La Oficina: la disputa por la tierra en Chimichagua

Por: Pilar Puentes Espinosa

Mientras la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Proceso de los Santanderes, se reorganiza tras la muerte del líder José Luis Quiñones, ocurrida a principios de agosto de 2022, 100 familias debían soportar las amenazas de un nuevo desalojo en Chimichagua, Cesar en un predio llamado La Oficina. Esta organización acompaña a campesinos en la recuperación de las tierras que trabajaron hace dos décadas,  de las que tuvieron que salir a causa de la violencia paramilitar y las presiones de hacendados de la región. 

La Comisión ha sufrido la muerte de tres de sus líderes en menos de seis meses.En febrero mataron a Teófílo Acuña y Jorge Tafur, figuras reconocidas a nivel nacional que también trabajaban en la recuperación de tierras y playones en las ciénagas de la cuenca media del río Magdalena Medio a través de ocupaciones por parte de campesinos. José Luis Quiñones fue asesinado en Tamalameque por la defensa de playones de la ciénaga de Zapatosa y por la recuperación de Matarredonda, un predio de los mismos empresarios que alegan la propiedad de La Oficina a través de un fideicomiso.  

La compañía que  dice ser la propietaria es el fideicomiso que se conoce como Inmuebles Ganaderos I, que administra la firma Acción Sociedad Fiduciaria S.A, como lo muestra el certificado de Tradición y Libertad, desde 2011. Fue adquirida mediante contrato de compraventa celebrado entre Unión Mutua S.A. con Elías Malkun y Cía S, tal como consta en la escritura pública número 788 del 18 de julio de 2.005 protocolizada en la Notaría Cuarta del Círculo Notarial de Barranquilla. Como lo relató Verdad Abierta, la fiduciaria es recordada por administrar las fiducias del proyecto BD Bacatá, que está envuelto en pleitos por incumplimientos en el retorno de capital y utilidades.

 El mismo portal mostró la relación entre Inmuebles Ganaderos I con Factor Group, una empresa que ofrece cuestionados servicios financieros. "Desde 2002, Factor Group fue pionera en la industria del factoring, un negocio de riesgo mediante el cual se adquieren títulos, contratos o créditos de personas o empresas que necesitan liquidez inmediata. La ganancia estaba en la diferencia entre lo que gastaba adquiriendo el crédito y lo que recibiría después, cuando se hiciera efectivo el cobro de la cuenta. Esas operaciones llamaron la atención de las autoridades y en octubre de 2011, tras denuncias anónimas, la Superintendencia Financiera concluyó que Factor Group realizaba actividades de captación o recaudo no autorizado de dinero, lo que obligó a la Superintendencia de Sociedades a ordenar el desmonte de la empresa y, de paso, denunció los hechos ante la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa y abuso de confianza", señaló Verdad Abierta.

La Oficina de 2.200 hectáreas está en el centro de la disputa entre los llamados ‘yuqueros’, campesinos que han habitado varias generaciones, la última ha  ocupado la tierra por más de 10 años; y el fideicomiso que se conoce como Inmuebles Ganaderos I. Para la Comisión, el centro de la discusión está en la ausencia de un ordenamiento territorial que regule y proteja la vida campesina, la vida de los liderazgos y la supervivencia de los ecosistemas. 

En un vídeo que los campesinos publicaron a través de redes sociales afirman que: “No somos invasores, recuperamos la tierra para la vida. Aquí está nuestro sustento”. Los hijos de los ‘yuqueros’  habitaron La Oficina hasta que fue despojada por el Bloque Norte al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.  Como lo explicó el abogado que los acompaña en el proceso judicial, Jorge Niño, “los terratenientes y ganaderos en la zona utilizaron grupos criminales con el objetivo de ir despojando a las comunidades del territorio, en donde históricamente habían vivido”. 

 

El abogado también resalta que la informalidad en la tenencia de la tierra facilitó vaciar el territorio. Los predios quedaron a merced del control paramilitar y algunos, entre ellos La Oficina, se convirtieron en un lugar usado por los ‘paras’ para cometer crímenes contra la población cesarense.  Cuando en 2005, el Bloque Norte se desmovilizó, las comunidades creyeron que podían retornar a la tierra, sin embargo surgieron nuevos  grupos armados que han amenazado las actividades de retorno. 

