Son las 8 de la mañana de un lunes de abril. Toda la tarde y noche del día anterior, había llovido. Alba Rubiela Gaitán está reunida con los 14 capitanes de su comunidad en la entrada del Únuma en Puerto Gaitán. Este es el único resguardo indígena en el casco urbano del municipio, representa la forma de organizar la vida y trabajo colectivo del pueblo sikuani, en unidad. Alba tiene una mirada seria y profunda, el cabello recogido y una falda azul. Se ve tranquila en su asiento, mientras espera el momento de comunicar su decisión.
“Salimos en una hora para el sitio ‘Paratebueno’, vamos a regresar”, afirmó Alba Rubiela.
Alba Rubiela Gaitán lideresa del territorio Barrulia junto a Laura, su hija
En los últimos 20 años, los pueblos indígenas del Meta y el Vichada han organizado la lucha por la recuperación de sus territorios colectivos. El despertar regional responde a los distintos despojos, desplazamientos y masacres vividas, especialmente durante gran parte del siglo XX, por las comunidades ancestrales. Mientras las entidades agrarias tardan décadas en agilizar los procesos de restitución de los territorios indígenas, los proyectos agroindustriales se expanden en la región. Desde asentamientos provisionales y en condiciones precarias, algunas comunidades han tomado la decisión de retornar a sus territorios autónomamente.
En las siete hectáreas que conforman el resguardo indígena del Únuma, ubicado en el casco urbano de Puerto Gaitán, viven cerca de 1.500 . La mayoría de casas son provisionales, armadas con tablas, plásticos y lonas. En uno de los ranchos vive Alba Rubiela Gaitán, líder sikuani de Barrulia, dos de sus hijos y tres familias más. En el 2017 decidió iniciar la reclamación del territorio fundado por su abuelo Ramón Gaitán en el área rural del municipio. De acuerdo al testimonio de su padre Ángel María Gaitán en la Unidad de Restitución, en 1945 se vieron obligados a dejar el territorio por las distintas violencias contra las comunidades indígenas.
Alba Rubiela desde el resguardo Únuma en Puerto Gaitán
Junto al territorio de Barrulia, la comunidad indígena Iwitsulibu inició el proceso de reclamación de tierras. “Iwitsulibu es el nombre de un árbol: el pendare”, señaló el líder sikuani Alexander Álvarez, refiriéndose al nombre de su territorio. Es un hombre de 67 años. En el primer recuerdo que tiene dentro de estas extensas sabanas, Alexander era un niño de siete años. Su voz es serena y pausada.
“En el 51 llegó Guadalupe Salcedo y nos fuimos a andar al caño Guarrojo los cuatro años que duró la violencia”, recordó. Ese fue el primer momento del abandono forzado de su territorio
El segundo desplazamiento fue por las ‘guahibiadas. “El gobierno autorizó que indígena que se dejara ver lo podían matar, entonces nos perdimos de ahí. Ahí fue cuando nos regamos unos para Venezuela, otros para Vichada, y nosotros dimos a dar por Mapiripán”, afirmó Alexander. De acuerdo al , las “guahibiadas” fueron masacres, parte de un genocidio en contra de los indígenas llaneros promovidas desde el Estado.
La constitución de 1991 le dio herramientas más robustas para la reclamación de sus territorios a los pueblos indígenas. Antes de esta fecha, las distintas leyes agrarias formuladas desde el gobierno nacional para la región de la Altillanura, desconocieron su ocupación milenaria de las comunidades indígenas. En la Ley 135 de 1961 se estableció el derecho al campesinado de ocupar los terrenos de la nación con su trabajo agrario a cambio de reconocer su propiedad de las tierras con titulaciones. De acuerdo a Felipe Rangel, consejero de territorio de la Organización Indígena de Colombia ONIC, “El gobierno colombiano catalogó como baldíos los territorios ancestrales de los pueblos indígenas”.
En el proceso de reconocimiento de los territorios indígenas, las comunidades nómadas se vieron obligadas a establecerse en un sitio para adquirir derechos territoriales. Bajo el Decreto 1414 de 1957 se ordenó reubicar los pueblos sikuani, piapocos, sálivas, cuibas y betoyes en otras zonas a las tomadas por los colonos. Según Julio Arias, antropólogo e investigador de la Universidad del Rosario, “el mismo concepto de baldíos se montó sobre el despojo de los pueblos indígenas: era ‘tierra de nadie’ que debía ser colonizada por el Estado y luego adjudicada a otra gente”.
