En Colombia, indígenas denuncian que crimen organizado y petroleras impactan los ríos sagrados de los pueblos indígenas siona e inga

Los espíritus guardianes alrededor del río Putumayo, que también recorre Ecuador, Perú y Brasil, ya no se dejan ver. Los pueblos indígenas siona e inga dicen enfrentar a las empresas petroleras y siguen resistiéndose a las actividades extractivas en su territorio, mientras que sus costumbres y rituales se ven interrumpidos por la contaminación de sus fuentes hídricas y la violencia de los grupos armados en el departamento de Putumayo.

El pueblo Siona lucha por la preservación de su territorio y por su propia supervivencia al menos desde 2006, cuando las petroleras comenzaron a explotar el bloque Platanillo, un área de 142 km² en Puerto Asís, en el suroeste de Colombia. Hoy, la operación está a cargo de La Nueva Amerisur —subsidiaria de Geopark, que adquirió la entonces Amerisur Resources— en una región que limita con la comunidad de Buenavista, hogar de unas cien familias sionas.

A unos 60 kilómetros de Buenavista está el resguardo Wasipungo, del pueblo inga, en Villagarzón, también en el departamento de Putumayo. La historia no es muy diferente a la de los siona. Según la autoridad ambiental Corpoamazonia, más del 95% del área de Villagarzón, la ciudad que alberga a la comunidad, ha sido destinada a la explotación petrolera. En 2010, la empresa canadiense Gran Tierra Energy informó haber adquirido el bloque Putumayo-1, en las proximidades de Wasipungo. 

Tanto los siona como los inga son pueblos indígenas transfronterizos. Sus formas de habitar el territorio no se limitan a la frontera entre Colombia y Ecuador. Pasar el río Putumayo de un lado a otro en canoas no significa para ellos cambiar de país, sino simplemente habitar un territorio con lazos inquebrantables, que, según especialistas e indígenas, se ha visto resquebrajado por la presencia del grupo armado Comandos de Frontera (compuesto por disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, paramilitares, narcotraficantes y nuevos reclutas); las decisiones políticas relacionadas con el petróleo en cada uno de los países y el tratamiento de la frontera como un tema puramente militar.

Río Putumayo: para los Siona e Inga, la navegación por el río en las fronteras de Colombia y Ecuador es parte del mismo territorio ancestral. Por: Juan Carlos Contreras

Durante el último año, el medio colombiano Rutas del Conflicto investigó los impactos de la actividad petrolera sobre los pueblos indígenas siona e inga. El equipo visitó sus comunidades, que, además de enfrentar el avance de la industria extractiva, lidian con la violencia de grupos armados. Por razones de seguridad, varias entrevistas fueron realizadas de forma anónima. Esta investigación forma parte del proyecto transfronterizo Hasta la Última Gota, un esfuerzo periodístico coordinado por InfoAmazonia para examinar los impactos de la industria petrolera en la región. [Leer introducción de la serie de reportajes]

 

‘La selva no es para sacar petróleo’ 

En agosto de 2022, cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia, prometió cuidar y preservar la región amazónica. Manifestó en múltiples escenarios nacionales e internacionales que no se volvía a explotar la selva para el carbón, el gas y el petróleo. “La selva no es para sacar petróleo”, advirtió. Desde su llegada a la Presidencia no se han expedido nuevas licencias ambientales para explorar ni explotar la región. 

Según la respuesta de la Presidencia a un derecho de petición enviado en esta investigación, “está su compromiso en torno al cuidado de la vida, especialmente en territorios biodiversos y sensibles como la Amazonía, por cuanto reitera la no firma de nuevos contratos”. En la misma vía fue la respuesta Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al manifestar que, “desde el mes de agosto del año 2022 hasta la fecha de emisión del presente escrito, se han seguido las disposiciones del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía en materia de no asignación de nuevas áreas para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.

Hoy, la Amazonía colombiana tiene 132 mil km² reservados para la explotación petrolera, según un análisis del proyecto Hasta la Última Gota, basado en datos recopilados por el Instituto Internacional Arayara hasta julio de 2024. De este total, más del 78% (103 mil km²) están disponibles para oferta en el mercado, aunque actualmente no pueden ser subastados.

