En la lengua indígena guahibo, Vichada significa donde la sabana se convierte en selva. En menos de una década, las extensas tierras de este departamento se han convertido en un atractivo negocio para decenas de empresas agroindustriales nacionales y extranjeras, que pretenden hacer realidad un proyecto de los últimos gobiernos: extender la frontera agrícola del país y convertir esta región en una gran despensa alimentaria.

El proyecto de explotación intensiva de esta región del país cambia la idea de una colonización campesina que por décadas había convertido al Vichada en una despensa de tierras para familias de todo el país, por un nuevo modelo de grandes compañías agroindustriales.

La tierra de hombres, para hombres sin tierra, descrita en el escudo del Vichada, se ha convertido en un botín comercial para empresas nacionales y extranjeras, que han llegado a la región con el incentivo de adquirir grandes territorios a bajos precios.

Esta región no ha sido ajenas al conflicto armado. Comunidades indígenas y colonos han sufrido la violencia de varios grupos ilegales que se han disputado esta región, por su ubicación estratégica para el narcotráfico y porque el abandono del Estado ha permitido la apropiación indebida de extensos territorios.

Rutas del Conflicto y Verdad Abierta presentan una serie de especiales periodísticos que cuentan la historia de la violencia y su relación con la propiedad de la tierra en este departamento.

En esta primera entrega, además del contexto histórico y el desarrollo del conflicto armado en el norte del Vichada, se publica una investigación a profundidad que muestra cómo familiares de socios de Víctor Carranza y empresarios del Valle le vendieron miles de hectáreas de tierra a la multinacional Cargill. Campesinos, propietarios de varias de las fincas en cuestión insisten en que vendieron a bajos precios por las condiciones de abandono y de violencia que soportaron por años.

El departamento de Vichada tiene 105.947 km², que equivalen a cinco veces la superficie de un país como El Salvador. Este extenso territorio está habitado apenas por aproximadamente 70 mil habitantes, gran parte de ellos, indígenas.

Una de las principales causas de la baja densidad de población es la baja fertilidad de la inmensa sabana que se extiende por el norte del departamento y la densa selva al sur, que marca el comienzo de la Amazonía. Gran parte del Vichada y del Meta hacen parte de una subregión conocida como la Altillanura, cuya principal vocación comercial ha sido por siglos la ganadería.

El pionero en desarrollar un proyecto agroindustrial en el Vichada fue Paolo Lugari, un joven caucano de apenas 22 años, con ascendencia italiana y francesa.

Fue a finales de la década de los 60 cuando Lugari se embarcó en el proyecto que hoy se conoce como el Centro Experimental Gaviotas, ubicado a mitad de camino entre Puerto Gaitán en el Meta y Cumaribo en el Vichada. Gaviotas se pensó como un lugar sostenible que desarrollaría fuentes sencillas de energía. En palabras de Lugari, “se aprovechaba la energía solar, del viento y la hidráulica para ponerla al servicio de asentamientos humanos pequeños relativamente autosuficientes”.

Lugari plantó un bosque tropical de Pino Caribe de más de 8 mil hectáreas, del cual hoy en día se obtienen oleorresinas para fabricar pinturas, lacas y barnices. El Centro Experimental Gaviotas fue el primer proyecto agroindustrial en el Vichada.

15 años después de iniciado el proyecto Gaviotas, en 1982 el expresidente Belisario Betancur, inspirado en el trabajo de Lugari, propuso la construcción de una ciudad futurista en el corazón del Vichada, llamada Marandúa. La nueva urbe sería el comienzo de un proyecto que buscaba el desarrollo de 1.5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, el comercio y la industria. “La Nueva Colombia”, como la llamó Betancur, iba a ser la capital administrativa del país, pero fracasó por falta de recursos.

Marandúa es hoy una base militar para que la Fuerza Aérea realice prácticas de vuelo y bombardeos en 63 mil hectáreas. Pero el proyecto de construir la ciudad y de expandir la frontera agrícola y convertir la Altillanura en una zona de explotación agroindustrial masiva no desapareció.

Más recientemente, en 2004, el expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso convertir 6,3 millones de hectáreas de los Llanos Orientales en un centro agroindustrial, social y ambiental sin precedentes en Colombia. Esa porción de tierra estaba en su mayoría entre el Meta y el Vichada. Una región que si se atraviesa de extremo a extremo, equivale a la distancia entre Bogotá y Tumaco.

Para implementar el desarrollo en la Altillanura, el gobierno de Uribe tomó como modelo el llamado “cerrado” brasileño, una extensa zona que ocupa un cuarto del Brasil, caracterizada por tener un suelo pobre en nutrientes, similar a la del Vichada. Desde principios de los años noventa, varios gobiernos han promovido el cultivo intensivo de cereales como la soya en esta región.

A partir de la similitud de los suelos de la Altillanura con los del cerrado brasileño, desde la década pasada la empresa colombiana La Fazenda impulsó un proyecto agroindustrial en el Meta. “Articuló la cría de cerdos, aves y el cultivo de granos procesados en su propia planta de concentrados alimenticios para alimentar a los animales”, explica el abogado e investigador Alejandro Reyes. A partir de ese momento, según Reyes, despertó el interés de otros empresarios, que incursionaron en proyectos de caucho, palma de aceite y siembra de árboles.

Al igual que en el “cerrado”, en el Vichada las compañías deben invertir por años grandes sumas de capital en fertilizar la tierra y aplicar cal antes de poderla cultivar. Este ha sido el principal argumento de los defensores de este modelo, que señalan que los campesinos pobres no están en capacidad de ser productivos en la zona.

La mayoría de empresarios colombianos que comenzaron a buscar tierras en la Altillanura, fueron empresas forestales, seguidas de los azucareros. Según Alejandro Reyes, las industrias cañeras se quedaron sin terreno para expandirse en el Valle del Cauca y ante la especulación de los grandes terratenientes, dueños de los suelos más productivos del país, llegaron al Vichada aprovechando los bajos precios de los predios.

Pero el interés no ha sido solo de las empresas nacionales. En 2007, la multinacional norteamericana Cargill invirtió en estudios sobre la viabilidad de un proyecto en el Vichada, dada la experiencia con un negocio previo de la compañía en Malasia.

Así, durante la última década llegaron a la Altillanura, además de La Fazenda y Cargill, la brasileña Mónica Semillas, los ingenios Manuelita y Riopaila, y la multinacional forestal Forest First, entre otras.

La presencia de estas empresas ha ido a la par del anuncio de políticas públicas orientadas al desarrollo de infraestructura que conecte el Valle del Cauca y la Altillanura.

En 2011 se anunció la construcción de una carretera que atravesaría las cordilleras Central y Oriental y que debería estar lista la próxima década. La vía hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un plan vial de los países miembros de UNASUR. Harold Enrique Eder, presidente del Grupo Manuelita, ha asegurado en reiteradas ocasiones que el proyecto era fundamental para conectar el Pacífico y la Orinoquía.

El gobierno ha promovido proyectos que favorecen la llegada de grandes empresas, en contravía de políticas establecidas desde los años 60 que buscan distribuir la tierra, favoreciendo a los campesinos con menos recursos. En la actualidad, está vigente la Ley 160 de 1994 que prohíbe acumular predios baldíos, inicialmente entregados a campesinos.

