Ecopetrol contrató a un paramilitar que había perpetrado la masacre de febrero de 1999 en Barrancabermeja

 

Ilustración: Kimberly Vega

El 28 de febrero de 1999, un grupo de las llamadas Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) entró a Barrancabermeja, en el Magdalena Medio colombiano, e hizo un recorrido por varios barrios del puerto petrolero. El resultado: ocho personas asesinadas y dos más que se llevaron para desaparecerlas. 

En 2016, dentro del proceso de Justicia y Paz, en el que paramilitares confesaron sus crímenes a cambio de penas alternativas, John Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’ aceptó ser uno de los sicarios que perpetró la masacre. ‘Pepo’, que para el momento de los crímenes, hacía parte de la Ausac, contó que, apenas un par de meses después de los asesinatos, Ecopetrol lo contrató y lo incluyó en su nómina.

Según el testimonio del exsubjefe de seguridad de la compañía, José Eduardo González Sánchez, ‘Pepo’ y dos soldados profesionales retirados, que posteriormente se convirtieron en jefes paramilitares, ingresaron a la petrolera con la misión específica de infiltrar a la Unión Sindical Obrera (USO). González Sánchez les ordenó hacer inteligencia dentro de la USO, para identificar supuestos colaboradores de la guerrilla, en medio de una fuerte estigmatización que sufrían los trabajadores que se unían al sindicato.

González Sánchez es un capitán retirado del Ejército que afronta varios procesos judiciales por hacer parte de grupos paramilitares. El militar retirado fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en enero de 2024, donde ha hecho varios señalamientos que involucran a funcionarios de la petrolera con las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), y los responsabiliza por la violencia contra la población de Barrancabermeja y los miembros de la USO desde mediados de los años 90.

Rutas del Conflicto pudo constatar que, desde la década pasada, desmovilizados de los paramilitares que han entregado información dentro del proceso de Justicia y Paz que coincide con que ha dado González Sánchez en la JEP. En los testimonios se señala cómo varios altos funcionarios de Ecopetrol, la mayor empresa petrolera del país, que para la época pertenecía en su totalidad al Estado colombiano, fueron parte del entramado paramilitar que se consolidó en Barrancabermeja.

Las versiones de González Sánchez y la de ‘Pepo’ señalan que se conocieron en 1996, cuando Vásquez trabajaba para una empresa de seguridad que era contratista de Ecopetrol. ‘Pepo’ narra que dos años después, mientras manejaba un taxi, fue contactado nuevamente por el entonces subjefe de seguridad de la petrolera para que le sirviera de informante. Rápidamente, ‘Pepo’ pasó a ser miembro activo del grupo paramilitar, como se puede ver en la línea de tiempo a continuación en la que se muestran los crímenes que admitió a la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz.

Entre 1998 y 1999, según ‘Pepo’, se hicieron varias reuniones entre el entonces subdirector de seguridad de Ecopetrol, miembros de la fuerza pública y paramilitares de la Ausac. “Se realizó otra masacre el 28 de febrero también coordinada por ellos dos, es decir, por los dos capitanes Gónzalez y Herrera, pero antes de esa incursión, me fui con los dos capitanes (...) a San Rafael a coordinar con ‘Camilo Morantes’. El capitán Herrera le llevó 40 camuflados americanos y munición, el señor Camilo le canceló en efectivo 8.000.000 de pesos al capitán”, dijo el paramilitar desmovilizado.

En su testimonio, ‘Pepo’ no aclara el nombre del capitán Herrera, y no se sabe si se refiere a los oficiales del Ejército Édgar Román Herrera Fetecua o Jesús Herrera García, los dos con procesos penales por esta masacre. Cuando menciona a ‘Camilo Morantes’, habla del alias de Guillermo Cristancho, principal jefe de las Ausac, que fue asesinado a finales de 1999 por órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes absorbieron la estructura criminal dentro del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según ‘Pepo’, después de la masacre, González Sánchez le entregó un carné de Ecopetrol para que comenzara a ir a las reuniones de la USO y el 26 de abril de 1999 fue contratado por la empresa petrolera hasta 2005. 