Como lo explicó el investigador e ingeniero de hidrocarburos Andrés Goméz, Colombia, en la presidencia de Petro, se sumó al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF), un acuerdo internacional complementario al Acuerdo de París, que busca poner fin a la expansión de la producción y uso de este tipo de combustibles. “Colombia está dentro de los 16 países que hoy han llamado al tratado con más dependencia en términos económicos a los combustibles fósiles y esto marca una perspectiva distinta en la región, incluso de la izquierda tradicional que hay en Brasil”, afirmó.

Gómez se refiere a las recientes iniciativas del gobierno brasileño, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), para ampliar la exploración de petróleo, especialmente en la margen ecuatorial amazónica. A pesar de los riesgos ambientales, la estatal brasileña Petrobras y el gobierno nacional defienden firmemente la actividad. 

Pero no quiere decir que el petróleo va de la región amazónica en Colombia de manera inmediata, como lo explicó la Presidencia en la respuesta al derecho de petición: “Los procesos de exploración que se han dado y se puede dar, son en virtud de los contratos existentes con derechos adquiridos”. Es decir, que las empresas como Amerisur y Gran Tierra seguirán en la región mientras se cumpla el tiempo de las licencias ambientales y los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

Ingreso a Campo Platanillo, Puerto Asis. Por: Juan Carlos Contreras

Los contratos de los bloques Platanillo y Putumayo-1 tienen una vigencia de 24 años a partir de la declaración de inicio de producción de sus pozos, con posibilidad de prórroga. Por ello, los plazos varían considerablemente, pero es poco probable que finalicen en esta década.

La filial local de Gran Tierra, responsable del bloque Putumayo-1, actualmente opera 18 bloques en la región amazónica, tres de ellos en Ecuador y los demás en Colombia. Por su parte, Nueva Amerisur administra diez bloques, todos en la Amazonía colombiana, según un análisis de este proyecto periodístico.

Y es que la industria petrolera en el piedemonte amazónico se remonta 1942, cuando la empresa Texaco llegó a explorar la zona – la misma empresa que estableció bases en Ecuador y fue responsable de uno de los peores desastres ambientales en la región amazónica. [Leer reportaje sobre Ecuador]. Como lo recopila la organización Crudo Transparente, fue en 1963 cuando empezó a funcionar la primera perforación de un pozo en el municipio de Orito. Según la organización, la actividad petrolera aceleró la urbanización y el crecimiento poblacional y con ello las tensiones por la tierra, los recursos naturales y los conflictos sociales entre las empresas, los colonos y los indígenas que siempre habían habitado esas tierras.

Texaco se fue de la zona cediendo sus derechos de exploración y explotación a Ecopetrol en 1981, cuando pasaron de tener 26 millones de barriles al año en 1971 a solo 10 millones en 1979, según Crudo Transparente. Con el nuevo siglo, llegaron nuevas empresas que seguían viendo a Putumayo y a Caquetá como la zona a conquistar en materia de hidrocarburos. En 2003, el país entregó nuevos contratos en la zona que todavía hoy se mantienen.  

Mientras se agotan los plazos de las licencias, el gobierno ha creado una estrategia en distintas vías para aprovechar el petróleo, teniendo en cuenta que para 2022 los ingresos de la industria petrolera representaron el 2,7 % del PIB, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos tomaron 13 medidas para garantizar la gestión eficiente de las reservas y recursos contingentes de petróleo y gas en los contratos y convenios de hidrocarburos vigentes, organizadas en tres grupos: coordinación interinstitucional, regulación y modernización normativa, y optimización contractual y operacional. Además, se ha establecido un sistema de información de alertas tempranas y resolución de conflictos en los territorios donde se presenten tensiones socioambientales entre comunidades y empresas.

En la Amazonía colombiana, 79 territorios indígenas están afectados por bloques petroleros, con una intersección de 2.590 km². El país ocupa el tercer lugar entre los nueve países amazónicos, detrás de Ecuador y Perú. Estos territorios representan el 18% de las 441 áreas indígenas impactadas en la región, según nuestro análisis. 

Un grupo de organizaciones civiles ya ha denunciado “abusos corporativos” en el caso del pueblo inga. El documento señaló “violaciones sistemáticas de los derechos territoriales y ambientales, además de la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas”. Áreas importantes para la recolección de plantas medicinales fueron deforestadas y cubiertas de concreto, y los habitantes denuncian que la explotación petrolera contamina el agua y compromete su sustento.

