CONFLICTO EN LA ALTILLANURA:
UNA VIOLENCIA HEREDADA
“¿Quién va a aguantar una segunda guerra? ¿quién va a aguantar eso? por aquí han estado todos: la guerrilla, los paramilitares y ahora el Clan del Golfo. ¿Y qué está pasando? que cada nada están llamando para amenazarnos”, afirmó una lideresa de una comunidad de los Llanos Orientales . Desde hace cuatros años, se reactivaron las violencias que se creían olvidadas cuando los paramilitares y otros grupos armados eran amos y señores de la Altillanura colombiana.
Gran parte de su población teme denunciar la violencia que persiste, ya sea porque no confían en que las investigaciones lleguen a algún lado o por el riesgo que esto conlleva. Mientras tanto, los grupos armados que allí delinquen pactan treguas entre ellos para no alertar a las autoridades y distribuir los corredores del narcotráfico.
Un territorio que vivió la violencia desde los cincuenta y en los últimos años se ha recrudecido, en medio de unas comunidades con altos índices de pobreza, tensiones entre campesinos e indígenas por la tierra y con una fuerte presencia de grandes empresas agroindustriales y petroleras
Aunque los medios de comunicación hablen de los operativos contra los negocios ilegales en esta zona del país, la opinión pública poco sabe de la historia de la Altillanura. Quiénes la conforman, cuáles han sido sus procesos de resistencia y qué papel juega en los procesos económicos en una tensión latente entre campesinos, indígenas y empresas nacionales e internacionales.
Se le denomina Altillanura a la zona no inundable de los Llanos Orientales, ya que estas sabanas son unos metros más altas que el cauce del río Meta. Estas no se inundan de la misma manera como las tierras al lado norte del río, donde está Casanare. Las sabanas conforman los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán en el Meta, y los municipios de La Primavera, Cumaribo, Puerto Carreño y Santa Rosalía en el Vichada.
Un territorio tan grande como Nicaragua, 13.5 millones de hectáreas. Una zona de suelo naranja, que no hace más de 15 años era el primero en el negocio de la ganadería, está bañado por los ríos Vichada, Matavén, Tuparros, Tomo y Bita. Además, en su frontera sur, se convierte en una zona de transición entre la frontera agrícola y la Amazonía.
Según el último censo Agropecuario realizado por el DANE en 2014, dos de los cinco municipios de Colombia, con la mayor tasa de pobreza, son Cumaribo y La Primavera, ambos en esta región del país. Además una de las mayores necesidades que tiene la región es solucionar los problemas de infraestructura.
Las cabeceras municipales se encuentran a distancias considerables entre ellas y sus veredas, lo que repercute en la inasistencia estatal de muchas necesidades básicas. Durante los meses de invierno, las carreteras son inestables, la mezcla de la arena con el agua hace que camiones, buses y motos queden enterrados en el lodazal dificultando los traslados.
Las grandes empresas petroleras y agroindustriales de la región han reemplazado en diferentes maneras al Estado, mejorando vías para transportar los cultivos y materiales necesarios para la siembra o la extracciones de hidrocarburos.
Para la investigadora y asesora de Indepaz Yamile Salinas Abdala, el Estado llegó a la Altillanura de forma represiva con las fuerzas armadas y también los hizo a través de servidores y funcionarios públicos como gobernadores, alcaldes y autoridades ambientales como Cormacarena y Corporinoquia. Sin embargo, la ausencia estratégica del Estado en otros aspectos como la inversión en infraestructura, salud y educación es notoria.
Los siguientes funcionarios fueron condenados o sancionados disciplinariamente por tener nexos con grupos armados
Las elecciones enfrentando al candidato de las AUC, Euser Rendón, y unas irregularidades en la jornada electoral lo dieron como ganador. Castro fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por homicidio agravado de Euser Rendón, pues Castro con los ‘paras’ gestaron su muerte por desobedecer las órdenes de Arroyave. En 2009, fue condenado por sus vínculos con los paramilitares del Meta.