Ecopetrol le respondió un derecho de petición a Rutas del Conflicto, en el que confirma que John Alexander Vásquez fue empleado de la empresa, pero se negó a dar detalles de la contratación. “Se reitera que las personas citadas, registraron con vínculo laboral o pensional directo con Ecopetrol, por lo tanto sus actividades se sujetan a las disposiciones del derecho privado, y sus actuaciones no están cobijadas por el Derecho Administrativo”, dice la respuesta de la compañía.

De empleados de Ecopetrol a jefes del paramilitarismo

Carlos Piedrahita Zabala y Leocadio Bohórquez son los dos soldados profesionales mencionados por González Sánchez que fueron contratados por Ecopetrol, según confirmó la misma empresa petrolera y que rápidamente se convirtieron en comandantes paramilitares. Según el exsubjefe de seguridad de la compañía, los dos fueron empleados de la empresa petrolera entre 1996 y 1997, en el área de mantenimiento, exclusivamente para que se infiltraran en la USO. 

González Sánchez mencionó ante la JEP que Piedrahita, una vez dejó de ser empleado de Ecopetrol, había dirigido junto a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ un grupo paramilitar vinculado a una cooperativa de seguridad (Convivir), en Yarumal, Antioquia , conocido como Los 12 Apóstoles. Por vínculos con dicho grupo, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, enfrenta un proceso penal que a finales de 2024, completa casi una década. 

Según una sentencia de Justicia y Paz, Piedrahita Zabala, alias ‘David’, pasó luego a ser el tercero al mando del Bloque Central Bolívar en 1999 en el Magdalena Medio y para el 2001 se convirtió en el comandante del Frente Andaquíes en el Caquetá. Allí, ordenó una serie de torturas y crímenes contra la población, que luego terminaron en fosas comunes como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Textos Corporales de la Verdad. “El Frente Sur Andaquíes estuvo conformado por patrulleros organizados en escuadras y distribuidos estratégicamente en la zona bajo las órdenes directas de Carlos Alberto Piedrahita, alias David (...) Allí, las personas eran interrogadas con torturas mediante las cuales se buscaba obtener información ”, dice el informe del CNMH.

En el documento, el Centro de Memoria Histórica señaló que para el 2014 se desconocía el paradero de Piedrahita. En 2012 la Fiscalía señaló que varios paramilitares del Bloque Central Bolívar habrían fingido su muerte en 2008 para escapar de la justicia, con partidas de defunción firmadas por un mismo médico, entre ellos Carlos Piedrahita. Rutas del Conflicto revisó la cédula del exempleado de Ecopetrol en la base de datos de la Registraduría Nacional y encontró que el documento aparece vigente, señalando que para el Estado, se encuentra con vida.

De acuerdo con una sentencia de Justicia y Paz en contra el Bloque Central Bolívar, el otro paramilitar, Leocadio Bohórquez, tan pronto salió de Ecopetrol, en 1999, pasó a ser uno de los jefes del Bloque Central Bolívar entre Barrancabermeja y el sur del departamento de Bolívar, en donde fue responsable de varios asesinatos y desplazamientos. 

La persecusión a la USO

Los testimonios de ‘Pepo’ y de González Sánchez muestran el estigma que vivían los miembros del sindicato, señalados de ser posibles guerrilleros o colaboradores de la subversión por quienes hacían parte del entramado criminal: los paramilitares, los militares y funcionarios de la misma empresa. 

