Luchas contra el viento y el machismo

En las comunidades indígenas de La Guajira, donde la cultura y la tradición están arraigadas en el tejido social, las mujeres wayúu tienen un rol esencial como guardianas del conocimiento ancestral y el cuidado del territorio. Sin embargo, según las voces de las mujeres entrevistadas para este reportaje, su presencia ha sido marginada y minimizada en las negociaciones con las empresas interesadas en la implementación de campos eólicos en la región.

Durante los últimos seis meses, este territorio ha estado en el debate político nacional. Su potencial energético renovable ha hecho que los ojos sean puestos, nuevamente, sobre estas tierras desérticas. Aquello que parecía una promesa de desarrollo económico y social, se convirtió en la fuente de discordia entre la comunidad, sobre todo, en un obstáculo que afecta a las mujeres y sus liderazgos. 

Mientras el gobierno nacional y las empresas que tienen proyectos de campos eólicos en el departamento piden aceleración en la consolidación y formalización de estos procesos, las lideresas solicitan diálogos amplios e incluyentes. Para las mujeres wayúu es importante sentarse a hablar con todos los actores afectados por la transición energética de La Guajira, pero, sobre todo, están pidiendo que toda la comunidad tenga conocimiento amplio y la información necesaria sobre los procesos que intervienen en su territorio. 

El viento que quiebra: las afectaciones de las discusiones eólicas en el trabajo de las lideresas. 

Los parques eólicos de La Guajira son vistos como el gran proyecto colombiano de transición energética. Son capaces de generar más de 24.000 watios por día. Existen 17 empresas que buscan poner en marcha sus proyectos para llegar a generar energía a 4,1 millones de personas en todo el país. Un proyecto estratégico para el desarrollo económico y social de media y alta Guajira que ha generado grandes fricciones y quebrantamientos en las comunidades. 

“Se ha fragmentado esto. Los lazos del pueblo Wayúu se han roto. El tejido social del que se habla con el pueblo, de verdad, está en su peor momento”, narra Ismenia Iguarán, lideresa indígena de Uribia, en La Guajira. Se refiere a los problemas internos que se han generado tras las negociaciones de permitir en los territorios ancestrales la entrada de estas empresas. 

Joanna Barney, investigadora de la organización Indepaz y autora de Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayúu, afirma que la llegada de estos proyectos energéticos se tradujo en pugnas comunitarias. “Las empresas no tuvieron en cuenta las decisiones de las comunidades, las afectaciones a la medicina tradicional que ejercen las mujeres, que se traduce en economía y sostenimiento familiar”, señaló Barney. 

La llegada de los negocios de transición energética ha puesto en disputa a varios clanes del pueblo Wayúu. Son alrededor de 50 proyectos, de los cuales 21 tienen problemas sociales asociados, según la organización Indepaz. El más recurrente es la legitimidad de las autoridades indígenas que entran en procesos de consulta previa o que suscriben acuerdos con las empresas. 

Por una parte, está la autoridad ancestral que puede negociar los proyectos que se realicen en el territorio, según sus usos y costumbres y en acuerdo con la Corte Constitucional y, por otra parte, está la autoridad certificada por la Dirección de Consulta Previa. 

Como lo recopila el informe ‘‘Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayúu", a la fecha van nueve líderes asesinados en hechos relacionados con los parques eólicos y seis comunidades desplazadas tras amenazas de muerte. 

Para las mujeres indígenas wayúu, el panorama no es muy distinto. Jackeline Romero, de Fuerza Mujeres Wayúu, afirmó que las mesas de negociación entre las autoridades de la zona y las empresas no contemplan la presencia de ninguna mujer. “Son negociaciones asimétricas porque la empresa viene  de comunidad en comunidad, convenciendo a los hombres y las autoridades de que nosotras no hacemos parte de esta conversación”, afirma Romero. 

Además, señala que varias de estas compañíashan logrado desestimar todo lo que este grupo de mujeres han logrado colocar en la discusión. “No vale hacer resistencia y demostrar que nuestras opiniones son importantes, porque simplemente no nos quieren escuchar”, explicó.  

En palabras de Ismenia Iguarán, una lideresa wayuú que lleva desde muy joven trabajando por el territorio y los derechos de las comunidades indígenas, las mujeres son ignoradas, olvidadas y hasta censuradas de los espacios de negociación.  

