Personas que pertenecían a la guerrilla, al paramilitarismo, a la Fuerza Pública, que fueron víctimas o que tienen marcadas diferencias trabajan de la mano por la paz. Para romper barreras, cuentan sus historias, hacen kintsugi, una serie animada, máquinas del tiempo, ejercicios corporales y firman pactos.

Óscar Leonardo Montealegre nació en Ibagué el 10 de abril de 1978. A los 4 años sufrió el hecho que marcaría su vida: sus padres fueron asesinados por las Farc, mientras su mamá sostenía en brazos a su hermanito, aún bebé. Creció huérfano. Unas décadas y varios cambios de rumbo después, encontró la adopción en quien jamás imaginó: la madre de una de las víctimas de la organización paramilitar a la que él mismo perteneció.

A los 17 años, Jhon Fredy Vega Reyes, alias “Tiburón”, lo invitó a unirse a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Aunque no sabía nada de ellos y no entendía nada del conflicto, para Óscar fue suficiente escuchar que se trataba de una especie de legión que luchaba contra la gente que mató a sus papás. Dejó todo y partió.

Llegó a San Blas, corregimiento de Simití, Bolívar, donde recibió un entrenamiento de tres meses. Con el tiempo, llegó a ser el segundo al mando del Bloque de las AUC del Sur de Bolívar, comandó estructuras en Santander y parte del Magdalena Medio y alcanzó a tener 1.200 hombres bajo sus órdenes. Pero en septiembre de 2006 se entregó a las autoridades, en el marco del proceso de desmovilización de las autodefensas.

Ingresó a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, que ahora se llama Cárcel La Paz. Entonces, comenzó el proceso de afrontar lo que fue su vida en las AUC. Uno de los momentos más difíciles fue el de encarar a sus hijos. Cuando los dos niños buscaron el nombre de su papá en internet, descubrieron la razón que lo tenía en prisión y que lo había alejado de ellos durante años. “Papá, ¿tú has matado niños?”, le preguntó uno. Tras el impacto y el dolor de un cuestionamiento auténtico y directo, vino el reconocimiento: “No. Pero les he hecho daño a muchos al quitarles a sus seres queridos”. Luego, la narración de toda la historia detrás de esas decisiones equivocadas. Y luego, el perdón de sus hijos.

Otro día, a la cárcel llegaron de manera sorpresiva las Madres de la Candelaria, integrantes de una organización que agrupa a familiares, en su mayoría mujeres, de víctimas del conflicto. “Los queremos libres, vivos y en paz”, gritaban. Querían hablar con los verdugos de sus hijos cara a cara, pedir explicaciones, buscar respuestas. Tras insultos, llanto y la expresión liberada de un dolor que habían cargado durante años, vino el silencio. Tenían al frente a quienes habían querido ver, pero no sabían qué camino seguía.

Los excombatientes las escucharon y prometieron buscar información con sus antiguos compañeros de guerra. Cuando volvieron, un mes después, algunas madres recibieron respuestas sobre lo que pasó con sus hijos y las ubicaciones de algunas fosas. La conversación se extendió y ahora intercambiaban sus historias. ¿Qué los llevó a ellos a tomar el camino de las armas?, ¿qué vivieron ellas y sus familias tras la desaparición de sus seres queridos?

“Ellas se pusieron en nuestros zapatos y nosotros en los de ellas. Y dijimos: ‘vamos a empezar a trabajar para que no haya más víctimas ni victimarios. Y no nos llamemos así. Llamémonos sobrevivientes del conflicto armado. Y contemos mi historia y su historia’”, relata Óscar.

Entonces, una de las visitantes, María Dolores de Montoya -Lolita-, tomó una decisión. Ella perdió a tres hijos por el conflicto, pero ahora, quería adoptar de manera simbólica a tres nuevos hijos dentro de ese grupo de muchachos de la cárcel. Uno de los elegidos fue Óscar. “La guerra me había quitado a mis papás, pero la reconciliación me devolvió una mamá”.