Según Fabián León, director de la oficina Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una organización que investiga los impactos en los derechos humanos de las operaciones empresariales, históricamente Ecopetrol ha tenido una sistemática y fuerte confrontación con el movimiento sindical, en medio la una fuerte militarización de la industria petrolera. “Como lo muestra la Comisión de la Verdad, en medio de estas circunstancia se tiene un movimiento sindical debilitado por la estigmatización y la violencia”, explica León.

La Comisión de la Verdad, en su informe Reconfiguración Territorial de Barrancabermeja, muestra cómo desde la década de los setenta, con los paros de 1975 y 1977, aumentó la estigmatización del movimiento social en la ciudad, en medio de la fuerte presencia de las guerrillas de FARC, el ELN y el M-19. La Comisión señala que en 1988 comenzó un plan para exterminar a los miembros de la USO por parte de paramilitares y miembros de la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. “En el periodo entre 1988 y 1993 fueron asesinados 71 de sus miembros. Los años más violentos fueron 1992 con 19 asesinatos, 1991 con 17 homicidios y 1988 con 14, dentro de un total de 106 asesinatos entre 1987 a 2001”, dice el informe.

El documento también señala que desde 1991 aumentó la persecución judicial contra los miembros del sindicato y 30 de ellos terminaron en la cárcel “acusados de vínculos con los grupos guerrilleros”. Todo este contexto muestra la fuerte estigmatización que sufrían los miembros de la USO en los años previos a los hechos que rodearon la entrada del paramilitarismo en 1998.

Rutas del Conflicto habló con un investigador que hace parte de la USO, que ha documentado la violencia que ha sufrido la organización y que mantiene su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad. Señaló que la estigmatización que sufría el sindicato desde la fuerza pública, era la misma desde los encargados de seguridad de la empresa. “Aquí hay algo de fondo que es muy grave, es que el aparato de seguridad de Ecopetrol ha sido dirigido por militares retirados con una fuerte lógica contrainsurgente. Sabíamos que el Programa de Seguridad Industrial (PRI) de la compañía nos hacía inteligencia”, dice el investigador.

El profesor de la Universidad de Los Andes, Daniel Marín López, que investiga desde hace años la relación de las empresas con el conflicto armado en Colombia (Ver investigación de su coautoría sobre el tema, publicada en 2024), y fue asesor de la Comisión de la Verdad, señala que desde los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI, grandes empresas extractivistas asumieron un modelo de seguridad corporativa basada en la doctrina contrainsurgente que tenían los mismos militares. “En el sector petrolero, históricamente se ha visto como una buena práctica los vínculos de las empresas con la fuerza pública y esto es muy problemático porque adaptaron la lógica del enemigo interno”, dice Marín.

En el caso de Ecopetrol, la relación con la fuerza pública era tan estrecha, que desde los noventa, existía un batallón dentro de las instalaciones de la refinería en Barrancabermeja. La petrolera también comenzó a entregar recursos directamente al Ejército, a través de convenios de cooperación para que cuidara su infraestructura en los años previos a la infiltración de los paramilitares al sindicato.

El investigador de la USO explica que, durante los años de la infiltración, continuaron las amenazas y los asesinatos contra el movimiento sindical. En 2016 la Fiscalía le preguntó a ‘Pepo’ si se había utilizado la información que “llevaba de las reuniones de la USO al capitán González” para asesinar a alguien, a lo que el exparamilitar respondió que sí, señalando el caso de Rafael Jaimes Torrá, un líder del sindicato cuyo crímen fue perpetrado en 2002 en Barrancabermeja. ‘Pepo’ aclaró que para ese entonces el exsubjefe de seguridad de Ecopetrol, González Sánchez ya no se encontraba en la ciudad, ya que había ingresado de lleno en la estructura paramilitar y se encontraba delinquiendo en el sur de Santander.

La devastación de las masacres y las desapariciones

Manuela Sidray ha buscado a su hijo Édgar Sierra durante 25 años. La última vez que lo vio fue el 28 de febrero de 1999, cuando unos paramilitares lo subieron a una camioneta y se lo llevaron, en medio de la masacre que perpetraban por varias calles de Barrancabermeja. Édgar tenía apenas 17 años y cursaba el grado noveno. “Cuando comenzaron los gritos, yo salí y ví cuando lo subieron a ese carro. Yo corrí y les rogué que no se lo llevaran, lo tuve muy cerca, pero no pude hacer nada”, cuenta Manuela.

‘Pepo’ le contó a la Fiscalía en 2016 que la masacre fue planeada por el exjefe de seguridad de Ecopetrol, el capitán del Ejército de apellido Herrera y ‘Camilo Morantes’. “Ingresamos en tres camionetas al sector nororiental de Barranca (...) se dio de baja a una o dos personas no recuerdo bien. Salimos por el barrio La Esperanza, llegamos a un punto que se llama obras públicas. Ahí, uno que iba con nosotros capturó a un muchacho y lo echó a una de las camionetas (...) Antes de salir de ese sector había una base militar (...) Nos estaban esperando, habían cuadrado con el comandante de esa base para que nos dejaran posar”, dice el documento de la Fiscalía.

Manuela Sidray junto a una fotografía de su hijo Édgar Sierra. Foto: Samara Díaz.

La vida de Manuela cambió para siempre esa tarde de domingo: sus días, llenos de incertidumbre los dedicó, uno tras otro a preguntar por su hijo, a exigir la verdad. Vendía los enseres de la casa para recorrer el Magdalena Medio siguiendo alguna pista sobre el paradero de su muchacho, mientras recibía amenazas para que dejara la búsqueda. Inclusive tuvo que abandonar Barrancabermeja ante los hostigamientos. “Muchas veces tuve que dejar a mis otras tres hijas solas. Hubo un tiempo en que me enfermé debido a todo este dolor y a la incertidumbre”, cuenta la madre de Édgar. 

Leidy Barroso Amaya es una abogada defensora de víctimas de la organización Credhos en Barrancabermeja que también fue víctima de esta masacre. Tenía tan solo tres años en 1999, cuando los paramilitares, entre los que se encontraba ‘Pepo’, asesinaron a su padre César Manuel Barroso ese 28 de febrero. Un año después, en febrero del año 2000,  

Leidy y su madre María Yesenia Amaya fueron secuestradas por los ‘paras’ como represalia por la búsqueda de la verdad sobre el asesinato. “A ella la desaparecieron y a mí me liberaron unos días después, claramente todo esto me cambió la vida. Yo hago parte de la segunda generación, la de los hijos de las víctimas, estamos en ese constante proceso de búsqueda, de verdad y de construcción de memoria”, dice Barroso.

La abogada cuenta que están a la espera de que alias ‘Pepo’ responda muchas de sus preguntas en una audiencia que tiene programada la Jurisdicción Especial para la Paz en noviembre de 2024.”Lo que está demostrado es que lo contrataron cuándo era un paramilitar, apenas un tiempo después de perpetrar la masacre. Quisiéramos saber cómo entró a Ecopetrol, porque él no fue empleado como un obrero si3no como un paramilitar, entonces nos gustaría preguntar qué funciones tenía, cuál era el sueldo que recibió”, explica Barroso.

Las víctimas de las masacres del 28 de febrero no son las únicas que buscan verdad tras los testimonios de González Sánchez y ‘Pepo’. El entramado criminal que han descrito, y que está involucrado con empleados y recursos de Ecopetrol, estuvo detrás de las 14 masacres cometidas por paramilitares entre 1998 y 2000, según la base de datos del CNMH, entre ellas las del 16 de mayo (siete asesinados y 25 desaparecidos) y el 2 de agosto de 1998 (11 asesinados) y la del 4 de octubre de 2000 (seis asesinados). Durante esos años, según la misma base de datos, fueron desaparecidas 262 personas.