En el auto 004 del 2009, la Corte Constitucional advirtió el riesgo inminente de extinción física y cultura de los pueblos indígenas, declarándolos sujetos de especial protección constitucional, entre ellas a la comunidad sikuani.
“Un indígena sin territorio no es indígena”, señaló un líder sikuani de la comunidad Altagracia desde el sector del Trompillo, un asentamiento en la periferia del casco urbano del municipio de La Primavera. El Vichada es el departamento más grande del país, tiene 32 resguardos y más de 15 asentamientos indígenas. Rutas del Conflicto documentó cómo esta comunidad se desplazó de su territorio indígena en el 2010, tras ser amenazada por hombres armados, que según denunciaron los indígenas, llegaron en compañía del excongresista Alfonso Mattos.
Tras su desplazamiento, la sociedad agrícola El Encanto, de propiedad de la familia del excongresista, que señala que compró esas tierras legalmente, desarrolló un monocultivo de palma aceitera en el territorio de Altagracia. La comunidad indígena se desplazó hasta La Primavera, donde residen alrededor de 600 familias indígenas en un terreno de 23 hectáreas. Junto a la comunidad de Altagracia, habitan indígenas de otras etnias que también han llegado huyendo de violencias similares durante la última década.
“Para sobrevivir nos encontramos cuatro o tres familias en una casa para decir que tenemos techo donde dormir; pero para sembrar como teníamos en el campo o de dónde nos despojan a nosotros, no.”
Un recorrido de la Comisión de la Verdad por la región de la Altillanura señaló las violencias ejercidas por los grupos armados contra las comunidades indígenas del Meta y el Vichada por el control de sus territorios.El informe del Centro de Memoria Histórica, señala la Altillanura como el lugar de fundación y operación del Frente 16 de las Farc, el territorio de consolidación de las Autodefensas Campesinas del Meta y el , del Frente Libertadores del Vichada, el Bloque Centauros Auc y del Bloque Central Bolívar. Sus tierras fueron además el botín de los ejércitos privados de Víctor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha.
En abril del 2020 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia de cinco estructuras sucesoras del paramilitarismo, grupos residuales de las Farc y el Eln en Puerto Gaitán, Puerto López y Cabuyaro, Meta. En el informe se advierten homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados, amenazas, despojos y extorsiones a la población. Denuncian una especial amenaza en los resguardos y comunidades indígenas que están en riesgo al estar expuestos a la presencia de grupos armados binacionales. “Los territorios étnicos se han convertido en objeto de narcotráfico. Las comunidades indígenas reclamantes de tierras y sus líderes se encuentran en riesgo”, señala.
Al asentamiento indígena kawinanae, ubicado entre Puerto Gaitán y Cumaribo, el 20 de abril del 2020 llegaron hombres armados buscando al capitán mayor Trobardo Amaya, líder de la reclamación por el territorio, para matarlo. El líder sikuani del asentamiento San Rafael Warrojo, ubicado en el predio Morichito en Puerto Gaitán, recibió una amenaza telefónica de Floresimo Salgado Merchán alias ‘Floro’ el 20 de agosto de ese mismo año, con sacarlos del territorio. “Me advirtió que si yo entraba al territorio con mi comunidad, él nos iba a sacar con el Esmad, y si con Esmad no podía él mismo venía y nos sacaba”, señala el líder.
De acuerdo a la Corporación Claretiana, Floresmiro Salgado Merchán alias “Floro” fue un financiador de la estructura Libertadores del Vichada de los “Puntilleros”, capturado en julio del 2019 por los delitos de homicidio agravado, fabricación y tráfico de armas. En las amenazas a la comunidad, Floro señaló que los predios son pagos por trabajos realizados al difunto zar de las esmeraldas, Víctor Carranza. El predio reclamado por la comunidad fue denunciado en el 2013 por Iván Cépeda en el Congreso, como un baldío de la nación, al parecer apropiado ilegalmente por Carranza.