“Nosotros solo queremos trabajar, tener nuestros sembrados de yuca, mango y maíz. Poder darle de comer a nuestros hijos, vivir tranquilos”, afirmó una de las personas que viven en La Oficina, que prefiere omitir su nombre por el miedo que hay tras la muerte de sus líderes y la presencia de grupos armados en la región. 

En julio de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que registra que al menos 190 mil personas se encuentran en riesgo en los municipios de Tamalameque, Chimichagua y Astrea del departamento del Cesar y El Banco, Guamal y San Sebastián de Buenavista en Magdalena por la presencia y disputa del Clan del Golfo y el ELN. 

A ello, se suma el panfleto que recorrió las calles de Chimichagua contra los líderes campesinos que llevan la recuperación de La Oficina, en septiembre de 2021. Como denunció la Comisión de Interlocución, la amenaza señalaba con nombre propio a los líderes, los acusaba de ser colaboradores de la guerrilla y de ser “robadores de tierra”. Además, les dio un tiempo límite para abandonar el municipio. Nadia Umaña, vocera de la organización, afirmó que estas amenazas representan un ataque mismo al proceso y al liderazgo de los campesinos que históricamente desarrollaron en estas tierras actividades transitorias y de uso comunitario. 

“No tiene ningún sentido ser campesino sin tierra”

El 20 de abril de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar emitió una sentencia en primera instancia por el desalojo de las familias campesinas de La Oficina en la que pide iniciar, nuevamente, el proceso de querella policiva para desalojar a la comunidad.  Todo empezó cuando los hijos y nietos de los ‘yuqueros’, retornaron el 26 de mayo de 2021. Francisco Javier Duque Gonzalez, representante del fideicomiso Inmuebles Ganaderos, presentó una denuncia ante la inspección de la policía al ver que parte de La Oficina había sido ocupada por los campesinos. 

Pasó el tiempo y como lo relataron voces de la Comisión de Interlocución, las familias comenzaron a sembrar y a criar animales para su sostenimiento. Inmuebles Ganaderos interpuso una denuncia por perturbar el predio y fue atendida por la inspección de policía de Chimichagua. El 21 de junio de 2021 le avisaron a la comunidad campesina que dos días después se haría una visita al predio para conocer en qué estado se encontraba La Oficina y las personas que habían llegado a la tierra. 

Para poder llevar a cabo el procedimiento es necesario que la comunidad hubiera sido notificada desde que Inmuebles Ganaderos interpuso la denuncia. El abogado Niño y la Comisión afirman que nunca fueron notificados y que se estaría violando el debido proceso. 

“El 24 de junio de se realizó la inspección ocular, en la cual se pudo constatar que los campesinos ocupantes poseedores se encuentran trabajando, cultivando pan coger, que se encuentran varias casas y cultivos, que es notorio que la comunidad campesina tiene años en posesión, explotación económica, de manera pública, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño en el predio rural objeto de la diligencia de inspección ocular”, se lee en la primera tutela que la comunidad  interpusó al Juzgado de Chimichagua.

Después de la inspección ocular se debía llenar un acta con lo encontrado y fijar fecha de audiencia para que un juez los escuchara y tomara la decisión de si existía una posesión legítima del predio. Según testimonios de la comunidad, en la visita la inspectora de la Policía les pidió firmar una hoja en blanco y no les informó de la audiencia. 

La comunidad campesina se acercó al juzgado de su municipio para presentar la nulidad contra el proceso al no ser notificados.No encontraron la respuesta que esperaban y la inspección de Policía emitió una resolución en la que pedía que el predio fuera devuelto a Inmuebles Ganaderos.  Durante los trámites judiciales, los habitantes de La Oficina sufrieron varios atropellos de la fuerza pública y según la comisión, fueron señalados de robar tierras en el Cesar. 

El caso llegó al Tribunal de Chiriguaná. Los campesinos no se rindieron y decidieron apelar la decisión, querían un proceso justo en que se clarifique quién tiene la propiedad de La Oficina. Como lo narró el abogado Niño, “llevar el proceso hasta el Tribunal no fue tarea sencilla, fue toda una odisea”. Según los términos de ley, el juzgado de Chimichagua tenía 20 días para enviar el expediente al Tribunal, la jueza argumentó que el municipio no tenía luz y mucho menos internet. “La jueza para justificar la demora sumó más de cuatro veces los 20 días hasta completar cuatro meses”. Ella alegó que no había podido enviar en los términos por problemas en el municipio pero nunca pudo demostrar que eso era cierto”, afirmó el abogado. 