“Yo pienso que, como mujer, hemos sentido el desconocimiento desde el primer momento de la consulta previa por parte de las empresas”. Para muchas de las mujeres indígenas, ese desconocimiento nace de  no reconocer su rol dentro de las comunidades y no verlas como parte fundamental en la construcción de la comunidad. 

Las lideresas dicen son señaladas de ser un obstáculo permanente en los procesos de negociación y “culpables” de impedir que lleguen las promesas que hicieron las empresas al permitir su llegada al territorio, como lo son tanques de agua, soberanía alimentaria o empleos. Las estrategias de las empresas, que denuncian las comunidades , no sólo desconocen las dinámicas del territorio, sino que sacan a flote tensiones internas y, por lo tanto, aumenta la división y rompen el tejido social. 

El pasado habla, pero nadie lo escucha 

Las comunidades Wayúu han sido víctimas durante décadas de proyectos económicos que han llegado a su territorio. Uno de los que más tienen presente las mujeres wayúu es la minería a cielo abierto, pues reconocen todos los problemas que estas operaciones extractivas han suscitado en la comunidad. 

La empresa Cerrejón ha sido la encargada de la actividad minera desde 1985 y ahora tiene la explotación carbonífera a cielo abierto más grande del mundo. Desde entonces el Estado colombiano la ha presentado como una muestra de desarrollo y orgullo. 

Sin embargo, para gran parte de la comunidad wayúu, la presencia de la explotación de carbón en el territorio ha significado la desarmonía de la comunidad. Desde su llegada, se han presentado casos de desplazamiento forzado, desapariciones, presencias de grupos armados, deterioros en el tejido social y daños ambientales. 

Así lo relata en su informe de comunidades étnicas, ‘Resistir no es aguantar’, de la Comisión de la Verdad al narrar los hechos de la masacre de Rodeíto El Pozo en 2001, cuando cuenta a través de varios testimonios que la familia asesinada había sido desplazada a raíz de la llegada de la empresa el Cerrejón. 

Aleida Tiller Uriana, socióloga y lideresa wayúu, recuerda todos los atropellos que vivió la comunidad cuando se estaba consolidando el proyecto de Cerrejón en la Guajira. De todo lo vivido con esta empresa de minería, según Tiller, se han tomado algunos aprendizajes desde la parte cultural y jurídica. En el momento en que había comenzado el proyecto minero, no existía un reconocimiento de las comunidades indígenas en la Constitución, lo que complicaba su participación en las decisiones del territorio. 

La situación con la llegada de los parques eólicos es diferente, ya que existen leyes y tratados internacionales, firmados por Colombia, que protegen a las comunidades indígenas. En 1991, el país se comprometió a preservar los derechos culturales y territoriales de pueblos indígenas y tribales a razón del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es parte Colombia. 

Sin embargo, como lo manifestaron varias mujeres Wayúu y los informes generados por Indepaz sobre estos proyectos de energía renovable, poco o nada se ha cumplido en la protección de su pueblo y especialmente en la consulta previa. Un ejemplo de ello, como lo relata el informe, es que durante la pandemia el entonces presidente Iván Duque autorizó al Ministerio de Interior realizar las consultas de manera virtual.

Aunque el mismo Ministerio derogó la circular, quedó en la memoria de las comunidades wayuú que el gobierno estaba interesado en cumplir con el requisito a como fuera lugar. Incluso, sin importarle que las comunidades no tuviesen un verdadero proceso de consulta, pues en el territorio no había ni energía ni Internet. 

También se ha presentado otras irregularidades, como las que se relatan sobre los proyectos offshore, campos eólicos que se encuentran costa afuera. A pesar de que van adelantados en las solicitudes de permisos con la autoridad ambiental, Corpoguajira, varios de estos no cuentan con la socialización del proyecto y mucho menos con la consulta previa. “Los proyectos se ven ya “maduros” y ya solicitaron las torres de medición ante Corpoguajira, pero las comunidades Wayúu de esas áreas de influencia ignoran lo que ha estado sucediendo”, se lee en el informe de Indepaz. 