Foto: Verdad Abierta
Miguel Arroyave y Fredy Rendón Herrera le dieron dos mil millones de pesos para su campaña, seguridad y “ponerle” votos de las regiones que dominaba el Bloque Centauros. No ganó las elecciones pero se volvió un mediador entre los paramilitares y la clase política de la región.
Para Salinas, en esta región es evidente la ‘cooptación del Estado’, que es una forma de corrupción a gran escala, en la que participan grupos criminales organizados, grupos empresariales, y servidores públicos. Según la investigadora, todos estos actores se han aliado con el fin de formular leyes, decretos y otras regulaciones para debilitar a la institucionalidad, para obtener beneficios particulares.
Rutas del Conflicto en su investigación Convenios de Fuerza y Justicia evidenció cómo las empresas del sector extractivo que tienen licencias de exploración y explotación en la región crearon convenios de cooperación con la fuerza pública y la Fiscalía para detener los delitos contra estas industrias. Líderes sindicales y líderes ambientales de la Altillanura han sido judicializados en medio de conflictos de la comunidad y empresas.
“Habiendo Ejército, mataron al esposo de una tía mía, la hermana de mi mamá. Y habiendo Ejército también desapareció la gente. La Policía y el Ejército venían un rato, se la pasaban unos meses, pero igual seguían pasando cosas”, afirmó un habitante. Para algunas comunidades la fuerza pública les ayudó en su protección, pero en otras comunidades solo llegó con represión.
Los siete municipios que componen la Altillanura han sido el escenario de enfrentamientos entre esmeralderos y narcotraficantes, la guerrilla de las Farc, los paramilitares con diversos grupos y sus herederos tras la desmovilización en 2006, así como las bandas delincuenciales y carteles del narcotráfico.
Para el Centro Nacional de Memoria Histórica , CNMH, en su informe Violencia Paramilitar en la Altillanura, los conflictos sociales e interétnicos que se presentaron en la Altillanura con las dinámicas de ocupación y uso territorial, mostraron que las disputas se hicieron por medio de la violencia, especialmente contra colonos y hacendado, con la ayuda de entidades gubernamentales para atacar a la comunidad indigena sikuani.
“Tanto la adquisición como la protección de la propiedad privada mediaron más acciones violentas que legales, lo que se configuró en un antecedente sobre el uso de la violencia privada en la región”, lo que daría paso para la conformación del grupo paramilitar los ‘Carranceros’, se lee en el informe del CNMH. Además de los enfrentamientos por el dominio del negocio de la pasta de coca y el corredor del narcotráfico por los ríos de la región camino a Venezuela permitieron ciclos de violencia y una constante presencia de grupos armados, a pesar de las desmovilizaciones de los paramilitares y de la guerrilla de las Farc.
A finales de los setenta los grupos guerrilleros se fortalecieron en el Meta y Vichada. Tras la Séptima Conferencia de las Farc en Guayabero, Meta, y con el objetivo claro de avanzar hacia Bogotá se crea el Bloque Oriental, el Frente Jose Antonio Paéz (Frente 16) y Frente Joaquin Ballen (Frente 39). La guerrilla se financiaba en la Altillanura por cultivos de coca, el secuestro y las extorsiones a las empresas de la región.
A pesar de las disputas entre Víctor Carranza, Gilberto Molina y Rodríguez Gacha estuvieron vinculados al proyecto paramilitar. Los orígenes del paramilitarismo están relacionados a la radicalización antisubversiva y el cambio en las figuras de la apropiación de la tierra y la protección de los negocios legales e ilegales. Lo que implicó la aparición de grupos de seguridad privada que se unirían a un proyecto paramilitar a nivel nacional.
Se configuraron tras la llegada del ´zar de las esmeraldas´ que tenían como objetivo proteger las propiedades de los Frentes 16 y 29 de las Farc. Además se empezó a gestar una relación con los paramilitares provenientes de Puerto Boyacá, por lo tanto, para algunos lugareños la distinción de carranceros o masetos no existe. Las violencias de este grupo se dieron contra campesinos y sectores de izquierda con fines de “luchar con la insurgencia” y usurpan propiedades.
