Las personas que, desde muy jóvenes, sufrieron la violencia en la Altillanura, son los líderes y lideresas que hoy día continúan resistiendo a un conflicto que nunca debió suceder; aunque algunos ya parecen exhaustos.

En 1977, a los 14 años, Alexander Álvarez, líder indígena de Iwitsulibo, llegó a las sabanas del Meta, en Domo Planas, después de salir del Guaviare, en los límites con Mapiripán. Nueve años más tarde, el 7 de septiembre de 1987, Luz Day García, lideresa campesina en Puerto Gaitán, fue desplazada hasta Orocué, Casanare, con apenas 15 años de edad. Más adelante, en 1996 en Mapiripán, siendo menor de edad, William Aljure recuerda haber sido llamado por un alto mando de las Farc; por temor, decidió irse del municipio. Hoy, tras el retorno de la mayoría de estos líderes, luchan por rescatar su cultura, recuperar sus tierras y resistir al sistema agroindustrial a gran escala que se ha impuesto en la región.

Ajumatabusau (Resistir)

En la Orinoquía soplan vientos de minga. Las comunidades indígenas Kubeo-Sikuani, Piapoco, Sáliba, Kuiba, Guayabero, Hitoto y Betoyes, cansadas de sobrevivir al conflicto histórico en la Altillanura —siendo ellos los más afectados—, decidieron organizarse para reclamar sus derechos colectivos. “Ahora hay un despertar indígena, un despertar muy fuerte. Las comunidades están más organizadas que nunca. Y estas personas que uno puede ver que les titularon... Sí, pero eso le costó muertos en cantidad a los indígenas”, cuenta un funcionario de la Corporación Claretiana, quienes han estado respaldando jurídicamente a las comunidades indígenas en el Meta y Vichada, desde hace aproximadamente 5 años.

“Estamos cansados de que maten a nuestros compañeros”, dice Jenny Chipiaje, lideresa en el asentamiento Indígena de El Porvenir, Aseinpome, ubicado en jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta. Chipiaje y su familia han sido víctimas de desplazamiento en tres ocasiones. El hecho más reciente se dio cuando, en el año 2000, junto con cerca de 40 familias más, debieron salir de su territorio natal en La Primavera, Vichada, hasta el casco urbano del municipio, por culpa de la arremetida paramilitar. Desde que se asentaron en El Porvenir —en un predio de 1.000 hectáreas en el 2015— han decidido resistir de manera diferente: su lucha ahora es por la vía jurídica.

Los pueblos indígenas que anteriormente realizaban largos recorridos por su territorio como nómadas, hoy han tenido que establecerse en Asentamientos y Resguardos. Alexander Álvarez también regresó a su territorio ancestral en marzo de 2021. “Los sitios son sagrados porque hay cementerios”, enfatiza. Sin embargo, aún existen pueblos indígenas que no han logrado regresar a sus territorios primigenios, al menos 7 resguardos indígenas están a la espera de su constitución en la Altillanura. Es el caso del Asentamiento El Trompillo —casco urbano de La Primavera, Vichada—, donde no hay garantías de vivienda digna desde que llegaron en el 2010, producto del desplazamiento en Altagracia. “Actualmente, nos encontramos en condiciones de miseria, hacinamiento, sin acceso a servicios públicos, con viviendas improvisadas y de una tremenda precariedad. Estamos perdiendo nuestras prácticas culturales tradicionales. Prácticamente, nos encontramos en la mendicidad”, protesta uno de los líderes indígenas desplazados.

Uno de los objetivos de Jenny Chipiaje, profesora en el Centro Educativo Eustasio en El Porvenir, es el de rescatar las prácticas culturales que, a través del tiempo, se han ido perdiendo. Tras notar la ausencia de servicios como la educación, salió en busca de construir una enseñanza con diálogos multiculturales. “Yo me puse a gestionar a preguntar con la Gobernación, la Alcaldía, y un funcionario de Asuntos Étnicos, que fue quien nos ayudó”, recuerda cuando comenzó en el 2019. “Intentamos que los niños que asisten rescaten sus lenguas maternas”, finaliza.