El paramilitar Mario Jaimes Mejía señaló en varias ocasiones, dentro del proceso de Justicia y Paz que las víctimas de estas masacres fueron seleccionadas, la mayoría de las veces, al azar y no tenían nada que ver con la guerrilla. Según el informe Telarañas de la impunidad: las voces de la resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha investigado estos crímenes, la estrategia de los victimarios era producir terror generalizado entre la población, especialmente en las comunas que eran estigmatizadas como colaboradoras de la subversión. 

Por ejemplo, el otro desaparecido en la masacre del 28 de febrero, Luis Miguel Cifuentes, era un taxista que tuvo la mala fortuna de pasar con su carro por el sitio en el que los paramilitares cometían uno de los crímenes. Su esposa Alix Vélez ha tenido que vivir estos 25 años en medio de la incertidumbre, luchando por la verdad, limpiando el nombre de su esposo, señalado falsamente como guerrillero.

Lo mismo ocurre con Manuela Sidray. Cada vez que cuenta la historia de su hijo Édgar hace todo lo posible para mostrar que no tenía nada que ver con la guerrilla. Ella señala que no entiende por qué funcionarios de una empresa como Ecopetrol, con todo el poder del Estado, terminaron orquestando una masacre en la que desaparecieron a su muchacho, un jóven de noveno grado que nada tenía que ver con la guerra.

En todos estos hechos criminales los paramilitares actuaron con sevicia para sembrar el pánico entre los habitantes: hubo decapitaciones públicas e incluso, en la del 2 de agosto, una mujer embarazada fue golpeada brutalmente para que perdiera a su hijo. “Como lo expresó unos de los familiares de las víctimas del 28 de febrero: ‘Yo empecé a sentir miedo por esas personas que cometieron esta masacre a gente inocente porque pensé que me iba a pasar lo mismo’”, dice el informe del José Alvear Restrepo.

Leidy Barroso señala que la incursión paramilitar con toda esta violencia en Barrancabermeja ocurrió para proteger los intereses de la industria petrolera, por encima de los derechos humanos y la integridad de las personas que vivían en el territorio. “Toda la violencia ocurre al servicio de Ecopetrol y del mismo Estado. Toda la persecusión a las víctimas para que no se investigara, para que retiraran las denuncias, toda el sufrimiento causado por intereses económicos es lo que lo hace más triste y que desde Ecopetrol se prestara para todo esto, es denigrante”, dice la abogada y víctima de los crímenes.

La responsabilidad de Ecopetrol

Conmemoración de la masacre del 28 de febrero de 1999. Foto: Samara Díaz.

Es un hecho que la petrolera terminó contratando a miembros de grupos ilegales que, además, infiltraron el sindicato de trabajadores de la empresa. González Sánchez también ha señalado a otros altos funcionarios de crear las condiciones para el ingreso de los paramilitares al puerto petrolero, entre ellos a su propio tío, Antonio Sánchez Vargas, director de seguridad nacional de Ecopetrol; Marco Tulio Restrepo, director corporativo de seguridad y su jefe directo; y el coronel Oscar Virgüez, jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.

Toda esta información describe el involucramiento de funcionarios de distintos niveles, el uso de infraestructura y recursos de la empresa para perfilar sindicalistas, además de planear y ejecutar la entrada y consolidación del paramilitarismo en la región. Las situaciones descritas por González Sánchez y ‘Pepo’ abarcan un periodo de casi nueve años, entre 1996 y 2005, en el que se vivió el pico de violencia en la ciudad, especialmente con la incursión de las Ausac en 1998. Desde ese momento fue evidente el control de la ciudad por parte de los paramilitares, primero bajo órdenes de Camilo Morantes y luego, desde finales de 1999 bajo el control del Bloque Central Bolívar.