Para Tiller lo que está pasando con la llegada de los parques eólicos es una repetición de los problemas que se vivieron desde la llegada de Cerrejón. Promesas irreales, datos poco rigurosos y falta de claridad en los detalles de los proyectos. 

“Yo le preguntaba a los ancianos, que en su momento eran los jóvenes de esa época de Cerrejón, y a ellos les decían: ‘El agua ya no te va a faltar, te va a llegar por tuberías y también tendrás luz. Llegaban en helicópteros en nuestra pista de carrera de caballos. Pero, ¿hoy que tenemos? Estamos más pobres que cuando llegó Cerrejón’”. Para la socióloga y lideresa wayúu las afectaciones también han traído lecciones aprendidas que espera que las comunidades indígenas apliquen con los proyectos eólicos. 

El trabajo de las mujeres en la protección de su territorio

De acuerdo con Tiller Uriana, la función de la mujer Wayúu es proteger el territorio, mantener el equilibrio y la armonía familiar. No obstante, en los últimos años especialmente las mujeres más jóvenes han levantado su voz para preguntar, analizar y discutir sobre lo que sucede en su comunidad, saliéndose del escenario meramente doméstico al que algunos hombres las han intentado encasillar.

Durante la firma del Pacto por la Transición Energética Justa, Rafael López, líder de la comunidad Tankamana, aseguró que las mujeres no tienen porqué estar en la discusión de estos diálogos sobre el territorio.  “Hay guerras entre nosotros, pero la mayoría no es por las empresas, algunas razones tienen que ver con la representatividad en los municipios, ya que en estos se posesionan mujeres Wayúu. Las mujeres son sagradas, pero no pueden ejercer la autoridad dentro de nuestro sistema. Ellas solo son consejeras entre sus Clanes”, afirmó el palabrero. (ver video)

Para Tiller, estas palabras son una demostración de lo que sucede dentro de la comunidad. “Cuando los hombres se sienten en peligro por el trabajo que hacemos para defender el territorio, empiezan a señalar la esencia de la mujer Wayuú, apelando que solo estamos para la cocina y para obedecer”, afirmó Tiller.

Para la socióloga esto es clave para entender el actuar de las empresas. De acuerdo con las denuncias de varias lideresas, estas organizaciones se aprovechan de estos discursos para excluirlas de las discusiones. Sin medir palabra, las empresas llegan al territorio a hablar directamente con el hombre. 

“A nosotras nos excluyen porque saben que siempre vamos a pensar en los beneficios comunitarios. Los hombres, algunos, pueden tranzar con el dinero que les ofrece la empresa”, señala una de ellas. 

Para Jakeline Romero Epiayu, defensora wayúu de derechos humanos en el departamento de La Guajira, es necesario que las mujeres de su pueblo no sean vistas solamente como un ser sagrado que esté en armonía con el pueblo y el territorio, sino que esto se traduzca en que ellas puedan tomar decisiones en las comunidades. 

“A mí no me interesa usurpar el papel del tío materno porque ese va a ser el papel histórico, social, cultural y político. A mí lo que me importa es que ahora, en estos tiempos y en estas dinámicas nuevas, se entienda que las mujeres también aportamos a la cultura”, señaló Romero. 

Tras la violencia paramilitar a comienzos de los 2000,  las afectaciones en el territorio y en la salud por la minería, las mujeres decidieron comenzar procesos organizativos para cuidar y defender  al pueblo Wayúu. De este proceso, nace Mujeres Fuerza Wayúu en 2006 como una forma de visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos.  

“Una oportunidad de formación política de mujeres y una forma de incidencia para la participación y para elevar la voz de las mujeres como una voz más en las comunidades, no como una representante de ellas”, afirmó Jakeline Romero. 

No solo se han enfrentado a las tradiciones del pueblo Wayúu, a las afectaciones por el conflicto armado o a las luchas por la protección ambiental del territorio. También lo han hecho, desde hace algún tiempo, con las empresas que han llegado a los territorios con proyectos de parques eólicos. Fue así que, Fuerza Mujeres Wayúu comenzó su trabajo de la mano de las comunidades, escuchándolas luego de los diálogos que se tenían con las empresas. 