Como estos acercamientos entre las Madres de la Candelaria y los presos de Itagüí, existen muchas experiencias de paz en Colombia, en las que mundos extremos se encuentran. Incluso los nombres de sus actividades -Encuentros improbables, Diálogos inimaginables- reflejan lo asombroso de estos mano a mano entre campesinos, indígenas, miembros de la Fuerza Pública y exguerrilleros que en otro tiempo vivían enfrentados; mujeres con creencias diversas, orígenes distintos e historias opuestas; jóvenes y adultos mayores que han visto a Colombia desde ópticas diferentes.

Precisamente, para resaltar este tipo de historias, la Comisión de la Verdad realizó en diciembre de 2020 el encuentro virtual “En tus zapatos, un intercambio de experiencias entre excombatientes”.

Al aire libre, en un parque, agrupadas en mesas y sillas temporales, personas de la tercera edad se entretienen con juegos de mesa, mientras los árboles, el viento y los pájaros hacen de banda sonora. Una joven con mucha gracia se acerca, interrumpe la partida, les saca una sonrisa a sus canosos contrincantes y se une al juego. Aunque se parece a una escena de la serie Gambito de Dama, esta no es una creación de Netflix, no es ficción y no ocurre en Rusia.

La imagen es de Fuentedeoro, un municipio de Meta, en la región denominada Ariari en honor al río que enriquece sus tierras para la agricultura y la ganadería. Allí, cada dos meses, se congregan adultos mayores para compartir variados momentos, que siempre tienen en común los dos elementos con los que bautizaron el proyecto: “Un Tinto por la Memoria”.

Cuentan sus historias de vida y las marcas del conflicto, presentes hasta hoy. Mientras tanto, jóvenes aún en edad de ir al colegio escuchan atentos a Gregorio Santofimio, de 70 años, narrar cómo el frente 40 de la guerrilla de las Farc le robó 240 reses en La Uribe, Meta.

De manera similar llegaron muchos de sus contertulios porque Fuentedeoro ha sido receptor de víctimas de desplazamiento desde la época de la violencia partidista y con mayor ahínco en la consolidación de las Farc, hacia los 80 y los paramilitares, en los 90, quienes cometieron múltiples crímenes en pueblos y departamentos aledaños.

Así, con voz temblorosa, adolorida, pero fuerte, Aristófano Hernández cuenta que tuvo que refugiar a sus hijos y esposa en Fuentedeoro para que no los mataran.

Ahora, las cosas siguen siendo difíciles. Su esposa está enferma y la pandemia le redujo a casi cero las posibilidades de trabajar, pero sigue acudiendo a las reuniones de Un Tinto por la Memoria porque allí se siente apoyado. Él y sus compañeros, en ocasiones reciben ayudas en especie, olvidan sus problemas actuales y superan otros: “Hemos tenido paz. Hemos perdido el miedo de conversar con la gente”, celebra Gregorio.

También para proteger a su familia, José Octaviano Rodríguez, agricultor como atestiguan sus manos, dejó su finca en la vereda Unión del Ariari porque los grupos armados intentaban reclutar a sus hijos.

De más lejos provienen Alicia de Jesús Serna, a quien le mataron sus hijos en Remedios, Antioquia, y Nidia Suárez, desplazada de Guaviare cuando un comandante de la guerrilla les dio una hora a ella y su esposo para salir del pueblo.

Además de prestar sus oídos, los jóvenes del Tinto por la Memoria les sirven de bastón a sus vecinos mayores, les ayudan a dibujar y escribir, leen para quienes no han aprendido, los acompañan en las sesiones de relajación, actividades lúdicas y ejercicios físicos, son sus intérpretes y motivadores.

“Los jóvenes que vienen acá quieren y escuchan a los ancianos. Son sencillos, amables. Están pendientes de favorecernos en todo, lo que a veces no hacen ni los nietos de uno”, comenta Nidia.

Pero también es incalculable lo que reciben. A Michel Natalia Guarnizo, Daniel Sebastián Coy y Sara Valentina Morales no los ha tocado el conflicto de manera directa, pero sí los tocan la alegría y la valentía de las personas mayores que les abren su corazón. “He aprendido a tener fortaleza y nunca rendirme, me quedo asombrada porque no cualquier persona puede rehacer su vida después de tanto sufrimiento”, dice, Natalia, de 14 años.