En la escuela, que ya está avalada por el Ministerio de Educación, Chipiaje le imparte a estudiantes de preescolar hasta quinto de primaria. Allí, los niños y niñas de la comunidad Sikuani comparten con estudiantes de hijos campesinos de las veredas vecinas, quienes reciben clases de Inglés, Español, Religión, Ciencias Naturales y Matemáticas.

Todo esto sucede mientras la ANT define la situación jurídica en Aseinpome. “Es un proceso muy complicado, se relaciona con los baldíos. Si no tengo títulos ni siquiera por el conflicto, me sacaron hace 50 años, igual es un territorio ancestral”, defiende Julio Arias, antropólogo de la Universidad del Rosario. Por otro lado, el acompañamiento de la Corporación Claretiana y la Yira Castro han sido fundamentales para su acto de resistencia, ante las amenazas de tierreros que pretenden invadir sus predios. “Muchos compañeros tienen miedo”, cuenta Jenny Chipiaje.

“¿Baldíos? Si allá hay una niña enterrada, quien es mi tía”

El apellido Aljure es bien reconocido en los llanos orientales. A cuatro horas del casco urbano de Mapiripán, en una zona rodeada por los ríos Siare e Iteviare, se encuentra La Esmeralda, un predio de 70.000 hectáreas que le fue entregado en 1953 al líder exguerrillero liberal Dumar Aljure después de su desmovilización. Hoy día, su nieto William —y varios familiares más—, está a la espera de que sea adjudicado parcialmente, lo que sería su parte de la herencia. “¿Pero qué baldíos? Si allá creció mi abuelo. Allá nacieron mis tíos. Allá hay una niña enterrada, que es mi tía”, reclama después de que aparentemente el total del predio aún es declarado como baldío.

A sus 17 años, William Aljure, mayor de tres hermanos y huérfano de padre, fue citado por el Frente 39 de las Farc que, para ese entonces, 1996, hacía presencia en Mapiripán. “A mí me mandan una razón y me dicen: "Juan Mera lo necesita. Y pues cuando Juan Mera mandaba a llamar a alguien era, o bien sea para requisarlo o para desaparecerlo". Aljure tomó la decisión de no presentarse y se fue con su familia hasta Villavicencio. 16 años después regresó con la convicción de recuperar las tierras que le pertenecen por herencia, tras el asesinato y desaparición de su abuelo en 1968, y la muerte de su padre en 1985. Pero no era fácil.

Después de lidiar con grupos armados en Mapiripán, Aljure comenzó un litigio con la empresa Poligrow S.A.S. A su regreso, en 2012, los hermanos Aljure se enteraron que la hacienda estaba en manos de una empresa de cultivos de palma de aceite. Cuatro años antes, su tío Badid Aljure había firmado una promesa de compraventa sobre las 70.000 hectáreas con Carlo Vigna Taglianti, representante legal de Poligrow, sin el consentimiento de los demás herederos. En una de las cláusulas los vendedores se comprometieron a “colaborar en el trámite y gestión pertinente en cuanto a la titulación y/o adjudicación del terreno”; a cambio de recibir $4.200 millones ($60.000 por hectárea).

“Ustedes no tienen que estar en contra del desarrollo de la región” —en agosto del mismo año, los hermanos Aljure empezaron a recibir presiones y amenazas de bandas criminales para desalojar la tierra—, “sí, esto aquí es del empresario ‘fulano de tal’. Y las órdenes fueron esta, esta y esta”, eran las palabras que le decían al líder. Por el temor infundado, en menos de 10 meses desde su retorno, fue nuevamente desplazado a sus 34 años.

A partir de ese momento, William Aljure comenzó a ser más visible en colectivos de víctimas. En 2012 conoció la red de Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL y, a partir de ahí, empezó a liderar iniciativas de protección ambiental con comunidades campesinas e indígenas en el territorio, así como realizar acompañamiento a víctimas del conflicto armado. Gracias a su liderazgo, hizo parte de la Mesa Nacional de Víctimas en los Diálogos de La Habana, Cuba, tal cual lo hizo su abuelo en las negociaciones de 1953. “Yo creo que este liderazgo viene en los genes”, puntualiza.