Desde las primeras conversaciones con las empresas que llegaron al territorio, esta organización ha intentado participar en los procesos., las cuales hicieron un ejercicio netamente con la comunidad. “Nosotras nos acercamos después de esos diálogos para hacer una protocolización y para escuchar las voces de la comunidad”, explicó Romero Epiayu. Desde ese momento, comenzaron a notarse algunas controversias, pues se hablaba de promesas de empleo y de 'desarrollo', pero poco se tocaba las afectaciones al territorio. 

Además, también identificaron otra problemática. “En cada proceso, las mujeres eran una voz muy importante internamente en su comunidad, en organizar, en orientar las conversaciones. Pero, a la hora de tomar decisiones, de firmar actas, de protocolizar acuerdos, las mujeres no estaban, eran solo autoridades masculinas”, dijo Romero Epiayu.

Luego de percatarse de estas falencias, decidieron crear espacios de conversación, principalmente con mujeres, para que fuesen ellas las que pudiesen tener la capacidad de intervenir en las discusiones con las empresas, de acuerdo con las necesidades de cada una de sus rancherías y familias. 

A esta iniciativa se le llamó ‘Mujeres Amigas del Viento’, creada de la mano de la organización Oxfam. Se trataron de encuentros con lideresas de varias partes del departamento en los que se informaba y denunciaba los inconvenientes que cada una vivía en su comunidad respecto a los proyectos eólicos. Esto permitió destacar las prácticas machistas e irregulares de muchas empresas, reflexiones que han sido importantes en la discusión general sobre las actuaciones de estas empresas en el territorio guajiro. 

Después de las promesas, ¿llegará la calma? 

Durante la primera semana de julio, el presidente Gustavo Petro estuvo en La Guajira para atender la crisis social que vive el departamento. La falta de servicios de salud, la escasez de agua potable y la desnutrición infantil son algunas de las problemáticas con las que lidian las comunidades desde hace años y que buscaron ser atendidas mediante decretos planteados en esos encuentros. 

El Gobierno Nacional expidió un total de 11 mandatos de ley para atender el estado de emergencia económica, social y ecológica que vive el departamento. Con ellos, se promete una atención prioritaria a la educación, salud y alimentación de toda la población Wayúu, especialmente de los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, durante la visita, también hubo un interés por aclarar el futuro de la transición energética en La Guajira. 

Esto se ve reflejado en el decreto 1276 del 2023, por medio del cual se toman medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y “preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética”. Según el decreto, esta medida se toma con el fin de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales. 

En el documento se señala, con preocupación, el atraso que están teniendo los proyectos de energía renovable, como los campos eólicos. “Actualmente, existen 17 proyectos de generación de energía renovable en la región y únicamente 2 de estos proyectos han cumplido con el cronograma trazado a tiempo. Es decir, el 82% de los proyectos están atrasados”, se afirma en el escrito del decreto.

Para el Ministerio de Minas, la falta de desarrollo, los problemas financieros y las dificultades de operación que han tenido las empresas durante la ejecución de los proyectos han puesto en riesgo la subsistencia de las familias. Según se afirma en el decreto, el fracaso de estos proyectos de transición energética en la región causaría la pérdida de bienes, servicios y empleos pensados para la comunidad. 

Sin embargo, las lideresas afirman que, si bien estos proyectos pueden significar una fuente de beneficios para la comunidad, deben hacerse conversaciones donde prime el consentimiento informado y la participación simétrica de la comunidad. De lo contrario, estos proyectos seguirán exacerbando las diferencias entre clanes y siendo fuente de conflicto que pone a la mujer en riesgo. 

“El nivel de conflicto se agudizó totalmente con la llegada de los parques, entonces no han sido tan limpios en comparación con algunas manchas de sangre, que ya ha corrido en el territorio”, afirmó Aleida Tiller. De acuerdo con la lideresa Wayúu, las falsas expectativas de las empresas y el Estado causan más conflicto. 

Joanna Barney, investigadora de Indepaz, señaló las preocupaciones que tiene sobre estos decretos. “Muchas promesas pintan un gran paisaje, pero se nota que a esos decretos les hace falta territorio, hace falta aterrizarlos. Hay muchos huecos, en muchas partes, que generan más preguntas que respuestas”, dijo en el diálogo con CINEP, ‘La Guajira en emergencia: Un debate impostergable’.

 

Actualizado el: Mié, 08/30/2023 - 13:17