A esa necesidad de reconocerse mutuamente alude María Angélica Bueno, coordinadora del objetivo de convivencia de la Comisión de la Verdad, donde han estudiado a profundidad más de cien iniciativas en las que las comunidades se unen para construir paz. “Si hay algo que estas experiencias demuestran es que la forma de trabajar por la convivencia es poder mirarse a los ojos y reconocer la humanidad del otro, haya sido este guerrillero, sea víctima o excombatiente”.

Las iniciativas de convivencia impactan a quienes las construyen y participan en ellas, pero también, irradian transformaciones en la sociedad:

Pactos de paz que nacen en las comunidades

Estas comunidades no esperan a que la paz llegue a ellas. La trabajan, la gestionan y la materializan en pactos.

Esa es la historia de Planadas, en el sur de Tolima. Este municipio limita con Cauca y Huila, departamentos desde donde confluyeron indígenas y campesinos. Pero también apareció la guerrilla de las Farc en la década del 60 y se empezaron a gestar confrontaciones con la comunidad Nasa We’sx, que vio invadidos su espacio y su tranquilidad en el corregimiento de Gaitania.

Por esa época, el Ejército se convirtió en un actor determinante para que la violencia se acentuara, pues les ofreció a los miembros del resguardo indígena un apoyo que se tradujo en entrenamiento, uniformes y munición, que terminó por transformar la guardia indígena en una autodefensa.

Tres décadas después llegaría el primer acuerdo, un hito en la historia de Gaitania cuyas enseñanzas se ven aún hoy. El 26 de julio de 1996 el gobernador indígena Virgilio López Velazco y Jerónimo Galeano, comandante del frente Joselo Lozada de las Farc, firmaron un acuerdo memorable en el que la comunidad, “reunida en reflexiones constantes entre líderes, presidentes de juntas, coordinadores de proyectos y cabildo en general”, proponía “soluciones al conflicto que tanto luto causó en el territorio indígena”:

Obispo José Luis Serna, (mediador), Jerónimo Galeano (Farc) , Virgilio López (Nasa) y Alfonso Chimbicue (Nasa).

Texto del primer acuerdo

Texto y firmas del primer acuerdo.

Concreto, con compromisos claros y directos, el pacto prohibió el ingreso de grupos armados a territorio indígena, además del uso de armas por parte de campesinos e indígenas. Sentenció con expulsión a los miembros del resguardo que ingresaran o colaboraran con cualquier grupo armado, legal o ilegal. Priorizó a la autoridad indígena para juzgar los delitos ocurridos en su territorio y decretó que la comunidad no pagaría “impuestos” a los actores armados.

La fuerza del diálogo entre diferentes y su capacidad para facilitar la convivencia quedó grabada en la memoria de Gaitania. Por eso, en el siglo que siguió, cuando allí se conformó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación - ETCR El Oso, en virtud del acuerdo de paz que alcanzaron el Gobierno Nacional y las Farc en 2016 -que para los gaitaniunos es considerado “el segundo acuerdo”-, la comunidad local pudo decir “hemos bregado a apoyarlos (a los excombatientes) y a estar con ellos como si fuéramos amigos desde siempre”, según narra un habitante del corregimiento.

Hacia febrero de 2019, los campesinos y los Nasa les propusieron a los reincorporados iniciar un proyecto productivo para ayudarse mutuamente, evitar que volvieran a las armas, encontrar un método de sustento y hasta para superar el aburrimiento. Indígenas y campesinos pusieron sus tierras y sus fincas, los antiguos miembros de las Farc se encargaron de la distribución, la Universidad de Ibagué aportó su experticia en diseño y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, junto con la Organización de Naciones Unidas brindaron acompañamiento. Así nació una nueva marca de café que no podía llamarse de otra manera: El Tercer Acuerdo, un grano que brotó de los frutos recogidos en los dos primeros pactos.

“El Tercer Acuerdo es un ejemplo para tener la esperanza de una paz duradera y firme, para mostrar al mundo y, sobre todo, a Colombia que sí se puede convivir en paz con acuerdos de buena y sana convivencia”, analiza Alexánder Osorio, invitado como garante al pacto.

Los protagonistas de estas historias de Planadas contaron sus experiencias en una serie de microcápsulas radiales para la Comisión de la Verdad.

Otro compromiso ciudadano, de carácter ético, selló un grupo de mujeres pertenecientes a diversos entornos y organizaciones, que se agruparon en el Colectivo Mujeres, Paz y Seguridad. Diez de las fundadoras se conocieron en un vuelo Bogotá-Manila, para participar en un proceso de intercambio entre Filipinas y Colombia, que facilitó la oenegé internacional Conciliation Resources. Y, aunque sabían que su destino estaba a miles de kilómetros, no imaginaban lo lejos que ese viaje las iba a llevar.

A partir de ese primer encuentro, el deseo común fue instar a la sociedad, el Gobierno y las Farc a buscar una salida negociada del conflicto armado, y presionar a estos dos para que no se levantaran de la mesa de negociaciones hasta lograrlo.

Así, en 2016, se constituyó legalmente el Colectivo y lanzaron el “Pacto ético por un país en paz”, una declaración política que mantiene unidas a mujeres excombatientes, indígenas, afrodescendientes, campesinas, sindicalistas, empresarias, académicas, mujeres de fe, con creencias y orígenes diversos. Reconocer, respetar y valorar la diversidad; desterrar las prácticas oportunistas y corruptas; elaborar una memoria plural para evitar la repetición de las tragedias, son algunos de los 15 compromisos que tiene el documento.

Para difundir estos principios y ayudar a hacerlos realidad, las mujeres del colectivo hacen talleres que llaman “Diálogos inimaginables / Diálogos posibles”; elaboraron la seria animada “Amanda y la Salamandra” para reconstruir el papel de la mujer en los conflictos que ha vivido el país; gestionan mesas técnicas de diálogo con diversos actores; trabajan con la Fuerza Pública en temas como perspectivas de género y masculinidad; y adelantan investigaciones.

En todo el proceso ha estado presente el respeto por las diferencias. Desde el primer momento en que se encontraron, estas mujeres notaron la diversidad de sus vivencias, perspectivas y opiniones, pero eso no les ha impedido trabajar juntas. A lo largo del proyecto, las mujeres religiosas que se incorporan han reconocido que la acción política no riñe con la espiritualidad y en cada una de las asambleas se llevan a cabo ejercicios católicos, protestantes, budistas, indígenas, ecuménicos etc

Impactos sociales y políticos

Incorporar los puntos del Pacto en entidades como la Alcaldía, la Fiscalía y la Procuraduría de Palmira, Valle del Cauca, es uno de los impactos en políticas públicas que ha tenido el Colectivo Mujeres, Paz y Seguridad.

Algo similar ocurrió en Fuentedeoro, cuando los organizadores realizaron un foro político con los candidatos a la Alcaldía. En palabras de Natalia Novoa, una cesarense, también desplazada y víctima de secuestro, que gestó la idea de Un Tinto por la Memoria, “se movió todo el pueblo, participaron casi 200 ancianos”. Esto permitió que se firmara un acta de voluntad, que luego llevaron a la oficina de la candidata ganadora.

Y es que las víctimas necesitan reconocerse como ciudadanas activas. Las personas mayores de Fuentedeoro, por ejemplo, proponen cambios como más empresas para trabajar en los pequeños pueblos e incentivar que los jóvenes estudien para el agro, no solo para las oficinas.

Pero también hablan de sus necesidades, pues a su edad, la mayoría tiene dificultades para garantizar su alimentación y vivienda. Precisamente, esas carencias fueron las que motivaron la génesis del proyecto en 2018, durante una Semana por la Paz, en la que Natalia participó. “Escuché a una abuelita víctima del conflicto y me impactó la manera en que habló: ella decía que se sentía muy sola, como un objeto más en la casa porque nadie hablaba con ella y eso le dejaba un vacío en su corazón”.

Brazos mutilados que hacen manualidades, ojos ciegos que pueden ver la humanidad de su contraparte, piernas amputadas que se acercan a otros para dar y recibir un abrazo. Así se ven los talleres de “Arte para Reconstruir”, un proyecto de la Fundación Prolongar, en Antioquia.

Su propósito es ayudar a civiles, militares retirados y personas en proceso de reintegración a superar las lógicas de la guerra, en un trabajo inicialmente individual y, luego, colectivo.

La primera versión de este programa, entre 2018 y 2019, vinculó a 54 participantes, la mayoría con alguna condición de discapacidad, sea porque los alcanzó una bomba mientras caminaban por Medellín, porque pisaron una mina antipersonal mientras patrullaban zonas rurales, o por cualquiera de las tragedias que transforman el cuerpo y la vida de las personas en la guerra.

La segunda, interrumpida por la pandemia del Covid-19, terminó en abril de 2021. En esa ocasión, se vincularon víctimas de violencia sexual, veteranos de la Fuerza Pública que pasaron por el secuestro o por minas antipersonal y desmovilizados de las autodefensas que salieron de la cárcel bajo la Ley de Justicia y Paz.

La metodología se da en tres pasos:

Reconciliación individual de las personas con sus propias heridas, errores e historias. Diana Zuluaga, una exintegrante de la Policía, cuenta que esa introspección le permitió conocerse, aceptarse, reconocer sus propios prejuicios y regular sus emociones.

Para ella, si la Policía Nacional aplicara esas estrategias educativas basadas en el respeto, el reconocimiento del papel esencial que cada uno juega en la sociedad, la regulación emocional y la reconciliación desde el ser, eso tendría un efecto muy positivo en el trabajo con la ciudadanía, se evitarían muchas agresiones. “La educación que yo recibí en la escuela de Policía fue basada en la formación de un carácter fuerte que, aunque en algunos momentos es necesario, suele convertirse, lamentablemente, en el día a día de algunos policías”, reflexiona.

Conectando con el enemigo. Los orientadores promueven un encuentro cara a cara entre los tres grupos, considerados adversarios en el marco del conflicto armado y, en ocasiones, invitan a sus familiares a hacer parte de los encuentros.

Estos momentos no están exentos de miedos y tensiones, pero Diana superó esos temores cuando se encontró con la franqueza de sus compañeros y empezó a creer en la reconciliación.

La confianza que se crea y el respeto por las ideas de otros, son fundamentales para este programa y para cualquier experiencia de convivencia. “Todos mostrábamos lo que éramos en ese momento, no había que ocultar cosas. Cuando alguna persona dice algo que no es tan común para el resto, simplemente, se recibe, se acoge, se respeta y se continúa adelante”, recuerda Diana.

En todo el proceso, que tiene el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y la Fundación Konrad Adenauer, KAS, intervienen arte-terapistas, profesionales de psicología, antropología, teatro y politología. Ellos los ponen a modelar arcilla, a resolver retos en equipo, hacen juegos de rol, ejercicios corporales y de regulación emocional, y aplican la técnica del kintsugi.

El kintsugi es el arte de reparar piezas de cerámica con materiales dorados o derivados del oro. Y cae de perlas para el proyecto porque la idea es reparar sin querer ocultar las grietas, apreciando la belleza de lo imperfecto; es decir, en lugar de tratar de esconder las heridas, las personas identifican su potencial.

Empoderamiento. Para involucrar a la comunidad, la primera fase cerró en 2019 con una exposición. Los participantes del proyecto seleccionaron a ocho representantes como guías de la exposición. Dos de ellos son invidentes, tres utilizan silla de ruedas y los demás tienen extremidades amputadas y usan prótesis.

Según la Comisión de la Verdad, generar discapacidad se ha convertido en un arma de guerra, pues los actores sacan provecho del imaginario de “menor valor” que recae sobre las personas con discapacidad. Pero, Diana cuenta que al trabajar con compañeros de Arte para Reconstruir en condición de discapacidad, el “espejismo de las limitaciones físicas” desaparece.

Los más de 600 asistentes a la exposición Encuentros improbables pudieron conocer los resultados del proyecto, pero también fueron interpelados con preguntas y reflexiones sobre sus propias heridas, sus niveles de estigmatización y sus prejuicios, entre otros. En la virtualidad que impuso la pandemia, un video-arte reemplazó la muestra museográfica en la segunda edición del proyecto.

Ese potencial de las actividades artísticas y manuales, tanto en contextos individuales como colectivos, lo identificaron, también, en Fuentedeoro, en Planadas y en la cárcel de Itagüí: