Nileth del Carmen Díaz recuerda con emoción el 27 de noviembre de 2019. Ese miércoles ella y cuatro parceleros delegados recibieron la restitución material de Las Franciscas I y II, las 130 hectáreas que les fueron despojadas a 56 familias en medio de la violencia paramilitar y devueltas con sentencia del 24 de enero de 2018 por el Tribunal Especializado de Cartagena. “Mis piernas flaquearon de la alegría, de la emoción, caí de rodillas dando gracias a Dios por recibir las tierras”, recuerda la mujer de 61 años y abuela cabeza de hogar. Pero de esa emoción pasa al llanto mientras relata la situación actual: “Cuando la violencia nos quisimos morir, volvernos locos por la pérdida de nuestras tierras y eso que éramos jóvenes (…) Si la Corte falla en contra de Las Franciscas no es solo contra nosotros, sino de muchos campesinos”.

Díaz se refiere a la tutela presentada por La Francisca S.A.S, la empresa opositora al proceso de restitución y que fue seleccionada por la Corte Constitucional para su estudio. Con esta acción la empresa busca revertir una de las principales decisiones del Tribunal, que consideró que no probaron “la buena fe exenta de culpa”. Eso significa que no hicieron las debidas diligencias antes de comprar Las Franciscas, para verificar que el predio no hubiera sido despojado a víctimas del conflicto, dado que allí los paramilitares del entonces Frente William Rivas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) asesinaron a cinco parceleros entre 2001 y 2005, situación que provocó  el desplazamiento de esta comunidad campesina del municipio de Zona Bananera, como lo confirmaron dos sentencias de Justicia y Paz en 2015 y 2016.

 

La comunidad de Las Franciscas está integrada por 56 familias campesinas. De ellas, 48 ya lograron sentencia de restitución; las demás están esperando que su caso sea fallado. Foto tomada del documental Volver a nuestras tierras, un derecho inaplazable de la CCJ

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a los campesinos en el proceso de restitución, advierte sobre las implicaciones que puede tener la decisión de la Corte, en caso de fallar a favor de la empresa. Nury Martínez y Ernesto Caicedo, abogados del Equipo de litigio en tierras y derechos territoriales de la CCJ, explicaron que en un principio la Corte acumuló esta tutela junto a otra de Agroindustrias Villa Claudia S.A., otra empresa opositora frente a una sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta, por un caso en el municipio de Simacota, Santander. El pasado 16 de mayo la Corte publicó un comunicado sobre el sentido de la Sentencia SU-163 de 2023, que esboza que decidió desacumular los dos casos y que resuelve la tutela de Villa Claudia sobre el predio Venecia. Aunque se trata de casos distintos, las órdenes anunciadas en el comunicado pueden tener implicaciones en otras decisiones similares. 

En resumen, el comunicado indica que el Tribunal de Cúcuta “incurrió en un defecto fáctico” en la valoración de las pruebas y que, por tanto, debe reconocer que dicha Agrícola actuó como “tercero de buena fe exenta de culpa”, lo que da el derecho a compensaciones económicas, además de ordenarle al Tribunal la posibilidad de autorizar la celebración de contratos de uso del predio para la explotación de los proyectos agroindustriales productivos, en ese caso, de palma de aceite. 

“Aunque la Corte desacumula un caso del otro, es una sentencia de unificación (SU) que puede ser utilizada para fallar Las Franciscas. Entonces, por ejemplo, el tema de la compensación es grave porque es usar fondos que el Estado ha destinado para la reparación integral de las víctimas para los empresarios… También ordenar esa celebración de contratos de uso significa que por encima de la posibilidad de recuperar el tejido comunitario del campesinado están los proyectos agroindustriales. Entonces es una puerta de entrada muy grande a que la restitución termine siendo un saludo a la bandera, porque la esencia de la restitución es integral y transformadora, para que la gente pueda retornar a los territorios y pueda rehacer el proyecto de su vida tanto individual como colectivo”, indican los abogados de la CCJ (Ver Informe Silencios e impunidades del Despojo y el documental Volver a nuestras tierras, un derecho inaplazable).