Los carranceros o masetos, según el CNMH, tuvo un afán aleccionador respecto de las violación de la propiedad de los hacendados, tanto de tierras como de ganado. Las muertes selectivas de líderes sociales y políticos por parte de los paramilitares con el propósito de apaciguar las demandas de la reforma agraria y reformas sociales, que pudieran generar transformaciones en la Altillanura.
Aunque la aparición de José Baldomero Linares tiene misterio alrededor, se sabe que llegó cerca de 1994 con el fin de organizar al grupo armado de Víctor Carranza y los mandos medios que quedaron a la deriva tras la muerte de Henry Pérez.
En La Margarita, ubicada en la vereda Chaviva de Puerto López, se determinó la creación de las Autodefensas del Meta comandadas por Baldomero Linares. El grupo estaba conformado por personas que habían operado en San Martín, Puerto Boyacá y los Carranceros. Para el CNMH, la conformación de las autodefensas resultó en un perfil más militar, que se evidenció en el uso de armas largas y uniformes. A la par que se establecieron jerarquías y mandos.
La Casa Castaño empezó con alianzas cuando llegaron desde Urabá. Concretar el negocio del narcotráfico con los ‘Los Buitragueños´ de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’ y con los ‘Carranceros’ a cargo de José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ para crear Los Carranceros.
Las masacres perpetradas entre 1997 y 1998 tuvieron un altísimo impacto entre los habitantes de la Altillanura, pues marcó una nueva etapa de violencia contra la población civil. Además, evidenció las alianzas que permitieron la ejecución, en las masacres no solo se involucraron varios grupos de paramilitares sino integrantes y estructuras de las fuerza pública, tanto en el transporte desde el Urabá como la permisividad de los hechos.
En 1996 llegaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a la Altillanura. Lo hicieron cometieron una serie de masacres como la de Mapiripán y la de Caño Jabón. Daniel Redón fue enviado por la Casa Castaño para supervisar el negocio de la cocaína y montar y sostener un grupo paramilitar denominado Centauros. A través de la Primera Conferencia Nacional de dirigentes y comandantes se gestó el proyecto conjunto de paramilitarismo en Los Llanos Orientales.
Durante dos años, 2000 y 2002, alias 101 tuvo el propósito de hacer una unidad móvil especializada para enfrentamientos con otros grupos armados en las zonas de influencia. Los integrantes del URE fueron seleccionados de las diferentes escuadras para ser re entrados en la finca La Esperanza, en Puerto Gaitán. Esta estructura fue la única netamente militar que operó en la Altillanura.
Tras salir de la casa ‘alias Arcángel’ por enriquecimiento ilícito, se vinculó con la Casa Castaño. Según investigaciones de la Fiscalía, Arroyave le compró la “franquicia” a las Auc por siete millones de dólares a las AUC, el control de los Llanos.
Las ACMV no consiguieron control hegemónico en la totalidad del territorio, por su gran extensión pero su área de influencia se limitó al río Vichada y sus corredores fluviales como el río Meta y Muco. También la carretera de Puerto López a San Pedro de Arimena. De hecho el río Meta fue disputado por otro grupo armado por ser corredor del narcotráfico.
Aunque no se sabe con precisión los orígenes de las disputas entre Martín Llanos y Miguel Arroyave dejó por lo menos unas tres mil muertes. Se cree que la guerra se dio por el control de los cultivos de coca en el Guaviare, el Ariari y Guayabero con el río Meta, en límites entre Meta y Casanare. Mientras Martín Llanos pugnaba por expandirse desde el Casanare hacia el Meta, Arroyave presionaba desde el Meta hacia el Casanare. En noviembre de 2009, Daniel Rendón Herrera dijo que el responsable de esta guerra presuntamente fue el comerciante de esmeraldas Víctor Carranza.
Mientras sucedían los enfrentamientos entre Llanos y Arroyave se produjo la incursión del Frente Vichada, que se ubicó en el corregimiento de Planas en Puerto Gaitán, con el pretexto de apoyar al Bloque Centauros. Además, la alianza entre Cuchillo y Macaco favoreció la entrada del grupo de Macaco a lugares de tránsito de narcotráfico, así como la movilidad del Frente Vichada hacia lugares de cultivo y producción.
