Entre amenazas, conflicto y deforestación: las colonias menonitas continúan acumulando territorios indígenas en Colombia

* Por: Natalia Brito. Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Los pueblos indígenas latinoamericanos no son ajenos a la presencia de las colonias Menonitas. Aunque son de origen europeo, esta comunidad religiosa ha ocupado amplias zonas en países como México, Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia. En el 2015, tres colonias llegaron a Colombia, donde rápidamente provocaron revuelo por la deforestación causada en territorios indígenas ancestrales del departamento del Meta y por la acumulación de tierras con pasado turbio.

A raíz de las denuncias de las comunidades indígenas sikuani, que se han organizado para reclamar las tierras ocupadas por los ‘gringos’ -como ellos mismos los llaman- en los predios de Puerto Gaitán, en Meta, la autoridad ambiental Cormacarena ha registrado tres procesos sancionatorios en relación a las afectaciones ambientales provocadas por tala de bosques de galería y la contaminación en nacederos de agua. Dichos expedientes obran dentro de un proceso judicial radicado en la Fiscalía General de la Nación como parte de la Ley 1333 de 2009.

Según Cormacarena, durante el 2022 no se han presentado nuevas actividades de tala masiva, sino que por el contrario, se han realizado acciones para la recuperación del área afectada, tal como se acordó en los compromisos legales adquiridos entre la entidad y los menonitas. Incluso indican que, tras las investigaciones de la entidad ambiental y el seguimiento por parte de las comunidades indígenas, el 4 de octubre de 2021 Cormacarena sobrevoló con drones las hectáreas de los menonitas para verificar desde el aire si “se habían suspendido actividades de tala y quema de árboles en la zona, además la recopilación de información sobre la construcción ilegal de infraestructura vial, la ocupación de cauces y los efectos que estas acciones generaron en el ecosistema”, se lee en el informe que la entidad entregó a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam como respuesta a un derecho de petición.

Durante tres días Cormacarena y la Fiscalía realizaron las visitas y determinaron que no había actuaciones ilegales y que todo contaba con los permisos necesarios, por lo menos en lo que va del año. Sin embargo, en los temas territoriales, la situación sigue siendo preocupante. Desde marzo del presente año, organizaciones como la Corporación Claretiana y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han disminuido su presencia en los territorios por la situación de violencia. En enero de este año fue asesinada la lideresa ambiental y de tierras, Luz Marina Arteaga en el municipio vecino, Puerto Lopéz. Algunos abogados que asesoraban a los pobladores indígenas lo siguen haciendo sin el respaldo de las organizaciones. Mientras los menonitas siguen adquiriendo propiedades. Se estima que al momento van por las 38 mil hectáreas, según los certificados de tradición y libertad de predios que estaban en proceso de compra cuando Rutas del Conflicto y Mongabay Latam realizaron la primera investigación sobre el pasado de las tierras que ocupa esta comunidad religiosa.

En el análisis que esta alianza periodística pudo realizar a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, encontró que sí existen nuevas evidencias de cambio de uso de suelo en los espacios ocupados por los menonitas y que forman parte del territorio que reclaman las comunidades. Entre enero y la primera semana de octubre de este año, se detectaron 505 alertas de deforestación.

Si tomamos en cuenta que entre agosto y diciembre del 2021 – cuando se denunciaron los problemas de deforestación ante Cormacarena- se generaron 459 alertas en la misma zona, la herramienta nos indica que el problema de desbosque seguiría en el área. En el rastreo de las alertas, podemos observar que las últimas se generaron entre abril y junio de este año.

Los gobernadores de los territorios ancestrales Barrulia, Tsabilonia e Iwitsulibu han denunciado constantemente amenazas e intimidaciones por parte de miembros de las colonias y de actores armados que presionan para desalojarlos de los predios e impedir la reclamación de tierras. Algunos de los gobernadores hablaron con temor con Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, pues señalan que hay una situación de seguridad peligrosa incluso para ellos mismos.

Varios testimonios recopilados durante la investigación le narraron a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que los menonitas siguen talando los bosques de galería. “Han comprado nueva tierra y cortan madera donde estaban nuestros ancestros”, narra una fuente que prefiere omitir su nombre por las tensiones territoriales entre las comunidades indígenas y las colonias menonitas.

A esta voz se suma la del Gobernador Alexander Álvarez del Territorio Ancestral Itwitsulibo, que narra que en el mes de mayo “deforestaron lo que yo creo que es casi una hectárea de árboles cerca de Itwitsulibo. Incluso la madera todavía sigue ahí, no la han recogido”. Las voces consultadas alertan sobre la actividad de los menonitas aunque las autoridades locales insisten en que todo está en regla.

