Se estima que de las 13 millones de hectáreas que componen la Altillanura 8,3 millones fueron despojadas o abandonadas durante el conflicto armado.
Luz Day Garcia llegó del Casanare con 11 años a la vereda El Porvenir, de Puerto Gaitán, porque su papá trabajaba en el en 1984. “Esa era la fuente de empleo de mi papito, él se vino a trabajar al Meta, a Carimagua. Todo lo que es El Porvenir no era así. No había cercas, todo era sábana limpia y empezamos a construir el pueblito”.
Como tantos, que arribaron a la Altillanura en busca de tierra para cultivar y con miras a un futuro mejor llegaron a la región con la idea de tener cultivos de pancoger y ganadería. Un proceso de colonización en el que fueron violentados y masacrados los pueblos indígenas con el fin de ocupar las sabanas de los Llanos Orientales.
A 41 kilómetros de El Porvenir está la vereda La Cristalina, donde la historia se repite un poco. Campesinos sin tierra fueron violentados, masacrados y desplazados mientras que Carranza ,en 1995, a través de testaferros se apropiaba de una tierra de 16 mil hectáreas a las que llamó ‘El Brasil’. El municipio vecino, Cumaribo, familiares de socios de Víctor Carranza y empresarios del Valle le vendieron miles de hectáreas de tierra a la multinacional Cargill.
Tras la de las Autodefensas Unidas de Colombia y el con las Farc, algunas comunidades pudieron retornar a los territorios y reclamar como suyas las tierras que les fueron arrebatadas. Sin embargo, tienen que enfrentarse a nuevas violencias en la zona, donde confluyen actores armados, amenazas a líderes ambientales y de restitución de tierras, nuevos desplazamientos, daños ambientales, demoras en los procesos judiciales para la reparación de las víctimas y la presión de empresas para la compra de tierras, que se intensificó en los últimos tres años.
Las poblaciones campesinas y étnicas están en riesgo de perder lo poco que han recuperado, la formalización de la tierra sigue siendo la base central de las violencias y las resistencias.El entorno en la Altillanura es tensionante por las disputas por la tierra que cada día se agudizan con el fortalecimiento y la llegada de nuevas empresas agroindustriales de la mano de políticas de Estado.
El pasado 22 de marzo de 2021, el presidente Duque en Puerto Gaitán inauguró la segunda planta de energía solar de la empresa Grupo Bíos en Puerto Gaitán, dueña de la marca de carnes de cerdo, La Fazenda, que hace parte de su proyecto de invertir 9,6 billones de pesos en la Altillanura. No es el primer gobierno que tiene los ojos puestos en esta zona del país, sus antecesores querían que los Llanos Orientales se convirtieran en la despensa agrícola de Colombia’.
Belisario Betancur, en 1984, creó el proyecto de construir Marandúa, un nuevo centro administrativo y de planeación. Todo quedó en ideas pero Alvaro Uribe desde 2002 gestó el proyecto ‘Renacimiento de la Orinoquia’ y Juan Manuel Santos en 2014 puso en marcha la Política para el desarrollo integral de la Orinoquia: Altillanura.
Ambos gobiernos buscaban que se definieran las estrategias necesarias para aprovechar el potencial agrícola y superar las limitaciones como el acceso a mano de obra calificada, el acceso a tierras para proyectos a gran escala con fines de siembra de palma de aceite, maíz, soya y agroforestales.
Para implementar el desarrollo en la Altillanura, el gobierno de Uribe tomó el llamado “cerrado” brasileño, por su similitud en las características del suelo. Una tierra que necesita de múltiples nutrientes para que sea apropiada para los monocultivos. Fue así que, con la invitación de los gobiernos a invertir en la región llegó la empresa colombiana La Fazenda y la multinacional Cargill así como otras grandes compañías como Manuelita y Río Paila, además de varias empresas petroleras.
