Organizaciones sociales y las comunidades de Jericó expresan temor por la llegada de grupos armados en medio de conflicto socioambiental

Se escuchaban rumores, se veían hombres armados en las veredas, algo estaba pasando, pero nadie entendía muy bien de qué se trataba. Así vivieron algunos meses los campesinos de Jericó, Antioquia, a comienzos de 2025. Hasta que los enfrentamientos entre el Ejército y los armados no se hicieron esperar. 

La mañana del 22 de enero de 2025, la vereda La Cabaña del municipio de Jericó fue noticia departamental. Una mujer había sido encontrada muerta en su casa, tras un ataque de hombres armados que dispararon a la casa donde se encontraba la víctima. El gobernador Julián Andrés Rendon viajó a Jericó para comprender y explicar qué estaba pasando en el municipio en que la presencia de grupos armados no era visible o casi existente. Era de conocimiento que habían pequeñas bandas delincuenciales en la zona y una presencia intermitente del ELN en municipios cercanos. 

Días después se produjo la captura de Jaime Alberto Quintero, alias ‘El Zarco’, quien había pertenecido al bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ahora es uno de los cabecillas del Clan del Golfo que ha entrado en la subregión del suroeste antioqueño y señalado del asesinato en La Cabaña. 

Meses después, la comunidad interpuso dos denuncias: en la primera, contaron cómo hombres con fusiles largos e identificándose como miembros del Clan del Golfo habían entrado a una finca cafetera para intimidar a la comunidad. En la segunda, que 10 miembros de un grupo armado  entraron a la zona rural de Jericó con lista en mano, preguntaron por campesinos líderes y recabaron información.  El Clan del Golfo había llegado a Jericó.

Organizaciones sociales y líderes comunitarios han denunciado que, en medio del conflicto que mantienen con la empresa minera AngloGold Ashanti y con un sector del Estado que respalda la explotación en su territorio, la presencia de un actor armado agrava la situación, al profundizar la estigmatización en su contra y militarizar un conflicto de carácter ambiental.

Jericó hace parte de la subregión del suroeste antioqueño con algunos otros municipios como Támesis, Jardín y Fredonia. Está a 115 kilómetros de Medellín, en un imponente paisaje cafetero, que se convierte en un corredor estratégico para los armados, conecta el interior del país con el Pacífico. El Clan del Golfo que ha venido dominando el territorio en los departamentos de Bolívar y Magdalena llegó al suroeste para enfrentarse con la influencia del ELN en algunas zonas. 

El Ejército desde comienzos de este año ha realizado varias capturas y enfrentamientos contra miembros de este grupo armado. La IV Brigada del Ejército se enfrentó con la subestructura ‘Edwin Román Velásquez’, parte de este grupo armado en julio de 2025. En la vereda Lourdes, Jericó, fueron capturados dos hombres armados alias ‘Alex’ y alias ‘López’, quienes eran los encargados de coordinar los homicidios y extorsiones en el municipio.

El 29 de agosto, el Ejército junto con la Policía se enfrentó, nuevamente, con la subestructura  ‘Edwin Román Velásquez’, esta vez en la vereda Río Frío,  Támesis, en los límites con Jericó. El despliegue de las fuerza pública resultó en la captura de integrantes del Clan del Golfo y la muerte del cabecilla de esta estructura. Pese a los operativos, los líderes de la zona se sienten cada vez más inseguros. Los miembros de la Junta de Acción Comunal de Río Frío renunciaron.  El presidente de la Junta afirmó no poder seguir ejerciendo su función de liderazgo por las constantes amenazas y las pocas garantías de protección tras el fortalecimiento del Clan del Golfo en el territorio cafetero. 

 

 

Temor por el estigma

Aunque las amenazas en contra de los líderes no se han materializado en atentados directos, hay mucho temor por la fuerte estigmatización que han recibido quienes han protestado por el proyecto minero Quebradona de Anglogold Ashanti. Los señalamientos a los defensores ambientales han llegado al punto de ser acusados por sectores que apoyan el proyecto minero de “delincuentes”, más aún después de que 11 personas fueron denunciadas por la empresa ante la Fiscalía.Esta empresa sudafricana que llegó hace 20 años al territorio se ha enfrentado constantemente con los campesinos que argumentan los impactos en el agua por la explotación  subterránea para extracción de cobre. 