Actualmente Aljure es el presidente de CONPAZCOL a nivel nacional y se encuentra activo denunciando los posibles daños ambientales que generan las empresas agroindustriales y de hidrocarburos en el departamento del Meta. “Hoy en día no están ellos (Farc) y corren como una contrarreloj, como una maratón a entrar multinacionales, petroleras, con un poco de licencias que las dan antes de que usted formule el proyecto”, comenta.

William regresó a su hacienda de origen en 2017. Continúa recibiendo amenazas, y aunque recurre a mecanismos de autoprotección, dice ya hacen parte de su día a día. Renunció a las medidas de la UNP, porque no le permite generar confianza con las víctimas con las que trabaja. El reclamo de su herencia aún está en proceso de adjudicación y posiblemente sea menor el número de hectáreas que reciba. Según Vigna Taglianti, en respuesta a un cuestionario en una investigación de la oenegé Indepaz, la “promesa nunca se cumplió”, la propiedad es “de la familia Aljure y la sociedad Poligrow nada tiene que ver en las divergencias que hay entre sus componentes”.

El caso de la estirpe Aljure representa lo que para expertos es uno de los principales impedimentos para lograr la paz en la Altillanura: no hay formalización de predios, solo posesión. Más de 50 años han pasado desde que el Ejército desapareció a su abuelo, dos tíos y una tía en el Meta. Su familia todavía sigue en la búsqueda de sus cuerpos. Con ellos, son más de diez los seres queridos de William Aljure asesinados, víctimas de guerrilleros, paramilitares y fuerza pública. En un acto de reconciliación ofreció parte de La Esmeralda para que se implementen proyectos productivos de excombatientes y proyectos de granjas autosostenibles para víctimas del conflicto, cuando el proceso de adjudicación termine. “Era el sueño de mi abuelo”, recuerda.

“Otra amenaza más y yo me voy”

El martes 21 de abril de 2020 a la 1:00 de la tarde Luz Day García, lideresa de la vereda de El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, recibió una llamada telefónica: “Tiene dos horas para salir del departamento con toda la familia”. Dos meses atrás, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le asignó un chaleco, un teléfono, un carro y dos escoltas por su situación de riesgo: desde el 2015 es víctima de hostigamientos y amenazas de muerte.

Luz Day recuerda el día en que el conflicto impactó a su familia por primera vez: “En el 86 se escuchaban muchas versiones de que iban a hacer masacres, el pueblo se atemorizó”. Un año más tarde, con lista en mano, un grupo armado llegó hasta la vereda El Porvenir. Empezaron a llamar una a una a las personas. Aunque la mayoría dieron nombres falsos, al menos siete personas fueron asesinadas. “Entonces dijeron que si al otro día a las 4:00 p.m. no se habían ido, mataban a la gente que quedaba y quemaban el pueblo”, recuerda la lideresa. Al día siguiente se desplazaron, atravesando el río Meta hacia Orocué.

Dos meses después de su salida, el Ejército los acompañó para el retorno. Desde entonces se ha resistido a no abandonar su territorio. A pesar del tiempo transcurrido, El Porvenir es un pueblo que poco conoce el Estado. Su puesto de salud es una “droguería comunal”, como lo define la lideresa, que no cuenta con los recursos necesarios para alguna emergencia. Los servicios de energía y acueducto para las cerca de 300 personas que allí habitan desde hace más de 30 años, llegaron apenas en 2016, gracias, entre otros, a la gestión de Luz Day García. Los niños y niñas asisten al Centro Educativo Eustasio, el mismo donde enseña Jenny Chipiaje.

A pesar de contar con un esquema de seguridad, Luz Day García prefiere tomar medidas de autoprotección. “Yo cada que voy a desplazarme de aquí a allá, pienso cómo es la situación, si puedo llegar con vida a mi casa o no”, cuenta. Su carro asignado por la UNP se encuentra en mal estado, por lo que prefiere realizar sus diligencias en el departamento de Casanare, antes que pasearse tres horas por la vía que comunica a Puerto Gaitán, un territorio sin ley: “La situación allá es terrible. Y por el camino uno no puede esperar nada más”.