Las Franciscas se componen de 130 hectáreas, que están a cinco kilómetros del casco urbano del corregimiento de Orihueca, en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Foto tomada del documental Volver a nuestras tierras, un derecho inaplazable​ de la CJJ

A esta alerta se suman los análisis de varios expertos en temas de restitución de tierras y ambiente desde la academia y organizaciones de la sociedad civil. La Clínica Jurídica de Propiedad Agraria, Restitución de Tierras y Víctimas de la Universidad del Rosario advierte que la tutela pareciera ser usada por estas empresas opositoras como un mecanismo para deslegitimar el proceso de restitución, y señala falta de garantías procesales, “cuando el raciocinio del Tribunal de Cartagena, en el caso de Las Franciscas, fue muy juicioso porque hizo el debido proceso, estudió el caso a caso y decretó todas las pruebas”, indican los abogados de la Clínica.

En ese sentido, la Clínica agrega que este tipo de recursos “va en contra de la sustancia de la restitución, que busca equilibrar las cargas entre las víctimas del despojo y los opositores. Lo que dice la Ley es que, en caso de duda, me voy por las víctimas; pero al decir que la restitución no dio las garantías procesales [a los opositores], da a entender que el diseño institucional está desbalanceado y que es necesario balancearlo, yendo contra de la ‘pepa’ de restitución, que es responderles a los campesinos por la falta de debida diligencia del Estado para proteger sus vidas, honra y bienes”. Y reitera: “El tema es que se use la tutela como mecanismo de defensa judicial en abstracto y no como de protección de derechos fundamentales. Es importante que la Corte considere argumentos como este, en qué escenarios el uso de la tutela puede ir y en cuáles no”.

El campesinado restituido de Las Franciscas cultivan las tierras con esfuerzo, dado que sigue pendiente la implementación de los proyectos productivos y el acceso a subsidios de vivienda rural ordenados por la sentencia. Foto tomada del documental Volver a nuestras tierras, un derecho inaplazable de la CCJ

En ese sentido, la Clínica agrega que este tipo de recursos “va en contra de la sustancia de la restitución, que busca equilibrar las cargas entre las víctimas del despojo y los opositores. Lo que dice la Ley es que, en caso de duda, me voy por las víctimas; pero al decir que la restitución no dio las garantías procesales [a los opositores], da a entender que el diseño institucional está desbalanceado y que es necesario balancearlo, yendo contra de la ‘pepa’ de restitución, que es responderles a los campesinos por la falta de debida diligencia del Estado para proteger sus vidas, honra y bienes”. Y reitera: “El tema es que se use la tutela como mecanismo de defensa judicial en abstracto y no como de protección de derechos fundamentales. Es importante que la Corte considere argumentos como este, en qué escenarios el uso de la tutela puede ir y en cuáles no”.

La Clínica señala además que la Ley de Restitución establece medidas de compensación a quienes prueban la buena fe exenta de culpa, “pero pareciera que estas empresas buscan quedar en el medio, como una buena fe simple”. En esto coincide el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, que indica que si la Corte falla a favor de los opositores, “crearía un precedente que llevaría a que las empresas vinculadas a casos de despojo tengan estándares más flexibles en la obligación de probar que actuaron de buena fe. En ese caso se aplicaría el estándar de “buena fe simple”, en el que basta probar que la empresa adquirió las tierras de manera legal, pero no es necesario demostrar que obró con debida diligencia para verificar que no existiera una situación de conflicto que les beneficiara”, explicaron en un comunicado en la web.

Rutas del Conflicto solicitó una entrevista con Javier Ernesto Pomares Medina, representante legal del Grupo Agrovid S.A.S, que a su vez representa a La Francisca S.A.S, para contar con la versión de la empresa sobre este caso de restitución. Sin embargo, mediante comunicación de texto, Juan Carlos Martínez, del equipo de comunicaciones, informó que “la compañía es completamente respetuosa de la Ley y está a la espera de que las autoridades competentes tomen alguna decisión”. Según los datos del Registro Único Empresarial (RUE) y de Supersociedades, Riad Kdavid Sagir es miembro principal de la junta directiva de Agrovid S.A.S, al igual que en la Comercializadora Internacional C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. Tecbaco S.A. Como lo documentó Rutas del Conflicto, Kdavid está relacionado con La Marcela, otra finca reclamada por campesinos en el corregimiento de Varela, así como con la acumulación de las concesiones de agua de la Ciénaga Grande Santa Marta para la agroindustria del banano en esta zona del país.

Para los expertos, este escenario que estudia la Corte Constitucional trasciende lo jurídico; implica un mensaje político para las víctimas, que esperan hace décadas la restitución integral de sus derechos, así como la materialización de la reciente reforma al artículo 64 de la Constitución Política, que reconoce al campesinado como sujeto especial de derechos.

La no ficción de Cien años de soledad

La comunidad campesina de Las Franciscas está en un lugar protagonista de la obra Nobel de Gabriel García Márquez. Este corresponde a Zona Bananera, escindido como municipio en 1999 de Ciénaga, Magdalena, donde el 5 y 6 de diciembre de 1928 las fuerzas militares cometieron la Masacre de las Bananeras contra un centenar de trabajadores en huelga de la entonces empresa estadounidense Unidad Fruit Company, en la actualidad Chiquita. Este antecedente marca la historia del uso de estas tierras del Caribe colombiano, destinadas para la producción de banano y plátano tipo exportación.

 Nileth del Carmen Díaz pidió un préstamo de 20 millones para poder sembrar en su parcela. Se siente orgullosa de seguir siendo campesina y enseñarle sobre la cosecha a su hija y nieto. Foto suministrada por Nileth del Carmen Díaz.

En contraste con esa riqueza, los zoneros, como se les llama a los habitantes de ese municipio, enfrentan condiciones de vulnerabilidad por pobreza y efectos del conflicto armado. De los 66 mil habitantes, 41 mil son víctimas de desplazamiento forzado desde 1985, según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), además que 19 mil sufren Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es decir, problemas de miseria, vivienda, servicios públicos, hacinamiento y dependencia económica. Lo anterior explica en parte por qué Magdalena es uno de los departamentos con más pobreza monetaria del país, indica el Departamento Nacional de Estadística (Dane). 

Esos datos tienen rostro en el campesinado de Las Franciscas y en el de otras comunidades de corregimientos cercanos como La Marcela, Villa Toyi y Diana María I y II, como lo determinó la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la institución creada por la Ley de Víctimas y Restitución para recibir las solicitudes de víctimas despojadas, que son estudiadas y presentadas en demanda ante jueces especializados. En estos casos se trata de familias sin tierra que, en el contexto de la reforma agraria de la década de 1960, ingresaron a antiguas haciendas para cultivar y solicitar el acceso a parcelas al entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), luego Incoder y ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Como lo documenta la demanda de restitución, la United Fruit Company abandonó las tierras y campesinos cortadores de banano sintieron que podían dejar de ser obreros y convertirse en propietarios. Soñaron con esa posibilidad desde 1987, cuando Manuel Lineros, director del Incora de la época, anunció que estaba en proceso de comprar Las Franciscas I y II para titulárselas, por lo que conformaron la Asociación de Parceleros de La Iberia (Aucibe). Sin embargo, el conflicto armado de las siguientes dos décadas y el interés económico sobre las tierras impidió su acceso.

La tutela presentada por la comunidad La Francisca S.A.S, y que es estudiada por la Corte Constitucional, ha generado incertidumbre entre las víctimas. Confían en que el Alto Tribunal se pronunciará a favor del campesinado restituido. Foto tomada del documental Volver a nuestras tierras, un derecho inaplazable de la CCJ

La URT documentó cómo en la región estalló el conflicto por cuenta del Frente 19 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y grupos paramilitares, entre finales de 1980 y la mitad de la siguiente década. A su vez comenzó una tensión sobre la titularidad de las tierras, cuando Antonio Riascos alegó propiedad a través de la Cacaotera de Orihueca, aunque el Incora les aplicaba un proceso de extinción de dominio por deudas de los antiguos propietarios con la Caja Agraria. 

En 1991 la Agrícola Eufemia Ltda, constituida en su mayoría con aportes de Bana Ltda, subsidiaria de la bananera estadounidense Dole, adquirió Las Franciscas. Sin embargo, la Agrícola abandonó en 1994 las tierras después de que las Farc secuestraron y asesinaron al inglés Peter Arthur Kessler, directivo de la Dole, así como en medio de la crisis del banano, declarada por el gremio frente a los altos aranceles en Europa y los daños causados en las plantaciones tras la tormenta Bret y el paso del huracán Gert. Entre 1996 y 2004, los campesinos de Aucibe decidieron volver a las tierras abandonadas y le recordaron al Incora la importancia de titulárselas. Pero mientras el proceso agrario no avanzó, el paramilitarismo ‘sembró’ el terror.

 El campesinado restituido en Las Franciscas siembra pancoger, incluida yuca, maíz, ahuyama, papaya, guayaba y ají para su seguridad alimentaria y la venta local. Foto suministrada Javier Charris.

En 2001 los paramilitares del Frente William Rivas, un brazo del Bloque Norte de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), asesinaron el 7 de septiembre a los hermanos Jorge Alberto, Gustavo Enrique y Miguel Ángel Teherán Pérez. Pese al terror, la comunidad trató de continuar con el cultivo, pero el 14 de marzo de 2004 fue asesinado José Concepción Kelsy Correa, presidente de Aucibe. En medio de la zozobra, los campesinos fueron citados en la empacadora de banano por dos trabajadores de la Agrícola Eufemia, quienes les propusieron vender las tierras. En una segunda cita, tres hombres armados los obligaron a entregar cédulas, firmar papeles en blanco y recibir entre 240 y 720 mil pesos por cada parcela, en promedio de dos hectáreas, que la empresa registró como “compra de mejoras”.

Esa llamada contrarreforma violenta que cometieron las Auc contra el campesinado, tildándolos de simpatizar con la guerrilla, fue confesada en una declaración juramentada de José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, comandante del Frente William Rivas, el 29 de octubre de 2009, ante la Corte Superior del Estado de California, Estados Unidos. “También devolvimos a Chiquita y Dole plantaciones que habían sido invadidas por grupos campesinos protegidos por las Farc. Por ejemplo, mientras que las Farc mantuvieron el control de la zona bananera, Dole abandonó una plantación, La Francisca. Los obreros y campesinos locales invadieron la plantación y comenzaron a ocuparla. Nosotros sacamos a esa gente y le devolvimos la posesión de la plantación a los propietarios, quienes trabajaban con Dole”, dijo el exparamilitar. 

Con el propósito de mantener la asociación campesina, Abel Antonio Morales Bolaño asumió la presidencia de Aucibe, pero también fue asesinado el 13 de enero de 2005, como lo confesó Rolando René Garavito Zapata, alias ‘Nicolás’ o ‘Cara de Niño’. Mientras la comunidad estaba desplazada, en 2007 el Incoder se pronunció dos veces sobre las tierras, primero devolviéndolas a la Nación para adjudicarlas a los parceleros y luego a favor de la Agrícola Eufemia, señalando las “compras de mejoras que había realizado”. En 2009, la Agrícola decidió vender las tierras a La Francisca S.A.S.

Después de ocho años de desplazamiento, la comunidad logró que su caso fuera estudiado por la Unidad de Restitución, que presentó una demanda en 2015 y que falló el Tribunal de Cartagena, debido a la competencia que les asigna la Ley a los casos de restitución cuando en este se presentan opositores. En enero de 2018 las magistradas le dieron la razón a los campesinos, indicando que “la condición de víctimas de los reclamantes no se discute y estima la Sala se encuentra debidamente acreditada (…) frente al argumento de la parte opositora en el que señala que la posesión por parte de los hoy solicitantes se dio de manera violenta, de mala fe y clandestina, son afirmaciones sin fundamento probatorio, en tanto  se trató de un grupo de campesinos que establecieron una relación material con las fincas Las Franciscas I y II, cuando estas se encontraban en abandono y se posesionaron para dedicarse a labores de explotación agrícola”.

Los parceleros, en ese momento organizados como Asociación de Usuarios Campesinos Desplazados de las Franciscas (Audefran), pensaron que la incertidumbre había terminado. No fue así. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) documentó las trabas que puso la empresa para restituir materialmente a Las Franciscas, que tardó casi dos años. Además de la resistencia de los administradores en la entrega, la empresa alegaba que los campesinos debían ingresar con botas de caucho nuevas y descontaminadas, por riesgo a contaminar el monocultivo con el hongo R4T.

Finalmente, el 27 de noviembre de 2019 los parceleros recibieron la tierra, sin saber que la batalla jurídica continuaba. La CCJ explica que, una vez la empresa perdió el proceso de restitución, interpuso 18 tutelas alegando la vulneración del derecho al trabajo de sus empleados. Ninguna prosperó. Luego, por medio del abogado Javier Rafael Cardona Enciso, radicó otras dos tutelas solicitando la nulidad de la sentencia, que también fueron negadas. La tutela número 21, presentada por el excontralor y exprocurador general Edgardo José Maya Villazón, y que cursó dos instancias en la Corte Suprema, fue seleccionada por la Corte Constitucional para su estudio. “Hemos tratado de subsistir con nuestro propio esfuerzo. Algunos hemos hecho préstamos en el banco, vendido la moto, la bicicleta, las herramientas de trabajo para poder cultivar la tierra. Esto de la Corte nos afecta física y emocionalmente, esto genera incertidumbre”, dice Javier Charris, uno de los parceleros restituidos.

A la ‘serpiente’ le salió otra ‘cabeza’ 

El sentimiento que expresa Javier Charris tiene que ver no solo con los 20 años de desplazamiento, sino con el esfuerzo de los últimos cuatro años para mantenerse en Las Franciscas. Primero, cuando entraron a las tierras cada familia tuvo que tratar de recordar y ubicar dónde estaba su parcela, para sembrar pancoger como maíz, yuca, fríjol, ahuyama y ají, además del plátano y el banano para la venta local. El problema fue que las medidas (en área) de las parcelas establecidas en sentencia no coincidieron con las de los parceleros, por lo que la aplicación de otras órdenes de restitución, como el acceso a proyectos productivos y a subsidios para la vivienda rural, dependen de esa corrección. Segundo porque a escasos tres meses de la entrega material fue declarada la pandemia por el virus del Covid, y las diligencias institucionales se vieron afectadas por el confinamiento.

Durante el día los campesinos de Las Franciscas van a sus parcelas y trabajan en la siembra; en las noches retornan al casco urbano. Sigue pendiente la implementación de las órdenes de restitución que les permitan vivir en sus predios. Foto suministrada por Javier Charris.

Ya habían esperado mucho, por lo que pese a no tener un proyecto productivo ni vivienda, los campesinos ahora organizados en Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a Las Franciscas (Aucrefran) decidieron cultivar. En memoria de sus compañeros que habían asesinado y de los que murieron por vejez antes o al poco tiempo de conocer la sentencia, como ocurrió con Juan y Wilfrido Charris, Calixto Miranda, Rafael Lobato, Miguel Manga y Henrys Solano, buscaron cómo sembrar las parcelas cuyos nombres representan su lucha y el liderazgo de las mujeres como madres o abuelas cabeza de hogar. Algunas de las parcelas tienen nombres como El Renacer, La Lucha, Porvenir, La Esperanza, La Fe de Dios, Si nos dejan, La bien llegada, El Principio, La Victoria, y Milagro de Dios, además que la mayoría “tienen los nombres de las esposas y de las hijas”, explica Carlos Adolfo Márquez, presidente Aucrefran. 

Nileth del Carmen Díaz fue una de las campesinas que tocó a las puertas de un banco local y se endeudó 20 millones de pesos. Con una parte del dinero, montó una pequeña tienda donde vende plátano, yuca, maíz y ahuyama, que su hija y nieto siembran en la parcela y son la base de su alimentación, además de construir un pequeño pozo. Cada día los tres madrugan para distribuirse las tareas: mientras Nileth se queda a cargo de la tienda, ellos van hasta la parcela a aplicar el conocimiento sobre la cosecha que ella les imparte los fines de semana. Las labores de campo van de seis de la mañana hasta las cinco de la tarde, con apenas los recesos para tomar el desayuno y almuerzo, que a veces preparan en un fogón improvisado de ladrillos y piedras. “Con mucho esfuerzo esperamos reunir los 400 mil pesos mensuales que debo pagar al banco”, dice Díaz.

La parcelera cuenta que en todos estos años ha convertido el patio de su casa en una pequeña finca y que ha sembrado “de cada cosa una matica porque esto representa no olvidar que uno es campesino”. Con esto advierte los impactos que puede tener el desplazamiento y el despojo en familias como la de ella, relacionados con la pérdida del conocimiento transgeneracional. En ese sentido, Díaz explica que ha logrado que su familia aprenda sobre la cosecha y los tiempos de cada cultivo, la influencia de la luna, la profundidad para distribuir las semillas, su distancia y riego.

“No ha sido fácil pero acá tenemos pancoger, yuca, papaya, plátano y banano. De eso nos estamos sosteniendo. Aunque no tenemos comercio internacional, el comercio local nos está apoyando. Acá hay unos compañeros con deudas con los bancos y esa es la preocupación”, reitera Carlos Adolfo Márquez. El presidente de Aucrefran se siente positivo al saber que, en medio de la incertidumbre, el pasado 10 de mayo el expediente volvió al Tribunal para las respectivas correcciones, que permitirán a las Franciscas acceder a los recursos de proyectos productivos y vivienda. El líder considera que será clave también mejoras en la vía que comunica al corregimiento de Orihueca con las parcelas, “porque son unos cinco kilómetros que están en mal estado y que son la vía por donde los camiones entran a comprarnos”.

La ecóloga Johanna Herrera Arango, investigadora en territorio y ambiente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, advierte que en el caso de Las Franciscas uno de los principales impactos del desplazamiento fue la pérdida del sistema agroalimentario. Es decir, de los sistemas de conocimiento, más allá de la fuerza del trabajo, de la agricultura y de la sostenibilidad social y cultural. “A juicio del Tribunal, la empresa no pudo probar la buena fe exenta de culpa. Entonces allí hay un criterio de justicia que no es ajeno del análisis de la sostenibilidad (…) Esta se pregunta por un proyecto de futuro, qué viene, la pervivencia, qué tenemos que cambiar porque estamos acabando con los recursos (…) Eso en el desplazamiento se rompe porque se sobrepone la visión de sostenibilidad empresarial, que no tiene nada que ver con la comunal (…) Entonces en el discurso crítico de la sostenibilidad la pregunta sobre cuál es la visión más justa, el proyecto comunitario sale mejor evaluado ”, advierte Herrera. 

El análisis de Herrera coincide con las preguntas que se hace la comunidad sobre por qué la empresa se opuso a la restitución y continúa en la lucha jurídica. Su lectura es que las tierras representaban millones de pesos en la exportación de banano, además de que están en el centro de producción del monocultivo de la compañía y cuentan con un sistema de riego garantizado. Para los campesinos, la empresa no comprende que estas 130 hectáreas son su razón de ser, de estas dependen por lo menos 300 personas de forma directa, sin contar que proveen de seguridad alimentaria a los pobladores de la región. “Colombia subsiste es por el campesino, que es el ser humano que labra la tierra, que provee los alimentos”, repite Javier Charris.

Entre tantos trámites, esperas y ahora con la tutela que estudia la Corte, la comunidad asegura que a la “serpiente”, haciendo referencia a todo aquello que les frena la posibilidad de vivir con tranquilidad, le salió otra “cabeza”. Sin embargo, confían en que los magistrados estudiarán las intervenciones de la CCJ, de la Unidad de Restitución y del Consejo Noruego, que argumentan cómo una sentencia puede incidir en el proceso que aún tiene ocho años de mandato.

El reto de la Corte Constitucional

Paula Andrea Villa Vélez, directora Jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), advierte que estas actuaciones de empresas opositoras, como ocurre con el caso de La Francisca S.A.S, develan el desconocimiento que tienen sobre el relacionamiento del campesinado con los territorios, del fin social del uso de la tierra y los procesos agrarios que reconocen sus derechos. Por esta razón, explica, genera “preocupación” que usen la tutela para reiterar los argumentos que ya expresaron en la etapa judicial del proceso de restitución.

“Cuando se usa la tutela contra providencia judicial con los mismos argumentos que fueron expuestos en el proceso de restitución se está usando como una segunda vía o un recurso ordinario. El proceso de restitución no tiene apelación, es de única instancia; sin embargo, pareciera que fuera usada como un mecanismo de segunda instancia (…) Esta tutela perdió en el escenario de la Corte Suprema tanto en las Sala Civil como Laboral, aun así se presenta este mecanismo de revisión ante la Constitucional, que es excepcionalísimo y que tiene como fin último procesos orientados a graves violaciones de derechos humanos o circunstancias en que no se ha pronunciado la Corte”, explica Villa.

La Directora Jurídica explica que el pasado 18 de abril la Unidad presentó su intervención a la Corte Constitucional. “Este es un llamado para establecer un diálogo muy cercano con las Cortes. La Corte Suprema ha sido supremamente respetuosa de los fallos de restitución y lo que ha hecho vía tutela es impulsar los mismos cuando hay demoras o en relación con las órdenes de cumplimiento. Esto es lo que uno esperaría de las Altas Cortes alrededor del proceso. También sobre defender el bloque de constitucionalidad sobre el estado de cosas inconstitucionales en el marco del desplazamiento forzado”, indica la funcionaria. 

Sin embargo, Villa aclara que, aunque la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el caso del predio Venecia, “no podemos establecer una mirada de este Alto Tribunal en términos generales, sobre desvirtuar los principios y pilares de la Ley de Restitución. Hay que revisar cada caso y creo que el mensaje al desacumularlos es en ese sentido, y es que cada caso tiene su particularidad”. Sin embargo, reitera, debe haber una mesura en el mecanismo de selección [de este tipo de tutelas] y en entender que el fondo [de Tierras de la URT] es limitado y debe prevalecer para las víctimas, ya sea por compensación por equivalencia; segundos ocupantes, que son quienes cumplen el criterio de vulnerabilidad y quienes demuestran la buena fe exenta de culpa. En esto han sido muy rigurosos los jueces de restitución”.

Adriana Patricia Fuentes López, consultora independiente en derecho agrario, constitucional y ambiental, coincide en que será clave analizar la decisión que tome la Corte Constitucional en cada caso, pero que la sentencia sobre el predio Venecia plantea cuestionamientos sobre cómo actores económicos “desvirtúan la tutela para solicitud de compensaciones” o cuestionan los criterios que usaron los magistrados para determinar que la empresa no actuó con “buena fe exenta de culpa”. Sobre esto último, Fuentes cuestiona por qué en el caso de Villa Claudia la Corte Constitucional ordenó a los magistrados modificar parcialmente la motivación del fallo en lugar de devolverlo al Tribunal de Cúcuta para su nuevo estudio. “Esto fue lo que expresó la magistrada Natalia Ángel en su salvamento de voto, que el caso debió volver al juez natural, es decir, al Tribunal de Restitución de Cúcuta”.

Para la consultora, la sentencia de Villa Claudia revive otras discusiones, que datan de comienzos de la implementación de la Ley relacionadas con los contratos de uso sobre predios restituidos y establecidos en los artículos 99 y 100. Aunque el mismo Alto Tribunal los moduló y ordenó que dichos contratos requieren del consentimiento de las víctimas restituidas, puede haber una “asimetría gigante” en contextos donde los campesinos, cansados de tanta espera y en condiciones de vulnerabilidad, terminen accediendo a ser empleados de estas empresas sin que haya un acompañamiento. “En Magdalena preocupa que familias restituidas, después de dos años de la sentencia, estén siendo buscadas para que vendan”, apunta.

El caso de Las Franciscas hace parte de las solicitudes de restitución presentadas de forma individual, pero que por tratarse de parcelaciones que sufrieron los mismos hechos de violencia, son presentadas en una o varias demandas por la Unidad de Restitución. Luego, los jueces especializados pueden acumularlas para fallar en colectivo y facilitar el retorno y cumplimiento de las órdenes. Según los datos de la Territorial Magdalena, en este departamento las víctimas han presentado 7.661 solicitudes, de las cuales 6.846 ya fueron decididas en etapa administrativa para su estudio, 1.254 resueltas con sentencia, mientras 1.539 están contenidas con demanda y 777 son documentadas.

Mientras la Corte Constitucional se pronuncia, los campesinos de Las Franciscas recuerdan que su corazón es la tierra y que un fallo en contra sería como una “daga” para las víctimas que, pese a las dificultades del desplazamiento, apuestan por seguir siendo campesinos. La Ley de restitución tiene vigencia hasta junio de 2031 e incluso la Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, a finales de 2022, adoptar un plan de descongestión dado que solo hay 57 despachos especializados para resolver las más de 24 mil demandas de restitución de tierras y territorios despojados en el país. Para los zoneros su sentir está en el mismo himno municipal cuyas estrofas rezan: “Hoy queremos un libre camino / Contra toda aquella adversidad / Nuestra tierra brinda al campesino / La semilla de la prosperidad”.

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 07/13/2023 - 16:51