En mayo de 2025, la Fiscalía imputó cargos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales a los campesinos que participaron en las protestas en 2022 y 2023. Como lo contó Rutas del Conflicto en otra publicación, las comunidades en Jericó a través de la Mesa Ambiental y otras organizaciones de la sociedad civil habían impedido el ingreso de la minera. Según Fernando Jaramillo, líder de organización de la sociedad civil Alianza Suroeste, en noviembre de 2022, la empresa minera ingresó a una finca con el permiso del propietario para instalar una plataforma de perforación minera con el fin de realizar estudios. 

Líderes de la comunidad señalan que los empleados de la minera no les informaron de la instalación y que, inclusive, ingresaron a la vereda Vallecitos, vestidos como recolectores de café. Ante los hechos, varias personas ingresaron al predio para desmontar la plataforma, según denunció la comunidad a través de un comunicado. AngloGold presentó una querella contra los campesinos y en diciembre de 2023 tras un hecho similar en que los campesinos desmontaron otra plataforma, la empresa repitió la estrategia. Volvió a querellar a 61 personas, incluidos menores de edad y personas de la tercera edad. 

Desde que ocurrieron estos hechos, los habitantes de Jericó que se oponen al proyecto minero como sus líderes han sido estigmatizados en medio de la defensa del territorio. “Quien se oponía era tildado de vándalo, de insurgente”, manifestó un habitante de la región. El proyecto Verifico, de Verdad Abierta, ha podido identificar cómo los discursos se mueven en las redes sociales con el fin de deslegitimar la protesta y a sus líderes al vincularlos en acciones ilegales. Como por ejemplo las publicaciones del periodista e influencer Diego Santos: “En Jericó está surgiendo un grupo delincuencial de campesinos y activistas que está sentando precedente sobre cómo resolver las disputas”. En medio de esa oleada de mensajes en cuentas de X contra los campesinos, algunos los han señalado de ser milicianos del ELN. 

Para Fabián León, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en un escenario donde está fortaleciéndose un grupo armado como el Clan del Golfo, la estigmatización es un factor de riesgo adicional para los líderes que han sido tildados de insurgentes en medio de un conflicto socioambiental. 

En la misma vía, como lo explica Leonardo González, director de la ONG Indepaz,  este flagelo ha servido históricamente como herramienta para deslegitimar a ciertos grupos sociales y justificar actos de violencia en su contra.   

El pasado 9 de abril de 2025, los habitantes de Jericó emitieron un pliego de peticiones respecto a unas instalaciones de plataformas en las veredas de La Hermosa, Vallecitos y La Soledad del corregimiento de Palocabildo, en medio de una protesta pacífica. El documento señala la petición al Puesto de Mando Unificado conformado a raíz del plantón, “aclare a través de un comunicado público, el carácter legítimo y pacífico de nuestra protesta y nos desembarque de las recientes alteraciones al orden público por la presunta presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas rurales del municipio. Esto con el fin de que no se relacionen los hechos ni se agudice la estigmatización que pone en riesgo nuestra vida”. 

Como lo explica el director de Indepaz, el riesgo de la estigmatización, a parte de deslegitimar los liderazgos, es el primer paso para otras violencias contra los líderes sociales y ambientales. 

Los convenios y el peligro de la militarización del conflicto 

La comunidad de Jericó, expresa un profundo temor de que el conflicto socioambiental en torno a los proyectos mineros en su territorio se militarice, como ya ha ocurrido en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, en el sur de Córdoba, las comunidades que se han opuesto a proyectos como la mina de Cerro Matoso han denunciado presencia del Ejército y la represión de líderes sociales, en un contexto de militarización que ha agravado las tensiones, dejando a las comunidades campesinas y líderes ambientales expuestos a amenazas, estigmatización y violencia. Los habitantes de Jericó temen que la defensa del territorio y del agua pueda ser criminalizada. 