Las mujeres son las que lideran las luchas en esta zona de Puerto Gaitán. Mediante denuncias y tutelas, García ha logrado llevar al pueblo no sólo servicios públicos como el agua y la luz, sino también seguridad con la presencia de la fuerza pública, quienes los acompañan desde 2016 cuando salió la Sentencia SU-426: la orden de cumplimiento de un largo proceso de adjudicación sobre un terreno que irregularmente se apropió el llamado zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Luz Day García, desde entonces le hace frente a tierreros y actores armados, quienes quieren posesionarse de manera ilegal en el territorio: "Bueno, dígame una cosa, ¿ustedes necesitan plata? O por qué me mandan a llamar a mí, si yo no tengo nada que ver, si yo soy una persona que no debe nada”.

El acompañamiento jurídico de la Corporación Claretiana en este proceso ha sido importante para respaldar las denuncias que la comunidad, muchas veces en nombre de Luz Day, presenta ante las autoridades; aunque este protagonismo gravite con amenazas. “Nosotros ya hemos aguantado todas las cosas que hemos pasado. Y seguir soportando más, sin la ayuda de nadie, tenaz. Estamos acá gracias por ellos”, recalca la lideresa.

Luz Day García ha soportado que le rompan las cercas, le roben ganado y que le quemen cultivos de pancoger: “Yo ya dejé de cultivar, porque ¿para qué? ¿Para que vengan y quemen eso y se lo roben?”. En la intimidación más reciente, el grupo armado que aún no identifica, amenazó a toda su familia, por lo que García ya lo concertó con su esposo y sus hijos: “Otra amenaza más y yo me voy, porque me da miedo arriesgar la vida, mis hijos me necesitan y mi madre está viva”.

Resistir al desarrollo

Las historias de Alexander Álvarez, Jenny Chipiaje, Luz Day García y William Aljure están cruzadas por el desarrollo agroindustrial y agroforestal que, poco a poco, se ha ido gestando a lo largo de la Altillanura. Aunque desde la visión del Estado se habla de terrenos baldíos, los colonos e indígenas que allí viven —y que sobreviven a sus históricos conflictos— reclaman la formalización de sus tierras. La ley Zidres parece alejarlos de esa posibilidad.

Desde Calamar, Guaviare llegó desplazado Josué Aguirre a las tierras del Meta. Inicialmente se estableció entre Acacías y Villavicencio como vendedor ambulante. En el 2006 su vida dio un giro: el gobierno del entonces Álvaro Uribe le ofreció a él y otras 27 familias la posibilidad de ocupar una finca en Puerto López, mediante un título colectivo. A pesar de que no recibieron ningún incentivo o asesoría para cultivar la tierra, Aguirre, en una entrevista para Verdad Abierta, aclaró con firmeza: “con nuestros propios medios hemos estado demostrando que las tierras son muy productivas”.

Ubicado en la vía que comunica Puerto López con Puerto Gaitán, Aguirre continuó ocupando el predio Las Leonas. La finca hacía parte de una gran hacienda que originalmente le pertenecía al narcotraficante Leonidas Vargas. Pero en una situación irregular, el entonces Incoder retiró los derechos de propiedad a los campesinos para entregarlos a otros. El hecho permitió que dos grupos de campesinos diferentes —y que no se conocían entre sí— ocuparan un mismo lote. Hoy día, la estancia de Josué Aguirre en el predio no es segura, pues no tiene título que lo certifique como propietario y en las tierras pretende implementarse la Ley 1776 de 2016.

Las Zonas de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres, fueron presentadas por el entonces presidente Juan Manuel Santos, como el proyecto que traería prosperidad a tierras aparentemente improductivas, donde la ganadería extensiva era predominante en la región. Ahora se habla de la posibilidad de cultivar maíz, arroz, soya, caña, piña y árboles maderables a gran escala en zonas específicas. Una ambiciosa apuesta para la atracción de inversión extranjera. El total de hectáreas con potencial aprovechamiento de esta ley en la Altillanura corresponde a cerca de 2 '800.000.