El gobierno Santos ha intentado varias veces aprobar leyes que legalicen la compra masiva de tierra de origen baldíoSe conocen como tierras sin escrituras que pertenecen a la Nación y que han sido destinadas a los campesinos de bajos recursos., para mantener la confianza inversionista. En el Plan Nacional de Desarrollo de su primer gobierno, el Congreso aprobó la posibilidad de que empresas pudieran adquirir baldíos de la Nación pero la Corte Constitucional tumbó la norma.

Durante su segundo gobierno, con el documento CONPES 3797Documento que compromete al Estado, entre otras cosas con la consecución DE recursos y el seguimiento para la ejecución de proyectos. , estableció los lineamientos para el desarrollo integral de la Orinoquía. El más reciente paso para consolidar la expansión agrícola y forestal fue la construcción del llamado Plan Maestro para la Orinoquía, en septiembre de 2016, que retoma la idea del desarrollo de la ciudad de Marandúa, en el corazón del Vichada.

En el mismo periodo, logró que el Congreso aprobara el proyecto de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Social, conocidas como Zidres, que nuevamente abre la posibilidad para que empresas puedan acumular grandes extensiones de tierra, otorgadas inicialmente como baldíos y legaliza los predios ya comprados, muchos de ellos demandados ante varias instancias judiciales y administrativas.

La ley está en revisión por la Corte Constitucional, pero de ser aprobada, la Altillanura, sería la región del país que más Zidres concentraría.

Sería imposible hablar de las tierras que hoy están en manos de multinacionales como Cargill sin mencionar la turbulenta historia del Vichada y en general de los Llanos Orientales. Allí se cruzan indígenas, colonos, grupos armados y narcotraficantes, interesados por la ruta de la coca y esmeralderos dueños de enormes extensiones de tierra.

Por estas trochas que hoy marcan los caminos del Vichada pasaron familias de nativos arawacos, sikuanis y caribes que transitaban entre el río Meta, el Vichada y el Guaviare. Durante cientos de años los indígenas fueron los únicos pobladores de esta extensa llanura, atravesada por miles de kilómetros de ríos y afluentes, en el oriente colombiano.

En el siglo XVI, la conquista no solo trajo españoles sino también alemanes que entraron desde lo que hoy es Venezuela hacia el centro del país. Como lo indica el investigador Ludgerio Figueroa en su libro El Vichada Proceso Social y Planificación Regional, publicado por la Universidad Nacional, “en el descubrimiento y la conquista de la Orinoquia hay que referirse, necesariamente, a los conquistadores alemanes, principalmente a Nicolás de Federman.” Los europeos querían encontrar a como diera lugar el famoso tesoro que escondía “El Dorado” y como resultado de su búsqueda en los Llanos, los indígenas empezaron a perder su tierra.

Con la llegada de extranjeros también se fue asomando la necesidad de evangelizar a los mal llamados “salvajes”, indígenas que se resistían ante los maltratos y abusos de la conquista. Las comunidades religiosas de Franciscanos, Capuchinos Catalanes, Dominicos y Jesuitas se ocuparon de convertir diversos grupos indígenas al cristianismo.

Hacia 1598, los padres Jesuítas instauraron su proyecto evangelizador, conocido como La Misión, un plan económico y religioso en el que se aculturizaba al indígena con disciplina y se creaban grandes hatos con ganado y caballos, como lo indica el investigador Figueroa. La Misión duró hasta finales del siglo XVII cuando el rey de España, Carlos III, expulsó a los padres Jesuítas del imperio español y en consecuencia, de los Llanos Orientales. Sin embargo, la presencia religiosa perduró luego de la independencia y poco a poco nuevas comunidades fueron llegando, como los monfortianos a comienzo del siglo XX.

A finales de la década de 1940, la violencia bipartidista desencadenó el desplazamiento de campesinos desde varias zonas del país hacia los Llanos, interesados en explotar la tierra para la ganadería intensiva. El apuro por tener extensas tierras ocasionó una lucha entre los habitantes de la zona y con el aumento del flujo de colonos, se dispararon los maltratos y abusos contra los indígenas.

Entre los años 1950 y 1980 los indígenas de la etnia Sikuani fueron continuamente perseguidos, desplazados y asesinados, al punto en que colonos se reunían para cazarlos en las llamadas “guahibadas”. Esta expresión proviene de la palabra guahibo, término usado por los colonos para referirse a todos los indígenas de la Altillanura y que en la actualidad es considerado ofensivo por la comunidades nativas.

El 26 de diciembre de 1967, colonos en la zona de La Rubiera, en Arauca, acabaron con la vida de dieciséis indígenas Cuivas. Después de invitarlos a comer los atacaron con cuchillos, escopetas y luego los quemaron. Todo fue una trampa. Los exterminios por temas étnicos se asumían con tanta normalidad que, incluso, se confesaba con naturalidad que no se sabía que matar indios fuera malo. Así lo expresaron los culpables de la matanza en La Rubiera en su juicio, como se ha documentado en Vichada: Éxodo y etnocidio indígena; el avance de la ganadería extensiva y de la colonización, una publicación de la Universidad Nacional.

Durante la década de los 70, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS perpetraron la llamada masacre de la “Jaramillada” en la zona de Planas, una serie de asesinatos, torturas y hostigamientos en contra de varias comunidades sikuani. Episodios crueles de persecución y cacería de indígenas, algunos incluso con la aprobación de autoridades gubernamentales, representaron una etapa más de la guerra por la tierra en el los Llanos Orientales.

El Vichada también se convirtió en una opción de refugio y una oportunidad para el lucro. Luego de que el presidente Betancur, a principios de los ochenta, propusiera crear una gran ciudad en medio de la sabana que jalonara un gran proyecto de colonización agrícola, esmeralderos y narcotraficantes interesados en la explotación comercial y la producción cocalera entendieron el valor estratégico que tenía la tierra de los Llanos Orientales. Y con ellos apareció la violencia paramilitar.

Ejércitos privados, proveniente de Puerto Boyacá, llegaron a los Llanos Orientales con la misión de vigilar y asegurar que nada pasara dentro de las tierras de los narcotraficantes y esmeralderos. Estos grupos eran conocidos en la región como 'masetos'En medio de una época en la que reinaba la guerra del narco, el Cartel de Medellín le dio vida al grupo Muerte A Secuestradores, conocido como el MAS, una fracción paramilitar creada para combatir la guerrilla del M-19, como venganza al secuestro de Martha Nieves Ochoa, en 1982. Este grupo duró poco más de tres meses, pero dejó en el imaginario colombiano la idea de que la banda continuaba delinquiendo por todo el país y torturaba y asesinada a líderes del M-19, periodistas, juristas y sindicalistas como una manera de infundir terror. y se les asociaba con los ataques en contra de las guerrillas o de sus presuntos colaboradores.

Desde 1984, poderosos esmeralderos como Gilberto Molina y sus socios, Víctor Carranza, Benito Méndez y Juan Vitar, adquirieron grandes cantidades de tierra en el departamento del Meta. El ‘Zar de las esmeraldas’, Víctor Carranza, adquirió fincas en El Dorado y Cubaral, Meta. Pero sus propiedades se extendieron hasta el departamento del Vichada.

En la zona de Vista Hermosa, Meta el comprador fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, un poderoso narcotraficante del Cartel de Medellín. A él se le atribuyen los primeros brotes de paramilitarismo en los Llanos Orientales. La mezcla explosiva entre paramilitares, narcotraficantes y fuerzas gubernamentales permitió que Rodríguez Gacha dirigiera el narcoparamilitarismo que buscaba acabar a la izquierda en Colombia. Esta cacería se extendió sin límites hasta el exterminio de dirigentes del partido político Unión Patriótica en el Meta, entre la década de los 80 y 90.

Otro comprador de grandes extensiones de tierra fue Leonidas Vargas, un capo cercano a Rodríguez Gacha que invirtió en Caquetá, Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta.

Se ha documentado que el ejército de Rodríguez Gacha cometió masacres en contra de la Unión Patriótica (UP), en el Piedemonte Llanero y que algunos hombres de Carranza hicieron presencia en el límite del departamento del Vichada y Meta, participando en la masacre del PorvenirVea el especial completo de Tres agroindustrias de los llanos compraron tierras con líos y violencia

No hay registro de actividad paramilitar en el límite entre Meta y Vichada a finales de los ochenta y principio de los 90. Este fue el final de una primera etapa de expansión paramilitar, pero los grupos de ‘masestos’ permanecieron en la zona. No fue el fin de la violencia, por el contrario, sería solo el preludio del recrudecimiento del conflicto en la región.

En el corazón de las tierras de las que hoy poseen varias empresas agroindustriales y forestales, entre ellas la multinacional Cargill, está el caserío de San Teodoro, en el municipio de La Primavera, en Vichada. Es un pequeño pueblo que no sobrepasa las 20 casas, ubicadas a lado y lado de una vía sin pavimento que llena el ambiente de un polvo rojizo en los meses de verano y se convierte en un barrizal intransitable en los de invierno.

La historia de este pueblo es clave para entender la evolución de la violencia y el conflicto armado en este departamento. En 1992 los campesinos de esta zona de la Altillanura decidieron fundar una inspección de Policía que les permitiera registrar las compras de ganado sin necesidad de hacer el interminable viaje al casco urbano de La Primavera. Escogieron un punto clave sobre una trocha que conectaba la carretera principal hacia Puerto Carreño, la capital de la región en el extremo del departamento, con las tierras más al sur, en las que la sabana se funde con los primeros parches de selva.

El lugar escogido fue un pequeño valle junto a un caño, a menos media hora en carro del internado La Pascua, un colegio creado por los padres monfortianos en la década de los 50. Los vecinos de la zona recuerdan que el sacerdote Theodor Weijnen recogía a niños indígenas e hijos de colonos pobres para darles una educación católica en el colegio construido en la mitad de la sabana.

Por el aprecio que tenía la gente de la región con el padre Theodore, el pueblo terminó llamándose San Teodoro. La comunidad invitó a varias familias para que construyeran ranchos de madera y montaran pequeñas tiendas donde se vendía cerveza y la poca comida que llegaba de Villavicencio.

Varios campesinos llegaron a San Teodoro con la ilusión de tener su casa y prosperar con un negocio. “Yo tenía los hijos estudiando en el internado y decidí irme a fundar el pueblito. Nos dieron unos lotes en los que armamos unas casitas de palma y comenzamos a vender empanadas y gaseosa. La verdad teníamos mucha esperanza de que nos fuera bien con la tiendita”, recuerda una habitante de la zona* que hoy vive en el casco urbano de La Primavera.

Hasta 1995, el pequeño caserío prosperó al convertirse en un centro para el comercio de ganado. En un par de años, el aumento súbito de los cultivos de coca cambió radicalmente el entorno. Según el documento Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Vichada (ver documento), producido por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Justicia en 2015, los primeros cultivos de coca llegaron al Vichada a finales de los años 80 “como consecuencia de las fuertes actividades de control realizadas en el Guaviare”.

El mismo documento explica que los cultivos fueron avanzando desde el sur en los límites con Guainía y Guaviare, hacia el norte del Vichada, en el inmenso territorio de Cumaribo, el municipio más grande del país. Para 1995, según la investigación de la ONU, el gobierno ordenó la primera fumigación aérea del departamento, sobre un terreno de 50 hectáreas.

La llegada de la coca coincide con el incremento de la presencia de la guerrilla de las Farc en la zona. El Secretariado de esa guerrilla creó el Frente 16 a principios de los años 90, en el sur del departamento. A medida que los cultivos avanzaban hacia el norte, también llegaban los guerrilleros cobrando una “vacuna” a la siembra y producción de cocaína.

Rápidamente San Teodoro se llenó dinero. La mayoría de campesinos de la zona comenzaron a cultivar entre una y 20 hectáreas de coca, pequeñas extensiones si se comparan con el tamaño promedio de las fincas en la región, que casi siempre superan las 1000 hectáreas. “Se abrieron bares, llegaron prostitutas. Todo el mundo comenzó a tener platica, algunos supieron aprovechar, pero a otros no les quedó nada porque todo se lo gastaron”, cuenta otra mujer* que habitaba por ese entonces el caserío.

Varios guerrilleros del Frente 16 de las Farc, permanecían en la zona dando seguridad y cobrando un “impuesto” a los cultivos de coca. “Por el pueblito pasaban constantemente. Como estaba sobre el camino, ellos se movían por ahí y a veces paraban a comprar cosas, pero nunca tuvimos problemas con esa gente”, cuenta un habitante de la zona*.

Aunque la mayoría de los vecinos de San Teodoro señalan que había una relativa tranquilidad mientras las Farc eran el único actor armado en la zona, otros denuncian que el control que ejercía Roberto Aguirre Hernández, alias ‘Narices’, comandante del Frente 16, muchas veces se veía representado en abusos y crímenes injustificados. “Mi papá era mecánico, un día lo mandaron llamar los de las Farc y jamás volvimos a saber de él. Luego nos llegaron rumores de que el comandante lo había matado en medio de una borrachera”, cuenta una joven* que hoy vive en el casco urbano de La Primavera.

‘Narices’ pasaba constantemente por el pueblo. Aunque la mayor concentración de cultivos de coca se encontraba en el sur del departamento, en los límites con el Guainía, la extensa llanura del norte del Vichada se convirtió en un corredor estratégico para mover la cocaína hacia Venezuela. Varios pobladores de la zona señalan que de vez en cuando veían en la región a Tomás Medina Caracas, alias ‘el Negro Acacio’, el principal jefe del Frente 16. Según la Fiscalía, este frente se había convertido en la más importante fuente de ingresos de las Farc en el país, por una alianza con el narcotraficante brasileño ‘Fernandinho Beira Mar’.