La empresa sudafricana, AngloGold Ashanti, ha firmado por lo menos cinco convenios de colaboración con el Ejército Nacional para cuidar la infraestructura y las actividades mineras, en Jericó. Estas alianzas se pueden hacer desde 1998 con la Ley 489, que permite que empresas minero-energéticas aporten recursos económicos directamente al Ejército y a la Policía, para que protejan los proyectos extractivos. 

El primer convenio encontrado por Rutas del Conflicto se firmó  por un año en 2008 por 323 millones de pesos. La seguridad de la empresa estaba a manos de la Séptima División del Ejército Nacional. Cada año, AngloGold Ashanti firmaba un convenio con el Ejército, en el cual destinaban dinero para arreglos o construcción de infraestructura, gastos institucionales, bienestar personal y derechos humanos. 

La doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Shauna Gillooly, y la doctora en sociología de la Universidad de Oxford, Jamie Shenk, han estudiado estos convenios en Colombia y sus vínculos con violaciones de derechos humanos desde hace más de cinco años. Su investigación muestra que a la hora de la firma de los convenios con las mineras, las cifras de violencias contra los líderes bajan en comparación con los convenios firmados con las petroleras. 

Sin embargo, las doctoras advierten que esta situación puede cambiar cuando a las empresas les queda poco tiempo en el territorio y deben entregar resultados. Como es el caso de Jericó, donde la empresa debe, una vez más, presentar la información suficiente para la licencia ambiental. Luego de que en 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, archivara la solicitud de exploración debido a la falta de información sobre los impactos. 

Fabián León explica que ahora la empresa viene con una estrategia jurídica más agresiva porque la empresa si no subsana lo pedido por la ANLA tendrá que solicitar nuevos permisos en una zona que en junio de 2025, mientras se llevaba el proceso de los líderes judicializados, el Ministerio de Ambiente expidió la resolución que declara una zona de reserva temporal en los municipio de Jericó, Támesis, Fredonia, Santa Bárbara y La Pintada como una  Área de Protección para la Producción de Alimentos en Colombia (APPA). La medida prohíbe, por lo menos tres años, la entrega de nuevas concesiones mineras. 

La tensión latente entre los liderazgos judicializados, AngloGold Ashanti agilizando los permisos ante la ANLA y el fortalecimiento de los grupos armados se convierte en un conflicto socioambiental que se militariza. Así lo explica el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional, en Jericó se han presentando tensiones entre la empresa y la comunidad que han llevado a la estigmatización, la fragmentación del tejido social y sobre todo la militarización del territorio.

“Cuando llegó la empresa quien cuidaba todo eran los soldados, uno los veía acampando en las instalaciones de la minera. Llegaba el batallón y se instalaba ahí”, manifiesta una de los campesinos de la región.  

Desde el año 2022, la Defensoría del Pueblo viene señalando que el suroeste antioqueño se ha comenzado a constituir en una zona de alto riesgo. Se empieza a evidenciar la presencia de grupos armados y en respuesta empieza la militarización y la privatización de la seguridad. Para León del CIEDH, "la militarización del territorio en esta zona del departamento de Antioquia se asemeja a lo ocurrido en el Oriente Antioqueño, siendo los convenios de colaboración, un factor a tener en cuenta". De hecho, como lo contó Rutas del Conflicto en otra investigación, empresas como ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos a las unidades militares que mayor número de asesinatos presentados como guerrilleros muertos en combates determinó la JEP.

Como lo explica el director del Centro de Empresas y Derechos Humanos, el riesgo de la defensa del territorio se da “cuando hay un dos actores asimétricamente posicionados confrontándose por derechos territoriales, el hecho de que exista aún una política de militarización y securitización del sector empresarial expresada no solamente en en seguridad privada, sino también en convenios de colaboración, es un factor de riesgo para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos”.

Los 11 líderes judicializados van a enfrentar el proceso en libertad. La comunidad espera que el gobierno mantenga su posición de no minería en la región y pueda seguir consolidándose como una zona APPA. La empresa deberá solicitar, por tercera vez, la solicitud de licencia ambiental, mientras los actores armados se consolidan en la región y los líderes ambientales continúan defendiéndose de la justicia y e

 

Actualizado el: Lun, 10/06/2025 - 08:13