A la par que se implementan estos proyectos, las familias que habían colonizado estas tierras retornaban con la desmovilización de los paramilitares en 2005 y 2006. Los habitantes de los municipios veían la necesidad de convertirse en líderes ambientales, de tierras y comunitarios en esta nueva etapa del territorio.
Mientras tanto, Eliceo* en , un pequeño caserío vecino, sufría la llegada de las empresas entre 2005 y 2007. Su historia está marcada por todo el trabajo apunta de azadón en sus cultivos de yuca, maíz y sandía pero también por los desplazamientos que sufrió cuando llegaron a la vereda y después de la desmovilización de los paramilitares cuando empresarios llegaron a la Altillanura (ver historia El Brasil).
“Yo regresé cuando los paramilitares se fueron, se desmovilizaron en 2005. Volví a mis sembrados de maíz, yuca y fruta, y mi ganado. Lo que se imagine yo tenía sembrado ahí. Mi finquita se llama ‘Los Lagos’ pero un día llegaron los de la empresa y acabaron con todo” afirmó Eliceo.
Hace referencia al desalojo del 8 de mayo de 2016 que hizo el Grupo Bios, que cultiva maíz en un predio de más de 15 mil hectáreas, conocido como El Brasil, para la producción de carnes de cerdo con su marca La Fazenda, desde el 2007. Eliceo vivía en una parcela de estas tierras desde mediados de los noventa e insiste en que aún son baldíos de la nación y no propiedad de la empresa. Por eso en 2012 presentó una solicitud de adjudicación al extinto Incoder, que nunca fue resuelta y se extravió con el cambio de entidad a la Agencia Nacional de Tierras en 2016.
Situaciones como las que vive Eliceo se multiplican por toda la Altillanura. Por ejemplo, a xx kilómetros al sur, en el municipio de Mapiripán, otro campesino, William Aljure lucha contra otra empresa, la palmera Poligrow, para que le restituya la tierra de la que fue desplazado por la violencia paramilitar que llegó desde el Urabá en 1997. En 2017, Aljure y su familia decidieron retornar a la tierra que fue de su abuelo, un antiguo guerrillero liberal de los cincuenta.
El en su informe Despojar y Desplazar, explica cómo los conflictos pasados y actuales sirvieron para lavar dinero, aumentar fortunas y despojar predios de los campesinos colonos. El informe y varias investigaciones periodísticas realizadas por medios como Rutas del Conflicto y Verdad Abierta, han puesto en evidencia como después de la desmovilización paramilitar, llegaron a la región empresarios del suroccidente del país para comprar masivamente tierras y venderlas meses después a grandes agroindustrias. En la mayoría de casos se acumularon predios de origen baldío, en contravía de lo que establece la Ley 160 de 1994.
Fue así que, la ‘reconquista’ de la Altillanura, después de que disminuyera la intensidad del conflicto, como lo han enunciado varias organizaciones , se limitó a la extranjerización de la tierra a través de megaproyectos. En contravía de las políticas establecidas de los sesenta que buscaban distribuir la tierra en campesinos pobres.
“Quienes han soportado el desplazamiento y quienes ha retornado a sus territorios ven amenazados sus derechos por la aplicación de leyes cuestionables, las cuales han favorecido de forma irregular la adquisición de tierras consideradas baldías y la acumulación por parte de empresas nacionales y multinacionales de predios que cambiaron de dueño en el tiempo de la violencia”, se lee en el informe Despojar y Callar del Grupo Semillas
Como lo denunciaron, también, varios habitantes de la Altillanura, por un lado, los megaproyectos han sido un obstáculo en los procesos de reclamación y durante los últimos años se reactivó la compra masiva de tierras por la expansión de los proyectos agroindustriales de las empresas.
Por el otro, señalan los campesinos, en las tierras que en este momento no son de interés económico de algún proyecto agroindustrial, las reclamaciones para la titularidad de los predios no llegan. Según testimonios de las comunidades, el Estado sólo está titulando las fincas en zonas en las que empresas están comprando tierra para la agroindustria o para la creación de alianzas productivas. “Mire, en Cumaribo empezaron a llegar los papeles porque necesitan que vendan o arrienden los predios”, afirmó un habitante.