Amenazas, intimidaciones y desalojo a la comunidad indígena sikuani

“Ellos envían personas estratégicamente para escuchar lo que nosotros hablamos”, asegura con recelo Álvarez. Dice que se siente inseguro y desconfiado debido a las constantes amenazas en su contra y de la comunidad.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización acompañante en calidad de defensora de los derechos de los pueblos y los Derechos Humanos, ha registrado más de 10 denuncias entre enero de 2021 y junio de 2022 relacionadas con las comunidades indígenas y las colonias menonitas de Puerto Gaitán.

Esta organización es de las pocas que se ha mantenido constante en el acompañamiento a las violaciones de derechos humanos y hechos de conflicto armado que acechan a los sikuanis. Las organizaciones sociales que anteriormente los apoyaban con abogados y llevaban los procesos jurídicos de restitución de tierras se han ido de los territorios a causa de la creciente violencia.

Los claretianos señalan que en dos ocasiones han recibido ofrecimientos de dinero a cambio de irse de los territorios. En todos estas amenazas se menciona constantemente el nombre de Ernesto Martínez, alías “Cajuche”, persona a quien los indígenas señalan como intermediario de los menonitas y que ha amenazado a la comunidad deI Itwitsulibo (ver investigación). Recientemente, Martínez le reenvió un audio a través de Whatsapp a uno de los claretianos, en este se escucha una persona con acento extranjero diciendo que “a los abogados que defienden a los indígenas hay que ofrecerles plata, tú sabes que contra la plata nadie puede”.

En medio del desamparo y las presiones, los pobladores indígenas abogan por el derecho legítimo de su ancestralidad y su cosmovisión. Mientras intentan fortalecerse como resguardo y colectividad, su gobierno independiente llamado Cabildo busca la forma de protegerse legalmente contra las colonias menonitas que hoy construyen ciudadelas, vías, puentes y cultivos en medio los bosques que un día fueron su hogar.

La lideresa y gobernadora Alba Rubiela de la comunidad indígena Barrulia solicitó la protección del territorio en 2017 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Dos años después, la entidad visitó los predios que suman más de 44 mil hectáreas y que se traslapan con los predios adquiridos por los menonitas. La ANT no ha vuelto al territorio para realizar una visita técnica, pero la comunidad en enero y abril de 2021 decidió retornar y ocupar predios que al momento le pertenecen a particulares. La llegada de los sikuani a esos predios ha generado enfrentamientos con los menonitas. Por un lado, los menonitas denuncian extorsiones y robos por parte de las comunidades indígenas, y por el otro, los sikuani hablan de amenazas de muerte y daños al territorio y ecosistemas.

A principios de enero del 2021, gracias a la Medida de Protección otorgada por la ANT en 2018, los sikuanis de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai -otras comunidades sikuani- retornaron a sus territorios con la intención de reconstruir sus vidas en comunidad y plantar sus tradicionales cultivos. Sin embargo, no pasó ni un día cuando la Policía Nacional de Puerto Gaitán llegó para decirles que no podían estar ahí. Ante esto, el Cabildo mostró la medida en donde se indica la suspensión de los procesos policiales.

Por ahora, es aquel documento de la ANT el que ampara a los pueblos sikuani ante los múltiples intentos de desalojo y desplazamiento. El Cabildo en cabeza de sus gobernadores y gobernadoras trabajan por el reconocimiento ante la Unidad de Restitución de Tierras en calidad de víctimas de la violencia en Colombia. En marzo de 2022, las autoridades sikuani de Puerto Gaitán y Mapiripán presentaron un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que relatan las huellas del conflicto armado a través de su historia como pueblo.

Los problemas ambientales y territoriales que tienen con los menonitas los denominan en este informe como ‘La Quinta Guerra’ refiriéndose a que, aún después de la firma del Acuerdo de Paz, la guerra sigue estando presente a través de la agroindustria, de escrituras y licencias ambientales.

“En el presente, aún después de la firma del Acuerdo de Paz, se desarrolla otra guerra “que no se hace con fusil” sino a través de escrituras y Licencias Ambientales, pero que sí les quita las tierras, esta vez para extraer petróleo y producir aceite de palma y caucho, también para conceder espacio a comunidades foráneas como los menonitas. Aseguran que esta última violencia no proviene de ningún grupo armado sino directamente del Gobierno”, dice el informe de la JEP.

A este panorama se unen las denuncias públicas de la Corporación Claretiana que relatan día a día los sucesos de conflicto. Según la denuncia 45, el miércoles 8 de septiembre de 2021, el gobernador Alexander Álvarez se encontró con uno de los dirigentes de la comunidad menonita, Abraham Wolle Frosse, en la finca Liviney de la vereda Cristalinas. Frosse al reconocerlo le dice que “no siguiera molestando o trayendo más gente al territorio de Iwitsulibo, porque si no lo iban a mandar a matar y a dar una plata a los paramilitares para que lo mataran”, indican los testimonios.

