Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020

“Señalarlo a uno de guerrillero es hacerlo fusilar”, dice el líder nasa y consejero mayor del CRIC, Hermes Pete Vivas. Esa sola frase resume la situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas y sus líderes cuando cunden las falsas acusaciones y las versiones acomodadas que los presentan como aliados de grupos armados, socios del narcotráfico o una minoría supuestamente privilegiada con pretensiones totalitarias.

Estos discursos son revictimizantes. No solo porque desconocen que la guerra se ensañó de forma particular con estos grupos étnicos desde todos los frentes y que el origen de esas violencias se remonta siglos atrás, sino también porque perpetúan el ambiente propicio para su repetición. Es que de 115 pueblos que hay en Colombia, 68 están en riesgo de desaparición física y cultural por el conflicto armado.

Ese dato fue central en el encuentro #LaVerdadIndígena de la CEV. Los múltiples testimonios de comunidades en todo el país que se presentaron ese día confirman la gravedad de la estigmatización y sus consecuencias. “La verdad indígena tiene que ver con el continuo de violencias que proviene de la cultura y el trato colonial que aún persiste y no se ha superado en nuestro tiempo”, declaró la comisionada Patricia Tobón Yagarí en el evento. Agregó que la confrontación armada profundizó e incluso llevó a naturalizar ese tipo de situaciones.

La gravedad del daño que los distintos actores del conflicto armado interno le han hecho a los pueblos indígenas, hasta el punto de amenazar la existencia misma de sus culturas, no es algo que se haya inventado esta entidad creada en virtud del Acuerdo del Teatro Colón. En 2009, ya la Corte Constitucional había emitido un auto de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de la población desplazada en el que se refería de forma particular a la desprotección sufrida por estas etnias:

Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años – indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural.

Para el alto tribunal, los señalamientos se hacen “de manera arbitraria e infundada” por parte de la Fuerza Pública. Así, forman parte de los factores que alimentan los hechos violentos contra los indígenas en ciertas regiones, porque “con frecuencia resultan en homicidios, en amenazas, en desapariciones o, en algunos casos, en lo que se ha conocido como ‘falsos positivos’”.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) profirió una sentencia en 2007 con la que declaró responsable al Estado por el homicidio del líder nasa Germán Escué Zapata, gobernador del resguardo Jambaló, cometido por el Ejército en 1988 (el caso sigue en supervisión de cumplimiento, según la resolución más reciente, que es de 2016). Según la providencia, los militares que llegaron a su casa lo golpearon “mientras le preguntaban dónde estaban las armas y lo calificaban de guerrillero” antes de llevárselo a las montañas y asesinarlo a tiros en estado de indefensión.

El evento de la Comisión de la Verdad sirvió para hacer memoria de muchos otros hechos, ocurridos en diferentes momentos de la historia, en los que la estigmatización contra los indígenas desencadenó múltiples formas de victimización.

Por ejemplo, a finales de los 90 y principios del nuevo siglo, los paramilitares aliados con el Ejército estuvieron a punto de exterminar los kankuamos en el Atlántico a punta de masacres que pretendían justificar con señalamientos de que los indígenas habían sido aliados de las guerrillas. En los años anteriores, desde 1986, habían sido precisamente las FARC, el ELN y el M-19 quienes habían asesinado a miembros de sus comunidades por ser supuestos ladrones o informantes de la Fuerza Pública.

En total, fueron cerca dos décadas y media que dejaron 400 muertes. De nuevo, hasta la Corte IDH tuvo que intervenir en 2004, cuando emitió una resolución de medidas cautelares a favor de este pueblo y, aun así, el Estado tuvo que seguir respondiendo por esos hechos hasta 2011, cuando fueron levantadas.

“A nosotros también nos señalaban como guerrilleros, siendo que no es así, siendo que nuestras familias, nuestras mujeres se tenían que someter obligadamente por miedo de que fueran a reclutar o matar a los hijos, a los jóvenes”, le contó Esneda Saavedra, gobernadora del cabildo yukpa Sokorpak en la serranía del Perijá, a la CEV. A su pueblo también llegaron los paramilitares y el Estado con estos discursos estigmatizantes, después de que la comunidad había sufrido las acciones de las FARC y el ELN.

El propio Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, pidió perdón por el homicidio de Kimy Pernía Domicó, líder embera al que mataron en Tierralta, Córdoba, en 2001. Se refirió al caso como un “crimen de Estado” y le dijo a la familia que una de las “excusas” para dar la orden fue que la comunidad había sido señalada como supuesta colaboradora de la guerrilla. “Decían que ustedes allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona”, relató antes de explicar que esa y otras acciones en realidad estaban encaminadas a “debilitarlos y terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos”.

Herzaín Díaz, coordinador de la Comisión de Justicia del resguardo embera Cañamomo-Lomaprieta en Caldas, insiste actualmente en que “los procesos indígenas desde hace más de 500 años son en lucha y resistencia contra el exterminio” y agrega que “los señalamientos han hecho parte de eso”. Es más, el libro Pueblos indígenas de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2013) del abogado y sociólogo jurídico Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional, recuerda que este fue el primer país de donde llegó un caso sobre estas etnias.

La petición fue elevada a la Comisión Interamericana en 1960 por cuenta de la persecución y tortura que sufrían los guahibos en el Meta a manos de las Fuerzas Armadas y el entonces recién creado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las autodefensas liberales de los Llanos Orientales, de origen ganadero, se habían desmovilizado en 1953 y Guadalupe Salcedo, quien fue su comandante, había sido asesinado en 1957 por la Policía en Bogotá, pero el Estado adujo que la causa de los hechos era la “guerra irregular”.

Para la época en la que se envió esa respuesta, cuando el caso entró a estudio a principios de los 70, ya habían surgido las FARC, el ELN, el EPL y el M-19 pero ninguna existía una década antes ni tuvo su epicentro en esa zona y tampoco eran de origen indígena. En cambio, los hacendados de la región tenían la costumbre de organizar ‘guahibiadas’, o sea cacerías de indígenas, e hicieron correr la voz de una supuesta rebelión de una comunidad liderada por el exinspector Rafael Jaramillo Ulloa, a la que el Ejército reprimió en la masacre de Planas, como consigna un informe del CNMH (2018) sobre las autodefensas en la Altillanura.

Así como en esa época, la mentira estigmatizante parecería caerse de su propio peso en pleno 2020. Sin embargo, sigue atizando la violencia contra los indígenas. La Corte Constitucional también determinó, en otro auto de 2017, que esta situación no solo persiste sino que ha empeorado en algunos lugares. La Comisión de la Verdad incluso identificó 17 corredores del conflicto armado, distribuidos por todo el país, en los que estos pueblos todavía se ven afectados por la confrontación entre grupos armados por el control de diferentes economías ilegales (narcotráfico, minas, contrabando).

La situación es tan grave que las voces de las víctimas aseguran que es un genocidio. Como lo detalló Colombiacheck en otro explicador, este es un delito en Colombia y un crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que consiste en llevar a cabo matanzas u otros actos contra miembros de un grupo, étnico en este caso, por el hecho de pertenecer a él o con el fin de destruirlo.

En 2010, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, publicó un informe en el que manifestó que urgía una visita a Colombia del asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. Adama Dieng, quien acaba de dejar ese cargo, tuvo una reunión de bajo perfil con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, la Alta Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección cuando Duque apenas llevaba un mes en la Presidencia, en septiembre de 2018.

El entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, le reportó al Congreso que “el Gobierno proporcionó información sobre los avances normativos atinentes a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas; los mecanismos de diálogo y concertación permanente entre el Estado y los pueblos indígenas; y los esquemas de protección individual y colectiva que el Estado despliega para prevenir la materialización de amenazas a líderes y comunidades indígenas”. Eso fue todo lo que se supo sobre la cita.

Dos años después, lo que está claro es el empeoramiento de la situación. En lo que va de 2020, han sido asesinados 90 líderes indígenas frente a los 84 que hubo en todo el año anterior, según Indepaz. La cifra no ha hecho sino crecer desde 2016.

En marzo pasado, Dieng le envió una carta al colectivo Defendamos la Paz en la que dijo estar “preocupado por el aumento reportado de la retórica polarizante y el uso de lenguaje estigmatizante, que pueden generar un mayor riesgo para poblaciones vulnerables”. Su comunicación fue la respuesta a la petición que la organización civil le hizo para que visite de nuevo el país y evalúe la matanza de líderes sociales en general.

No es gratuita su referencia al riesgo que representan los discursos. Así se han instigado múltiples crímenes alrededor del mundo, con la participación de los medios de comunicación. El siglo XX dejó sus más conocidos ejemplos con el imperio Turco Otomano contra los armenios, el Holocausto nazi, los hutus contra los tutsis en Ruanda y las guerras de los Balcanes, como lo reseña el historiador Juan Pablo Artinian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.

Sin ir más lejos, Colombia también vio sus consecuencias con el exterminio del partido Unión Patriótica. “Varios casos muestran que fue el personal de la fuerza pública dentro de las alianzas victimarias el que más utilizó estos mecanismos simbólicos, convirtiéndose en trasmisores de esta violencia entre las escalas local y nacional en la victimización de la UP”, cuenta el CNMH en Todo pasó frente a nuestros ojos (2018). A sus miembros los señalaban, sobre todo, de guerrilleros y criminales, tal como sucede con los indígenas.

¿Cómo han cambiado estos discursos desde 2016?