El primer intento de implementación de las Zidres se dio en las tierras planas de Puerto Gaitán. La Corte Constitucional se pronunció en su momento en la misma sentencia SU-426 de 2016, ya que, entre los predios que se pretendían explotar se encontraba la vereda El Porvenir, quienes ya habían adelantado un proceso en la ANT para la adjudicación de sus tierras. La tutela presentada por 73 habitantes —entre los que aparece el nombre de Luz Day García— falló a su favor protegiendo a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la vivienda digna, al trabajo, a la paz y a la tierra.

Según información de exfuncionarios del departamento, el entonces alcalde de Puerto López, candidato por el Centro Democrático, Víctor Manuel Bravo Rodríguez, ofreció el municipio para que se implementaran las Zonas de Desarrollo allí. En tiempo récord —justo antes de la salida del gobierno de Juan Manuel Santos— se consolidó la delimitación de las áreas de los 860 predios que harían parte de la ley. Una de las preocupaciones presentadas por la Mesa de Unidad Cívico, Agraria y Popular del Oriente Colombiano, Mucapoc, es que el estudio de suelo, que permite saber con certeza el tipo de cultivos que mejor se da en estas tierras, no se elaboró de manera correcta en los tiempos que debería; por el contrario, se elaboró una proyección —una suposición aproximada— teniendo en cuenta los datos recogidos para las Zidres en Puerto Gaitán.

El estado actual de los 860 predios seleccionados —equivalentes a 174.961 hectáreas— es una historia aparte. Al menos 27 de ellos se encuentran en proceso de restitución, con sentencia en firme o con medidas de protección por desplazamiento forzado. Otros, cuentan con procesos irregulares con documentos de falsa tradición.

En las tierras que habita Josué Aguirre, que pasaron por un fallido proceso de adjudicación, muy probablemente se implementen proyectos agroindustriales a gran escala. En el primer semestre de 2021, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá elaborar el manual que regula la formulación y estructuración de los proyectos productivos (agropecuarios, agrocombustibles, vivienda rural y turismo, infraestructura vial y de servicios públicos) que serán candidatos en el marco de La ley Zidres en Puerto López.

No es clara —ni segura— la manera en que los campesinos se puedan vincular a estos proyectos, toda vez que los monocultivos requieren maquinaria pesada, insumos químicos, alta tecnología y menos fuerza de trabajo. Además, los propietarios de los mismos controlarían los mercados de semillas, la fertilización y el precio de los cultivos. Según un estudio de la Universidad de Helsinki, Finlandia, “mientras 100 hectáreas ocupadas por agricultura familiar generan 35 trabajos, los monocultivos de palma aceitera apenas generan 10 y de soya 0,5”. Preocupa además, la presencia de empresas como Bioenergy S.A., filial de Ecopetrol, que 15 de los 860 predios destinados para Zidres, se encuentran en su posesión.

“El 43 % de los cultivos en Colombia se producen en fincas de menos de 50 hectáreas”, concluye un estudio liderado por la ONG Grupo Semillas. Ante ello, la agricultura familiar se posiciona como una forma de oponerse a las extensas hectáreas de cultivos —así como evitar la acumulación de baldíos—, además de presentar una alta viabilidad en eficiencia económica. Es el caso de Josué AguirreJ, que aunque su estadía en el predio no está definida aún, ha resistido al uso de transgénicos para sus cultivos mediante lo que él define sabiduría Tegua —en relación con la casi extinta comunidad indígena de Boyacá—.

Aguirre hace uso de fertilizantes naturales que permiten que los suelos que están en mal estado, puedan ser adaptados para que los cultivos aprovechen sus nutrientes. Su método de recuperación de suelos sin utilizar agroquímicos, permiten a las comunidades de la Altillanura, y en especial Puerto López, resistir al “nuevo modelo de desarrollo rural” propuesto por la ley Zidres, además de apoyar la idea de que la agricultura familiar sí puede ser viable, productiva y responsable con el medio ambiente.