Los paramilitares que habían llegado a la zona, junto a los esmeralderos y narcotraficantes a mediados de los ochenta, seguían delinquiendo pero su base se encontraba a más de 100 kilómetros de San Teodoro, en varias fincas de Puerto Gaitán en el Meta, tierras baldías que terminaron ilegalmente en manos del zar de las esmeraldas Victor CarranzaVer caso el Brasil y el Porvenir en Tres agroindustrias de los llanos compraron tierras con líos y violencia

El desmovilizado jefe paramilitar, José Baldomero Linares, señaló en el proceso de Justicia y Pazconsulte el documento completo aquí que hacia 1994 agrupó a varios ‘paras’ que delinquían en la zona desde los ochenta para formar las llamadas Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, más conocidas en la región como los ‘Carranceros’. Linares adoptó el alias de ‘Guillermo Torres’, casualmente el mismo nombre de Guillermo León Torres Arango, socio de Víctor Carranza y cuya familia era propietaria de más de 7 mil hectáreas en la zona que rodea a San Teodoro.

Así las cosas, los habitantes del caserío vivieron la bonanza cocalera en medio de una relativa tranquilidad entre 1995 y 1999. “Vivíamos bien. Habíamos cambiado la casita de palma por una de tejas de zinc y el pueblito estaba levantando, Ninguno se imaginó lo que iba a pasar”, cuenta una habitante de la zona*.

A finales de 1998 comenzaron a llegar hombres desconocidos a la zona y con ellos el miedo de una posible incursión paramilitar. “Empezó a correr el chisme de que iban a llegar los ‘masetos’ a matar a todos porque supuestamente dizque éramos guerrilleros”, cuenta un habitante de la zona*.

Los hombres extraños eran paramilitares que habían viajado más de mil kilómetros desde Urabá, en Antioquia, pasando por las selvas del Guaviare en el sur. En 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño en colaboración con miembros del Ejército  enviaron cerca de 100 hombres a Mapiripan, Meta,Vea el registro de la masacre en Rutas del Conflicto para crear el Bloque Centauros y expandir el modelo paramilitar en una zona clave por el narcotráfico y para las finanzas de las Farc.

Los hombres de los Castaño cometieron varias masacres en la zona, entre ellas la de Mapiripán y la de Caño Jabón, con ayuda de los ‘Carranceros’ y luego avanzaron lentamente hacia el norte entre las selvas del Guainía y el Vichada, una de las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos del país para la época.

La alianza entre los dos grupos paramilitares iba dejando su rastro de muerte a medida que avanzaba hacia el norte.  En julio de 1998 asesinaron al menos 11 personas en el municipio de Cumaribo, en un planchón que atravesaba el río Vichada. En noviembre de ese mismo año los ‘paras’, un poco más al norte, asesinaron a 17 personas en varias veredas entre el Meta y el Vichada, en lo que se conoció como la masacre de La Picota. Según el registro de la Unidad de Víctimas, ese fue el año con mayor número de homicidios en el departamento en la década de los noventa con 42 casos.

A principio de 1999 los ‘paras’ ya habían llegado a la zona de Santa Rosalía y La Primavera. El 3 de mayo entraron a San Teodoro. Al mediodía, mientras los habitantes del pueblo se reunían para recibir materiales de construcción enviados por el gobierno, llegaron súbitamente cerca de 200 hombres armados en camionetas y volquetas. Los paramilitares atacaron en el momento en que alias ‘Narices’ y otro guerrillero se encontraban en el caserío. Los persiguieron y los asesinaron al igual que a otras cuatro personas, entre ellos a Eduardo Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal por reclamarle a  los ‘paras’ el asesinato de su sobrino ese mismo día.

“Todos salimos corriendo. Con mi esposo alcanzamos a llegar a un monte y alcanzamos a volarnos.  Yo sentía que la carne se me salía del miedo, nos arrastramos, nos agarrábamos de palos para seguir, luego nos escondimos dos horas y vimos a lo lejos que quemaron la sabana. Logramos llegar a la casa de mi mamá en la Pascua y luego nos fuimos para La Primavera. Yo jamás volví a San Teodoro”, cuenta una habitante del pueblo*. Los propietarios de las tiendas denunciaron que los paramilitares se llevaron la mercancía y acabaron con sus negocios.

Los testigos coinciden en que los ‘paras’ acusaron a los habitantes de ser guerrilleros y los amenazaron para que dejaran sus casas. San Teodoro se convirtió en un pueblo fantasma, y los campesinos de las fincas cercanas tuvieron que soportar por años la presencia de los paramilitares que continuaron señalándolos de colaboradores de las Farc.

El jefe paramilitar de los ‘Carranceros’, alias Guillermo Torres, contó en el proceso de Justicia y Paz Vea el documento completo aquí que el grupo que cometió la masacres estaba conformado por sus hombres, ‘paras’ del bloque Centauros de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, y por miembros de las Autodefensas Campesinas de Casanare, conocidos en la zona como ‘Buitragueños’, de Martín Llanos.

Con la llegada de los Centauros aumentó la violencia y comenzó una guerra abierta con el Frente 16 de las Farc por controlar los cultivos de coca y el corredor estratégico que convertía la zona en un paso obligado para el tráfico de drogas hacia Venezuela.

Poco después de la masacre regresaron algunos de los pobladores de San Teodoro. Sus casas quedaron marcadas  de grafitis con los alias de los jefes paramilitares que perpetraron los crímenes y que se quedaron en la zona asesinando a supuestos colaboradores de la guerrilla.  

La violencia desatada por la llegada de los hombres de los Castaño disparó las cifras de desplazamiento. Según el registro de la Unidad de Víctimas, de 146 personas que tuvieron que dejar sus tierras en el Vichada en 1997, se pasó a 275 en 1999 y la cifra continuó subiendo hasta 1193 personas en 2002. Los asesinatos selectivos continuaron en San Teodoro. Casi un año después de la masacre, un habitante de la zona fue asesinado y decapitado en frente de los pocos pobladores que se habían atrevido a regresar.

La guerrilla se resistió a abandonar la región y también cometió varios crímenes contra quienes consideraba aliados de los paramilitares y la fuerza pública. En enero de 2000 el Frente 16 realizó una violenta toma del casco urbano de La Primavera, en la que saqueó la Caja Agraria,  destruyó la estación de Policía, asesinó a un agente y dejó otros tres heridos.

En 2002, con la operación Gato Negro, el Ejército destruyó un inmenso laboratorio de procesamiento de coca en los límites entre Vichada y Guaviare que evidenció la alianza entre el Frente 16 de las Farc y el narcotraficante brasileño ‘Fernandinho Beira Mar’. Aunque ‘El Negro Acacio’ máximo jefe de ese frente logró escapar, la guerra contra los paramilitares y la presión de la fuerza pública terminó debilitando a esta guerrilla en la región.

Pero la violencia en el norte del Vichada continuó. Desde 2001, el Bloque Centauros de los hermanos Castaño, manejado por el narcotraficante Miguel Arroyave, alias ‘el Arcángel’ le declaró la guerra a los paramilitares de Martín Llanos, conocidos como los ‘Buitragueños’.  En la región limítrofe entre Meta, Casanare y Vichada, los aliados que perpetraron la masacre de San Teodoro terminaron enfrentándose ante la cooptación de poder de los ‘paras’ venidos desde Antioquia.

Según ha documentado el portal VerdadAbierta.com, la guerra entre los antiguos aliados dejó al  menos mil desaparecidos y centenares de muertos.  Los paramilitares del Bloque Centauros terminaron usando el caserío de San Teodoro como base para atacar a sus enemigos, inclusive instalando una antena de comunicación, según narran los habitantes de la zona.

