En manos de exnarco quedarían tierras que Petro entregó a campesinos de hacienda Bellacruz

Por: Pilar Puentes E 

En noviembre de 2024, durante un evento público en el Cesar, el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de más de siete mil hectáreas en el departamento como parte de su compromiso con la reforma agraria. Entre la multitud se encontraban los miembros de Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), víctimas del último desplazamiento forzado de la hacienda Bellacruz en 1996, quienes llevan casi una década exigiendo la restitución de sus tierras. 

“Hoy estamos aquí ahora y este gobierno está haciendo algo que ningún otro gobierno desde entonces hizo. Le estamos devolviendo la tierra al campesinado. Este Gobierno se ha vuelto justiciero y ha vuelto a levantar una bandera, la bandera de la Reforma Agraria", manifestó el presidente Petro.

Tres meses después llegó a esas tierras un abogado para notificarle a los campesinos de Asocadar que debían desalojar los tres predios que habían sido entregados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La orden se basaba en una notificación de la Fiscalía 50, que levantaba el ‘secuestro’ de los terrenos en manos de la SAE y cedidos de manera provisional a los campesinos, para devolver la administración a su dueño actual, Luis Alberto Urrego Contreras, un condenado narcotraficante.

La lucha por estas tierras comenzó hace casi 30 años, cuando 150 familias emprendieron una batalla legal por los predios al sur del Cesar, que forman parte de la hacienda Bellacruz, actualmente ocupada por cultivos de palma aceitera del empresario Germán Efromovich. 

Ante la demora en el proceso de restitución, los miembros de Asocadar le pidieron tierra a la ANT, como parte del proceso de reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro para retomar su vida campesina. Estas víctimas del paramilitarismo reunieron los requisitos que pedía la SAE para poder acceder a proyectos de bienes que hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). 

Ilustación por: Lucía Mage

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) decidió acompañar jurídicamente a Asocadar en el proceso de buscar un pedazo de tierra para que pudieran desarrollar sus actividades campesinas, reestablecer el tejido social y construir espacios colectivos. “Todo esto como parte de un proceso  de recomponer los lazos que se quebraron tras los desplazamientos forzados de los que fueron víctimas”, señaló el equipo jurídico de la CCJ. 

En diciembre de 2023, la SAE entregó provisionalmente a Asocadar tres predios —El Amparo, El Porvenir y San Ignacio— mediante la Resolución 720. Estas mil hectáreas representaban una oportunidad para mejorar la vida campesina y avanzar en la soberanía alimentaria mientras se resolvía el proceso de restitución de Bellacruz. “Para acceder a las tierras, la comunidad pagó una póliza contra todo riesgo de ocho millones de pesos, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la entidad”, según explicó el equipo jurídico de la CCJ.

La ANT, en noviembre de 2024, hizo la entrega de actas de tenencia y mejoras de los predios tras una caracterización a las familias de Asocadar y conocer los cultivos que llevaban trabajando desde diciembre del año anterior. Un mes después se realizó un contrato de compraventa entre la SAE y la ANT.

El presidente Gustavo Petro y a la izquierda el representante de Asocadar, Adelfo Rodríguez, en el evento de entrega de tierras en noviembre de 2024.  Por: Agencia Nacional de Tierras

 

Durante un evento público, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se comprometió con el Gobierno Nacional a adelantar los procedimientos necesarios para garantizar la titularidad de los predios entregados por la SAE a los campesinos.

 

Todo quedó en promesas

Con maquinaria, candados cerrando puertas y la resolución de la Fiscalía 50, el abogado Edwin Álvarez Garcés, quien representa a Urrego Contreras, notificó el 19 de febrero de 2025 a los campesinos de Asocadar que se había levantado el secuestro de los predios. Sin embargo, esto no implicaba el levantamiento del embargo ni la suspensión del poder adquisitivo. En otras palabras, Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, quien enfrenta un proceso de extinción de dominio por esas fincas, ahora podía explotar el terreno mientras se resolvía su situación legal.

Urrego Contreras fue pedido en extradición por Estados Unidos en 2011 y en 2014, fue condenado a 15 años de prisión federal por el tráfico de cocaína. Entre 2003 y 2005 ‘Bacon’, adquirió aeronaves y  contrató pilotos para transportar la droga del narcotraficante Fabio Ochoa Vasquéz, desde Colombia a México, para luego distribuirla en Estados Unidos. 

“La claridad de qué estoy acá, no detrás de una capucha, no detrás de un correo electrónico, sino que estoy acá, frente a frente diciéndole: ‘Acá nos asiste el derecho’”, manifestó el abogado a una docena de campesinos que lo interpelaron por la forma en qué llegó a los predio a exigirles que debían salir de la propiedad.

Rutas del Conflicto tuvo acceso a la Resolución de la Fiscalía en que Urrego Contreras pide que se levante la decisión de que la SAE administre los predios porque según él, “(la entidad) abandona a su suerte los predios de saqueadores generando un perjuicio a sus propietarios, (...) los ha dejado a su suerte (a las fincas) y en un total abandono vulnerando los derechos fundamentales a la vivienda digna, mínimo vital”. Urrego también sostiene que su madre, de 80 años, depende económicamente de él y que ambos carecen de una vivienda.

El hermano de alias ‘Bacon’, el piloto Gustavo Urrego Contreras, estuvo vinculado a las firmas panameñas Helicontinente S.A. y Coast Helicopter, las cuales, según varios medios de comunicación, aparecen involucradas en el caso de sobornos de Odebrecht. Fue detenido en 2017 por haber facilitado sus empresas para recibir 512 mil dólares enviados por la multinacional.

La Fiscalía 50, adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, también lleva el proceso de extinción de los bienes de Fabio Ochoa Vásquez y su familia. 

La SAE tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición para demostrar que los predios estaban siendo utilizados en el cumplimiento de la reforma agraria y entregados de manera provisional a víctimas del conflicto. Sin embargo, la entidad dejó vencer el plazo y no interpuso el recurso.

Según relata Adolfo Rodríguez, representante legal de Asocadar, Urrego ha ingresado a los predios a través de caminos de servidumbre y de otras propiedades colindantes que también pertenecen a su familia.

Desde la notificación de la Fiscalía, el equipo jurídico de la CCJ ha sostenido varios diálogos con las entidades en busca de una solución. Sin embargo,  al no haber interpuesto el recurso, la decisión de la Fiscalía 50 quedó en firme, y solo es cuestión de días para que se inicie el proceso de entrega de los predios a Urrego Contreras.

Según el certificado de tradición y libertad de los predios, en agosto de 2024 hay una anotación de la Resolución 616 en la que se autoriza la enajenación temprana. Es decir, permite la venta anticipada de bienes en proceso de extinción de dominio antes de que se tome una decisión judicial final, el gobierno colombiano podía vender esos predios, aunque el caso de extinción no hubiese finalizado. Como explicó el equipo jurídico de la CCJ, la ANT y la SAE habían firmado una promesa de compraventa  para entregar la titularidad de los predios a los campesinos, pero el proceso nunca se concretó.

La CCJ dialogó con la ANT para conocer el estado de la promesa de compraventa. En respuesta, la entidad afirmó que no cuenta con los recursos para cumplir con lo pactado. Sin embargo, para firmar la promesa era requisito contar con una certificación de disponibilidad presupuestal. 

Además, como explican los abogados, la SAE entregó los predios de manera anticipada, es decir, trasladó la posesión a través de la promesa. Por esta razón, en un acto público, el director de la ANT, Felipe Harman, y el presidente Gustavo Petro entregaron las actas de posesión de las fincas a Asocadar.

Rutas del Conflicto le preguntó a la ANT y a la SAE por su responsabilidad en este caso, pero al cierre de esta investigación  las dos entidades no han contestado. 

 

El día de la entrega, Felipe Harman, director de la ANT, reconoció la lucha de los campesinos de Bellacruz y afirmó que "se entrega tierra valiosa de la Sociedad de Activos Especiales que ha adquirido la Agencia Nacional de Tierras". Sin embargo, la emoción de aquel día, los abrazos de agradecimiento de Asocadar al director y al presidente, hoy se han convertido en preocupación y en deudas económicas que los campesinos asumieron para poner a producir la tierra.

“Los campesinos se endeudaron y vendieron parte de sus bienes para invertirlos en los predios. Estamos haciendo un censo y vimos que cada una de las familias invirtió un valor de 15 a 30 millones de pesos para tener una cosecha”, afirmó el equipo jurídico de la CCJ. 

Los abogados de los campesinos reconocen que todos sabían que la posesión del predio era provisional. Sin embargo, al tratarse de familias en condición de pobreza, víctimas del conflicto armado y que han esperado por más de una década una respuesta del Estado, decidieron invertir en la tierra con la convicción de que existía una promesa de compraventa entre las entidades.

Ahora, la ANT les ha respondido que no tiene cómo reconocer los cultivos y las construcciones que los campesinos realizaron en los predios desde que ingresaron hace 13 meses.

“Hemos vendido cosas que teníamos antes en el pueblo para invertirlas acá.  Muchos se han endeudado con préstamos, también para invertir porque veníamos a cambiar la calidad de vida, por eso hicimos todo eso. No veníamos de paseo”, afirmó Rodríguez. 

Tanto para las víctimas, como la CCJ ,lo que está ocurriendo con los predios es una revictimización. Al evaluar todos los posibles caminos para volver a trabajar la tierra encontraron que el ofrecimiento de la SAE era un escenario óptimo mientras se define la situación de la recuperación de tierras de Bellacruz. 

Como lo relataron los abogados de la CCJ que representan a los reclamantes: “Íbamos por un buen camino, efectivamente, y creemos que es irresponsabilidad de parte de la SAE no haber estado pendiente de los escenarios jurídicos que fueran a pasar. La entidad dejó que la decisión de la fiscal 50 llegara en el momento en el que llegó y de alguna o otra manera como que le diera los argumentos al señor Urrego para ir a intimidar a la comunidad”.

Según testimonios de los campesinos de Asocadar, el abogado Álvarez, quien también representó a dos personas acusadas de lavar dinero para el Clan de Golfo, llegó con Policía que no era del municipio, trabajadores contratados por Urrego para destruir las viviendas construidas por la comunidad y prohibir la siembra de cultivos.“Inclusive a ellos (el abogado de Urrego) no les corresponde hacer la notificación, pero sin embargo, si lo iban a hacer, simplemente podía venir una persona e informarnos o entregarnos cualquier documento y listo. No intimidarlos así”, dijo el líder Rodríguez. 

La SAE no respondió a los cuestionamientos de por qué no presentaron el recurso y tampoco sobre qué va a pasar con los campesinos que dejaron todo una vez más para apostarle a la reforma agraria.

El viacrucis de Bellacruz 

La historia del reclamo de esta comunidad campesina, en las tierras de la hacienda Bellacruz se remonta al menos, a la década de los sesenta. Durante varias décadas estos labriegos, en busca de una finca para cultivar, ingresaron a unos predios cuya propiedad era reivindicada por los Marulanda, una poderosa familia política del César, que posteriormente los vendió a un proyecto palmero del empresario Germán Efromovich.

Los Marulanda poseían grandes extensiones de tierra en el sur del departamento. Al morir el patriarca Alberto Marulanda Grillo, sus hijos Francisco y Carlos Arturo Marulanda Ramírez asumieron la administración de los predios. 

Carlos Arturo, quien fue el embajador ante la Unión Europea durante el gobierno de Ernesto Samper, renunció en 1997 debido a las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos a los campesinos en la hacienda, cuando los paramilitares incursionaron en esas tierras. Fue capturado en España y extraditado a Colombia en 2002 para responder por el caso de Bellacruz, pero recobró la libertad el 1 de noviembre de ese mismo año.

Francisco Marulanda había sido condenado en julio de 2003 a 18 años de prisión por estos hechos pero en segunda instancia fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena. Pese a los testimonios de los exjefes paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado, como Juan Francisco Prada alias ‘Juancho Prada’, que aseguraban que los hermanos Marulanda les habían pagado para desplazar a más de 64 familias campesinas que iban a ser beneficiadas por el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) en predios que componían Bellacruz. 

Años después de la llegada de los paramilitares, en los noventa, y del desplazamiento masivo de campesinos, la tierra pasó a ser propiedad del grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, cuyo  representante legal en Colombia es el empresario Germán Efromovich. La empresa llegó a la zona con el objetivo de instalar un proyecto agroindustrial de palma de aceite, que cambió el nombre del predio de hacienda Bellacruz a hacienda La Gloria.

El 12 de mayo de 2016, la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU 235 que ordenó a la ANT recuperar baldíos de la nación que hacen parte de la hacienda La Gloria y así tenerlos para posteriormente adjudicarlos a sujetos de reforma agraria. También ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras microfocalizar la zona y comenzar con el proceso de restitución. 

Sin embargo, la orden a la ANT se encuentra suspendida porque la empresa de Efromovich demandó las resoluciones que declaraba la existencia de baldíos ante el Consejo de Estado en 2019. Este tribunal concedió la medida cautelar para suspender el trámite. Han pasado nueve años y la entidad no ha podido hacer la recuperación. 

El camino de la restitución está igual de enredado. Como lo contó Rutas del Conflicto, en 2024, la empresa instauró una tutela argumentando que en la etapa judicial se omitió el testimonio del empresario y representante legal Efromovich. Una forma, como lo explica la CCJ, de obstaculizar y demorar aún más la decisión del juez de restitución. 

Ante las decisiones judiciales encontraron en el gobierno de Gustavo Petro una solución para volver a cultivar yuca, plátano y arroz. Sin embargo, las entidades los volvieron a dejar solos. Esta vez no fueron los paramilitares quienes los obligan a irse del territorio sino una decisión de la Fiscalía y las respuestas negativas de la ANT y de la SAE.

“El Estado debía asumir el compromiso y la responsabilidad con nosotros. ¿A qué nos trajo? ¿Para qué nos trajo? Para exponernos nuevamente a ser víctimas, a ser desplazados o qué va a hacer con nosotros? ¿Dónde nos van a reubicar? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo y cómo?”dijo Adelfo Rodríguez, representante de Asocadar.

 

 

*Esta investigacion se hizo con el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll 

 

Actualizado el: Jue, 03/13/2025 - 17:05