Esta misma denuncia relata que, el 12 de septiembre de 2021, Frosse se presentó en la comunidad indígena junto a dos personas encapuchadas bajo la amenaza de matar al gobernador del cabildo, quien no se encontraba en ese momento en la comunidad. El lunes 13 de septiembre, uno de los hijos del gobernador Ávarez recibe una llamada en la que una persona -que ellos identifican como ‘el jefe de los paramilitares’- le dice que “a la familia le daba tres horas para que desocuparan el territorio… o de lo contrario los mataban”

A esto se le suman los antecedentes del 30 de junio de 2021, donde ocho hombres armados ingresaron a Itwitsulibo amenazando a los sikuanis por un supuesto robo de chatarra en las fincas adyacentes.

Las comunidades hablan con temor con Mongabay Latam: hace dos meses – a mediados de agosto – narran que particulares entraron a caballo nuevamente al territorio y aseguraron “que los van a acabar uno por uno”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señala que los compromisos entre los menonitas y los sikuanis se limitan a temas ambientales y que aún no hay una vinculación real en el proceso de tierras. Herney Zuluaga, técnico acompañante de la ONIC, se niega a hablar de la situación por razones de seguridad, pues asegura que su Alto Consejero vive en la altillanura y cualquier información podría resultar peligrosa para su integridad. Además, la ONIC asegura estar en proceso de cambio de personal reciente y de empalme, por lo tanto, no hay un acompañamiento certero hacia los sikuani.

Doble realidad: procesos sancionatorios y compromisos de reforestación

Los tres procesos sancionatorios relacionados a los expedientes de Cormacarena para las colonias Menonitas debido a sus actividades deforestación y siembra de cultivos de soya y maíz en una zona ambiental protegida (bosques de galería y nacederos de agua), crearon una serie de compromisos legales de compensación ambiental.

Hasta el momento, la entidad ha referenciado la siembra de 200 individuos de palmas de moriche en una de las áreas mencionadas en los procesos. Asimismo, integrantes de la comunidad Menonita se vincularon a proyectos de reforestación como parte de la campaña de restauración Meta Verde en alianza con la Gobernación departamental que pretende restaurar las franjas protegidas.

imágenes satelitales del cambio del uso del suelo: en 2015, un año antes  de la llegada de los menonitas y  en 2021. Se estima que han deforestado 135 hectáreas según Cormacarena.

La Secretaria de Ambiente de Puerto Gaitán afirma que durante el presente año no han recibido nuevas denuncias ni han identificado nuevas quemas. A finales de julio, funcionarios de la secretaría visitaron los predios menonitas e informaron que no se han evidenciado nuevas afectaciones.

“Entre enero y febrero se les inmovilizaron unas máquinas amarillas a unos terceros que estaban extrayendo material de arrecife para venderselo a los menonitas, quienes están construyendo vías… Esto lo hizo la policía porque ellos no tenían los permisos pertinentes” informó la funcionaria de la alcaldía Ninfa Novoa, quien también alegó desconocer a cabalidad el cumplimiento de los compromisos con Cormacarena.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron hablar con la abogada de las colonias Menonitas, Jeny Azucena Díaz, con el objetivo de conocer las acciones de reforestación y compensación. Sin embargo, pese a tener una primera conversación en la que se manifestó que “ellos sí han cumplido y están a la espera de reunirse con la Unidad de Víctimas para ser orientados”, la entrevista nunca llegó a realizarse. La abogada nuevamente reiteró que ellos no tienen cultivos ni han deforestado, solamente cumplen con los compromisos por evitar tener problemas, pero que “todo eso son inventos de los indígenas… ellos mismos son los que han deforestado”.

Estas afirmaciones se dan incluso frente a los procesos sancionatorios indicados por Cormacarena, las investigaciones periodísticas, las imágenes satelitales y las denuncias constantes contra los menonitas, no sólo en Colombia sino en Latinoamérica. Los gobernadores Alexander Álvarez y Alba Rubiela dicen con seguridad que tanto la secretaría de Ambiente de la alcaldía como la abogado Jeny Azucena tienen pleno conocimiento de las reiteradas talas de árboles y la contaminación del agua.

Mientras que los menonitas siguen expandiendo sus colonias, sus cultivos y su presencia en la Altillanura, las comunidades indígenas esperan la respuesta del Estado.

*Imagen principal: La colonia menonita llegó en 2015 a la Altillanura colombiana. Foto: Ana María Guzmán.

Actualizado el: Mié, 10/19/2022 - 11:29