajo que pueda desarrollar la JEP y mientras algunas esperan resultados favorables, otras la perciben como una institución pensada solo para favorecer intereses de los victimarios.
Varios actores entrevistados en el municipio coinciden en que el de las víctimas no es un tema de solo cifras sino un asunto humano, y piden que cada caso de victimización se aborde con respeto y cautela. Además, señalan que cada hecho victimizante debe analizarse en un contexto más amplio y con la contribución de todos los que participaron activamente en el conflicto, para que se contribuya al proceso de esclarecimiento de la verdad y de justicia que esperan traigan estos nuevos mecanismos de justicia transicional.
El Acuerdo también prevé que se fortalezca la implementación de la actual política pública para las víctimas. Para ello, en el municipio se ha identificado la importancia de potenciar sobre todo los procesos de retornos y reubicaciones de la población desplazada, y la reparación colectiva a las comunidades.
Para lograr estos y otros propósitos de la política pública para las víctimas, desde el territorio señalan que aún se debe trabajar para transformar las condiciones de seguridad que hoy no permiten el retorno o la reubicación de las comunidades a algunas zonas rurales del municipio. También piden esfuerzos para superar la debilidad institucional de la Administración municipal, que impide que desde la entidad territorial se hagan aportes significativos al proceso de atención, asistencia y reparación a las víctimas de San José del Guaviare.
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