La entrega de títulos de tierras en Colombia ha sido un proceso largo e inacabado. Como lo contaron varios pobladores de la Altillanura a Rutas del Conflicto, en muchos momentos hubo un desinterés de entregar los documentos de propiedad que fueron de campesinos pobres que las ocuparon por décadas y murieron esperando.
Los empresarios que llegan también se quejan de la fragilidad de los procesos de titulación. Según ellos, la informalidad en la tierra ha impedido la ampliación del sector agroindustrial, e intensifica las tensiones por la propiedad entre indígenas y campesinos. “Uno compra las , hace una inversión en el suelo y en las vías, y llegan a reclamarlas los indígenas o los campesinos, y uno qué hace”, afirmó la abogada de la comunidad menonita, asentada en la vereda La Cristalina.
Las empresas están tomando dos caminos para continuar con sus negocios en medio de las tensiones por las reclamaciones por la tierra: el primero, comprar los predios que ya fueron adjudicados recientemente.
El segundo, como lo explica el grupo Semilla, la propiedad de la tierra podrá ser del campesino, pero el uso y goce será de las empresas. Son lo que podrán sobre explotar los suelos porque los campesinos se verán presionados a arrendar sus tierras o entrar en las alianzas productivas. Así las cosas, Joaquin y los demás reclamantes de tierras seguirán esperando que le formalicen su tierra a la espera que la empresa llame a su puerta para comprarles lo que tanto han trabajado.
Hablar de la Altillanura en los centros de poder en Colombia, era hablar de una ‘tierra de nadie, despoblada, de potreros sin dueño a la espera de ser ocupados y susceptibles de ser explotados’. Donde estaba todo por hacer. Esta visión centralista ha invisibilizado a las comunidades indígenas que han habitado y gozado libremente el territorio desde hace siglos y a las familias campesinas que llegaron durante gran parte del siglo XX, según explica el coordinador de la macro territorial de la Orinoquía de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Ricardo Villamarín.
El investigador señala que esta zona de Colombia se fue poblando de decenas de familias campesinas que huían por La Violencia en la década de los cuarenta y cincuenta. Era leída a nivel nacional como una tierra para ser ocupada. La Altillanura se convirtió “en una válvula de escape a raíz de los problemas agrarios al interior del país”, afirmó Villamarín.
La migración hacia los Llanos se dio por las familias campesinas que debieron abandonar sus fincas y parcelas bajo la amenaza o la compra por precios irrisorios dentro de una presión creciente de violencia. Despojados y desplazados, los campesinos de otras regiones huyeron hacia las llanuras de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, según el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe La violencia paramilitar en la Altillanura.
Una historia que muestra en detalle este proceso, es la de la tierra de Luz Day, la hacienda El Porvenir. A esas tierras llegó el ganadero Víctor Machado en los años treinta, que compró 27 mil hectáreas a las que bautizó Hato Cabiona. La comunidad campesina, que llegó en los cincuenta, acordó con Machado compartir el uso del predio. Pero en 1979 tras la muerte del ganadero y la compra de mejoras por el esmeraldero Víctor Carranza, la situación de los campesinos empeoro. La violencia empezó a ser constante en la zona, llegaron los ejércitos privados de esmeralderos y narcotraficantes más las autodefensas del Magdalena Medio.
“Era una pelea que nosotros nunca supimos quiénes eran, porque eran personas que venían de civil aquí a hacer el daño. Después nos enteramos que venían de allá, de Hato Cabiona” afirmó un habitante de El Porvenir.