Para hacer más compleja la situación, a la zona llegó un cuarto grupo paramilitar que marcaría el claro interés de los actores ilegales por la propiedad de las extensas tierras de la Altillanura.  En 2004, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, un narcotraficante que había comenzado su carrera con el cartel del Norte del Valle y que terminó asumiendo como el principal jefe ‘para’ del llamado Bloque Central Bolívar.

El grupo de ‘Macaco’ delinquió como un brazo más de la Casa Castaño en el proceso de expansión paramilitar en 1999, pero luego se convirtió en una especie de disidencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, luego de que Carlos Castaño insistiera desde el año 2000 en que los ‘paras’ debían abandonar el narcotráfico. Como ha documentado VerdadAbierta.com, ‘Macaco’, con el respaldo de Vicente Castaño, tomó el Bloque Central Bolívar y comenzó su propio proceso de expansión creando bloques y frentes para sumarse a la disputas en las zonas claves para el narcotráfico.  Así, con la excusa de apoyar a los hombres del Bloque Centauros en guerra con los ‘Buitragueños’ terminó creando el Frente Vichada en el municipio de Cumaribo.

La llegada de este grupo paramilitar marcó un momento importante en la historia de la propiedad de la tierra en la Altillanura. Como ha podido documentar la Fiscalía y el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (ver sentencia), ‘Macaco’ vio en esas tierras, al igual que los narcotraficantes de los ochenta y los esmeralderos, una gran oportunidad de negocio y terminó despojando a campesinos para quedarse con sus fincas, además de ayudar a políticos como el excongresista Habib Mereg Condenado por parapolítica. Consulte la nota de Semana para que se apropiaran ilegalmente de esas tierras sin dueño, o por lo menos sin documentos que acreditaran la propiedad.

Al final de la guerra con los ‘Buitragueños’, los hombres de Macaco se quedaron en la zona, junto a los Centauros y los ‘Carranceros’. El sector que rodea al caserío de San Teodoro se convirtió en un territorio controlado por los tres grupos que asumieron de lleno la producción y tráfico de base de coca.  Para la época, según vecinos de la zona,  eran la única ley y los habitantes quedaron a expensas de sus órdenes.

Entre 2005 y 2006 se desmovilizaron los tres grupos paramilitares de la zona. El último en  hacerlo fue una facción del Bloque Centauros en abril de 2006. Pero las esperanzas de paz  no duraron mucho porque varios ‘paras’ se rehusaron a desarmarse y crearon bandas criminales que terminaron enfrentadas entre sí.

La violencia se incrementó al igual que los cultivos de coca, pero la transición entre los antiguos poderes paramilitares también trajo consigo nuevamente a nuevos forasteros interesados en las fincas que terminaron haciendo un gran negocio con una tierra marcada por la violencia de más de una década. Entre 2006 y 2007 la guerra arreció entre las bandas criminales que resultaron de la desmovilización paramilitar.

Los narcotraficantes Daniel, “El Loco” Barrera y Pedro Oliverio Guerrero alias “Cuchillo” asumieron el control del grupo del jefe paramilitar Miguel Arroyave, más conocido como “El Arcángel” que fue asesinado en 2004 por sus propios hombres. A raíz de la muerte de Arroyave, se formaron varias bandas criminalesSegún el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave, entró al departamento de Vichada en 1997 con el propósito de disputarle a las Farc las zonas cocaleras y, siguiendo la orden de la casa Castaño, de unificar varias estructuras que existían previamente en el Meta y Guaviare. A partir de 2004, el bloque se dividió en tres: una fracción dirigida por Jorge Piraban García, alias Jorge Pirata, otra por Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo, y otra, por alias Mauricio. Vea el informe completo aquí que se enfrentaron entre sí, cuyos líderes han terminado muertos o capturados por la fuerza pública.  

Las cifras de la ONU muestran el aumento de los cultivos ilícitos en la zona pasando de cerca de 5.500 hectáreas en 2006 a aproximadamente 7.200 en 2007.  Las cifras de homicidios durante esos dos años, fueron las más altas en el departamento durante toda la historia del conflicto armado, según cifras de la Unidad de Víctimas: 104 en 2006 y 70 en 2007.

La situación cambió radicalmente en 2008.  La fuerza pública comenzó a perseguir a los jefes de las bandas criminales de la zona y el aumento de las fumigaciones redujo significativamente la superficie cultivada de coca, que se redujo a 3 mil hectáreas según la ONU.  La Unidad de Víctimas apenas tiene el registro de una persona asesinada ese año.

Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a promover activamente la llegada de multinacionales para la creación de grandes proyectos agroindustriales y los operativos, cada vez más recurrentes de la fuerza pública terminaron con la muerte de los principales jefes de las bandas criminales, entre ellos Pedro Oliviero Guerrero, alias ‘Cuchillo’ en 2010.

El año 2008 no solo marca un punto de inflexión en el conflicto en el Vichada, sino también en la historia de la propiedad de la tierra en la región.  Ese año comenzaron a llegar empresarios del Valle del Cauca a comprar tierra, para después venderla a grandes empresas agroindustriales.  Muchos colonos que soportaron casi dos décadas de violencia vendieron sus tierras a estos intermediarios a precios muy inferiores a los que terminaron pagando las grandes compañías que hoy poseen las fincas.

A mediados de 2013, la ONG Oxfam y el congresista Wilson Arias denunciaron la acumulación irregular de tierra por parte de varias empresas agroindustriales, entre ellas el ingenio Riopaila y la multinacional Cargill. Según la investigación que sirvió como insumo para un debate en el Congreso, promovido por el senador Jorge Robledo, estas empresas crearon decenas de sociedades para comprar miles de hectáreas en el Vichada. (Vea el informe completo)

Con esta estrategia, las compañías buscaban evadir la ley que prohíbe acumular predios que originalmente habían sido adjudicados a campesinos. Estos terrenos, conocidos como baldíos, tienen una superficie límite correspondiente a la cantidad de tierra que necesita una familia para subsistir y comenzar un proyecto productivo. Estas fincas tienen el nombre legal de Unidad Agrícola Familiar, UAF, y varían en su extensión dependiendo de muchos factores, entre ellos la fertilidad de la tierra y la infraestructura que las rodea.

La denuncia de Oxfam y de Arias explicó en detalle cómo el prestigioso bufete de abogados Brigard Urrutia asesoró a las empresas para crear un entramado legal que les permitió quedarse con la tierra a través de decenas de sociedades de papel. Esta denuncia llevó a la renuncia del embajador colombiano en Estados Unidos, Carlos Urrutia, socio de empresa de abogados.

Sin embargo, la investigación no profundizó en la relación de la violencia y los presuntos actores armados en la historia de las transacciones de estas propiedades. Rutas del Conflicto analizó en detalle 36 predios que adquirió la multinacional Cargill, a través de su filial en el país Colombia Agro, que suman cerca de 50 mil hectáreas, repartidas entre los municipios de Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera, en el departamento del Vichada, una zona que sufrió la violencia paramilitar y guerrillera por más de una década, como se explica en la primera parte de este especial.

Aunque la tenencia informal de la tierra ha sido una regla general para los Llanos Orientales, el Estado ocasionalmente ha entregado títulos de propiedad, especialmente antes del 2009, año en el que se dispararon las adjudicaciones. Como se explicó en la primera parte de este especial, cientos de colonos llegaron a esta zona desde mediados del siglo XX, para quedarse con extensos territorios a expensas de las comunidades indígenas.

Puntualmente, en el caso de Cargill, entre 1990 y 1997, el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, adjudicó los títulos de propiedad de los 36 predios. Rutas del Conflicto habló con algunos campesinos de la región, quienes señalaron que conocían algunos de los nombres de la lista de adjudicatarios, y explicaron que eran viejos colonos de la zona.  

En la lista, también aparece un grupo de beneficiarios que pertenecen a la familia de con un poderoso exsocio del ‘Zar de las esmeradas’ Víctor Carranza. El Incora le entregó a principio de la década de los noventa aproximadamente ocho mil hectáreas en seis predios colindantes, en el municipio de La Primavera, a familiares de Guillermo León Torres ArangoConsulte acá los certificados de libertad y tradición que corresponden a los predios nombrados:
Aguazul
El Boralito
Godoy
Las Perlas
Las Guacamayas
Las Lagunas
Pato Loco , un misterioso personaje señalado de ser la mano derecha de Carranza en el Vichada.

El nombre de Torres, coincide con el alias que adoptó José Baldomero Linares, el máximo jefe de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, cuyo nombre más conocido en la zona eran los ‘Carranceros’, por la presunta relación con Víctor Carranza. Aunque se ha probado que estos paramilitares tuvieron bases en tierras del esmeraldero y varios desmovilizados aceptaron que inicialmente trabajaron para él, Linares, que pagó cerca de 10 años de cárcel por el proceso de Justicia y Paz, nunca aceptó que su grupo fuera en realidad un ejército privado de Carranza.

La similitud del alias de Linares, ´Guillermo Torres´ y el nombre Guillermo León Torres Arango, puede parecer una simple coincidencia, pero ha generado todo tipo de conjeturas en la región. En la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz contra Linares y sus hombres, en 2013, se plantea la hipótesis de que un hombre de la seguridad de Carranza llamado Guillermo Torres fue el encargado de crear el grupo paramilitar. Según esta versión consulte la sentencia completa aquí , el hombre de la Carranza tuvo que dejar la región, y Linares llegó a la zona tomando el mismo nombre para hacer creer que seguía la misma persona al mando, ante quienes no lo conocían.

“En jornada de víctimas realizada el día 25 de julio de 2012, una de las víctimas entrevistas afirmó que Guillermo Torres era una de las personas que manejaba la seguridad de las minas de esmeraldas de Víctor Carranza y fue a quien se le confió la consolidación del grupo paramilitar en la zona. Con posterioridad Torres regresa a las minas y queda al mando de la organización Baldomero Linares, quien toma como alias el de Guillermo Torres, permitiendo de esta manera que quienes hubieran oído hablar de él pero no le conocieran, siguieran creyendo que se trataba de la misma persona”, referencia el Tribunal en el pie de la página 517, aunque en esa misma página aclara que aunque investigó el asunto, no pudo llegar a ninguna conclusión.

Torres Arango fue asesinado en mayo del 2012 pero dejó un historial de empresas a su nombre y registros ante la justicia. Las primeras observaciones del informe Colombia Nunca Más, Zona 7 consulte el informe completo aquí , publicado en el año 2000 por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), indican que fue acusado de participar en el asesinato de Luis Augusto Bonilla, coordinador departamental de la Unión Patriótica e impulsor del Sindicato de Trabajadores de la Palma en el departamento del Meta, en 1988. Para ese momento, tuvo que rendir indagatoria.

Un año después fue capturado con revólveres, escopetas y pistolas, luego del asesinato del precandidato a la Alcaldía de Puerto López, Fabio Roa, el 31 de octubre de 1989. Según el informe  del Movice, en la época de estos asesinatos, Torres Arango era el administrador de las fincas de Víctor Carranza. El socio del esmeraldero nunca fue condenado por la justicia, por los hechos anteriormente mencionados.

Como empresario se abrió campo en la explotación ganadera, agrícola e industrial. A comienzos de la década de los 80 formó junto a su hermano Fabio Enrique Torres Arango la Industria Fibro Metálicas del Llano con la que producían soportes para maquinaria pesada. Esa misma década, puso en marcha una estación de servicio para el comercio de piezas y accesorios de vehículos llamada El Edén LTDA., cuyo socio era Víctor Carranza. (Consulte los registros ante Cámara de Comercio de Bogotá.)

Durante 1996, en sociedad con un segundo hermano que aparece como beneficiario de uno de los títulos de las tierras que hoy posee Cargill, Jairo Humberto Torres Arango, creó Agropecuaria La Perla LTDA. Ese mismo año, Jairo Humberto, Guillermo León y Fabio Enrique Torres Arango, fueron socios de la Distribuidora Territorial Limitada que, según documentos de la Cámara de Comercio, comercializaba al por mayor licores, alimentos y tabaco. Consulte los registros ante Cámara de Comercio de Bogotá.

Como puede verse y como lo han señalado varios habitantes de la zona, los Torres Arango no eran campesinos que hubieran llegado a la región a ocupar baldíos para luego pedir la propiedad de la tierra, sino reconocidos comerciantes con varias empresas. Esto contradice las reglas que han restringido la adjudicación a personas que no comprueben “ser de bajos recursos”Ley 160 de 1994 que mantiene los requisitos para acceder a títulos de tierra baldía vigentes desde los sesenta.Consulte el documento aquí . La motivación principal de la reforma agraria, como función del entonces Incora, era entregar tierra a campesinos pobres.

Todos los predios de la familia Torres Arango son colindantes y juntos forman una gran propiedad de cerca de ocho mil hectáreas que sobrepasa los límites establecidos para las Unidades Agrícolas Familiares en esa región, en promedio de mil hectáreas. VerdadAbierta.com ha documentado varios casos de adjudicaciones irregulares de tierra en los Llanos Orientales en los que empresarios poseedores de extensas haciendas, que superan los topes de las UAF, las dividieron en fincas más pequeñas para hacerlas titular a nombre de terceros.  En este caso, es evidente que todas las fincas de los Torres Arango conformaban un predio más grande, cuya propiedad fue adjudicada a Emilia Arango de Torres, madre de Guillermo León, y a otros cinco familiares.

La propiedad familiar probablemente era mucho más grande, que la superficie que conformaban los predios de los Torres Arango que terminaron en manos de Cargill. El mismo Guillermo León, al igual que su hermano y socio Fabio Enrique aparecen como dueños de propiedades que colindan con la finca La Perla de Jairo Humberto, según el documento de adjudicación de baldíos emitido por el Incora. (Vea el documento)

Esta forma de hacerse titular la tierra no ha sido exclusiva de los empresarios. Colonos que llegaron desde los setenta compraron tierras sin escrituras, en muchos casos con superficies que superaban las restricciones de las Unidades Agrícolas Familiares. Para obtener los títulos los campesinos dividieron las fincas entre sus hijos u otros familiares. Este es el caso de las familias Salgado Morales, que recibió títulos de tres de las fincas que hoy se encuentran en manos de la multinacional Cargill.

El caso de las tierras de los Torres Arango no es el primero en el que aparecen propietarios que tuvieron vínculos con Víctor Carranza. Como se contó al inicio de este especial, varios esmeralderos y narcotraficantes llegaron a los Llanos Orientales para comprar grandes extensiones de tierras. VerdadAbierta.com también documentó cómo Carranza se quedó con más de 40 mil hectáreas en dos predios (Vea los casos El Brasil y El Porvenir) en Puerto Gaitán, un municipio del Meta que colinda con el Vichada, usando a socios y empleados, que hizo pasar como campesinos para recibir los títulos, aunque en la práctica, él era el dueño real de las fincas.

Además de su cercanía con Carranza, Torres Arango ha sido señalado de tener vínculos directos con las bandas criminales que resultaron después de la desmovilización de los grupos paramilitares en 2006 y que terminaron enfrentándose entre sí. El Bloque Meta, por un lado y el Libertadores del Vichada por el otro comenzaron una guerra por el narcotráfico que disparó la violencia en la zona.

Torres Arango, fue secuestrado y liberado en 2011, antes de ser asesinado un año después.  En 2015, el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Villavicencio condenó a Osmán Maldonado Guina, alias ‘El Indio’, por el crimen.  Según una nota del diario El Tiempo (ver nota), que reseña la sentencia en contra de ‘El Indio’, Torres Arango fue asesinado por órdenes de “cabecillas del Libertadores del Vichada”, por “apoyar financieramente a la banda criminal del Bloque Meta”

De los 36 propietarios originales, muy pocos conservaron la tierra hasta 2011, año en el que la multinacional Cargill compró la mayoría de los predios. En estas casi dos décadas desde las adjudicaciones, los campesinos tuvieron que vivir la violencia que se incrementó con la llegada de la guerrilla y varios grupos paramilitares, y que es descrita al inicio de este especial.

El rastro de las transacciones de los predios es complejo. De las seis fincas de los Torres Arango, cuatro (La Perla, El Boralito, Aguazul y Las Guacamayas) cambiaron varias veces de propietarios, que resultaron ser otros miembros de la misma familia o empresas de su propiedad. Cargill compró las cuatro fincas en 2012 que suman cerca de 5.400 hectáreas, por un valor de 12 mil millones de pesos.

Las otras dos fincas de los Torres Arango, Pato Loco y Las Lagunas, junto con el predio El Arbolito, que había sido adjudicado a Pedro Pinzón, de quien no se tiene información, terminaron en varias manos, incluidas las de los esmeralderos German Alfredo Sánchez Sierra y Miguel Darío Sierra Murcia. Los dos son familiares del reconocido socio de Víctor Carranza, Jesús Hernando Sánchez Sierra.  Según documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá, Germán Alfredo y Jesús Hernando Sánchez Sierra fueron socios de la empresa Emerald Imiperium, cuya matrícula fue creada en 1995 y cancelada en 2010. (ver certificado).

Estos esmeralderos y varios familiares aparecen recurrentemente en documentos de Cámara de Comercio de empresas como Universasl Emerald Planet, Emerald Planet SAS, Emerald Imperium y el Grupo Marqueting Inmobiliario SAS.  Esta última sociedad tenía el nombre de Gemsval en 2011, y  aparece en la cadena de transacciones del predio El Arbolito.

Jesús Hernando Sánchez Sierra es uno de los empresarios de esmeraldas más grandes del país. Carranza murió en 2013, pero desde 2012 comenzó una guerra entre sus antiguos aliados por controlar el poder que dejaba. En octubre de ese año, Sánchez Sierra sufrió un atentado en la Zona T de Bogotá, en el que recibió 11 disparos, y del que salió milagrosamente vivo.

El exsocio de Carranza, Sánchez Sierra, ha sido un personaje polémico, no solo por la disputa de poder entre los esmeralderos y las grandes propiedades que posee en el Meta y Cundinamarca, sino por su presunta relación con el narcotraficante Julio Lozano Pirateque, extraditado a los Estados Unidos y cercano al capo Daniel “El Loco” Barrera.  En 2010 la Superintendencia de Vigilancia le suspendió el permiso para tener un esquema de seguridad a la empresa de Sánchez, Perfect Emerald, por prestarle escoltas a Lozano Pirateque, según reseñó el diario El Tiempo. (ver nota)

Cargill compró los predios relacionados con los Sánchez Sierra, que suman aproximadamente 3.600 hectáreas, por un valor cercano a 7.300 millones de pesos.  

Los casos de grandes empresas agroindustriales que han comprado tierras a esmeralderos cercanos a Víctor Carranza no son nuevos. VerdadAbierta.com documentó cómo la empresa de cárnicos La Fazenda le compró a la familia de Víctor Carranza cerca de 15 mil hectáreas en Puerto Gaitán en la finca El Brasil, que había sido usada como base paramilitar por los ‘Carranceros’.  

El hecho de que muchos esmeralderos estén vendiendo tierras en el Meta y el Vichada a grandes compañías se ha vuelto cada vez más público.  El empresario Carlos Aguel Kafruni explicó en una conferencia en 2013 en la Universidad de los Andes que muchos de los propietarios de las tierras en los Llanos, que han comprado las agroindustrias, eran  boyacenses, a quienes se refiere como “gente que negocia en esmeraldas, que lo tenían como refugio para sus dineros”.   El caso de las tierras de Cargill compradas a los Sierra Sánchez confirma la afirmación.

En el mismo video Aguel Kafruni insiste en que los “empresarios no están despojando a nadie”, porque en esa zona no hay pequeños propietarios. Pero es evidente que entre los antiguos dueños de las fincas que hoy pertenecen a la multinacional, sí hay pequeños propietarios que denuncian que vendieron a bajos precios.

Además de los siete predios que fueron vendidos por los Torres Arango y los Sánchez Sierra, en la mayoría de los otros 29 predios investigados por Rutas del Conflicto, aparece constantemente empresarios vallecaucanos que le compraron a bajos precios a campesinos que recibieron los predios del Estado, para luego venderlos por grandes sumas a la multinacional Cargill.

En algún punto entre 2007 y 2008, cuando la violencia había vuelto a dispararse en la zona por la guerra entre las bandas criminales que quedaron después de la desmovilización paramilitar, llegaron a la zona varios personajes relacionados con reconocidas familias de Cali y su zona metropolitana a comprar tierras. Repentinamente, aparecieron muchos interesados en comprar miles de hectáreas de tierra, que hasta ese entonces, habían carecido de un valor económico significativo.

Everardo Chamarraví es un colono que llegó a la zona a mediados de los setenta y comenzó a trabajar un predio que cercó en la sabana, de aproximadamente unas 600 hectáreas. Luego de insistir casi una década, logró que el gobierno le entregara el título de la finca en 1992 y mantuvo la propiedad de esa tierra hasta mediados de 2009, año en el que la vendió a un empresario de Palmira, Valle del Cauca.

Chamarraví cuenta que, cansado,  después de vivir más de 15 años de violencia, vendió la finca por el valor que le ofrecieron. “La guerra en ese tiempo era entre paracos de un lado y del otro. A veces se escuchaban las balas por encima de la casa y uno andaba con miedo de que llegaran por algún hijo”, cuenta el campesino.