En relación con el pueblo siona, un informe de la organización Ambiente y Sociedad también denuncia la ausencia de consulta previa a los miembros de esta comunidad frente a la explotación petrolera cercana a su territorio. Como destacan las autoras del informe, los Siona "tienen plena capacidad de argumentar y demostrar los impactos directos y profundos que sufrirán si los proyectos extractivos avanzan sobre su territorio

Las medidas de este gobierno para resolver los conflictos que se viven en el Putumayo con las empresas petroleras no están activos. La Presidencia manifestó que la ANLA había decidido suspender una audiencia pública ambiental en la zona del proyecto, que incluye territorio ancestral siona, debido a las condiciones de seguridad, tras la solicitud de la empresa La Nueva Amerisur de una licencia ambiental para ampliar su actividad petrolera en Puerto Asís. Esta audiencia es una forma de que el pueblo indígena pueda manifestar sus dudas, impactos y reclamos ante el Estado respecto al proyecto petrolero.

Una lucha en medio del silencio 

Unas 90 casas, separadas entre sí por pocos metros y rodeadas de árboles de canangucha, arazá, pomoroso, cocona, copoazú y otros frutos amazónicos, albergan a los habitantes del resguardo Buenavista, en Puerto Asís. Se trata de la comunidad del pueblo siona más grande de las doce que sobreviven en las riberas de los ríos Putumayo, Cuehembí y Piñuña Blanco, del lado colombiano. Todo el tiempo han luchado por sobrevivir, desde mucho antes de la fiebre del caucho, por las pieles de animales amazónicos, por la minería, por el conflicto armado y la explotación de hidrocarburos.

 

⁠Lina María Espinosa es defensora de DDHH y  una de las abogadas que ha asesorado a varias comunidades del pueblo siona desde la organización Amazon Frontlines y ahora tiene medidas cautelares de la CIDH tras amenazas de muerte.  “Acompañar a las comunidades y denunciar violaciones a sus derechos costó, tuvo un precio. Está siendo cada vez más visible y recurrente el control que tiene sobre los territorios los grupos armados. Hay una decisión estatal que resuelve que la frontera no es un escenario prioritario de inversión social, la frontera es un escenario militar, la frontera un territorio que carece de interés integral para el Estado, sigue siendo una concepción de territorio baldío, que no tiene dueño”, cuenta Espinosa. 

A raíz de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados se ampliaron las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dadas en 2018 a dos Resguardos del pueblo siona. Los nuevos hechos se debieron a que Comandos de Frontera amenazó a diversas personas y liderazgos entre ellos algunas de los siona y a la abogada y defensora de DDHH Lina María Espinosa.

El pueblo siona cuenta con varios mecanismos de protección, como la declaración de riesgo de exterminio de 34 grupos indígenas emitida en 2009 por la Corte Constitucional de Colombia debido al conflicto armado, incluyendo a los pueblos siona, inga y kamentzá. La Corte ordenó al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, tomar medidas para su protección. En 2018, los resguardos siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, fueron amparados por la CIDH con medidas cautelares para proteger la vida y el territorio. Estas decisiones implican, entre otras acciones, que identifiquen riesgos y tomen decisiones para mitigar el contexto de amenazas. Ambos resguardos reclaman que el Estado colombiano no ha cumplido con estas obligaciones, mientras el actor armado amplía su repertorio de violencia hasta el lado ecuatoriano.

Para los investigadores de Ambiente y Sociedad, la presencia de grupos armados y la industria extractiva están conectados en cierta medida. Cuando controlaban estas áreas, las FARC extorsionaban a las petroleras y atacaban sus instalaciones, lo que provocaba grandes derrames de crudo. Además, los guerrilleros robaban cargamentos de petróleo para financiar sus operaciones, llegando a operar incluso sus propias refinerías. En 2015, un derrame llevó a un pleito jurídico entre las comunidades de Puerto Asís y la empresa Amerisur, que terminó en una conciliación de las partes. 

La nueva configuración del conflicto armado en la región, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, como se advierte en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, ha establecido un interés de los grupos armados en la industria de hidrocarburos. “Diversos actores participan a favor o en contra de las actividades petroleras, según sus dinámicas políticas, económicas y de violencia armada”, dice el documento.