La Defensoría señaló que el panorama jurídico de los reclamos de territorio por parte de las comunidades indígenas es incierto, ya que “la Agencia de Restitución de Tierras parece no mostrar interés ni gestión eficaz para definir la situación de predios de la Altillanura Colombiana”. Las comunidades esperan en varios casos el reconocimiento de sus territorios colectivos mediante sentencias por parte de los jueces especializados de restitución de tierras.
La comunidad de Kanalijoto en Puerto Carreño esperó durante 17 años la constitución de su resguardo. Durante los años que duró el proceso, las 224 familias siakuanis, sálibas y amorúas tuvieron que dejar el territorio ante las amenazas de grupos paramilitares y amenazas de desalojo por parte de colonos reclamantes. El caso de Kanalijoto, constituído en noviembre del 2020, es apenas la primera sentencia de restitución de derechos étnicos en la Altillanura.
A la espera de la decisión institucional, la mayoría de comunidades indígenas ha quedado reducida a asentamientos en los que no pueden cultivar, cazar, pescar ni recolectar. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2012, el 63% de la población indígena está bajo pobreza estructural y el 48% se sitúa bajo la línea de miseria. La Defensoría señaló que la falta de garantías en el derecho fundamental de acceso al territorio ha significado un obstáculo para acceder a la salud, educación, agua y alimentación.
“Me dejaron un lotesito en el Únuma. Yo me hice una casita para estar con todos mis hijos y rebuscarnos un día o dos de trabajo para conseguir la sustancia o la comidita. El día que uno no trabaja, nada de comida. Uno de edad sí aguanta, pero los niños no.” señala Alexander Alvarez, líder sikuani de Iwitsulibu.
Ante la emergencia del covid-19 algunas comunidades indígenas se vieron en la necesidad de dejar sus asentamientos habituales. Tal es el caso de los pueblos indígenas jiw, que como medida de autoprotección decidieron aislarse dentro de sus territorios.
Resguardo Únuma en el casco urbano de Puerto Gaitán
Desde el resguardo del Únuma, la lideresa Alba Rubiela solicitó la protección de Barrulia en el 2017 ante la Agencia Nacional de Tierras. Dos años después la entidad visitó el territorio para determinar el área y la ubicación. El informe de la visita señala que el área de Barrulia abarca 54 predios que suman un total de 44.000 hectáreas. Desde ahí el proceso no se volvió a mover. La ANT ha aplazado tres veces la visita técnica al territorio, razón por la que la comunidad decidió retornar por su cuenta.
El 26 de enero de este año, la Policía Nacional de Puerto Gaitán desalojó a tres comunidades sikuani que habían tomado la decisión de tomarse los terrenos; entre ellas la comunidad Barrulia que había hecho su segundo intento de ingresar a territorio. El desalojo se hizo a pesar de la solicitud de la ANT en el 2019 de suspender los procesos policivos de cuatro de los predios donde estaban asentadas las comunidades. Además de la comunidad de Alba, Barrulia, fueron desalojados Iwitsulibu y Tsabilonia.
“Ese día llegaron 32 policías, 11 militares y un señor que se presentó como Ernesto Ramírez", recuerda Alexander Álvarez, líder de Iwitsulibu. “Él me dijo: este territorio donde ustedes están es mío y no quiero tener problemas. Entonces yo le dije: ‘Yo no le vengo a invadir, usted bien sabe que todo esto es sitio sagrado, acá fue donde vivieron mi papá, mi tío, mis abuelos.Tumben las casas, pero yo no me voy”.
El 26 de junio del 2018, mientras la Agencia Nacional de Tierras hacía la visita técnica al asentamiento Iwitsulibu, la Policía Nacional interrumpió la diligencia. Una persona que alegaba ser la propietaria y el administrador de tres de los predios ocupados por la comunidad, señalaron tener los respectivos títulos de propiedad. Días después, la comunidad fue desalojada. La Agencia señaló en el informe de la visita como dificultades del procedimiento, la oposición y el desalojo por parte de los propietarios que no ejercen posesión sobre los predios.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denunció al supuesto administrador de los predios Ernesto Martínez, por amenazar a la comunidad de Iwitsulibu. De acuerdo al acta de la mesa técnica convocada en Puerto Gaitán tras el desalojo, el nombre del administrador de los predios La Esperanza, Pradera y Paraíso es Ernesto Jiménez Ramírez. Entre las propietarias de estos predios figuran Francy Esmeralda Bolaños, hermana del exalcalde de Puerto Gaitán, Oscar Bolaños, condenado en el 2010 por celebrar contratos , y Elisa María Ballesteros, hija del exalcalde Jaime Ballesteros, también investigado por la Contraloría.