Para la época, quedaban pocos vecinos en la zona. La mayoría había vendido, luego de que un hombre llamado Carlos Arturo Llano Henao les hiciera ofertas por la tierra, aunque en la práctica, fuera un intermediario para que otras personas del Valle del Cauca compraran formalmente la propiedad. “Todos se habían ido para La Primavera, o porque habían vendido o por la violencia.  Después de que me ofrecieron, todo fue muy rápido, no lo pensamos mucho porque  con esa zozobra, ¿qué más hacíamos?”, explica el colono.

La finca de los Chamarraví tiene el nombre de Santa Cruz y según los registros de tradición y libertad fue vendida en mayo de 2009 a Andrés Caicedo Raffo por 20 millones de pesos.  Apenas 16 meses después, esta propiedad fue vendida por la empresa Antila SAS de Caicedo Rafo a la multinacional Cargill por cerca de 600 millones de pesos.

La historia de estos campesinos se repite varias veces en la lista de los adjudicatarios originales de las tierras. Por ejemplo, la familia Ponare Catimay recibió los títulos de propiedad de la finca Monterralo de aproximadamente mil hectáreas en 1997 y también vendió en 2009, según el certificado de tradición de libertad por 50 millones de pesos. La compradora fue Maria Delfina Sangiovanny Panebianco, que lo vendió apenas un año y medio después por mil millones de pesos a Colombia Agro, de Cargill.

José Ponare Catimay, hijo del adjudicatario original de la finca, que murió en 2003, señala que vendieron a los precios que les ofrecieron por las difíciles circunstancias en las que habían vivido en medio de la violencia. “Primero fue entre la guerrilla y los ‘paras’, luego fue la guerra entre los 'paracos', las cosas que se vivieron por aquí fueron muy duras. Mi hermana se salvó de la masacre de San Teodoro y le tocó salir corriendo y no volver por allá.  Por  todo eso y por los problemas de salud de mi mamá fue que vendimos”, cuenta Ponare.

Otro caso similar es el de la familia de Cupertino Godoy y la finca El Relato. Los Godoy vendieron su finca de cerca de 2.600 hectáreas por cerca de 650 millones de pesos en 2008 y luego los intermediarios, Efraín Armando Espinosa Larrarte y María Fernanda Builes Estrada, le vendieron en menos de dos años el predio a Cargill por 2.400 millones de pesos. (ver certificado de tradición y libertad)

En otro predio, que resultó en manos de empresarios caleños, llama la atención que uno de los intermediarios en la cadena de compras es el hoy representante a la Cámara Marco Sergio Rodríguez Merchán. El congresista, que compró la finca El Recreo en 2005 y la vendió en 2008, es el exesposo de la también representante a la Cámara por el Vichada, Nery Oros, que fue directora del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, entre 2009 y 2013.

Silvia Godoy, hija de beneficiario original de la tierra y quien también fue una desplazada de la masacre de San Teodoro, cuenta que la violencia fue el principal motivo para vender el predio.  “Con lo que le dieron mi papá compró una finca mucho más pequeña, porque todo se puso muy caro.  Somos nueve hermanos y nos ha tocado muy duro, por lodo lo que pasó aquí”, explica la hija del colono.

Los nombres de los intermediarios se vuelven una constante, no sólo en los tres casos descritos anteriormente. En la mayoría, la persona que llega a hacer la oferta es Llano Henao, aunque, quienes terminan comprando la tierra son personas que nunca tuvieron contacto con los propietarios originales. Como en el caso de la finca Santa Cruz, en otros predios aparecen compradores con el apellido Raffo. Todos son familiares de Maria Catalina Raffo Palau, esposa de Llano, e hija del exalcalde de Palmira, Álvaro Raffo Rivera, que murió en 2012.

Llano Henao es el comprador en uno solo de los predios, pero aparece en los certificados de la Cámara de Comercio de varias de las empresas que crearon los empresarios caleños para venderle las fincas a Cargill.

Como se contó anteriormente, la mayoría de los compradores son miembros de reconocidas familias del Valle del Cauca. En el caso del predio Monterralo, por ejemplo, Maria Delfina Sangiovani Panebianco es accionista del América de Cali y familiar de Oreste Sangiovani, presidente del mismo equipo de fútbol y un reconocido empresario (Ver acta de constitución del América). Los Espinosa Larrarte y Espinosa Builes, que son socios de Llano en varias compañías, aparecen repetidamente como miembros de las sociedades que le vendieron a Cargil y tienen varias empresas, incluida una distribuidora de azúcar.

En otro de los predios, la finca Nazareth, después de pasar por varias manos, fue comprada por José Santiago Sarmiento Varela por 60 millones de pesos en 2009, según el registro de tradición y libertad. Este empresario, aparece repetidamente como alto cargo de diferentes empresas, varias de ellas en Panamá, como la compañía Ciagens Holding Group Inc, además de haber sido accionista de la polémica firma Interbolsa. Sarmiento Varela vendió el predio a través de una empresa a Cargill por 1.650 millones de pesos.

Las familias de los colonos insisten en que vendieron ante las circunstancias de violencia y abandono en las que vivían con precios muy inferiores a los que terminó pagando la multinacional. En los tres casos descritos, los entrevistados han señalado que no tienen muy claro cuáles son los derechos que les da la ley, respecto a las tierras que vendieron. “En la emisora del Ejército dijeron que si nos habíamos quedado sin tierra en zonas de violencia podíamos reclamar. He ido varias veces a la Personería, pero no me han dicho bien qué tengo que hacer”, cuenta Chamarraví.

Ante la versión de los campesinos, Rutas del Conflicto consultó a Llano, quien señaló que los valores pagados correspondían a precios que obedecían a “las leyes de mercado”. El empresario agregó que el rápido aumento de los precios obedeció a anuncios que hizo el gobierno Uribe en 2009, respecto a la construcción de grandes proyectos de infraestructura en la Altillanura. “Sobra decir que estos anuncios fueron un saludo a la bandera y a la fecha, el Vichada adolece de los mismo problemas que le han acompañado y la falta de infraestructura por parte del gobierno es total”, explicó Llano.

En cuanto a los testimonios de los colonos que señalan que vendieron sus fincas por las consecuencias de la violencia, Llano aseguró que “ninguno de los vendedores a quienes compramos predios tuvieron problemas de amenazas o desplazamientos”. (Vea la entrevista completa a Carlos Llano Henao)

Rutas del Conflicto intentó repetidas veces contactar a funcionarios de Colombia Agro, la empresa de la multinacional Cargill propietaria de los predios, para saber si sabían de la relación de los predios con los familiares de Guillermo León Torres, socio de Víctor Carranza, y sobre las circunstancias de violencia que se habían vivido en la zona.

Ante la petición de la multinacional, se imprimió un cuestionario que se entregó en las instalaciones de a Cargill el 11 de noviembre de 2016, pero luego de la entrega le dijeron a este medio medio que no iban a responder la preguntas. (vea el cuestionario)

*Se omitieron los nombres de las víctimas de la masacre de San Teodoro por cuestiones de seguridad.