Mientras se decidía si el juzgado había actuado conforme la ley, los campesinos debían soportar las amenazas de destrucción de cultivos y el desalojo por parte de Inmuebles Ganaderos. “Ellos no pueden vivir tranquilos sin saber cuándo va a venir la fuerza pública a sacarlos”, afirmó una de las vocerías de la Comisión. 

Fue así que, en febrero de 2022 el Tribunal de Chiriguaná falló a favor de los campesinos. Resolvió anular la sentencia de Chimichagua y exhortó a la Alcaldía y la inspección de policía por no cumplir el debido proceso. 

“El despacho observa que, evidentemente, dentro del trámite de la querella policiva existen ciertas irregularidades que dan al traste con el derecho fundamental al debido proceso alegado por los accionantes, esto debido a que desde la génesis del trámite de la querella se presentaron falencias garrafales que enlodan el derecho a la defensa de los querellados”, se lee en la sentencia de Chiriguaná.  

Cuando las familias campesinas creían que la historia había terminado  y que tendrían un proceso justo, donde pudieran defender su ocupación en La Oficina, el Tribunal de Valledupar -sala familiar- también tomó otra decisión. El representante legal de Inmuebles Ganaderos interpuso una tutela en contra del Tribunal de Chiriguaná, al considerar que no fue tenido en cuenta en la decisión de comenzar nuevamente el proceso. 

La comunidad campesina fue desalojada del predio, según testimonios, de manera violenta. Algunos habitantes resultaron heridos y cargan con el estigma de ser ladrones de tierras. El Tribunal de Valledupar emitió sentencia seis meses después del desalojo en el que advierte la necesidad de volver hacer el proceso de querella policiva. 

“Nosotros ya dejamos eso así porque el desalojo ya se había consumado, ya los habían desalojado”, afirmó el abogado. Los campesinos retornaron a La Oficina y están esperando que el Estado resuelva la ocupación, para ellos tener la tierra y trabajarla  es lo que los hace campesinos. 

Las amenazas contra la Comisión, contra los líderes de los procesos y las comunidades no cesan. A la par se publican en medios de comunicación notas que los señalan de ser invasores de tierras. La radio local, Radio Guatapurí, hizo una nota titulada ‘Invasiones en el Cesar: ¿comenzaron las expropiaciones?’ en la que entrevistaron a José Luis Giraldo, presidente del Comité Fiduciario de Inmuebles Ganaderos, afirmó que los predios de La Oficina y Matarredonda, en Tamalameque, fueron ocupados por gente de la región y que las autoridades no les han dado solución. 

Para la Comisión el debate y la estigmatización que se abrió por la ocupación de predios, durante el primer mes de gobierno del presidente Gustavo Petro, trae consigo las amenazas y violencias de actores del territorio. “Nosotros no estamos ocupando propiedad privada. La pregunta es cómo ellos se hicieron a esa tierra que fue despojada y que no tiene clara su tradición”, afirmó añadía Umañan, vocera de la Comisión.

La Oficina nació a la vida jurídica en 1978, cuando dividieron un predio de mayor extensión a manos de Elias Malkun Tafache, quien comparte apellidos con Amín Malkun Tafache. Como lo recuerda gente de la región como un ganadero y terrateniente cercano al general Rojas Pinilla.  En el libro Los Jinetes de la cocaína se dice que Amin Malkún fue arrestado en los 80 con un cargamento de Metacualona, un sedante ilegal. Además estuvo involucrado en problemas con un predio llamado Pacho Prieto en Chiriguaná, vecino de Chimichagua. No es claro el origen del predio, como lo afirmó la Comisión de Interlocución. El proceso legal declarará si Inmuebles Ganaderos son los dueños y tienen los títulos inscritos o las 2.000 hectareas están en falsa tradición. 

 

En menos de seis meses han asesinado tres lideres que defendían la ciénaga de la Zapatosa.  Por: Kimberly Vega

Mientras se desenvuelve el proceso de pertenencia de La Oficina, las comunidades que han habitado este predio por más de 10 años esperan seguir cultivando como hasta ahora pero sin el miedo de ser desalojados o violentados o asesinados, como los tres líderes que llevan procesos de recuperación de tierras en el Cesar.  “Yo espero quedarme en esta tierra que la trato como a mi mamá porque es el sustento de mi familia, de ello vivimos”, afirmó uno de los campesinos. 

 

Actualizado el: Jue, 09/22/2022 - 17:07