Entre las violencias, Luz Day Garcia fue desplazada con toda la comunidad hacia Orocué, Casanare en 1987. La noche del 7 de septiembre de ese año, llegaron hombres armados con lista en mano y asesinaron a varias personas en el caserío del Porvenir. Al resto de la comunidad les dieron pocas horas para desocupar la vereda. García y sus vecinos abandonaron El Porvenir a las cuatro de la mañana. No volvería a pisar esa tierra sino hasta meses después cuando retornaron en medio de las violencias en la región.
En la mitad de la década de los noventa, la familia García con todos los habitantes de El Porvenir fue citada a la escuela del caserío “Nosotros no sabíamos quienes eran, teníamos mucho miedo. Llegamos allá y se identificaron como Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada o como Carranceros. Nos dijeron que ellos iban a operar en la zona y estuvieron desde el 97 hasta el 2006”, afirmó la lideresa.
Con los esmeralderos y los narcotraficantes en el territorio, y las Farc auspiciaba la bonanza cocalera en la frontera con el Guaviare hasta el norte del Meta y el Vichada, surgieron varios enfrentamientos por el control territorial. La situación en la zona se complicó después de la llegada de los paramilitares de la Casa Castaño desde el Urabá en 1997. Los Castaño se aliaron con los ‘Carranceros’ y cometieron varias masacres en la región. Los ‘paras’ asesinaron a pobladores señalandolos supuestamente ser colaboradores de la guerrilla.
Los Castaño enviaron a Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ a los Llanos con el fin de supervisar el proceso de la coca en control de los paramilitares. Ya con tierras desocupadas a punta de masacres y desplazamientos, se crearon otros negocios paralelos como la siembra de palma. Como lo declaró en audiencias de Justicia y Paz, los ‘paras’ fundaron una serie de empresas y de la mano de testaferros se adjudicaron varias fincas en Mapiripán.
Esa es la historia de Los Secretos y Los Agrados. Casi 8 mil hectáreas que quedaron en manos de Diego Rivas Angel, testaferro de ‘Don Mario’ y de , acusado de colaboraciones con los paramilitares en la Costa Atlántica. Su hermano, Alfonso Mattos, dos veces senador, es acusado de desplazar a una comunidad indigena en La Primavera, donde tiene su empresa de cultivo de palma.
Una vez más los campesinos y las comunidades indígenas que habitaban esas tierras tuvieron dos opciones: uno, vender bajo presión a precios irrisorios o dos, irse del territorio por las amenazas de muerte.
“Los paras llegaron y sacaron a los campesinos porque era una modalidad. Sacaban a punta de masacres y detrás llegaban los bichos (empresarios) comprando tierra muy barata y nosotros desplazados de lo que habíamos conseguido”, manifestó un habitante de Santa Rosalía, que por seguridad omitimos su nombre.
Las familias campesinas tuvieron que dejar por segunda vez las tierras y en muchos casos no lograron retornar. Otros cuando volvieron, las parcelas ya habían sido ocupadas por otras familias o por monocultivos de maíz, soja, arroz o agroforestales. La violencia paramilitar (ver contexto) despojaron a por lo menos 8.3 millones de hectáreas, más o menos 359 mil predios según el informe de Indepaz y Somo Petróleo: Acumulación de agua y tierra en la Altillanura.
En 2014, la Contraloría General publicó un informe en el que advirtió la acumulación de tierras de origen baldío en Meta y Vichada. Los 14 casos que documentaron estaban en manos de empresas nacionales y multinacionales, tras la desmovilización de los ‘paras’ se compró la tierra.
Las familias de la Altillanura llevan más de dos décadas esperando la formalización de sus predios. Sin embargo, una nueva compra masiva de tierras por parte de las empresas aleja la posibilidad. Además, las violencias que reactivaron con los corredores del narcotráfico y las tensiones por el cuidado del ambiente donde existen agronegocios hace más difícil las reclamaciones. Los líderes y lideresas en la zona ya están cansados de las amenazas de muerte en su contra, de que su familia esté en peligro y que los procesos de formalización de la tierra no lleguen.