El informe Industria Petrolera en el Caquetá y en el Putumayo de Ambiente y Sociedad señala que en este último departamento, se han detectado prohibiciones a oponerse a los procesos de exploración, explotación y transporte de crudo en las áreas controladas por Comandos de Frontera. Mientras, que las zonas controladas por el Frente Carolina Ramírez adoptan una postura más permisiva hacia quienes protestan contra las empresas petroleras con acciones de bloqueo de campos y las vías de transporte del crudo. Además, como advierte la organización, algunas empresas del sector son víctimas de extorsión, y se han registrado al menos tres ataques a la infraestructura petrolera en los primeros meses de 2024.

Agua contaminada en viviendas del resguardo Buenavista, Putumayo. Por: Juan Carlos Contreras

"Desde que se desmovilizaron las Farc, nunca más volvimos a ver un carrotanque derramando crudo por las vías como antes. Y ahora que Comandos de la Frontera están en Puerto Asís, ellos no se meten con la petrolera", afirmó un habitante del municipio que recorre la zona permanentemente.

Según una investigación periodística del El Espectador, que recopiló las denuncias de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comandos de Frontera, vestidos de camuflaje y con armas, fueron a la Zona de Reserva Campesina La Perla, vecinos de los resguardos siona. “Apoyados por unidades militares y su interacción con la empresa petrolera Amerisur”. Esa organización denunció que varios campesinos venían advirtiendo que ese grupo armado defendía la industria petrolera en el territorio, a pesar de las demandas por protección ambiental que ha hecho la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica contra la compañía”.

La empresa en una comunicación pública negó las acusaciones y sus nexos con grupos armados. Mientras el territorio se encuentra en disputa, las comunidades indígenas y campesinas donde se desarrolla el proyecto de la Nueva Amerisur continúan en su defensa y la denuncia de los impactos ambientales. 

Todo sabe a petróleo 

La llegada de la industria a los territorios de los siona y de los inga trajo consigo, según ellos, la contaminación del agua, las restricciones al uso de los sitios sagrados y de las chagras, y el ruido que perturba la armonía del territorio. “No podemos hacer nuestros viajes de yagé”, manifestó un taita, uno de los ancianos siona y autoridades espirituales del resguardo. Para todos los indígenas que viven en el resguardo Buenavista, la forma de relacionarse con el agua tuvo que cambiar.

El río Putumayo es vida para los siona. Son un pueblo indígena que vive de la pesca, de las chagras y del yagé. El agua es el vehículo para conservar las tradiciones y la cultura de los abuelos, según relató uno de los indígenas que fue autoridad del resguardo.

Los indígenas entrevistados por Rutas del Conflicto, que prefieren omitir su nombre debido a los sucesos de violencia y las amenazas de muerte, relataron que ya no pudieron volver a tomar agua de las quebradas ni del río. “Todo sabe a petróleo. Los peces ahora son de menor tamaño, saben diferente, a gasolina, y no se pueden comer desde que llegó la petrolera  (Amerisur)”. Los siona ya no pudieron volver a pescar.

Como lo narró un siona, el petróleo no tiene traducción en su lengua: “Una palabra que no esté en nuestro idioma no debe estar en el territorio”. Los indígenas manifestaron que la contaminación del agua se vive especialmente en el río Piñuña Blanco, el río Mansoyá y el Caño Singuiya, sagrado para los siona, que cada vez tiene menos agua.

No se cuentan con estudios científicos sobre la calidad del agua en esos afluentes. Rutas del Conflicto envió una solicitud de información al Ministerio de Ambiente y a la autoridad ambiental del departamento Corpoamazonia para conocer los daños ambientales en la zona donde opera La Nueva Amerisur.  El Ministerio no respondió al derecho de petición.

La autoridad ambiental del departamento, Corpoamazonia, manifestó que no es la encargada de conceder licencias ambientales; sin embargo, recibe denuncias sobre los daños causados por la industria de hidrocarburos. En su respuesta a un derecho de petición, informaron que existen tres expedientes en Puerto Asís: uno por derrame de aguas residuales de la actividad petrolera y dos por derrames de hidrocarburos. La autoridad ambiental no informó la etapa de la investigación por los tres hechos. Todos serían responsabilidad de La Nueva Amerisur, que no se pronunció ante este medio.

Un análisis del proyecto Hasta la Última Gota, basado en datos del gobierno colombiano, identificó 28 infracciones ambientales relacionadas con la extracción de petróleo en la Amazonía entre 2013 y 2024. La contaminación del ecosistema fue la violación más frecuente, representando 19 casos (67%). Además, se registraron episodios de deforestación en las áreas de los bloques petroleros y el incumplimiento de los límites establecidos para la actividad.

Gran Tierra y Amerisur son las principales responsables de las infracciones, acumulando juntas 11 casos, lo que representa casi el 40% del total. La ANH también figura con seis infracciones. Sin embargo, no hay información sobre sanciones aplicadas a las empresas.

Como explicó la abogada Espinosa, es necesario entender que los accidentes en la industria de hidrocarburos se dividen en varias categorías de incidentes: los propios de la actividad, los relacionados con fallas humanas y los de fuerza mayor. Los accidentes propios de la actividad “son aquellos que ya se presupone que ocurrirán y que suelen ser fácilmente opacados, porque a menudo no se reportan o se justifican con mayor facilidad. Todo depende de la transparencia de Amerisur”, afirmó la abogada.

El agua que utilizan las comunidades indígenas de Puerto Asís proviene de la lluvia. Cada uno de los indígenas, en sus casas de madera, tuvo que adaptar puntos de acopio, ya que ni para bañarse pueden utilizar el agua por su baja calidad. “Los niños se enferman si se bañan con el agua de los ríos o de los caños. Les salen brotes en la piel”, manifestó uno de los indígenas.

El los ríos también tiene impactos en la medicina tradicional y espiritual. “Doy vueltas y no puedo viajar por el territorio. El agua donde se hierve y se prepara el yagé está contaminada”, manifestó un taita. 

 

Puntos de explotación de hidrocarburos "Platanillo", cerca a las fuentes de agua. Por: Juan Carlos Contreras

El agua es fundamental en el ritual de los indígenas de la Amazonía con ayahuasca. No solo en la preparación de la bebida, sino también para la purificación, la conexión espiritual y la sanación. Las ceremonias suelen realizarse cerca de ríos sagrados.

De igual manera, pasa con el pueblo inga. El resguardo Wasipungo ha sufrido como el pueblo siona la contaminación del agua a causa de la actividad petrolera, según lo explicó Luisa Sánchez,  investigadora de Ambiente y Sociedad. Ella dice que los indígenas no pueden consumir de sus fuentes sagrada porque está manchada de crudo. El último ocurrió el 2 de octubre de 2024, en la quebrada Danta Iaku cuando personas no identificadas y  ajenas a la empresa Gran Tierra abrieron las válvulas de varios camiones cisterna y liberaron una cantidad no determinada de hidrocarburos. Este accidente les recordó al ocurrido en 2015 con el pueblo siona. 

La quebrada Danra Iaku no es solo una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el consumo, sino también es un camino ancestral del pueblo inga y un  corredor de especies nativas. Gran Tierra anunció, según informe de Ambiente y Sociedad, que ha podido, únicamente, recolectar 1.000 galones de mezcla de crudo y agua . La empresa no se pronunció ante este medio. 

No solo el agua contaminada pasa por los resguardos Buenavista y Wuasipungo, sino el ruido constante de la actividad petrolera de la Nueva Amerisur y de Gran Tierra, según sus moradores. “Es terrible, cuando están trabajando suena todo el día, en la noche uno no puede dormir y los tomadores de yagé no pueden concentrarse”, advierte uno de los indígenas siona.

El nivel de contaminación del resguardo Buenavista no es claro. No hay estudios técnicos sobre la calidad del agua y los niveles de contaminación auditiva. En 2017 se realizó una visita de verificación de Derechos Humanos conformada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Presidencia, Descontamina Colombia y Ministerio del Interior,  y constató  una ruptura del corredor biológico del nacedero Cananguchal. Además de evidenciar afectaciones sociales, culturales y ecosistémicas , recomendó un estudio ambiental e indicaciones a los ministerios de Ambiente e Interior. Sin embargo, han pasado siete años  y no se tiene noticias de esos estudios, dijeron los indígenas. 

En la visita de las instituciones públicas al territorio, los indígenas narraron y mostraron los impactos de la actividad de Amerisur, en su momento. Indígenas relataron a las autoridades durante la visita, y más recientemente también a este reportaje, que la instalación de una plataforma de La Nueva Amerisur en la comunidad de La Rosa habría contaminado la región debido al vertimiento de aguas residuales en un afluente del río Putumayo. 

Apartado del informe de la visita de verificación en 2017

A la par que el pueblo siona documentó y denunció los impactos ambientales, la zona de reserva campesina La Perna también lo hizo. En un documento sobre la ampliación de denuncia penal por presuntos delitos ambientales en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación del bloque Petrolero Platanillo de la empresa Amerisur Exploración Colombia, al que esta alianza tuvo acceso y es reservado, recopila los informes de la ​​Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA).  En dichos informes se muestra, por ejemplo, que “el cuerpo de agua corresponde a un humedal de tipo Cananguchal, el cual se encuentra fragmentado por la construcción de la carretera La Aldea - La Rosa, las cuales conectan los campos petroleros no. 5 y no. 9. Dicho Humedal fue fragmentado para dar paso a la construcción de la carretera”.

También como el suelo ha cambiado su composición química, un grave impacto para las chagras del pueblo siona, “El pH presenta una concentración de 5,9 unidades, este valor se considera como medianamente ácido, el cual está influenciado por los residuos de hidrocarburos. (...) esto se ve reflejado en una menor disponibilidad de nutrientes para las plantas”, dice el informe. 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI realizó un estudio en 2022 sobre la contaminación de agua por petróleo y glifosato en el corredor Puerto Vega-Teteyé, que se encuentra en el municipio de Puerto Asís entre los ríos San Miguel y Putumayo. La investigación muestra que en los últimos 10 años, al menos 170 km² fueron afectadas por derrames de crudo, ya sea por fallas en la operación o por acciones de grupos armados.  La FCDS en su análisis publicado a finales de 2024,  recopiló datos de la ANLA que muestran que entre enero de 2019 y diciembre de 2023 se radicaron 49 denuncias por infracciones ambientales del sector hidrocarburos en el departamento. 

Los indígenas siona han podido documentar la transformación del agua, el ruido y cómo ven árboles caer para la construcción de caminos y carreteras para el trabajo de la petrolera. “La apertura de la carretera La Rosa es para el servicio de la petrolera y han dañado un cananguchal”, advirtió uno de los habitantes de Puerto Asís. 

Mientras que el espíritu del tigre es cada vez más difuso por la contaminación el pueblo siona se defiende y resiste por medio de la guardia indígena. Hombres y mujeres que con bastón en mano, realizan recorridos por el territorio, observando y gestionando el cuidado de las más de 40 km². Los cuiracuas, como llaman a los guardias, nacieron tras el proceso político y organizativo en defensa y fortalecimiento de su cultura y gobernanza territorial. Son quienes están al frente de la protección física y espiritual del territorio y quienes han sufrido las amenazas, el desplazamiento y el confinamiento por parte de los grupos armados.

Según los indígenas, el taita Luis Felinto Piaguaje Yaiguaje, de la comunidad ecuatoriana de San José de Wisuyá, murió de tristeza en octubre de 2018. “Lo mató el petróleo, contaminó su ojo de agua y ese abuelito ya no pudo volver a coger agua de ese estero para cocinar su yagé. No le dolía el hueso, no tenía un tumor, se apagó como una velita porque nunca más pudo volver a hablar con el [espíritu del] tigre, ya no le volvió a hablar”, narró Espinosa. Para los indígenas, como explicó la abogada, hay un impacto profundo en su pensamiento, en su forma de vida, en su manera de relacionarse y de entender el mundo. La Nueva Amerisur no respondió a este medio por las tensiones y conflictos en el territorio.  

La Defensoría del Pueblo de Ecuador publicó en un comunicación que, “la salud de Taita Felinto sufrió un constante deterioro a raíz de las afectaciones provocadas por las operaciones de las empresas” y que esto ocurrió, “sin consulta previa ni licencia ambiental, sobre el territorio de la comunidad”. 

En medio de la defensa territorial de los pueblos siona e inga, el gobierno de Gustavo Petro no logra llegar al territorio de una manera eficaz, de manera que no solo se proteja la vida de pueblos indígenas en vía de extinción sino la vida de selva amazónica.

 

Actualizado el: Jue, 04/10/2025 - 08:35