Las ACMV se desmovilizaron tras la negociación con el presidente de la época Alvaro Uribe, el 6 de agosto de 2005, en la finca La María, ubicada en Puerto Gaitán. Mientras el Bloque Centauros se desmovilizaron en dos grupos y no como bloque por las divisiones a raíz del asesinato de Miguel Arroyave.
Tras la desmovilización de los distintos grupos paramilitares, Pedro Olivero Guerrero, alias ´Cuchillo’ creó el Erpac, con el propósito de ocupar el territorio dejado por el Bloque Centauros como proyecto antisubversivo. Sin embargo, como lo investigaron varias organizaciones de derechos humanos, las Farc y el Erpac tenían un pacto de no agresión, porque la guerrilla les servía como proveedores de coca.
El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia se desmovilizó con 1.500 personas. Sin embargo surgieron dos grupos remanentes que mantienen el control y dominio de algunos territorios de la Altillanura.
Los Puntilleros surgió de la unión de Los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, dos organizaciones que nacieron tras la desmovilización y posterior fragmentación del Erpac. Lograron acaparar el control de los puntos estratégicos de la principal ruta de narcotráfico de los Llanos Orientales. En la actualidad, están en disputa territorial con el Clan del Golfo.
Liderados por el Clan Usuga asumió las actividades criminales de Daniel Rendón Herrera. La Procuraduría desde las Alertas Tempranas ha advertido de la presencia de la organización criminal en la Altillanura y su disputa territorial con ‘Los Puntilleros’.
Los grupos armados ilegales en la Altillanura permearon a las instituciones del Estado y a políticos de la región, en lo que popularmente se conoció como el escándalo de la parapolítica, cuando en 2006 se empezaron a destapar las alianzas y vínculos entre la clase política y los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Tanto el Vichada como el Meta no fueron ajenos a este fenómeno. Según la Corporación Nuevo Arcoíris estas relaciones no solo se gestaron a nivel nacional sino que en las gobernaciones y alcaldías existió esa cooptación del Estado.
Las comunidades indígenas y campesinas siguen resistiendo a la violencia de los grupos armados, con un Estado, que tras la desmovilización de los paramilitares, no resolvió los problemas como las necesidades básicas de la población, la tenencia de tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Este especial narra la historia de la población de la Altillanura y cómo esta región entró en los planes económicos de los gobiernos y el mercado internacional.
En los últimos 20 años, los pueblos indígenas del Meta y el Vichada han organizado la lucha por la recuperación de sus territorios colectivos. El despertar regional responde a los distintos despojos, desplazamientos y masacres vividas, especialmente durante gran parte del siglo XX.
Los Puntilleros y el Clan del Golfo son señalados por las comunidades de extorsionar, invadir predios, cometer asesinatos selectivos e intimidar a la población. “Ahorita hace poquito amenazaron a un muchacho para que se fuera, un comerciante”, relató.
Luz Day Garcia llegó del Casanare con 11 años a la vereda El Porvenir, de Puerto Gaitán, porque su papá trabajaba en el Centro de Investigación de Carimagua en 1984. “Esa era la fuente de empleo de mi papito, él se vino a trabajar al Meta, a Carimagua.
Desplazamiento nunca más: Campesinos e indígenas. Las personas que, desde muy jóvenes, sufrieron la violencia en la Altillanura, son los líderes y lideresas que hoy día continúan resistiendo a un conflicto que nunca debió suceder; aunque algunos ya parecen (...)
En los últimos 20 años, los pueblos indígenas del Meta y el Vichada han organizado la lucha por la recuperación de sus territorios colectivos. El despertar regional responde a los distintos despojos, desplazamientos y masacres vividas, especialmente durante gran parte del siglo XX.
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CRÉDITOS
Director: Óscar Parra Castellanos
Periodistas: Ana María Guzmán, Pilar Puentes y Richard Romero
Producción audiovisual: Ana María Guzmán y Richard Romero
Ilustraciones: Kimberly Vega
Diseño y Montaje: Paula Hernández
Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung.