Tras años de luchas se abre un macrocaso de violencia sexual en la Jep.

Hace unos meses, la periodista y escritora colombiana, Jineth Bedoya Lima, alzó su voz ante las Naciones Unidas para señalar la sistemática impunidad en los casos de violencia sexual en Colombia. Del total de estos, el 98% no han sido resueltos ni han obtenido justicia. 

“No podemos pasar por encima de los derechos de millones de mujeres que tienen su fe de justicia puesta en esta jurisdicción” decía Jineth abogando por la justicia en el marco del conflicto armado colombiano. 

Hoy, por primera vez, tras seis años de la creación del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado, se creará el macrocaso número 11 que investigará y juzgará la violencia sexual y otros delitos relacionados con el género, sexo, orientación o identidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) cometidos por todos los grupos armados: desde exguerrilleros hasta paramilitares y agentes del Estado.

Así lo anunció este viernes 15 de julio el magistrado, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP en la rueda de prensa de la Sala de Reconocimiento en Bogotá. Su motivo principal era anunciar la creación del macrocaso #10 sobre graves crímenes cometidos por las Farc en el conflicto armado. El #11, por su parte, aún está en etapa de agrupación y concentración de la información. 

Este macrocaso no es una decisión aislada, es el resultado de las voces agolpadas alrededor de una lucha por el reconocimiento y la justicia. Es el reclamo de miles de mujeres, personas de orientación e identidad diversa y organizaciones de derechos humanos que a través de los años han construído informes y recopilado los datos necesarios para identificar las violencias sexuales en el contexto de la guerra en razón de estrategia y control social. 

Anteriormente, la Jurisdicción había recopilado estos hechos de manera transversal a todos los macrocasos ya creados, y la razón por la cual no habían considerado la apertura de uno específico se debía a la falta de identificación de un “mismo patrón de violencia sexual: hay violencia cometida por antiguos miembros de las FARC, por agentes del Estado intrafilas; contra soldados por sus propios compañeros; hay distintos patrones contra mujeres civiles ligados a detención y a la tortura” decía la magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad, Catalina Díaz Gómez, en la Audiencia de observaciones de las víctimas y priorización de nuevos casos celebrada el 21 de febrero del presente año en Medellín. 

Sin embargo, en razón del análisis realizado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la Jep para la apertura del macrocaso #10, se determinó el día 6 de julio que había información suficiente para responder a las solicitudes de las víctimas y  defensoras de los derechos de las mujeres y personas diversas que exigían la investigación del “fenómeno criminal en resarcimiento de la dignidad de las víctimas”.

Algunos de los informes recopilados por la Jurisdicción fueron los de ‘No es hora de Callar’ realizado por la periodista Jineth Bedoya y ‘Violencia Sexual’ por la Universidad Sergio Arboleda. Otros fueron entregados por la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Asociación Tamboreras del Cauca, la organización Casa de la Mujer, la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Víctimas de Violencia Sexual Entrelazando Confianza. 

Las organizaciones y las víctimas han sido reiterativas en no centrarse únicamente en hechos de violencia sexual, sino también investigar otras formas de violencias contra las mujeres tales como la violencia reproductiva, la explotación sexual y la trata de personas. Así mismo, en su concepto es necesario profundizar en patrones de violencia basada en género que permitan identificar problemas estructurales, no sólo sobre los cuerpos de las mujeres sino de las personas LGTBIQ+. 

El método que hasta el momento había usado la Jep para investigar estos delitos no se consideraba adecuado pues al estudiar de forma individual a los actores armados se puede “conllevar a un fraccionamiento de los hechos y de las víctimas, cuestión que limitaría la posibilidad de establecer contextos y patrones de macro criminalidad”

En los hallazgos recopilados por el GRAI se determinó que en muchos casos las violencias basadas en género eran en contra de lideresas sociales, comunitarias, defensoras de derechos humanos, periodistas, médicas y parteras que ‘debían’ ser castigadas “por meterse en política”, “por ejercer autoridad en una comunidad al ser profesora” y “por estar buscando lo que no se les ha perdido al reclamar a los actores armados”. 

 

 

 

En el Universo Provisional de Hechos presuntamente cometidos por las Farc- Ep se determinó que del total de victimizaciones documentadas, 2.300 corresponden a casos de violencia sexual entre 1980 y 2016, teniendo dos picos considerables en los años 2000 y 2002. De estas víctimas identificadas, cerca de 1.800 son mujeres y 296 son hombres.

A estas cifras se le suma la preocupante realidad de que, casi la mitad de las víctimas (-1.000) eran menores de edad cuando sucedieron los hechos. 

 

Sin embargo, estas cifras siguen siendo consideradas inferiores a la realidad pues hay una invisibilización y normalización de la violencia de género en la sociedad que no sólo se traduce en sevicias sobre el cuerpo sino en la discriminación y el machismo. 

En Rutas del Conflicto publicamos previamente una nota periodística sobre las razones anteriormente expuestas por la Jep, la violencia de género en el conflicto armado y la lucha de las organizaciones por el reconocimiento y la visibilidad. (LEER AQUÍ)

Con la apertura de este macrocaso, las organizaciones y miles de víctimas, junto a lideresas como Jineth Bedoya y Yolanda Perea, esperan que, finalmente, llegue la justicia, la verdad y la reparación a sus vidas. 

Actualizado el: Vie, 07/22/2022 - 16:58