Rutas del Conflicto habló con Ernesto Ramírez, administrador de los predios de los familiares de dos exalcaldes de Puerto Gaitán hace 25 años. “Yo fui con el Capitán de la Policía, con la abogada y lo que le dije a la comunidad era que nosotros no nos íbamos a dejar robar las tierras”, señaló Ramírez. Además afirmó que, los propietarios tienen la intención de iniciar un cultivo de marañón en los predios.
En la mesa técnica que se realizó en Puerto Gaitán tras el desalojo, el Procurador Regional señaló que solo la decisión administrativa de la Agencia de Tierras determinaría si es el territorio ancestral de las comunidades Barrulia, Iwitsulibu y Tsabilonia o si son los propietarios quienes tienen el derecho de dominio. Las comunidades han iniciado los retornos ante la demora de la ANT, y por su parte la fuerza pública ha continuado con sus procedimientos policivos. Mientras tanto, actores legales e ilegales han llegado a los territorios reclamados por las comunidades.
En el Alto Neblinas, a cinco kilómetros de Puerto Gaitán, la Policía Nacional del municipio hace retén vehicular. En ese corregimiento, durante la violencia paramilitar, fueron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada quienes autorizaban o retenían el . La comunidad debía caminar cerca de cinco kilómetros, pasando el Alto Neblinas, donde les esperaba el carro para salir.
A la entrada de una vía que conduce a una empresa arrocera, una camioneta furgón esperaba a la comunidad. En un espacio no mayor a tres metros de ancho y cinco de largo, donde cabrían diez reces de engorde, alrededor de 45 personas se acomodaron entre maletas y costales. Entre las estacas de madera iban colgadas bicicletas, talegos y jaulas con pollos y patos. Se asomaban flechas de colores, manos, pies y miradas de niños, mujeres y hombres indígenas a la espera de salir.
En la carretera venían caminando niños, mascotas y mujeres con bebés en brazos desde Puerto Gaitán y asentamientos cercanos.
El camino hacia el sector de ‘Paratebueno’, en Barrulia, pasaba por extensas plantaciones de maíz, arroz, soya, palma de aceite y explotaciones petroleras. Las extensiones de sabana donde antes se veían árboles, morichales y bosques de galería, habían sido cambiados por monocultivos agroindustriales. Algunos campos estaban descansando de la cosecha anterior, en quema para su recuperación, otros eran arados para preparar la siembra de mayo.
Tras una hora de camino, un portón amarillo con un puesto de vigilancia restringía el libre paso. Alba se dirigió a hablar con el celador. Tras su decisión, los capitanes indígenas se acercaron a la portería con sus flechas. Un celador joven solicitó nombres y cédulas de tres personas, para consultar con la Agropecuaria Aliar, si autorizaba o no el ingreso.
La comunidad había llegado a la entrada de El Brasil, predio del que fueron desalojadas 80 familias campesinas en el 2017. Desde el 2018, la Agencia de Tierras inició el trámite de revocatoria de 13 predios que conforman el , por tratarse de presuntas adjudicaciones ilegales a testaferros de Víctor Carranza. Sin embargo, hoy El Brasil sigue siendo explotado por el grupo La Fazenda de la Agropecuaria Aliar, actualmente llamado Grupo Bios. En un mapa, Alba ubicó ‘Paratebueno’ entre los 44 predios que solicitó por protección ancestral. A pesar de que un sector del Brasil hacía parte de Barrulia, hacia ‘Paratebueno’ iban solo de paso.
Tras una hora de espera, el abogado de la empresa, se comunicó con la comunidad. Por indicación del celador, se ubicaron en un lugar alto del puesto de vigilancia donde llegara la señal para recibir la llamada. Alba se paró en una silla. Alistó sus pulmones y explicó el retorno. -Nosotros estamos aplicando el decreto 2333, somos de la Unidad de Víctimas. Este es el camino para el sitio ‘Paratebueno’, solo vamos a entrar y salir.
-Sin la orden o el acompañamiento de una autoridad, yo no los puedo dejar entrar, fue todo lo que respondió el abogado.
-Ya son las 2 de la tarde y ni olla hemos puesto, qué hacemos aquí, gritó una mujer, venimos con niños, devolvámonos o hagamos algo. A su voz se unieron otras al unísono y la marea subió. Entre varios hombres abrieron el portón, -a las buenas o a las malas vamos a entrar, gritaron con convicción. La comunidad dependía de la decisión de Alba, si regresaban o seguían. -Vamos a entrar dijo Alba con convicción.
En la Altillanura se han vuelto frecuentes los reingresos de las comunidades indígenas a los territorios que reclaman ante las entidades agrarias, a pesar de las amenazas de desalojo por parte de propietarios legales y grupos armados. Los intentos de retorno señalan la organización y unidad de las comunidades por la reivindicación de sus derechos territoriales. En algunos casos, organizaciones como la Corporación Claretiana han hecho el apoyo y acompañamiento jurídico a las comunidades indígenas en el proceso por la recuperación de sus territorios ancestrales.
Señaló Alexander tras un mes de haber retornado a su territorio, Iwitsulibu: “Como no tenemos parte fija para estar, busqué en la misma parte donde nací y me crié. Salió una ley de que como indígenas tenemos derecho a reclamar nuestros territorios ancestrales y eso nos obliga”.
Al retornar a sus territorios, las comunidades indígenas han encontrado cambios y afectaciones ambientales por parte de las empresas que actualmente explotan las tierras reclamadas y sus alrededores. Los predios a los que las comunidades de Iwitsulibu, Barrulia y Tsabilonia regresaron, están ubicados al norte del sector conocido como “Las Piedras”, adquirido recientemente por la comunidad Menonita. Rutas del Conflicto en alianza con Mongabay Latam documentó las denuncias de las comunidades por la deforestación de los bosques nativos, afectación a fuentes hídricas, especies de fauna y flora nativa por parte de la comunidad menonita en la región.
La comunidad sikuani de Altagracia, denunció hace diez años el desplazamiento de sus tierras ante la Unidad de Restitución; en el proceso no ha podido reingresar al territorio por la presencia de grupos armados en la región. Tras la llegada de la empresa palmera, la comunidad advierte graves afectaciones ambientales en la tierra como resultado del monocultivo de palma de aceite. “La tierra está muy maltratada. Donde nosotros conseguíamos para nuestros remedios, fiebre, dolor de cabeza, medicinas naturales en el territorio, ya no se consigue. Los caños y ríos de alrededor están afectados por el veneno con el que abonan, eso llega también al agua”, dice un líder de la comunidad.
La región de la Altillanura, definida en el Plan Nacional de desarrollo de 2006-2010 como “territorio abierto a la exploración y colonización lleno de oportunidades para la iniciativa privada en donde a diferencia de la Amazonía, no hay mayores restricciones ambientales”, acumula varias solicitudes de los pueblos indígenas por la protección de sus territorio ancestrales. El informe de la Universida de Los Andes La mejor Orinoquía que podemos construir, señala que 49 de los 156 ecosistemas naturales de las región han sido transformados por las actividades productivas.
Los pueblos indígenas que históricamente han salvaguardado y protegido los territorios y ecosistemas, han solicitado a través de tres vías la recuperación de sus tierras ancestrales. A través de la Ley de Víctimas 4633 de 2011, los indígenas han solicitado la restitución de su territorio despojado por grupos armados, como es el caso de la comunidad de Altagracia. Los predios acumulados de forma ilegal por actores privados, han sido solicitados ante la Agencia Nacional de Tierras, para la recuperación de los terrenos a los predios de la nación.
En los casos en que el despojo al territorio ancestral se remonta a violencias históricas hacia los pueblos indígenas, el decreto 2333 de 2014 permite una vía jurídica a las comunidades. La norma ordena medidas de protección provisional a los territorios ancestrales en casos de despojo, desplazamiento forzado o . “El decreto 2333 llena los vacíos jurídicos de las legislaciones anteriores, y reconoce que hay lugares donde no hay ningún título ni reconocimiento legal previo, donde puede que la comunidad no esté viviendo hace 20 o 30 años por varias razones, pero que sigue siendo su territorio ancestral”, explica el antropólogo Julio Arias.
Felipe Rangel, consejero de Territorio de la ONIC señala que a pesar de que en la última minga se acordó la implementación de 40 pilotos del decreto 2333 en el país, hasta el momento no se ha logrado la protección de ningún predio a través del decreto. “La Agencia Nacional de Tierras dice que hace falta un fundamento jurídico, que no hay claridad con el decreto”.
La Corporación Claretiana Norman Bello señala que “el decreto tiene un componente ancestral que entiende la relación de territorio y comunidad, por eso protege el territorio y a la comunidad; porque es una sola”. El decreto ordena evitar y suspender los procesos policivos de desalojo de las comunidades, mientras el trámite de protección esté en curso. “Sin embargo, eso lo desconocen las administraciones departamentales y municipales, no les importa. Se han hecho interpretaciones erróneas y de manera intencional”, señala un funcionario de la Corporación.
El 28 de mayo del 2018, la Agencia de Tierras notificó a la Alcaldía de Puerto Gaitán el inicio del trámite de protección ancestral de los territorios Barrulia, Iwitsulibu y Tsabilonia. El 17 de mayo emitió un auto dirigido a la Inspección de Policía, en el que solicitaba suspender cualquier proceso policivo sobre 4 predios; sin embargo las medidas no fueron acatadas.
Existen otros casos de solicitud de ampliación o reconocimientos de resguardos ante la Agencia Nacional de Tierras, como el de Caño Ovejas en Mapiripán. Desde el 2002, la comunidad solicitó la ampliación de las 1720 hectáreas reconocidas de dos predios incomunicados, porque la población de 680 indígenas no tenía espacio suficiente para desarrollar sus actividades. Durante el proceso, el extinto Incora adjudicó a otras personas parte de los predios solicitados y la Fuerza Pública hizo distintos desalojos. Hasta el momento la Agencia no ha respondido la solicitud de la comunidad.
De acuerdo al antropólogo Julio Arias, las prácticas tradicionales en las que las comunidades indígenas basaron su sistema económico como la agricultura, recolección, cacería y pesca, hoy son insostenibles. Además de los cambios en el territorio, la ausencia de proyectos a través de los que las comunidades puedan desarrollar actividades para su subsistencia empeora su situación en los territorios. “Si uno revisa qué proyectos productivos o qué propuestas sociales se han implementado para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, no encuentra nada, los recursos se quedan en la corrupción”, señala Felipe Rangel desde la ONIC.
Las comunidades indígenas se han visto en la necesidad de hacer alianzas con las empresas. Por ejemplo, en Puerto Gaitán la industria de hidrocarburos interviene en 11 resguardos y planea intervenir en 18 más. En el resguardo sikuani Wacoyo, La Fazenda está explotando alrededor de mil hectáreas para el monocultivo de maíz y engorde de cerdos. El contrato fue firmado por solo uno, de los 24 capitanes de la comunidad. El defensor del medio ambiente del resguardo, Jorge Macabari, señala que las plantaciones están a menos de 100 metros de las casas de la comunidad y las fumigaciones con glifosato han traído graves afectaciones sociales y ambientales.
“Hubo un momento en que las gallinas y perros en los patios se morían como envenenados. Las yucas y plátanos ahora no crecen y los mangos vienen con gusanos adentro. Las aguas que antes eran cristalinas y se podían beber, ahora están llenas de ‘lama’. Según los ancianos el agua ya no tiene vida, los peces ya no viven ahí”, señala Macabari.
Las reclamaciones de los territorios ancestrales en la Altillanura son el resultado de un despertar indígena colectivo reciente, ante las condiciones actuales de desarraigo de sus tierras y tradiciones culturales. En el proceso, la compra de tierras por parte de la agroindustria aumenta aceleradamente. Los pueblos indígenas luchan con las disposiciones legales vigentes y con los actores que actualmente están en la región, señala Julio Arias. “La lucha por la recuperación de la tierra debe acompañarse de voluntad política que ofrezca proyectos específicos para cada resguardo que permitan la autonomía política y económica de esas poblaciones.