Surgen entonces varias preguntas sobre la responsabilidad de Ecopetrol como empresa en todos estos hechos: ¿los vínculos con estos hechos criminales se limitan a unos cuantos funcionarios o eran parte de una política no oficial de la empresa? ¿Si estos funcionarios actuaron por su cuenta, por qué la empresa no se dio cuenta del uso de sus recursos y de la relación de varios de sus funcionarios con la violencia en la ciudad? ¿Qué hizo la compañía para verificar que los militares que estaban dentro de sus instalaciones y recibían sus recursos no violaran derechos humanos?

Fabián León del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos señala que el período posterior al año 2000 es clave para entender las omisiones de diligencia debida en derechos humanos de Ecopetrol y su relación con los crímenes ocurridos antes de esa fecha. En ese año, se crean los Principios Voluntarios sobre Seguridad y DDHH. Esta es una iniciativa internacional a la que se han adherido gobiernos y empresas en todo el mundo que “promueve la implementación de una serie de principios guías para las compañías de hidrocarburos y mineras para proveer seguridad en sus operaciones, en una forma que sea respetuosa de los derechos humanos”. 

León explica que con los hechos ocurridos antes del año 2000, es difícil establecer una responsabilidad jurídica de la empresa en los hechos, ya que no había un instrumento para verificar sus obligaciones. “Con la JEP y con Justicia y Paz se han venido estableciendo unos contextos que, si bien, no generan una responsabilidad jurídica, por lo menos le señala a la empresa una responsabilidad general por la toma de decisiones que contribuyeron al incremento de la violencia”, dice el investigador.

Para el profesor  Daniel Marín, toda la información que ha salido en estas dos décadas muestra indicios de que la empresa tenía consolidada unas prácticas en su operación en las que había una permisividad hacia conductas por fuera de la ley que pudieran realizar sus funcionarios. “Es importante revisar los vínculos entre los funcionarios, que se pueda ver si en las instancias de toma de decisión realmente había un conocimiento de todo lo que estaba pasando”, explica Marín.

Víctimas de las masacres del 16 de mayo de 1998 y el 28 de febrero de 1999. Fuente: organizaciones de víctimas de Barrancabermeja.

El investigador aclara que la situación de la empresa petrolera, respecto a protocolos de derechos humanos es muy diferente en la actualidad, ya que ha certificado altos estándares en ese sentido. “Hicimos un estudio con la Defensoría del Pueblo en 2023 y vimos que la compañía ha tenido un reflejo en su estructura de inclusión de derechos humanos en la actividad empresarial, pero la duda más grande es qué va a hacer frente a la rendición de cuentas de sus deudas anteriores”, dice Marín.

Ante la información expuesta por el exjefe de seguridad González Sánchez, que confirma lo dicho en Justicia y Paz por paramilitares como ‘Pepo’, las víctimas esperan que el trabajo de la JEP contribuya a que se conozca toda la verdad de los hechos y los implicados en los asesinatos y desapariciones de sus familiares, incluyendo los directivos de Ecopetrol.

Rutas del Conflicto buscó una entrevista con los directivos de la empresa para escuchar su respuesta a los señalamientos, pero desde la oficina de prensa indicaron que no había un vocero para hablar de ese tema en particular. Insistieron en que la posición oficial de la compañía era la siguiente: “Ecopetrol nunca ha trabajado con organizaciones paramilitares ni se ha asociado de ninguna manera con tales grupos. Todas las acciones de Ecopetrol se llevan a cabo de acuerdo con la ley y el respeto de los derechos humanos. La Empresa no ha financiado ni patrocinado a ningún grupo ilegal en sus más de 70 años de historia.  No hay procedimientos legales o administrativos contra Ecopetrol, ni ha sido considerada responsable o sancionada por financiar actividades ilegales”.

*Dedicado a don Jaime Peña, que murió en 2021, después de 23 años de buscar la verdad sobre los responsables de la desaparición de su hijo Yesid en la masacre del 16 de mayo de 1998.

**Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

Actualizado el: Mar, 11/05/2024 - 06:54